martes, 1 de julio de 2025
Un fallo que mete a YPF en la crisis de deuda y en la guerra internacional
A través de dos fallos sucesivos, la jueza neoyorquina Loretta Preska se ha abalanzado sobre el 51% de las acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino. Uno de los fallos se relaciona con la semi-estatización de la petrolera, en 2012; su beneficiario es el fondo buitre Burford, que le había comprado al grupo local Petersen -ex accionista de la petrolera- sus derechos a litigar como consecuencia de la expropiación de sus acciones. El otro fallo beneficia al fondo buitre Bainbridge, acreedor de la deuda pública en defolt. Aunque no tiene nada que ver con YPF; la jueza decidió resarcir a este fondo con las acciones de la petrolera. La prepotencia de este fallo de la justicia norteamericana, que dispone resarcimientos y transferencias patrimoniales en otra jurisdicción nacional, sólo se supera por el cipayismo de todos los gobiernos de las últimas décadas, que han promovido la jurisdicción extranjera para los litigios de deuda y otras operaciones económicas. El resarcimiento reclamado, de 16.000 millones de dólares, supera en un 30% al actual valor bursátil de la petrolera.
Entrega a dos bandas
El fallo Preska es un episodio en la larga historia de vaciamiento de la petrolera “de bandera”, que involucra a todos los gobiernos de al menos las últimas tres décadas. Bajo Carlos Menem, el mentor de Javier Milei, se consumó la venta completa de YPF al grupo Repsol. La política de este pulpo fue servirse de los dividendos de YPF para cubrir sus deudas y pérdidas a escala global, a costa del vaciamiento de las reservas y la desinversión en la petrolera argentina. El binomio Néstor-Cristina no sólo toleró ese desquicio, sino que lo agravó: a fines de 2007, promovió el ingreso a YPF del grupo empresario Ezquenazi (Petersen), también controlante del privatizado Banco de Santa Cruz. Por el 25% de las acciones, Ezquenazi no puso un peso, pues las compró con un préstamo a pagar con las futuras utilidades de la compañía. Fue el pretexto para promover un vaciamiento consentido, pues ni un peso de los dividendos de Ezquenazi-Petersen quedaban en la petrolera. Repsol avaló gustoso ese desfalco, porque lo habilitaba a hacer lo mismo con sus propios dividendos. Al cabo de cinco años, el gobierno kirchnerista se enfrentó con las consecuencias del vaciamiento que había promovido: YPF se encontraba agotada de reservas y recursos. Repsol y Ezquenazi no estaban dispuestos a activar los recientes descubrimientos de Vaca Muerta. En ese cuadro, y en medio de una crisis de abastecimiento de petróleo y gas, Kicillof-Cristina improvisaron, no una nacionalización, sino la reprivatización de YPF. Al tiempo que se desprendía de Repsol, Kicillof-Cristina ponían en marcha un acuerdo secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta. El hilo suelto de esta operación, el empresario kirchnerista Ezquenazi, terminó litigando por la expropiación de sus acciones, pero le terminó vendiendo los derechos de ese juicio al fondo buitre Burford. Algunas versiones señalan que Burford solo sería un testaferro o socio de los Ezquenazi, que, en la trastienda, seguirían litigando contra el país. Después del primer fallo contrario a la Argentina, en 2023, Milei-Caputo literalmente lo ignoraron, dejando que progrese la causa y la acumulación de intereses.
Lo que viene
Los fallos de Preska han sido presentados como “inauditos” o “inviables”, tanto desde el lado kirchnerista como de los gobernantes liberticidas, que prometieron apelarlo. Los que piensan de ese modo no quieren leer el mensaje de la jueza: por un lado, Preska modificó su resolución anterior, que embargaba al Tesoro argentino para resarcir a Burford -ahora, va por YPF y sus acciones. En segundo lugar, la jueza también le carga a YPF las consecuencias de un litigio vinculado con la deuda pública defolteada. No se puede separar esa resolución del cuadro de conjunto de la deuda argentina, que ya bordea al 120% del Producto bruto y que enfrenta vencimientos abultados en los próximos cinco años y sin financiamiento a la vista. La segunda cuestión que entra en juego es la de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas inversiones y suministros están inmersos en una sorda lucha entre petroleras yanquis, el grupo Techint y, ahora, Petrochina, que acaba de anunciar su ingreso al mercado local. Las reservas de petróleo y gas argentina no están afuera de la guerra internacional en desarrollo.
Los especialistas en el juicio de Preska afirman que una negociación sobre el monto a resarcir a Burford lo reduciría “sustancialmente”. En la memoria de YPF, las previsiones del caso ascienden a 5200 millones de dólares. A la actual cotización de la compañía, podría representar la sesión de la mayoría accionaria estatal. ¿Es la garantía a negociar en caso de una reestructuración de deuda con los fondos internacionales? La cuestión de YPF, y de su nacionalización integral, es inseparable del desconocimiento de la deuda pública usuraria, que ahora busca ser respaldada con los activos petroleros cuya privatización iniciaron Kicillof-Cristina a manos de Chevron, y que Milei -Caputo quieren continuar ahora a cuenta de los fondos internacionales acreedores de Argentina.
