Desatada la tragicomedia de la supuesta “Banelco 2” –por las denuncias de diputados de la oposición de derecha según las cuales habrían recibido ofertas de sobornos por parte del Gobierno-, el kirchnerismo parece encaminarse sin mayores obstáculos a su verdadero objetivo en relación con las pautas económicas para el 2011. A saber, la prórroga de la actual ley de Presupuesto, la del 2010, con el argumento de que no hubo posibilidades de debatir, aprobar y sancionar la requerida ley de Presupuesto del 2011. Básicamente, la prórroga garantiza al Gobierno la posibilidad de manejar partidas a gusto y placer y reproducir el año que viene, como viene sucediendo en el que corre, la obtención de otros aproximadamente 50 mil millones de pesos por fuera de lo presupuestado, vía subestimación de ingresos y de gastos, armas más que deseables en el año de las elecciones presidenciales.
Por cierto, el proyecto oficial de Presupuesto para el 2011 intentaba legalizar esos mismos beneficios, además de reiterar un disciplinado pago de vencimientos de la deuda pública sin revisar con uso de reservas del Banco Central, de no contemplar aumentos salariales para empleados públicos ni los montos para pagar la movilidad jubilatoria, y mucho menos para financiar el vetado 82 por ciento móvil para la jubilación mínima. Pero está claro que, aun con las vivezas legislativas =como la de desconocer que la Cámara de Diputados dispuso por mayoría el reenvío del proyecto a comisión y tratar en cambio de forzar un nuevo debate en plenario=, será difícil conseguir la aprobación de ese proyecto en el primer año en el que el Presupuesto se discute con un oficialismo sin mayoría propia en el Congreso.
Esos objetivos del Gobierno respecto de las reglas de la gestión económica concreta no son en todo caso menos cuestionables, pero tampoco más, que los que se plantearon los partidos del arco opositor de derecha, el famoso Grupo A, con su propio proyecto de presupuesto de 2011. Ese proyecto, que sí contempla los excedentes de ingresos no presupuestados por el oficialismo, no contempla en cambio los mayores gastos que requerirá el funcionamiento económico el año próximo, y entonces determina el uso de esos excedentes, básicamente para financiar el 82 por ciento móvil de la jubilación mínima, como si quedaran a libre disposición. No contempla, igual que el oficialismo, las necesidades de aumentos salariales para los empleados públicos y para la movilidad jubilatoria, ni tampoco mayores montos para subsidios. Y además prohíbe el uso de reservas para el pago de deuda que no vaya a organismos públicos internacionales, de modo que implícitamente impulsa nuevo endeudamiento..
El otro proyecto opositor, el de Proyecto Sur, tiene en ese sentido mayor consistencia, en la medida en que incorpora como fuentes de financiamiento la restitución de los llamados aportes patronales =en rigor salario diferido de los trabajadores= a los niveles anteriores a la reducción dispuesta por Cavallo en 1993, el aumento de la tasa de impuesto a las Ganancias para los patrimonios personales más altos y la eliminación de exenciones de ese impuesto y el de Bienes Personales. Determina a partir de allí fondos para el pago del 82 por ciento móvil, para los aumentos salariales y de la movilidad jubilatoria, para la universalización de la asignación por hijo y para la cración de un fondo de empleo y capacitación para jefes de hogar desocupados. También autoriza el uso de reservas pero para programas productivos y no para el pago de deuda. Y respecto de la deuda, dispone su revisión y el pago del tramo legítimo mediante una operación de cambio de bonos.
Las bondades textuales de la propuesta de Proyecto Sur, en última instancia, no consiguen superar la condición de un planteo testimonial en la actual relación de fuerzas que muestra el Congreso y el conjunto de la dinámica política superestructural. Enfrenta, en este caso, el coincidente rechazo contundente de kirchneristas y y miembros del Grupo A alterar la transferencia regresiva de ingresos que supuso la reducción de aportes patronales y a aceptar la virtual reforma impositiva progresiva que implicaría eliminar exenciones a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.
Es difícil que, en función de las condiciones de la coyuntura política, el año que viene las medidas de gestión económica tengan alguna impronta menos exclusiva que la del manejo discrecional por parte del Gobierno, para mal y también para algunas posibles iniciativas positivas para los sectores populares. También es difícil que, en función del manejo del Presupuesto, se altere la realidad del ocultamiento estadístico de cerca de 7 millones de pobres que suponen las previsiones del índice de precios al consumidor del INDEC del kirchnerismo.
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/11/15/p6114
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