A quien quisiera escucharlos, los voceros del gobierno adelantaron que el gobierno desconocerá las leyes votadas por el Senado -en lo inmediato, por medio del veto y, si éste fuera rechazado, dilatando su reglamentación indefinidamente. La variante de una negociación con los gobernadores en torno a las leyes que todavía deben tratarse en Diputados -la coparticipación del impuesto a los combustibles y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional- ha quedado condicionada a la cuestión de las listas de diputados para las elecciones de octubre, o sea, a la eventual combinación de candidatos de los gobernadores y de Milei en una misma lista. Pero es en este punto donde la fractura política entre unos y otros aparece más expuesta. Milei no le quiere ceder cargos para diputados o senadores nacionales a las fuerzas de los gobernadores. Del otro lado, los gobernadores no están dispuestos a resignar su presencia o participación en el próximo Congreso.
El choque
Esta divergencia en la composición de las listas pone de manifiesto una discusión de fondo sobre el régimen económico y político de Argentina. Como se lo prometieron a las cámaras empresariales, el gobierno liberticida prepara tres iniciativas fundamentales: la reforma laboral, la previsional y la del sistema impositivo. Es esta última cuestión la que ha desatado el choque político con los gobernadores. Quien lo puso sobre el tapete en estos días ha sido la nave insignia de los capitalistas cercanos al gobierno, el empresario Marcos Galperin, cuando anunció el cierre de sus oficinas en Córdoba por la “elevada carga impositiva” de la provincia. La queja de Galperín se refiere al impuesto a los ingresos brutos, que grava todas las transacciones. Semanas atrás, Galperín había protagonizado otro cruce explosivo, esta vez, con el santafecino Pullaro. El gobernador le espetó al dueño de Mercado Libre ser “funcional al narco”, que se beneficiaría de un abaratamiento de los impuestos provinciales.
El desplante de Galperín, saludado por los círculos patronales, adelanta el meollo de la reforma impositiva del gobierno, que consiste en establecer un “super IVA” máş la creación de un sistema impositivo propio en cada provincia (una réplica del sistema estadounidense, que de todos modos ha entrado en crisis con la guerra arancelaria de Trump y el nuevo superpresupuesto). Una reforma de ese orden empujaría a una mayor motosierra en las provincias, al tiempo que concentraría la recaudación en manos del gran pagador de la deuda pública -el Estado nacional. Este punto clave de las exigencias incluidas en el acuerdo con el FMI serviría para hacer caer el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos. Pero podría llevar también a una bancarrota de los Tesoros provinciales.
La “reforma” viene anticipada por la eliminación de la obra pública financiada con recursos nacionales, y su provincialización, con un red de peajes.
La división
El choque expuesto con gobernadores de las dos provincias que reúnen la mayor pujanza agraria e industrial de Argentina -luego de Buenos Aires que se encuentra en declinación- tiene que ver con la pelea por un nuevo reparto del ingreso nacional federal.
Pullaro es un vocero de la burguesía agraria y agroexportadora que saluda la liquidación del derecho laboral y previsional. Pero reclama los recursos para financiar la infraestructura necesaria para despachar sus productos al mercado mundial, mientras carga con el pago de las retenciones a la exportación. La inauguración de la Rural será una tribuna de estos reclamos patronales. Las retenciones, que no se comparten con las provincias, suman al pago de la deuda pública, en pesos y en dólares. El diseño de un régimen económico y político fundado en el reconocimiento de esa gigantesca hipoteca ha creado una crisis de la “Organización Nacional” del país que se viene agravando desde hace ocho décadas. Como sus “próceres” del siglo XIX, los actuales libertarios y sus opositores provinciales pelean por “el oro de la Aduana”, para conciliar los llamados intereses nacionales con reciclamiento indefinido de la deuda pública.
Frente político
Los mandantes de Pullaro y Llaryora y del conjunto de los gobernadores salen a disputar su porción en medio de un fractura del comercio internacional y el asomo de otra crisis financiera, considerablemente más explosiva que las precedentes. En torno de este escenario, se teje el programa de un frente opositor que aspira a gobernar después de que Milei-Caputo hayan completado el “trabajo sucio” de la motosierra (destrucción de las conquistas laborales, privatización de las jubilaciones), con devaluación incluida.
En la “oposición de los gobernadores” revista el pejota de Kicillof, que aspira a conformar un frente transversal con los Pullaro y Llayora y con el actual asesor del fondo Greylock Capital, Sergio Massa, como ladero. La “Fuerza Patria” se inscribe, con contradicciones, en este frente entre Santa Fe y Córdoba.
Esta disputa política forma parte de las distintas manifestaciones de disgregación de la coalición improvisada de liberticidas y gobernadores (y sus partidos) que ha gobernado desde diciembre de 2003.
Marcelo Ramal
15/07/2025
No hay comentarios:
Publicar un comentario