No podemos aceptar que Grassi siga sin ir a prisión'

La semana pasada se conoció que la Justicia rechazó el pedido de detención del cura Julio Cesar Grassi, acusado a 15 años de prisión por abuso sexual, que vive frente a la Fundación Felices los Niños. 'No podemos aceptar que Grassi siga sin ir a prisión después de una condena en dos instancias', dice Nora Schulman, directora ejecutiva de C.A.S.A.C.I.D.N., y explica en esta columna el proceso que llevó a Grassi a ser condenado.
El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) es una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de los niños en la Argentina.
El CASACIDN recibe a diario múltiples consultas, planteos de situaciones y denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Estas vulneraciones ocurren distintos ámbitos sociales: hogar, escuela, hospitales públicos, y, especialmente en el ámbito judicial.
En estos últimos años nos realizaron planteos y denuncias de una cantidad significativa de niños, niñas y adolescentes victimizados y re victimizados por el sistema judicial. Estas situaciones se dan cuando los operadores del poder judicial no les creen a los chicos y chicas, cuando estos chicos y chicas son sometidos a cuantiosas pericias de todo tipo y cuando se los expone a situaciones donde, la mayoría de las veces, pasan a ser 'sospechosos'.
Entre otros casos de enorme relevancia social, el CASACIDN asumió la responsabilidad de presentarse como parte querellante en uno de los casos más mediáticos de nuestro país en los últimos tiempos, la causa de abuso sexual y corrupción de menores llevada en contra del Sacerdote Julio Cesar Grassi.
Este cura era el titular de la Fundación Felices los Niños y a través de la misma construyó una estructura de poder mediático y vincular con el poder político de la década de los ’90. Construyó un 'emporio' basado fundamentalmente en la explotación de la situación de niños pobres, a quienes exhibía en forma escandalosa, por todos los medios de comunicación, a fin de asegurarse donaciones de grandes empresas industriales, corporaciones bancarias y figuras conocidas del ambiente artístico.
A partir del año 2002, el CASACIDN tomo conocimiento de las denuncias efectuadas por tres de las víctimas de la causa. Las denuncias habían sido efectuadas en los tribunales de Morón, provincia de Buenos Aires.
Desde un primer momento el CASACIDN consideró admisible intervenir en este caso, dada la gravedad de la temática planteada. En esta primera instancia de análisis, se consideró la situación de vulnerabilidad en la que se hallaban las víctimas, desguarnecidas y desacreditadas por el sacerdote, cuyo lema sacerdotal era 'un padre para los que no tienen padre'. La misma persona que ellos indicaban como el que había cometido actos aberrantes contra su integridad sexual, cuando las victimas permanecían bajo su cuidado y guarda.
Es decir, las víctimas de este caso, además de sufrir situaciones de abuso, sufrieron también la falta de protección y cuidado de la persona que estaba encargada de cumplir esta función. Esto, con el agravante que esa persona que ellos denunciaban como el abusador y que era el encargado de cuidarlos, es un sacerdote que representa a la Iglesia Católica.
Desde el CASACIDN, se tomó la decisión de entrar en contacto con las víctimas: tres chicos que, al momento de ser perpetrado el abuso, tenían 9, 13 y 16 años de edad. Los chicos fueron escuchados, en principio se realizaron entrevistas con dos de ellos, que declararon en ese momento y luego con el último, que realizo sus declaraciones ante la justicia cuatro años después. Esto se dio de esta forma, dado que, según lo que declaró la última de las víctimas, en el momento en el cual los dos primeros realizaron sus declaraciones, él no estaba en condiciones de contar su verdad, siendo que aún vivía en la Fundación Felices Los Niños y no tenía posibilidades de vivir en otro lugar. La situación de la tercera víctima que declaró es particular por las vivencias contradictorias que presenta: por un lado él sentía respeto y cariño por la persona que el tenía con respecto al cura y, por otro lado, el temor, la incertidumbre y la confusión que le generaba la situación de abuso de la cual había sido víctima, dado que consideraba que el tenía 'la culpa' por lo que le pasaba (siendo este, de acuerdo con los especialistas, el síntoma claro que se presenta en las víctimas de abuso, el pensar que ellos tienen 'la culpa' de la situación de abuso que sufrieron).
Las victimas también recibieron numerosas amenazas desde el interior y desde el exterior de la Fundación, voces de reproche, intimidación, desprestigio. Muchas de estas voces fueron realizadas en los medios de comunicación, provenientes del entorno mediático del cura e increíblemente, de parte de los mismos abogados
Hoy, mientras el cura Grassi (que, supuestamente, se encuentra bajo un sistema de prisión morigerada, muy parecido a la más absoluta libertad) se muestra desafiante ante los micrófonos y las cámaras de televisión, a pesar de estar condenado a 15 años de prisión en dos instancias judiciales, nadie piensa ya en las víctimas que viven en una incertidumbre total, uno de ellos, por el cual lo condenaron, no entiende por qué el cura sigue en libertad, y los otros dos siguen aún sin entender cuál es la causa por la cual no les creyeron y fueron desestimados sus testimonios.
El CASACIDN cuestionó hasta ahora todas las decisiones judiciales que permiten que un abusador permanezca en libertad. No podemos aceptar que Grassi siga sin ir a prisión después de una condena en dos instancias, a 15 años. Ningún tribunal se anima a meterlo preso, por abuso sexual y corrupción de menores.
Consideramos que es necesario apelar a todas las instancias que correspondan hasta lograr que se haga justicia de verdad en este caso. Nos indigna la impunidad que tiene Grassi para lograr no cumplir con su condena y no pensamos aceptarlo con los brazos cruzados, sabiendo que si no fuera un cura con un enorme poder político, económico y eclesiástico ya estaría preso.
No podemos dejar de subrayar que una justicia que no actúa como es debido, nunca podrá ser creíble para un pueblo que anhela tener confianza en ella y la necesita para afianzar la democracia. Esto no va a resultar posible si se mantienen sospechas de corrupción y complicidad con los poderosos en el accionar de los operadores del poder judicial.
Seguiremos trabajando con la misma intensidad y convicción para lograr una condena de cumplimiento efectivo para todos los casos presentados en la declaración de los chicos que fueron víctima, porque estamos convencidos que la Justicia les debe a los jóvenes la restitución de sus derechos vulnerados y la reparación de los daños sufridos.

Lic. Nora Schulman (ARTEMISA)