Colombia-Chile: Criminalización de las luchas en América Latina.

Mapuches y resistencia colombiana criminalizados

Operación Cóndor unió a las fuerzas represivas para desaparecer, encarcelar, asesinar personas de nuestra América en los ‘70, hoy los gobiernos de Santos, Piñera (...) Urge solidaridad

A partir de unas supuestas fotos halladas en un computador que sobrevivió milagrosamente al bombardeo de Sucumbios, Ecuador, realizado por las Fuerzas Armadas de Colombia en marzo del 2008, el Gobierno deJuan Manuel Santos exige hoy someter a la justicia colombiana al chileno Manuel Olate Céspedes, dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana, bajo la acusación de tener vínculos con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Los primeros que pusieron el tema, fueron el entonces candidato y hoy Presidente chileno, Sebastian Piñera y el derechista Senador Alberto Espina luego de una visita a Colombia (2009). Ellos, en vez de horrorizarse por los crímenes del paramilitarismo, llegaron agitando el dossier que les obsequió el Departamento de Seguridad Administrativa (DAS) con las fotos de personas de nacionalidad chilena supuestamente vinculadas a las Farc, objetivo de destrucción de las fuerzas armadas colombianas y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica desde hace varios años.
Nos preguntamos ¿Dijeron algo Piñera, Espina, Chadwick, Matthei, Larraín u otros próceres derechistas, al destaparse la Fosa Común de La Macarena, donde la Fuerza Omega (grupo estrella del Plan Colombia que funciona con asesoría y financiamiento norteamericano), venía sepultando desde el 2005 a los campesinos e indígenas que tenían la desgracia de caer en sus manos?
Y, la justicia colombiana, que haciéndose eco del alarde de la derecha chilena y actuando en concomitancia con ellos solicita la extradición de Manuel Olate, ¿Ha judicializado a Álvaro Uribe Vélez, principal responsable de alevosos asesinatos de civiles y personas asesinadas bajo torturas, 2 mil de las cuales fueron encontrados en esta dantesca Fosa común? ¿Cuántos de los 2.704 asesinatos de dirigentes sindicales durante los Gobiernos de Álvaro Uribe ha logrado esclarecer la justicia colombiana?
En los últimos tres años, más de 38.255 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia. Bajo la lógica de “disuadir la movilización por el terror”, se estima que el total de personas desaparecidas (secuestradas y torturadas) por las herramientas del Terrorismo de Estado (paramilitares, Ejército, Organismos de de Seguridad) llega a las 250 mil en una estrategia que falta a toda ética humanitaria y al derecho internacional. El Estado Colombiano sustentado financiera y logísticamente por Estados Unidos, busca que perdure el terror desapareciendo los cuerpos de los asesinados, pues así se prolonga la angustia en los sobrevivientes, como bien sabemos los chilenos.
Colombia es una tierra que suma al desgarrador desangramiento de sus ciudadanos y ciudadanas, más de 4,5 millones de personas desplazadas so pena de masacres realizadas por militares y paramilitares, funcionales a la Estrategia Estatal de “tierra arrasada”, cuyo objetivo es “vaciar los campos” para ofertar a las multinacionales terrenos agrícolas de alto interés económico. En ese sentido, más de 10 millones de hectáreas de tierra han sido así robadas a las víctimas y desplazados, y ofertadas a multinacionales, gran latifundio, y a los nuevos jefes paramilitares; el escándalo del “agro ingreso seguro”, propuesto por Santos viene a consolidar este proceso de robo iniciado por Uribe al que se suman violaciones masivas a los derechos humanos, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, descuartizamientos con moto-sierra, empalamientos, y otros métodos escalofriantes.