El Lole, la justicia y el ángel de la bicicleta

La única justicia que ustedes pueden tener es la divina… Esa fue la frase que usó el actual senador nacional, siempre candidato virtual a la presidencia de la Nación y dos veces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, cuando enfrentó a las Madres de Plaza de Mayo de la ciudad capital del segundo estado del país.
Reutemann sabe muy bien cómo se hace justicia en su provincia. Conoce su funcionamiento porque fue uno de los arquitectos políticos que creó la actual Suprema Corte provincial. Abogados amigos y conocidos son los máximos referentes del poder judicial santafesino. Y no han sido tocados por el gobierno supuestamente socialista que anunció el cambio que por ahora no se nota casi nada.
Fue en los pasillos de los tribunales provinciales de las principales ciudades de Santa Fe, en la fundada por Juan de Garay y en Rosario, donde se acuñó una consigna que describe el permanente estado del sistema: la justicia funciona como una red de pescadores invertida, pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos.
Una justicia clasista y obediente de los distintos poderes, entre ellos, el político y el policial.
Por eso cuando se sucedieron los ocho asesinatos de diciembre de 2001 en el Gran Rosario y una muerte más en Santa Fe , cuando el gobierno de la Alianza fue borrado de la faz de la Tierra por aquellas movilizaciones monumentales protagonizadas por sectores medios y populares bajo el estribillo “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”; cuando hubo que reclamar acciones judiciales, los tribunales detuvieron al autor material del asesinato del militante social Claudio “Pocho” Lepratti y a nadie más. Nadie más. Ningún responsable funcional ni político. Nadie más.
Después, incansables, las organizaciones sociales siguieron reclamando justicia y entonces los palacios atiborrados de expedientes decidieron extender las condenas a otros cinco policías por el delito de encubrimiento de aquel asesinato que León Gieco retrató con lucidez y poesía en “El Angel de la bicicleta”.
Sin embargo, el corazón de la justicia santafesina sigue latiendo de la misma forma.
Hay que garantizar la impunidad hacia arriba, por eso es fundamental salvar a los socios menores.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe absolvió de culpa y cargo a esos cinco policías, que habían sido condenados en 2009 por encubrimiento y falseamiento de documento público. El tribunal fundó su resolución en el principio de duda, que favorece siempre al acusado, apuntaron las agencias de noticias.
-Esto es un paso más en la impunidad – dijo Celeste Leprati, la hermana de Pocho.
Para Celeste, “lo central no es encubrir a los autores materiales sino fundamentalmente al gobernador Carlos Reutemann. Se equivoca quien piensa que la Justicia trabajó mal, trabajó bien. En la provincia no hay independencia de poderes, por eso los asesinos de Pocho pueden estar en libetad…Los crímenes pasan, queda la impunidad. Pero tenemos memoria y seguimos luchando”, agregó la hermana de Claudio.
Reutemann, en tanto, sigue en la suya
Está convencido que la única justicia a las que deben aspirar los sectores populares es la divina.
Porque la otra, la material, la humana, la vinculada con la historia contemporánea, esa justicia ha sido modelada a su imagen y semejanza.

Carlos del Frade / APE
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Anulan la condena de cinco policías (Página/12)

Sólo el autor material del crimen del militante social Claudio “Pocho” Lepratti, ocurrido en Rosario durante la trágica retirada de Fernando de la Rúa de la presidencia, es culpable para la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe absolvió ayer de culpa y cargo a otros cinco policías, que habían sido condenados en 2009 por encubrimiento y falseamiento de documento público. El tribunal fundó su resolución en el principio de duda, que favorece siempre al acusado, al tiempo que confirmó la condena del oficial Esteban Ernesto Velázquez, el asesino que inmortalizó al “Angel de la Bicicleta” –como pasó a la historia– al gatillar su arma mientras Lepra-tti, en el techo de su comedor escolar, gritaba: “Dejen de tirar que hay pibes comiendo”.
Lepratti era el mayor de seis hermanos y provenía de una familia de trabajadores rurales de Concepción del Uruguay. Luego de abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Santa Fe y más tarde el Instituto Salesiano de Funes, donde sus superiores no lo autorizaban a trabajar en los barrios, se instaló en el Ludueña, en el Gran Rosario, donde comenzó a coordinar talleres para chicos con problemas de adicciones y a dar clases de teología. Era militante gremial en ATE, ayudante de cocina en la escuela 756, y uno de los creadores de la Coordinadora Juvenil de la Vicaría Sagrado Corazón del Barrio Ludueña. Para poder honrar todos sus compromisos iba y venía todos los días en bicicleta por la avenida Circunvalación.
En la mañana del 19 de diciembre de 2001, cuando ya se habían generalizado los saqueos a supermercados y De la Rúa se aprestaba a declarar el estado de sitio, Lepratti trabajaba en la cocina de la escuela, en el populoso barrio Las Flores. Al escuchar disturbios se subió al techo del edificio, les gritó a los policías de Santa Fe que no dispararan porque había pibes comiendo y recibió como respuesta un balazo mortal. Pocho Lepratti fue una de las siete víctimas fatales que sólo en Rosario se cobró el último presidente radical.
Tres años después llegó la sentencia para Velázquez, subjefe de la Comisaría 20ª: catorce años de prisión. En agosto de 2009 el juez de sentencia de Rosario, Julio García, condenó a dos años y ocho meses de prisión a cinco policías por los delitos de encubrimiento y falseamiento de documento público. La sentencia alcanzó a Marcelo Fabián Arrúa, chofer del móvil desde el que se hizo el disparo, y a su acompañante, Rubén Darío Pérez. También fueron condenados el ex jefe de la comisaría, Roberto de la Torre, el titular del Comando Radioeléctrico, Daniel Horacio Braza, y el oficial de guardia Carlos Alberto de Souza. El magistrado consideró probado que habían insertado datos falsos en el libro de guardia de la seccional, que habían adulterado el acta de inspección ocular del escenario del crimen, la constancia del comparendo de una testigo en sede policial, y que a tiro limpio habían modificado el aspecto del patrullero, para intentar hacer pasar la ejecución como enfrentamiento. La pena para los policías fue de ejecución condicional e incluyó la inhabilitación por doble de tiempo, cinco años y cuatro meses. La condena quedó ayer en la nada. La Sala II de la Cámara Penal provincial tomó nota de los argumentos policiales, se permitió dudar y los absolvió.