El rechazo a Mekorot es una de las consignas de las protestas en apoyo a Palestina en Argentina
La habilitación por parte del gobierno de Javier Milei de la privatización del 90 por ciento del paquete accionario de AySA desató una ronda de especulaciones acerca de los posibles compradores. Entre los nombres mencionados por la prensa figuran algunos referentes de la burguesía nacional (como el empresario farmacéutico Daniel Sielecki y el titular de Transclor, Mauricio Filiberti) y la compañía de aguas de San Pablo, pero también circuló el de la firma israelí Mekorot, a la que nos dedicaremos en este artículo.
Un desembarco de la firma israelí parecía posible no solo por el estrecho alineamiento de Milei con Tel Aviv, sino también por los convenios que esa firma ya tiene con diez provincias argentinas. Y, si bien el coordinador para proyectos especiales en el exterior de la compañía, Diego Berger, cortó en seco en entrevistas radiales de esta semana los rumores de compra, asegurando que Mekorot no está interesada y tampoco podría avanzar en la transacción, ya que, como firma estatal, tendría vedada la adquisición de activos en el exterior, no descartó auxiliar a los futuros propietarios y, más aún, señaló que ya asisten a la actual AySA. "Estamos trabajando en AySA como asesores para mejorar cómo está trabajando la empresa, ser más eficiente a nivel técnico, y podríamos hacer eso también con las compañías o el consorcio que gane la licitación", le dijo a "El Destape".
El gran salto de Mekorot en Argentina se produjo durante la gestión de Alberto Fernández. El entonces ministro del interior, el kirchnerista Wado de Pedro, viajó a Israel en 2022 e impulsó, a través del Consejo Federal de Inversiones, los convenios que al día de hoy alcanzan ya a diez provincias (Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Jujuy). Estos acuerdos, que apuntan supuestamente a la gestión eficiente del agua, son de carácter confidencial, aunque en algunos casos, como el de Río Negro, trascendió su contenido. Se estima que no hay ninguna razón técnica para involucrar a Mekorot como asesora, es decir, que esas tareas podrían ser cumplidas por organismos estatales argentinos. Pero, además, al estilo de los peores acuerdos de carácter colonial, los convenios incluirían al Ciadi como tribunal para dirimir controversias surgidas de los contratos. Es el caso, al menos, del de Río Negro (El Cohete a la Luna, 13/4).
Varias de las provincias que firmaron estos convenios se caracterizan por su estrés hídrico y la presencia de grandes multinacionales mineras que requieren ingentes cantidades de agua para sus operaciones. En estas condiciones, el asesoramiento de Mekorot es funcional a la explotación de ese recurso vital según las necesidades del gran capital, en desmedro de las poblaciones y el ambiente.
En julio de 2023, unas 22 asambleas ambientales por el agua, junto a la Campaña Fuera Mekorot y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, desarrollaron una audiencia pública en el Congreso Nacional en que se expusieron fuertes denuncias contra la firma israelí, que es un soporte de las políticas de colonización territorial y desplazamiento del pueblo palestino.
Según la Campaña Fuera Mekorot, "el 85 por ciento de la población indígena palestina no tiene acceso al agua según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, teniendo solo 40 litros diarios cuando lo recomendado son 100 litros". En contraste, según un informe de 2017 de Amnistía Internacional, cada israelí accedía a un promedio de 300 litros diarios.
El uso del agua como arma de guerra y desplazamiento viene de larga data. Ya en 1967, una orden militar impidió a los palestinos el desarrollo de obras hídricas sin la autorización previa de las autoridades sionistas. El control se extiende a la perforación de pozos, la instalación de bombas e incluso la acumulación del agua de lluvia. Los palestinos terminan, entonces, comprando el agua a elevados precios a la firma israelí. Pero, además, Mekorot realiza perforaciones y explotación de manantiales para favorecer el desarrollo de los asentamientos coloniales.
Con el comienzo de la invasión a Gaza, en octubre de 2023, las cosas se agravaron. En el territorio costero, dos de las tres plantas desalinizadoras fueron destruidas por el ejército israelí, y la tercera tiene dificultades para funcionar, debido a que el bloqueo de la franja impide el ingreso de combustible para ponerla en marcha. Mekorot, además, cortó el flujo de agua a través de las tuberías que entran en Gaza. Así las cosas, los gazatíes tendrían acceso, con suerte, a unos cinco litros de agua diarios por persona. La privación del agua, como la de la comida y las medicinas, son medidas fundamentales del genocidio en curso.
Por todo esto, se impone el rechazo total a la presencia de Mekorot en Argentina. Todos los convenios debieran ser cancelados, y Argentina debería romper toda relación con el Estado genocida de Israel. Luchemos por este objetivo.
Gustavo Montenegro
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