El gobierno de Daniel Scioli y el ultra K, Gabriel Mariotto, han decidió redoblar la apuesta en contra de los trabajadores y el pueblo bonaerense al declarar en emergencia económica a la provincia de Buenos Aires. Esta declaración de emergencia, que el sciolismo y los K proponen que la legislatura vote la próxima semana en un trámite exprés, es una verdadera declaración de guerra en contra de los intereses populares, porque coloca en estado de excepción todos los derechos laborales, salariales y jubilatorios, liberados de este modo al arbitraje caprichoso del poder político. Este estado de excepción, al que apunta la ley, se impone inclusive por encima de la propia constitución.
El fallo judicial del juez Arias, que declara ilegal la medida del Poder Ejecutivo provincial de fraccionar el aguinaldo ya que se “habría procedido al fraccionamiento del sueldo anual complementario, sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria” debe ser tomado con pinzas; esto es, sin ninguna confianza de que logrará torcerle el brazo al gobernador; el sciolismo intentará ajustarse “a derecho” dentro del plazo estipulado de 5 días, votando en ambas cámaras, la Emergencia económica, dentro de los tiempos legales (entre el miércoles y jueves próximo).
Efectos prácticos de la ley de Emergencia económica
A partir de esta ley, Scioli y sus socios K podrán declarar la liquidación del aguinaldo; el desdoblamiento en el pago de los sueldos; la emisión de bonos (patacones); la prohibición de huelgas; la prescindibililidad de empleados contratados y en otras situaciones de revista; la nulidad de proyectos sociales; el congelamiento de la obra pública; la toma de fondos jubilatorios del IPS para gastos corrientes y compromisos de pago, similar a lo que Cristina hace con los fondos del Anses; la derogación de la autarquía de reparticiones públicas (IOMA, IPS, lotería), lo que le permitiría al sciolismo meter la mano, hasta el brazo, en las cajas.
La emergencia económica del sciolismo, es un paso definitivo para la liquidación del aguinaldo, porque al establecer por ley su cuotificación (en cuatro módicas cuotas) sólo le queda esperar que la inflación haga su trabajo. El próximo paso sería congelar los sueldos por el tiempo que establezca la ley (el primer muerto de toda emergencia económica es la discusión salarial paritaria) y el aguinaldo se conformaría como una bonificación más, similar al incentivo docente, las Urpes o los premios a la productividad.
La declaración de emergencia económica y su tratamiento como ley, es un golpe demoledor a las convenciones colectivas. El sciolismo intenta con esto “un barajar y dar de nuevo” tanto en el plano salarial como en el resto de derechos consagrados (no sólo de confiscaciones vive el hombre).
El sciolismo podría aplicar una reconversión en toda la escala de sueldos, modificando a gusto la enorme cantidad de sumas en negro: cambiando la categoría de pagos, implementando como “premios” al presentismo, por ejemplo, sumas que hoy se cobran como no remunerativas y desagregando (quitando directamente) otras, en función de las necesidades del gobierno.
La enorme cantidad de sumas en negro, que los estatales reciben en sus sueldos como productos de las agachadas de las burocracias sindicales en paritarias, dan lugar a cualquier maniobra oficial ya que tienen un carácter excepcional y no conforman el básico salarial.
Estas sumas negras, han sido desde siempre una concesión innecesaria a la patronal provincial de parte de las burocracias de los sindicatos, por dos razones: la primera, porque el poder político vive siempre al borde de la emergencia económica y del deficit fiscal, producto de sus negociados corruptos y de su dependencia financiera con el capital privado. La segunda, porque el salario negro le permitiría al oficialismo manipular todo ese tendal de sumas no remunerativas, no bonificables, remunerativas no bonificables o bonificables no remunerativas… de los empleados estatales, aun violando leyes de intangibilidad o de imprevisibilidad salarial. La exigencia histórica de las corrientes sindicales más combativas para que el salario sea en blanco y al básico, siempre fue cuestionada por la burocracia en función de que “nunca se conforman con nada”, los resultados de sus entregadas están a la vista.
Pero el largo brazo del sciolismo no se va conformar únicamente con los salarios –un limón tan exprimido no puede dar tanto jugo- sino que avanzará fundamentalmente sobre el Estatuto del Docente en particular y el régimen de licencias y jubilaciones en general.
Parar la ley y a los diputados y senadores dispuestos a votarla
La discusión sobre cómo seguir esta lucha ha dado un vuelco cualitativo. La marcha de más de 10 mil trabajadores estatales en la ciudad de La Plata, el miércoles pasado, fue una contundente manifestación del proceso de fractura política abierta entre los trabajadores del estado provincial y el sciolimariottismo.
Este proceso de rompimiento, que no sólo toma cuerpo entre los trabajadores provinciales sino que ya tuvo una manifestación importante en Plaza de Mayo, con trabajadores del sector privado contra Cristina, demuestra el carácter puramente electoral (es decir superficial) que la influencia kirchnerista supo despertar entre los trabajadores hace apenas 6 meses.
Se puede asegurar que la provincia de Buenos Aires está en huelga general desde hace por lo menos tres días, y en un estado de sublevación generalizada, que desborda a las direcciones sindicales empeñadas en medidas aisladas entre un gremio y otro, desde hace una semana.
El estado asambleario y la movilización constante de las bases estatales, con sus tomas de ministerios y sus paros activos con cortes de calles, han dejado de lado las diferencias de las cúpulas, tomando las distintas medidas lanzadas por cada uno de los gremios como una sola. Es con esto que se logró unificar en un paro de 48 horas, para miércoles y jueves de la semana que viene, a las distintas fracciones de la burocracia sindical. Es necesario ahora darle un carácter activo a ese paro.
El miércoles 12 y el jueves 13 está planteado rodear la legislatura con miles de estatales para impedir que los diputados y senadores, que ganan 60 mil pesos o más por mes, voten esta ley contra los trabajadores.
Luchar por el salario amerita actuar con la toda energía en contra de los vacían las arcas provinciales en su propio beneficio y el de sus socios capitalistas. Ellos provocaron la crisis, que ellos la paguen.
Todos a la legislatura. Viva la lucha de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.
Daniel Cadabón
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