En una declaración de estos días, el Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Aceiteros denuncian en forma minuciosa que la “reforma laboral” inserta en el mega DNU 70 del gobierno de Milei destruye, en el conjunto y en el detalle, el Derecho Laboral vigente en Argentina, con independencia de todas sus limitaciones.
El texto advierte que el decreto “amplía la calificación de servicios esenciales, incorporando supuestas 'actividades trascendentales', entre las que podría encontrarse la aceitera y la desmotadora de algodón, como modo de impedir o dificultar el ejercicio del derecho de huelga”. El DNU en cuestión, efectivamente, limita al extremo el derecho de huelga en la Salud, la Educación, el Transporte, las actividades estatales. En esas ramas, los sindicatos que declaren una huelga deberán asegurar el funcionamiento del servicio en un 70 a un 90 % de la actividad.
Ocurre, sin embargo, que el mismo Milei ha anunciado que en los próximos DNU tiene la intención de establecer “la prohibición a la prohibición de las exportaciones”, lo que no se refiere solamente a la aplicación de normas que aseguren el abastecimiento del mercado interno, como ha ocurrido tradicionalmente con el trigo o el maíz, en forma errática con la carne y en algunas ocasiones con el petróleo –en este caso mediante el “barril criollo”, que diferenciaba el precio interno del correspondiente a exportación-. El propósito de los ‘libertarios’ es establecer una economía dolarizada con salarios y jubilaciones pesificados. En este caso, Milei ya adelantó que derogaría la indexación por inflación de unos y otras.
La “prohibición de prohibir” apunta a algo diferente: la anulación del derecho de huelga en la industria de exportación. El caso típico es la soja y sus derivados –harina y aceite de soja-, los minerales, el petróleo, el litio y hasta los vinos y limones o el azúcar. Los sindicatos afectados serían, en primer lugar, los portuarios; le siguen los camioneros, recibidores de granos, petroleros y mineros, la industria automotriz o incluso la industria del pescado. Con la inclusión de estos rubros en la “esencialidad”, Argentina acompañaría a China y a Rusia en la represión generalizada del ejercicio de la huelga.
La implicancia de esta derogación del derecho de huelga es decisiva en el desarrollo de la crisis que ha desatado el DNU. La burocracia de la CGT ha convocado a una manifestación de aparato para el miércoles próximo, con el propósito de frenar el DNU en los Tribunales y ejercer una presión para que el decreto sea vetado por la comisión bilateral en el Congreso. Lo que tiene a maltraer a la burocracia cegetista es el golpe que recibe por la libertad que el decreto otorga para abandonar las Obras Sociales y el traslado a la medicina privada. Es su punto de negociación. Con esta política no parará el DNU, que entra en vigencia el jueves que viene por transcurso de tiempo. Las prepagas han enviado en la Nochebuena las nuevas tarifas a sus afiliados –con un 40 % de aumento– sin esperar la entrada en vigencia del decreto. Una huelga hasta la derogación del DNU hubiera sido un golpe definitivo al DNU, no el paseo de verano al mediodía a Plaza Lavalle.
Los sindicatos de la industria de exportación –estratégicos si los hay– deberían asumir su propia responsabilidad. Esto significa establecer un frente común, declararse en estado de asamblea permanente y declarar una huelga contra este DNU y los que se vienen. En distritos como el Noroeste debería establecerse un Comité Intersindical de Huelga de Mineros, Petroleros, Cítricos y Azucareros; en Córdoba, un comité de los sindicatos y obreros de las terminales y autopartistas; en Neuquén y la Patagonia, de petroleros y mineros; en el conurbano de Rosario, de aceiteros, recibidores de granos y portuarios. Además de la derogación del DNU, hay un reclamo insoslayable: el aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones.
A la objeción de que todos los mencionados son sindicatos de la CGT, señalamos lo siguiente: una cosa son los “planes de lucha” mentirosos de la CGT –fundamentalmente de aparato– con sus “paros” aislados, otra cosa es el desarrollo de Intersindicales por regiones, más proclives a que las masas las vean como instrumento de acción. Más allá de esto, es imperativo el desarrollo de Coordinadoras Interfabriles, más cercanas a los trabajadores, para organizar también a los obreros no sindicalizados, no registrados y a los monotributistas y trabajadores de clase media. La lucha que enfrenta la clase obrera de Argentina no es la “Cuesta del Portezuelo: un pasito aquí, otro más allá/ y un camino largo que baja y se pierde”. Son necesarios pasos decisivos y de conjunto de organización y huelga.
El gobierno de Milei es una tropa de asalto contra la clase obrera y sus instituciones. Es esencialmente débil para semejante empresa, lo que busca compensar mediante la complicidad de los partidos tradicionales y el Congreso, las mediaciones de la embajada norteamericana y la burocracia sindical. Esta burocracia no solamente avaló todos los desmanes del gobierno peronista K contra el mundo del trabajo, sino que abordó la crisis final de este gobierno –desde la derrota electoral de 2021– mediante una absoluta pasividad. Es, históricamente, la CGT de todas las derrotas. La nueva etapa debe ser encarada por medio de una revolución de los métodos y direcciones políticas.
Jorge Altamira
25/12/2023
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