Marcelo Ramal
01/07/2025
Milei veta la ley de asistencia por las inundaciones en Bahía Blanca
El presidente Javier Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional el pasado 4 de junio que declaraba la “emergencia y catástrofe” para Bahía Blanca y Coronel Rosales, luego de la devastadora inundación del 7 de marzo. Fue motorizado por diputados de UxP, UCR y del FITU. Con ello se creaba un fondo especial de $200.000 millones y planteaba otorgar exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. Con ello, los diputados dijeron que buscaban “atender obras de infraestructura y apoyar el restablecimiento del circuito económico y productivo”.
En el Congreso Nacional y otras legislaturas, las “declaraciones de emergencia” son frecuentes y la mayoría de las veces caen en saco roto, porque dependen de que sean arbitrados los fondos de parte del ejecutivo. En este caso, Milei directamente vetó la ley anunciando que ya destinó $200.000 millones del presupuesto nacional con el otorgamiento de un subsidio directo a personas que debieron inscribirse en una página web, para recibir entre 2 o 3 millones, según la zona en donde residen. Según el gobierno, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos mientras que 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4 % fue rechazado. La inscripción supuso enormes dificultades, especialmente a familias que viven en barrios poco urbanizados porque no reunían los requisitos exigidos o carecen de medios digitales para hacer los trámites. Absurdamente, un subsidio para recomponer la vivienda es rechazado por disponer de esa misma condición. A su vez, el gobierno provincial había dispuesto de otro subsidio, de $800.000 y también con numerosos requisitos de cumplimiento para recibirlo, especialmente por el tope máximo de ingresos que, si estaba cercano a $1.000.000, ya dejaba de otorgarse.
En cualquier caso, el monto otorgado es absolutamente insuficiente para reconstruir hogares arrasados por el agua, pérdida de bienes personales, incluyendo vehículos. A poco de la inundación, el intendente afirmaba que para reconstruir la ciudad eran necesarios al menos $400.000 millones de dólares, para luego afirmar que se había quedado corto.
La ausencia de una ayuda estatal viene siendo especialmente denunciado por vecinos de Ingeniero White autoconvocados, que han hecho piquetes en los accesos al puerto exigiendo que no han recibido ninguna ayuda a la fecha y que no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para evitar nuevas inundaciones. También reclamaron ser recibidos por el intendente. La gendarmería de Patricia Bullrich respondió amenazando a los vecinos con reprimir y abrir causas penales.
Milei también afirmó que vetaba la ley porque la ley no establecía una partida presupuestaria específica e incumplía las leyes de administración financiera, algo que por supuesto no vale para cuando paga con fondos del Tesoro Nacional los intereses de la deuda pública que engrosaron los capitalistas, a los cuales también subsidia con exenciones y blanqueos impositivos. A lo largo de toda la devastación originada por la inundación, ninguna de las grandes empresas del Puerto y el Polo Petroquímico de Bahía Blanca fueron afectadas con mayores cargas tributarias al servicio de reconstruir una ciudad y su fuerza de trabajo de la cual se han beneficiado amasando enormes ganancias.
Ante el veto del presidente Milei, el intendente Susbielles que viene de presidir el Consorcio de Gestión del Puerto –y alineado con el cristinismo en la interna peronista- no ha emitido declaraciones porque, según diversos medios, Milei habría comprometido la entrega de otros fondos para la ciudad pero que aún no fueron recibidos. Al mismo tiempo, un sector de los “libertarios” de la ciudad ha comulgado políticamente con el oficialismo en el Concejo Deliberante, en una alianza que buscaría restarle base electoral al PRO. El estruendoso silencio refleja que el Intendente ya estaba anticipado a que esta ley de emergencia iba a naufragar.
Los piquetes de los vecinos de White marcan el camino para arrancar todos los subsidios necesarios para la reconstrucción de viviendas, reposición de bienes e infraestructura urbana, 100 % a cargo del Estado.
Emiliano Fabris
27/06/2025
El Banco Morgan “se toma un respiro” frente a un gobierno en “carpa de oxígeno”
En los aprestos de la campaña electoral que el gobierno juzga “decisiva”, el capital financiero puso en capilla al dúo Milei y Caputo. Un informe del banco J.P.Morgan llama a los que invierten en Argentina a “tomarse un respiro” y salir de las operaciones especulativas que les permitieron ganar un 10% en dólares en solamente tres meses. Pero los dólares se están yendo por el pago de intereses de deuda pública y privada y el atesoramiento de dólares. La posibilidad de acceder al financiamiento internacional, que es la gran tarea que tiene asignada Milei, no aparece por ningún lado. “Vamos a volver”, dice el J,P.Morgan, sin advertir que lo hará después del estallido de una crisis. El golpe político-electoral para el gobierno no puede ser ignorado. El ‘regreso’ está condicionado a una devaluación.
