Un artículo de la edición digital de Clarín del viernes 22, advierte que el DNU de Milei “establece condiciones laborales que quedan fuera de la ley de contrato de trabajo”.
La opacidad del título del artículo no debe llamar a engaño: se trata, ni más ni menos, que de la sanción del contrato individual entre la patronal y el trabajador. La ley de contrato de trabajo es reemplazada por el Código Civil y Comercial. El asalariado, sin perder la condición de fuerza de trabajo para el capital, se convierte en un emisor de factura por contratos de obra o servicio. Es la figura del facturero, que ha venido creciendo en Argentina como parte de una precarización de facto del trabajo, bajo la mirada complaciente de “la famosa CGT”. En estos contratos individuales, la patronal queda eximida de los aportes a la salud y a la Seguridad Social. Significa otro golpe mortal al sistema previsional. El autor del artículo describe bien de qué se trata: “Por ejemplo, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia para un único empleador donde se obliga a los empleados a facturar mensualmente para no emitir recibo de haberes y de este modo eludir el pago de aportes y contribuciones de la empresa a la seguridad social”. Hay algo más profundo todavía, como es la destrucción del colectivo obrero y de la negociación colectiva. Para imponer esto, en Chile fue necesario una dictadura como la de Pinochet, que en Argentina debería entrar en vigencia por medio de un paquete a todo nada, envuelto en un Decreto de Necesidad y Urgencia.
La atomización de la clase obrera es el corazón del proyecto enviado por el gobierno libertario. Por eso mismo, elimina la llamada “ultraactividad”, que es el convenio vigente que sirve de base para una nueva negociación paritaria. La burocracia sindical mira pasar estos proyectos sin otra reacción que un recurso de queja, el miércoles 27, ante los Tribunales. Con toda la importancia gigantesca de la entrega de humedales, la extranjerización de las tierras, la privatización del sistema salud y la liberación del precio de las prestaciones, la privatización masiva de empresas; el núcleo de la ofensiva capitalista es la atomización de la clase obrera, para quebrar a la única fuerza que puede derrotar este golpe de estado económico y poner fin a la explotación y superexplotación capitalista.
Por importantes que sean los pronunciamientos legislativos contra un DNU que es, por otra parte, manifiestamente inconstitucional, incluso en el marco de una Constitución que habilita este atropello a la democracia; la tendencia política del momento es que sea sancionado, con modificaciones absolutamente menores. Para la camarilla pinochetista, una derrota en el Congreso podría implicar el fin del gobierno. Esta extorsión con la ‘gobernabilidad’ es suficiente para que el esperpento libertario siga adelante, sin que importen las intervenciones de legisladores o judiciales. Es por todo esto que la burocracia sindical se ha dado la línea de dar ‘la pelea’ en el Congreso y los Tribunales.
La consolidación de un gobierno de DNUs significaría un cambio de régimen político. Habilitar este paso hunde en la angustia y el bochorno a los republicanos ‘que supimos conseguir’; significaría la ruptura de lazos con los trabajadores organizados. Los “planes de lucha” mentirosos darían paso en no mucho tiempo a las huelgas y piquetes de fábrica. La burguesía liberal (peronista y anti-peronista) advierte el peligro que enfrenta el conjunto del régimen político.
El paquetazo de NyU se encuentra acosado por desafíos más inmediatos – una inflación mensual del 30% y una tendencia a la hiperinflación. Esta sólo puede ser sosegada con un mayor endeudamiento de carácter forzoso, por la incapacidad de financiar el déficit fiscal que ha trepado, bajo Milei, del 5 al 15 por ciento. Esto ocurre por la transformación de las Leliq en deuda del Tesoro y el pago de intereses que demanda. La deuda pública se ha duplicado como consecuencia de la devaluación, ya que está indexada al dólar. Milei, al cabo de algunas semanas, se verá obligado a reestructurar esta deuda y a entrar en un choque final con los bancos.
Nuestra posición es que debemos impulsar una campaña de pronunciamientos por un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y otros ingresos, y por el desconocimiento del DNU por todos los medios de acción directa. Sobre esta plataforma, impulsamos la formación de Coordinadoras Obreras, cuando es más claro que nunca que el activismo combativo e independiente debe proclamar abiertamente que es necesario construir una dirección de la clase obrera. Las crisis parlamentarias o en el ámbito judicial; las represiones y los repudios que genera; en suma, toda acción o evento que despierte la indignación de las masas, debe servir para impulsar acciones de lucha.
La iniciativa histórica no se encuentra en manos del gobierno pinochetista ‘democrático’, ni de la burguesía en su conjunto, sino de las masas. Enfrentamos una crisis de política y dirección en la clase obrera.
Jorge Altamira
22/12/2023
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