Formosa: fuerte denuncia por la avanzada de los desmontes

A inicios de julio, un informe anual de Greenpeace expuso que, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, Formosa cuadruplicó su superficie desmontada. En el mismo se mostraba que el último año la provincia perdió 36.915 hectáreas de bosque entre desmontes e incendios. Buena parte de esas pérdidas ocurrió en zonas que, por ley, deberían estar protegidas. Desde la sanción de la Ley 26.331, en lugar de disminuir, los desmontes en Formosa se dispararon: entre 1998 y 2007 se deforestaron 95.010 hectáreas; mientras que, entre 2008 y 2023 (ya con la normativa en vigencia), el número ascendió a 506.961 hectáreas. 

 Aunque los números son de gran magnitud, la noticia no sorprende, es que Formosa es una de las provincias con más deforestación de las últimas décadas, compitiendo por el angustiante podio con provincias como Chaco y Santiago del Estero.

 Sin embargo, el fuerte incremento se explica, en buena parte, por la forma en que la provincia implementó la ley: su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (2008) asignó extensas superficies del oeste formoseño a la Categoría III (Verde), una tipificación que, a diferencia de las categorías I (Rojo) y II (Amarillo), establecen distintos niveles de protección, permitiendo desmontes cercanos al 70% de sus bosques. Un enorme beneficio por parte del gobierno provincial a los grandes terratenientes y empresarios interesados en explotar los montes formoseños.

 En la misma dirección que el peronista Gildo Insfrán, el presidente libertario Javier Milei profundizó la problemática eliminando el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, barriendo con uno de los aspectos centrales de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (mejor conocida como “ley de bosques”). Un avance más por parte del gobierno nacional hacia la entrega de nuestros territorios, afectando enormemente a nuestro ecosistema y a poblaciones enteras, pero favoreciendo siempre al capital agrario.

 La situación llegó a niveles críticos, al punto que obligó al propio ministro de Producción y del Ambiente de la Provincia, Lucas Rodríguez, a admitir la cuestión de los desmontes como una realidad, fundamentalmente en la zona sur de la localidad de Las Lomitas, alrededor del Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. La noticia surge también en torno a la denuncia con aplicación de multas millonarias, del mismo ministerio hacia el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, por estar implicados en desmontes ilegales y compras irregulares de tierras fiscales en el interior formoseño. Esto no significó un cambio de postura por parte del gobierno, sino más bien se encuadra en un oportunismo político en el marco de un año electoral, ya que Paoltroni llegó a la senaduría y Basualdo, quien hasta ayer era peronista, ingresó como constituyente, ambos por La Libertad Avanza.

 Ni la complicidad entre grupos empresariales y Gildo Insfrán para desmontar, ni los negocios sucios en los que deben estar involucrados personajes como Paoltroni y Basualdo, son sorpresas para nadie. La verdad es que para la avanzada capitalista por sobre nuestros montes, cualquier expresión partidaria de la burguesía resulta igual. Mientras tanto, los campesinos y los grupos indígenas que viven en alrededores de la zona siguen siendo desvalorizados y despojados de parte de sus vidas, y nuestra flora y fauna continúa destruyéndose, dejando secuelas imborrables. 

 La única manera de frenar este escenario que empeora día a día, es que los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, quienes defienden el medio ambiente, se pongan en pie de lucha. Levantemos una tribuna por la protección de nuestros montes, tierras y población y contra la depredación del medio ambiente por parte de los grupos y gobiernos capitalistas. 

 Cami Servin