Javier Milei anunció que Rodolfo Barra será Procurador del Tesoro durante su mandato, es decir estará a cargo del equipo de abogados del Estado. Barra fue ministro de Justicia y juez de la Corte de la mayoría automática durante el gobierno de Menem, adonde desembarcó luego de un breve paso como viceministro del Interior y de acompañar como viceministro de Obras y Servicios Públicos como mano derecha de Roberto Dromi, el famoso “padre de las privatizaciones”.
Pero además, Barra tiene un pasado nazi tan recalcitrante que incluye la participación de un ataque a una sinagoga y un paso por el grupo Tacuara, una derecha militante y agresiva responsable de numerosos atentados antisemitas. Sin embargo, fue quien estuvo a cargo de la investigación de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, lo que explica en gran parte del encubrimiento de estos crímenes.
Cuando se conoció su militancia nazi, en los 90′, el escándalo fue tal que tuvo que renunciar a su cargo reconociendo su pasado y diciendo: “si fui nazi, me arrepiento”. Luego fue recibido por Eduardo Eurnekian, el exjefe y mentor de Javier Milei y ubicado como asesor de Aeropuertos Argentina 2000. Ya con Fernando de la Rúa, asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación. La “casta” se recicla.
Tres décadas después, el nazi Barra regresará a las entrañas del poder, esto en el marco de un ataque feroz, encabezado por la DAIA, a quienes denuncian el genocidio que perpetra Israel sobre gaza y le brindan su solidaridad al pueblo palestino, tildándolos de “antisemitas” o “judeofobos”. Queda claro que aquí no prima la defensa del pueblo judío, que está siendo víctima de su propio Estado, sino un vínculo político acérrimo con el sionismo que quiere acallar las voces disidentes.
Hablando de voces disidentes, a Barra también se lo recuerda por ser el autor de la llamada “Ley Mordaza”, un proyecto de censura que buscaba limitar la actividad de la prensa. La normativa proponía aumentar las penas por calumnias e injurias; la ley anticorrupción, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.
Este prontuario no es casual, Barra tendrá la misión de dotar de blindaje legal al plan de reformas antiobreras que pondrá en marcha el presidente desde el inicio de su gestión. Enfrentémoslo en las calles.
Camila García
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