En América Latina y el Caribe, el hambre y la desnutrición afectan a 53 millones de personas, casi nueve millones de las cuales son menores de cinco años, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Argentina no está en el grupo de países donde este fenómeno es más crítico, como Haití, Honduras, Guatemala y Bolivia: la cantidad de alimentos que se produce en su territorio podría abastecer hasta 10 veces su población de 40 millones de personas. La economía argentina crece en forma sostenida desde 2003 a un ritmo que va de siete a 10 por ciento anual, a excepción de 2009 cuando esa expansión se vio afectada por la crisis global nacida el año anterior en Estados Unidos. También registró en ese lapso cosechas sin precedentes por su volumen de granos y otros cultivos, mientras que los gobiernos centroizquierdistas del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa, Cristina Fernández, avanzaron en masivos planes alimentarios y de transferencia de ingresos para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ocurre entonces que según el Ministerio de Salud hay todavía 750.000 menores de 18 años que tienen problemas de desnutrición?
A poco más de un año de la entrada en vigor de un plan de transferencia de ingresos a menores de 18 años de familias pobres, los expertos debaten sobre los alcances, impactos positivos y limitaciones de esta herramienta. La llamada Asignación Universal por Hijo (AUH), puesta en vigor en diciembre de 2009, entrega un monto mensual de 220 pesos (55 dólares) por cada menor de 18 años de familias de desocupados, trabajadores precarios y empleadas domésticas, es decir todas aquellas que no tenían acceso a la asignación familiar que les corresponde a los empleados de la economía formal. El beneficio, que llega a 3,5 millones de niños, exige como contraprestación que los menores estén matriculados en la escuela, que reciban las vacunas obligatorias y que estén inscriptos en el llamado Plan Nacer de control de salud de los más chicos. Una familia puede recibir hasta cinco veces el monto de la AUH como máximo, y eso suma prácticamente lo mismo que un salario mínimo. Pero el plan no es universal y hay 2,8 millones de menores que no la reciben, por distintos motivos.
En diálogo con IPS, la socióloga Gabriela Agosto, directora de la Asociación Civil Observatorio Social, sostuvo que la AUH “es un incentivo para la educación y la salud, pero no modifica sustancialmente el acceso a los alimentos”. “La asignación genera una transferencia de ingresos, pero por sí sola no corrige un déficit clave como es el de la desnutrición infantil, porque la pobreza crónica no se revierte solo con esto, se necesitan políticas focalizadas”, señaló. Agosto aludió así a los casos de desnutrición grave e incluso de muerte en menores indígenas de provincias del noroeste y del noreste del país, como ocurre periódicamente en Salta, Formosa, Chaco o Misiones entre otras. La socióloga polemizó con el gobernador de una de esas provincias, quien argumentó que el problema de la desnutrición en las comunidades indígenas más aisladas era cultural, y lo desafió a poner en marcha políticas específicas para ellos. “Por supuesto que en números estamos lejos del problema de países de África o incluso de otros países de América Latina, pero considerando que Argentina produce alimentos y que crece desde hace ocho años, la desnutrición es inadmisible”, opinó.
La experta se refirió a un reciente ciclo de conferencias sobre la AUH en el que la antropóloga Patricia Aguirre, especialista en alimentación, advirtió que la asignación mejora el acceso a los alimentos, pero no es una política alimentaria. Aguirre remarcó en esa ponencia que el ingreso por la AUH se reparte con miembros adultos de la familia y no se destina solo a alimentos sino también a tubos de gas para cocinar, vestido, transporte y elementos para la escuela. “Es muy significativa, es muy importante”, destacó la especialista sobre la asignación, pero puede contribuir a reforzar la malnutrición, alertó, aumentando apenas la ingesta de hidratos de carbono, gaseosas, azúcares y golosinas. Otro dirigente social preocupado por el tema del hambre y los focos de desnutrición es Juan Carr, coordinador de la Red Solidaria, quien cree que, si se lo propone, Argentina puede terminar con el hambre en un plazo de entre uno y tres años. “Con apenas cuatro días de la cosecha anual de granos, sin hablar de las proteínas animales derivadas de la carne o los lácteos que también producimos, solucionamos el hambre en Argentina. Y con 122 días el de toda América Latina”, aseguró. Para Carr, la conciencia social aumentó en los últimos 15 años y ahora, si bien hay aún una fragmentación, hay más gente en sectores de clase media y alta de Argentina que considera una vergüenza que todavía haya hambre y desnutrición en el país. Eso implica, a su juicio, que hay disposición a terminar con el flagelo. Para Carr, esta conciencia es más importante que la voluntad política, porque las acciones de los gobiernos responden a las demandas y al consenso entre la gente.
Según los datos de la Red Solidaria, tomados de diversas fuentes, las muertes diarias de menores de seis años a causa de la desnutrición bajaron fuertemente desde el colapso económico y política de 2001, cuando se registraban más de 30 casos al día. El índice bajó a 12 muertes diarias en 2003 y siguió cayendo. Actualmente, luego de la puesta en marcha de la AUH a fines de 2009, estiman que el número de muertes diarias bajó a cuatro. Pero igual sigue siendo una tragedia. “Para llegar a una madre de la etnia pilagá, que tiene siete hijos, y un marido que no trabaja y es violento, no basta con la AUH sino que hay que llegar con políticas sólidas que contemplen el conjunto del problema”, indicó
Marcela Valente
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