Uno de los peores asesinos argentinos de la operación Cóndor, requerido en su país por el asesinato de 16 presos políticos, ha sido liberado bajo fianza este martes 2 de marzo en Miami por el juez Robert Dube, sospechoso de colusión con la mafia cubanoamericana de Miami.
En la ciudad mafiosa donde Luis Posada Carriles, como muchos otros terroristas, ha encontrado un refugio seguro, el teniente de Navío (r) Roberto Guillermo Bravo, torturador y asesino, quien remató a las 16 víctimas de lo que se conoce como la Masacre de Trelew, el 22 de agosto de 1972, se ha convertido en un empresario próspero que vende sus servicios a la US Army y contribuye a los fondos de campaña del Partido de Ileana Ros-Lehtinen y de los Díaz-Balart.
Mientras multiplica los titulares difamando a Cuba y Venezuela, la prensa mafiosa de Miami omitió durante varios días reportar el arresto de Bravo, ocurrido el jueves 25 de febrero.
Si es ignorado por la prensa norteamericana, en Argentina, donde se están reabriendo las causas de todos los genocidas, el caso de Roberto Guillermo Bravo en particular es sumamente importante por la trascendencia política que tuvo en su momento y hasta hoy.
En agosto de 1972 fueron fusilados 16 presos políticos en la base Almirante Zar y el ex militar fue denunciado luego por tres sobrevivientes de la masacre, que lo señalaron como quien remató a las víctimas. La captura del asesino en serie Bravo fue solicitada dos años atrás por el juez federal argentino Hugo Sastre, sin que Estados Unidos —informado de su presencia en su territorio— vea la necesidad de proceder a su arresto. Fue finalmente gracias a la persistencia de las autoridades argentinas que el criminal fue apresado.
Como en el caso de Posada, el aparato judicial del país que predica los derechos humanos a los demás, empezó los procedimientos que llevarán sin duda adonde más les conviene.
Bravo ha obtenido su liberación bajo fianza de 1,2 millones de dólares y deberá comparecer el 2 de abril, por orden del juez federal Robert Dube, conocido por sus vínculos con la fauna mafiosa cubanoamericana. Este mismo magistrado fue quien manejó gran parte del caso de la valija con 800 000 dólares, que George W. Bush usó para intentar ensuciar al Gobierno argentino y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El proceso judicial de Bravo se desarrollará ahora al ritmo y con los resultados que determinarán la cantidad de dinero que logrará invertir el inculpado.
Bravo se hizo ciudadano norteamericano en 1987, bajo la presidencia del extremista de derecha Ronald Reagan, sin el menor problema, a pesar de haber sido denunciado en Argentina por sus crímenes. No se sabe el nivel de vinculación del militar argentino con la inteligencia norteamericana, ni cómo se le habrá permitido adquirir la nacionalidad estadounidense y desarrollar un próspero negocio con nada menos que el Pentágono.
Pero sí es conocido que después de la masacre de Trelew, Bravo vivió escondido en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval de Washington, desde donde obtuvo los documentos que le permitieron radicarse en Miami.
La Operación Cóndor o Plan Cóndor de exterminación de los grupos de izquierda en América Latina se desarrolló bajo orientaciones de la CIA, que llegó a suministrar instructores de tortura a los militares argentinos, entre otros.
Los lazos existentes entre la mafia terrorista de Miami y el Plan Cóndor fueron objeto de una amplia investigación del periodista norteamericano John Dinges, Los años del Cóndor (The Condor Years), publicada en el 2004, y en la cual se establece la complicidad de varios miembros de la mafia de Miami.
Es el rotativo argentino Página/12 el que el 19 de febrero del 2008, tras la orden de detención, informó por primera vez que el "Ñato" Bravo vivía en Miami, donde maneja RGB Group Inc., una firma de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas con ganancias millonarias.
Después de esta denuncia, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos formuló exigencias, a pesar de las cuales se logró hacer el pedido de extradición y se presentó ante el Departamento de Estado el 15 de julio pasado.
Según Página/12, el 20 de enero se enviaron las huellas dactilares del torturador a Miami, a pedido de un juez, y fue solo hace una semana que el magistrado ordenó la detención de quien remató a los 16 presos políticos de Trelew (1 450 kilómetros al sur de Buenos Aires).
El proceso de extradición podría durar varios meses, incluso años, al usar Bravo como defensa su ciudadanía norteamericana aunque adquirida ilegalmente.
Sin embargo, en Argentina el juicio oral a seis inculpados del crimen a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tendrá lugar en abril en el teatro Verdi de Trelew. Los plazos del arresto y el laberinto de los procedimientos judiciales estadounidenses evitarán sin dudas a Bravo estar presente.
REMATÓ A LOS 16 PRESOS QUE LLEVÓ AL PAREDÓN
Reporta Página/12 que, gracias a sobrevivientes, el caso criminal del teniente Bravo está bien documentado. El periódico señala cómo aplicaba ya a los presos malos tratos, parecidos a los dados 30 años más tarde en la base norteamericana de Guantánamo (territorio ilegalmente ocupado).
En los días de frío, Bravo hacía desnudar a los presos, hombres y mujeres, y les forzaba a acostarse boca abajo o de espaldas en el suelo por un tiempo prolongado.
El día de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia.
La investigación del diario reveló que radica cerca de Miami en una casa valorada en 750 000 dólares.
La empresa de Bravo, RGB Group, vende "servicios de alta tecnología" al Pentágono desde 1998. También tiene entre sus clientes la "Homeland Security", el departamento de la seguridad Interior norteamericano.
El "Ñato" Bravo en varias oportunidades ha contribuido a los fondos de campaña del Partido Republicano, en el cual posee su red de complicidades.
Es conocido que Estados Unidos, el país que predica los derechos humanos a los países opuestos a sus políticas hegemónicas, es el santuario privilegiado de una importante colonia de terroristas, torturadores, esbirros y mandatarios asesinos.
Washington alberga a Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, autores confesos de la destrucción en vuelo de una aeronave civil cubana en 1976, con la muerte de 73 personas, mientras mantiene secuestrados a Cinco cubanos arrestados por combatir el terrorismo practicado por estos asesinos.
JEAN-GUY ALLARD
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