Por primera vez en la provincia de Jujuy, luego de 36 años, se juzgará a los responsables de los secuestros y torturas ocurridos en la llamada "Noche del Apagón". Los organismos de Derechos Humanos piden que se enjuicie al presidente del ingenio Ledesma, el empresario Pedro Blaquier.
El juicio sobre la llamada "Noche del Apagón" en Jujuy comenzó el pasado jueves 12 de julio y reúne cinco causas, en las que se investiga lo sucedido con un total de 43 víctimas del terrorismo de Estado. En esta ocasión se juzgará el secuestro y posterior desaparición del maestro y estudiante de derecho, Julio Rolando Alvárez García, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP); el del ex intendente de la localidad de Libertador General San Martín, el dirigente radical Luis Ramón Aredez; Avelino Bazán, dirigente minero; Rosa Santos Mamaní, militante del Partido Comunista; Narciso Santiesteban; Dante Robinson Torres, y Reynaldo Aragón.
Entre las restantes 36 víctimas, que serán objeto de posteriores juicios, figuran el abogado Carlos Patrignani, defensor de trabajadores y dirigente de Vanguardia Comunista, y el dirigente sindical Jorge Weisz, bajo cuya conducción se realizó la primera huelga en la historia del ingenio Ledesma, lo que le valió la detención y la cárcel primero y luego su desaparición.
Emblema
El caso de Luis Aredez fue un emblema, pues, siendo médico de la empresa Ledesma, reclamó mejores condiciones de trabajo para los trabajadores del ingenio, lo que le costó el despido. Luego, ya elegido por el voto popular como intendente de la localidad de Libertador San Martín, se animó a exigirle a esta empresa que pagara los impuestos que nunca había pagado al municipio. Estos antecedentes fueron suficientes para que Aredez fuera una de las víctimas de la "Noche del Apagón", ocurrida durante el 26 y 27 de julio de 1976, cuando se produjo un corte de energía en el pueblo, y fueron secuestrados por Gendarmería y grupos de tareas del Ejército, alrededor de 400 personas, entre pobladores, estudiantes, trabajadores del ingenio, etc.
Esas personas fueron trasladadas en camionetas de la empresa Ledesma a galpones de propiedad del ingenio, donde fueron interrogados y torturados. Algunos fueron posteriormente liberados, otros "legalizados" en cárceles y 27 continúan desaparecidas.
Empresario
El presidente del ingenio Ledesma era Pedro Blaquier, de estrecha relación con el entonces ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Este empresario ha sido llamado a declarar como testigo, y es probable que sea imputado por su complicidad con los secuestros y desapariciones. Así, se va desentrañando la trama de complicidades civiles con la dictadura militar en esa provincia.
La esposa de Luis Aredez, Olga Márquez de Aredez, fue integrante de Madres de Plaza de Mayo y durante muchos años marchó en soledad, todos los jueves en la plaza de Libertador San Martín, con la pancarta de su marido, reclamando por su "aparición con vida y castigo a los culpables" de la represión en Jujuy. Olga falleció en 2005, víctima de bagazozis, la enfermedad que produce la materia prima para hacer papel que sale de la caña quemada al aire libre por la empresa Ledesma, y que padecen la mayoría de los pobladores de Libertador San Martín. Aredez, cuando era médico de la empresa, había denunciado los estragos que esa enfermedad hacía entre los trabajadores del ingenio y por exigir atención y medicamentos, fue despedido.
Los acusados
Los acusados son, en primer lugar, Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que operaba en las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Menéndez, que ya tiene siete condenas perpetuas y cumple prisión domiciliaria en su casa de barrio Bajo Palermo en la ciudad de Córdoba, fue apartado del juicio por "razones de salud". Los otros acusados son Antonio Orlando Vargas, ex director del Servicio Penitenciario; José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, ambos ex oficiales de Inteligencia del Ejército.
Los jueces
El Tribunal Oral Federal de Jujuy fue integrado por los jueces René Casas, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín. La demora en comenzar el primer juicio en Jujuy por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, tuvo su explicación en una larga lista de complicidades judiciales y políticas. La causa fue "cajoneada" durante varios años por los jueces Horacio Aguilar (actual abogado de Pedro Blaquier y el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos) y su sucesor, Carlos Olivera Pastor, quien fue obligado a renunciar tras las denuncias de los organismos de derechos humanos, que lo cuestionaban porque desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no prosperaban las investigaciones que debía llevar adelante para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado.
Olivera Pastor fue reemplazado por un nuevo juez federal subrogante, Fernando Poviña, de Tucumán, a instancias del fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos, Jorge Auat. Este funcionario acusó además, al presidente de la Cámara Federal de Salta (que es la instancia procesal judicial superior del juzgado federal de Jujuy), Renato Rabbi Baldi Cabanilla, por "ser el protector de Olivera Pastor" y por transformar en un "feudo" la justicia federal "para que no prosperen los juicios por delitos de lesa humanidad".
Situación alarmante
Auat formuló varias denuncias por lo que llamó "alarmante situación" de la Justicia Federal jujeña, que había rechazado el 88 por ciento de los llamados a indagatoria solicitados por los fiscales. Rabbi Baldi Cabanilla asumió como presidente de la Cámara Federal de Salta en 2009, en reemplazo del juez Ricardo Lona, quien tuvo que renunciar por sus vinculaciones con la Masacre de Palomitas, ocurrida en Salta en 1976, cuando Lona era juez de primera instancia.
Desde que asumiera el juez Poviña, se produjeron más adelantos en las investigaciones que en todos los años anteriores, bajo Aguilar y Olivera Pastor. Entre sus medidas, se destaca la citación en el mes de abril al empresario Blaquier (a la que no concurrió aduciendo "razones de salud") y el allanamiento a las oficinas del ingenio Ledesma, donde se encontró documentación probatoria sobre actividades de espionaje que hacía y sigue haciendo esa empresa contra familiares de las víctimas.
Audiencias
El juicio tiene más de 200 testigos que deberán declarar en las audiencias, y se considera que el testimonio más importante será el de Hugo Condorí, único sobreviviente de la dirigencia gremial de aquellos años en el Ingenio, que fue diezmada por la dictadura.
El próximo 26 de julio se prepara una gran marcha en Libertador San Martín, hasta el ingenio Ledesma, como todos los años, para conmemorar un aniversario más del nefasto "Apagón". Hace algunos días, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los organismos jujeños, se procedió a señalizar el sitio frente a la empresa como parte de una política de Memoria y Verdad, dando cuenta de lo sucedido hace 36 años. Los directivos del ingenio, y el propio Blaquier protestaron airadamente por esa señalización.
Irina Santesteban (LA ARENA)
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