El consultor Catterberg le puso al gobierno libertario dos cuestiones cruciales para asegurar su supervivencia: avanzar hasta la línea superior de la flotación del dólar -1400 pesos; la otra, dejar de lado el gobierno unipersonal y avanzar a una coalición política. La devaluación desataría el cepo que contiene artificialmente a los precios y afectaría a las posibilidades electorales como las ve el gobierno; hay cerca de tres mil millones de dólares invertidos en pesos, por inversores extranjeros, que sufrirían una desvalorización que no perdonarían. Ayer salieron de apuro 1500 millones de dólares. Los que entienden que estas contradicciones serían superadas por un resultado electoral favorable para el gobierno -como finge el propio J.P.Morgan- están poniendo demasiadas fichas en los comicios.
Cristinismo
Cristina Kirchner no quiso estar ausente de esta ola de estos malos augurios. En el centro de sus disputas con el gobierno advierte que el “modelo que no se sostiene” (el de ella con Alberto tampoco). Recoge las múltiples críticas “constructivas” de Cavallo a Redrado, y de casi todos los economistas del régimen. Ese desbarranque económico podrá tener lugar más temprano que tarde. Pero la capacidad del kirchnerismo para poder capitalizarlo está más en juicio que el estallido inminente.
La pretensión de articular la campaña electoral del peronismo con la consigna “Cristina Libre” demuestra que no confía en sus propios pronósticos, pues debería decir Abajo Milei-Caputo. La consigna ha desatado una rebelión en una parte importante de los intendentes del conurbano, que no quieren recibir un certificado de defunción política dos años antes de renovar su mandato.
La pretensión de las listas comunes en la provincia de Buenos Aires, con la presencia de Máximo Kirchner, podría desatar una deserción abierta o encubierta por parte de las listas municipales que responden a Kicillof -o presentando “lista corta” (solo para concejales), o boicoteando la campaña provincial. Las encuestas no le auguran al peronismo una buena elección, incluso en la estratégica tercera sección electoral. En sus municipios, de La Matanza al Sur, se palpita una crisis social extraordinaria, con una desocupación del 10%, barrios castigados por inundaciones, hacinamiento habitacional y desastres ambientales. El ausentismo electoral, un denominador común de todos los comicios hasta ahora, es la manifestación concluyente del fracaso de los que gobiernan y han gobernado contra los intereses de la mayoría trabajadora. Esta es la razón de fondo del derrumbe del peronismo.
Formemos listas de trabajadores
Este escenario político plantea el gran desafío de llevar adelante una campaña electoral obrera y socialista. Para después de las elecciones, el gobierno liberticida le promete a los capitalistas una contrarrevolución laboral y previsional. El peronismo no obstaculizará la realización de este “trabajo sucio”, como viene ocurriendo en el Congreso. Convocamos a una movilización política de los trabajadores y luchadores, para poner en pie listas y una campaña. A los partidos y gobiernos fracasados, personeros del capital, opongámosle un programa de reivindicaciones obreras y la lucha por una fuerza política de los trabajadores. En función de esta perspectiva, los convocamos a sumarse a la puesta en pie de listas de trabajadores en todos los distritos.
Marcelo Ramal
01/07/2025
La sentencia por el crimen de Rafael Nahuel
La sentencia solo se conoció dos semanas más tarde.
La sentencia confirma lo dictado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, es decir que los cinco prefectos condenados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Además, le ordena al Tribunal Federal que gradúe las penas que en su momento fueron prácticamente una absolución.
Recordemos que a Guillermo Cavia, autor del crimen, se lo condena por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa a 5 años de prisión. Los prefectos Carlos Sosa, Francisco Pintos, Juan Obregón y Sergio García fueron sentenciados a 4 años y medio de prisión por el mismo delito, pero en carácter de partícipes necesarios. Los condenados no fueron a prisión. Ahora la condena queda firme, con la orden de graduar las penas. Los defensores insistieron en su absolución. Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, por su parte, reclamaron prisión perpetua. Quedó demostrado que los prefectos protagonizaron una impresionante balacera contra los tres mapuches que huían. Dispararon más de ciento cincuenta balas. Los peritajes comprobaron que Rafael había sido fusilado por la espalda. Gonzalo Coña y Johana Colhuan fueron gravemente heridos, pero sobrevivieron.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirma el homicidio en exceso de legítima defensa cuando en realidad se trató de un homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de Fuerzas de Seguridad. La diferencia entre las penas aplicables a ambas figuras es enorme. En el primer caso es de entre uno y seis años de prisión. En el segundo es prisión perpetua. Entonces, por un lado, la sentencia confirma la culpabilidad de los prefectos y desmiente a la ministra de Seguridad de ese momento y la actual, Patricia Bullrich, enemiga acérrima de los pueblos originarios y calumniadora serial. Por otro lado, sostiene el exceso de legítima defensa, aún cuando quedó probado el asesinato por la espalda del joven mapuche.
La APDH advierte que “la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.”
Repudiamos la complicidad de la Justicia con este régimen represivo cada vez más acentuado, al servicio de los intereses capitalistas.
Elena Florín
28/06/2025
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