Tarde o temprano, el juez federal Noberto Oyarbide deberá informarle a la Justicia suiza sobre las causas abiertas en su contra para que ella determine si está o no vinculado con el empresario Ricardo Depresbiteris, dueño de la empresa recolectora de basura Covelia y titular de una cuenta bancaria en ese país sospechada de lavado de dinero que asciende a 1,7 millón de dólares.
Pero la principal causa contra Moyano está radicada en el Juzgado Penal Federal 11, a cargo de Claudio Bonadío. Fue abierta por la denuncia de otro gremialista: se trata de su archirrival Juan Pablo “Pata” Medina, secretario general de la seccional La Plata de la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La UOCRA tiene ya, a esta altura, una rivalidad histórica con camioneros: hace cinco años se enfrentaron durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón del cementerio de la Chacarita al mausoleo de San Vicente. Las cámaras de televisión captaron cómo en medio de esa gresca el chofer de Moyano, Emilio “Madonna” Quiroz, abría fuego contra sus contrincantes.
El expediente con la denuncia de Medina está en manos del juez Claudio Bonadio, quien analiza los informes preliminares de una pericia que confirmaría el uso de troqueles truchos para cobrar reintegros del Estado por prestaciones médicas complejas falsas a través de la obra social de la Federación de Sindicatos de Camioneros. La firma de Moyano figura en las llamadas “carpetas APE” secuestradas en el marco de esa investigación que abarca también a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación.
Demasiados sindicalistas
Los temores de Moyano no son imaginarios. No por nada, no hace mucho se le atribuyó al camionero la siguiente advertencia: “Demasiados sindicalistas presos para un gobierno peronista”. Fue después que el propio Oyarbide se atreviera a mandar detener a uno de los principales referentes sindicales del ex presidente Eduardo Duhalde, Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general del sindicato de los trabajadores rurales (UATRE), por presuntos delitos similares a los que a él se le endilgan.
Venegas y Duhalde no son, precisamente, socios políticos del kirchnerismo, como sí lo es Moyano.
Primero fue Juan José Zanola, el secretario general del sindicato de los trabajadores bancarios. El 30 de noviembre de 2009 lo arrestaron en un departamento de la avenida Quintana, en la Recoleta, el barrio históricamente más caro de Buenos Aires, al menos para quienes consideran a Puerto Madero una burbuja inmobiliaria.
Después fue el turno de José Angel Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), el 22 de febrero de 2011. Esa vez fue precisamente en una de las más lujosas torres de Puerto Madero, El Faro, donde un piso como en el que él vivía vale cerca de un millón de dólares. El ex ferroviario vive ahora en la cárcel de Ezeiza.
Pedraza había llegado hacía relativamente poco a Puerto Madero. Un robo en su casa de Villa Sarmiento, Haedo –comprada a cambio de 700 mil dólares y vendida a un futbolista de renombre, goleador para más datos-, y otros dos asaltos con sendos muertos que dejaron muy nerviosa a su segunda esposa, Graciela Coria -a quien le secuestraron un hijo-, lo llevaron seis meses atrás a decidir la mudanza más cerca del Centro y el Río de la Plata. Entremedio habría vivido en una quinta de Parque Leloir. Coria presidió la firma Belgrano Cargas y ocupa ahora un puesto clave en la sociedad operadora de emergencia de esa línea subsidiada por el Estado, de la cual el gremio de Camioneros es también socio.
Para completar, a principios de año, antes que a Pedraza le había tocado al “Momo” Venegas. Fue en su oficina de Retiro, a pocas cuadras de la Recoleta y Puerto Madero, aunque el encierro duró sólo un día. Las razones fueron supuestamente judiciales, pero obedecieron más que nada a la fuerte presión política de la oposición justicialista al kirchnerismo contra la decisión tomada por Oyarbide.
Para lograr su excarcelación Venegas y sus amigos juntaron en unas pocas horas medio millón de pesos, un billete encima de otro. “Traeme cien más”, reclamaba ese día en los pasillos de Comodoro Py un colaborador de Venegas. “Cien más” eran cien mil pesos. Pedraza y Zanola siguen tras las rejas, aunque con futuros posiblemente distintos. El primero con peor ventura, probablemente. Venegas está excarcelado pero dependerá del imprevisible Oyarbide.
No sólo “Pata” Medina denunció a Moyano en la causa de los medicamentos truchos. También lo hizo la ex ministra de Salud del kirchnerismo Graciela Ocaña, ahora cercana al Proyecto Sur de Pino Solanas. Las ramificaciones comerciales de Moyano, su familia y sus allegados fueron denunciadas por ella tras un cotejo de nombres y sociedades en la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros organismos.
