Todos a hacer campaña

Esta semana, fuimos testigos, entre otros, de dos actos de campaña kirchnerista, disfrazados de actividad cultural de presentación de libros.
Por una parte, en España, el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, presentó un libro de recopilación de documentos sobre la dictadura militar. Según “Duhalde el bueno”, como le dicen sus amigos para distinguirlo del lejano y cabezón primo, al cabo de 8 años, los gobiernos kirchneristas “han permitido reducir excepcionalmente la marginalidad y la pobreza y establecer políticas de equidad e igualdad y el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo argentino”.
Silencia el funcionario lo que opinan sobre el anuncio los miles y miles que sobreviven apenas cartoneando; los que se hacinan en las villas y barrios pobres de todo el país, y que reciben balas como respuesta si intentan levantar un rancho en algún terreno fiscal baldío; lo que opinan los trabajadores, que ven su vida cada vez más pauperizada, con condiciones laborales de híper explotación, y, que, cuando protestan, deben enfrentar al aparato represivo oficial y a las no menos oficiales patotas de la burocracia sindical; lo que opinan los padres de los chicos que mueren por desnutrición en el Chaco, o de los que sufren las consecuencias de vivir en tierras contaminadas en el conurbano.
Y silencia lo que opinan los pibes de los barrios, que todos los días padecen el hostigamiento de la policía, de la gendarmería y de cualquiera con uniforme; lo que opinan los familiares de los asesinados por el gatillo fácil en las calles o por la tortura en los lugares de detención y los compañeros que se organizan para defender a los presos políticos y para denunciar la persecución a los militantes populares.
El segundo acto proselitista disfrazado de cosa cultural, fue la presentación, en la feria del libro, del informe anual del CELS sobre la situación de derechos humanos en Argentina.
En el panel estaban su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, y un aliado de lujo, el juez de la corte suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, que dijeron que las cosas, en materia de DDHH, están bárbaro en Argentina, porque se está juzgando a los represores de la dictadura, y porque se aprobó la ley de matrimonio igualitario…
Así, detrás de los necesarios, pero tardíos y lentos juicios contra los genocidas, quieren invisibilizar que hoy (no hace 30 años, hoy) la policía, la gendarmería y las demás fuerzas nos fusilan o nos matan en la tortura un pibe por día, y que hay presos políticos y perseguidos por luchar en Argentina.
Para que la operación de propaganda fuera más efectiva, las únicas críticas a la política represiva actual las centraron en sus adversarios electorales. Según el distinguido plumífero y el brillante magistrado, el problema de la represión en Argentina se reduce a la Metropolitana de Macri y la bonaerense de Scioli y Casal. Ni una palabra para la gendarmería o las policías y servicios penitenciarios nacionales y de las provincias aliadas al gobierno nacional.
Es más, puesto a decir algo de la federal, ya que la realidad no le deja otro remedio, el señor juez dijo que “el problema policial” es que tenemos un “modelo policial del siglo XIX basado en la autonomía y la recaudación propias a cambio de garantizar la gobernabilidad”. Y que, en ese esquema que atribuye exclusivamente a la propia inercia policial, es la fuerza la que corrompe y compromete partidos y políticos, y no a la inversa. ¿Se imaginan a un comisario, por pesado que sea, imponiendo su voluntad a Néstor Kirchner o Cristina Fernández? ¿O corrompiendo a Scioli, Insfran, Binner o Aníbal Fernández?
Silenciando los casi 2.000 asesinados desde 2003, con tiros en la nuca o la espalda, muertos en cárceles y comisarías, asesinados por su querido gobierno de los DDHH, sigue la campaña.

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HIPOCRESÍA SOBRE LAS CÁRCELES ARGENTINAS (CORREPI, Boletín Informativo Nº 607)

Esta semana, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presentó en la Feria del Libro su informe anual sobre derechos humanos. El kirchnerista organismo, presidido por el Horacio Verbitsky, principal asesor gubernamental en la materia, y, hoy, verdadero ministro de seguridad en las sombras, afirma que los avances son notorios con respecto, una vez más, a los juicios a los genocidas de los ´70, pero muestra preocupación por el alto grado de prisionización y las condiciones de la ¿vida? carcelaria.
Hay mucha gente en las cárceles argentinas, en eso estamos de acuerdo. ¿A qué sectores de la sociedad pertenece la enorme mayoría de la población carcelaria? Lógicamente a la clase trabajadora. ¿Quién es el responsable de las prisiones? El gobierno nacional, principalmente, y los gobiernos provinciales. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los presos? Paupérrimas: hacinamiento, falta de higiene, mala alimentación; sumado a eso está el continuo maltrato de los guardacárceles: torturas, bailes, violaciones, cuando la situación no llega directamente al asesinato, sin contar cuando el mismo servicio penitenciario usa a los presos para salir a “trabajar”, o sea robar para ellos. ¿Cómo se puede pensar que lugares así sean de reinserción en la sociedad? En lugar de eso, son depósitos inhumanos, donde el que entra no puede aprender otra cosa más que a odiar a la sociedad que lo dejó ahí.
Recordemos que, como demostramos todas las semanas a través de este boletín, los policías que nos asesinan un pibe por día con el gatillo y las torturas en centros de detención son sobreseídos o en los pocos casos que son condenados, reciben penas ridículamente bajas o directamente se los premia con el arresto domiciliario, que dicho sea de paso, tampoco cumplen. ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo criterio que aplican jueces y fiscales a los policías con el resto de la población? Simplemente tendríamos que importar presos, ya que las cárceles estarían vacías. Esto es lo que nos muestra a las claras cual es la función que cumplen las cárceles. Esa función de control social que cada tanto estalla como una olla a presión.
Sin tener en cuenta todo esto, o, más bien haciendo la vista gorda a todo esto, el CELS presentó un libro en el que propone una serie de reformas para, entre otras cosas, bajar la cantidad de presos en las cárceles. Esto, ante la mirada del garantista Zaffaroni, que bien sabe cual es la situación de los presos en Argentina, que bien sabe lo que sufren los pibes en los barrios, pero que no le tiembla el pulso al afirmar que en la Argentina los derechos humanos están mejor que nunca.
Por esto es que no debemos confiar en estos lacayos del poder. Desde CORREPI denunciamos todo el tiempo que tanto el gatillo y las torturas son políticas de estado, no excesos de algún loquito en la fuerza o resultado de la “autonomía de las fuerzas policiales”, como tanto gustan postular actualmente. Las cárceles responden, también, a la misma búsqueda de mantener el control sobre la clase trabajadora, enjaulando como animales a quien le sobra y a quien lucha, como lo demuestran el encierro de presos políticos como la Gallega Germano y el Negro Martino, que estos sinvergüenzas ni siquiera mencionan.

CORREPI