Sindicalistas empresarios
Así como Moyano cree que hay varios sindicalistas presos en un gobierno kirchnerista, cualquier ciudadano podría concluir que hay “demasiados bienes y negocios” para sindicalistas que se supone están del lado de los trabajadores y que debieran vivir de su sueldo. En ese sentido, las viviendas de Pedraza y Zanola y el nivel de gastos que implica ese tren de vida, resultan a todas luces incompatibles con sus funciones oficiales como representantes de los trabajadores.
La clave es el cambio de rol. Es creciente la cantidad de sindicalistas –no todos, pero sí los más poderosos, a menudo aliados con el poder de turno – son también empresarios. Otro casi paradigmático es el “Caballo” Enrique Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y -desde octubre de 2010- presidente de Marítima Maruba S.A. Suárez es otro aliado del kirchnerismo: basta ver sus pintadas por doquier, como en las paredes del puente Zárate-Brazo Largo.
Zanola llevaba veintisiete años al frente del sindicato de los trabajadores bancarios cuando cayó en la red del pulposo Oyarbide en la causa de “la mafia de los medicamentos”. Se trata de una causa sin destino, con miles de papeles, decenas de detenidos, pero poco probable que se a un juicio que determine culpabilidades o inocencias, según confiesan en los tribunales de la Avenida Comodoro Py. De hecho, la Cámara Federal reconvino varias veces a Oyarbide, pero el juez parece ir por la suya, más aún en un año electoral.
De manera muy genérica –los abogados defensores de los acusados en esa causa hablan de arbitrariedades varias- Oyarbide investiga la puesta en circulación comercial de remedios truchos, ya sea vencidos o bien destinados a planes sociales gratuitos del Gobierno. Zanola estaba a cargo de la obra social de los bancarios.
Otro procesado en esa causa es el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, también principal recaudador de la campaña presidencial de Fernández de Kirchner en 2007 y de la legislativa K de 2005. Capaccioli, o alguien muy parecido a él, huyó la semana pasada de las cámaras de televisión al cierre del acto realizado por la CGT en la Avenida 9 de Julio y con Moyano como único orador, el viernes 29 de abril, a propósito del Día Internacional del Trabajo. Se lo pudo ver escurrirse –fuera él o su parecido- mientras en directo entrevistaban al diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde.
“Capa”, como es llamado dentro de los círculos de kirchnerismo acumula más de un procesamiento: también es investigado por no haber controlado debidamente a las obras sociales y hasta haber incurrido en lavado de dinero por los aportes de campaña presidencial de 2007 por parte de empresarios involucrados en la “mafia de los medicamentos”.
Diferente y parecido
Lo de Pedraza es distinto aunque parecido. Lleva un cuarto de siglo al frente de su gremio, aún con un procesamiento confirmado por homicidio. Las fotos de archivo lo muestran sucesivamente junto al fallecido titular de la CGT Saúl Ubaldini (durante el gobierno del también fallecido Raúl Alfonsín), el ahora ocupante de ese cargo Moyano, el ex presidente Duhalde, el gastronómico Barrionuevo y hasta la presidenta Fernández de Kirchner, entre otros.
Pedraza avaló con Menem las privatizaciones y el desguace del ferrocarril. Ahora vive de los subsidios del Estado kirchnerista, además de los aportes de los afiliados a su gremio y los sueldos que su esposa cobra del Estado. Lo acusan de haber instigado el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, baleado por una patota de trabajadores ferroviarios y barrabravas del fútbol el 20 de octubre de 2010 en las calles del barrio porteño de Barracas, cuando éstos abortaron una protesta de los tercerizados despedidos sobre las vías del ferrocarril Roca que reclamaban sus reincorporaciones y pases a planta permanente.
El móvil del crimen, según la Justicia, fue el de mantener su negocio como empresario del sector a través de la cooperativa Unión del MERCOSUR, que contrataba “tercerizados” aunque se suponía que Pedraza debía oponerse a ello como titular del gremio. Si los tercerizados apoyados por la izquierda pasaban a planta permanente e ingresaban a su gremio él podía perder no sólo las elecciones sino también -y principalmente- sus negocios. Esa es la discusión que llegará a juicio –seguramente en 2012- sobre el papel que se le atribuye en el crimen.
Mientras Moyano aglutina cientos de trabajadores en su gremio bajo la excusa de que todo empleado que labore sobre un camión o camioneta tiene que tributar a su sindicato, Pedraza los terceriza y se los saca de encima. Curiosa realidad la de este sindicalismo cerrado y sólo abierto para los amigos del poder que se llenan los bolsillos no sólo con la plata de los afiliados a sus gremios sino con la de todos los contribuyentes que aportan a los generosos subsidios del Estado.
Adalberto Trotta
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