La distinción entre uno y otro acontecimiento es, sin embargo, ostensible. En un caso se trata de un delito de carácter privado, en el otro de “un crimen político contra la clase obrera”. Los programas de las corrientes socialistas, a lo largo de la historia, reivindicaron la abolición de la pena de muerte, con la excepción de aquellas que se reservaban contra los funcionarios de regímenes criminales, como sería el caso del zarismo o del régimen de Batista en Cuba. Con anterioridad al asesinato de Mariano nos habíamos empeñado por la condena a perpetua a los grupos de tarea de la dictadura y de la Triple A. Un gobierno de trabajadores eliminaría la cadena perpetua, al mismo tiempo que debería defender la posibilidad de la pena de muerte para la contrarrevolución violenta del imperialismo.
La condena a perpetua se comporta como un sustituto de la pena de muerte en el caso de delitos privados, que los distintos regímenes democráticos se vieron obligados a abolir como consecuencia de la presión de las masas populares. En este sentido, la perpetua conserva el carácter político de la pena de muerte, que es la forma extrema de represión de los delitos sociales que engendra, todos los días y hora por hora, una sociedad dividida en clases, donde una enorme mayoría es explotada y saqueada por una muy reducida minoría. En el caso de Mariano actuó una banda armada, o sea, fascista, organizada por las concesionarias del Ferrocarril Roca y la burocracia, con la protección de la policía, para abatir a quienes luchaban contra la tercerización laboral. Poner en un mismo plano un crimen de carácter privado con uno político contra la lucha de los trabajadore, equivale a renunciar a la lucha por la democracia y por el socialismo. La Justicia, en el caso de Mariano, dejó de lado el carácter premeditado y organizado del crimen y no encontró en los organizadores de una patota armada una conspiración para matar. Todo lo contrario, la sentencia desestima por completo esa intención, con un argumento pueril.
Los socialistas somos enemigos declarados del sistema penal capitalista. En una fase transitoria al socialismo, el tratamiento del delito debe ser integral: la reunión de la pena con una política de reinserción social, respaldada por la construcción de una sociedad sin antagonismos de clases. El objetivo último es la completa abolición del sistema penal.
Kirchnerismo
En ocasión del juicio por el crimen contra Mariano, el kirchnerismo nos denunció de “mano dura” –en este caso, contra uno de los suyos--. Un artículo de Altamira les respondió sin reservas: “No nos importan los años en que Pedraza, Fernández o Sánchez se pudran en la cárcel; lo que denunciamos es que se ha desnaturalizado la calificación del crimen para evitar las implicancias políticas que derivarían de una aceptación de la posición de las querellas (o sea, de los abogados de nuestro PO), que lo caracterizaron como "un plan criminal" combinado con la policía, los empresarios y varios ministros y secretarios de Estado”. (https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/mariano-ferreyra-la-lucha-continua) (13.5.2013). Agrega Altamira: “Cuestionamos el rechazo a la caracterización de un plan criminal, no es cierto que nos ciegue la falta de una condena de perpetua. La imputación viene del mismo oficialismo que alberga a los que han quedado impunes”. Horacio Verbitsky y Juan Pablo Feinman plantearon que había que hacerle un juicio penal al muerto y a su organización, por el crimen de haberse metido, como dijo José Martí, en las entrañas del monstruo.
En suma: no defendíamos un castigo “ejemplar”; no pertenecemos a una secta confesional; expusimos una caracterización política del crimen. El “dolo eventual” que establecieron los jueces mantenía el caso Mariano en los límites de un crimen privado; en cambio, el “dolo directo” que plantearon nuestros abogados conducía al reconocimiento de un “plan criminal”. La condena debía ir acompañada de investigación de las responsabilidades políticas y empresariales.
Garantistas al revés
El garantismo construye sus disquisiciones en base a la ficción jurídica de “la igualdad ante la ley”. El Código Penal trata como iguales a Pedraza y al joven Pertossi; a Favale con Thomsen; al zar Nicolás II o Luis XVI con un ciudadano corriente. Los defensores de esta igualdad formal ignoran o encubren que el Código Penal es el guardián de un orden social antagónico.
Para completar, remitimos al siguiente señalamiento: “En lugar del Código Penal los socialistas planteamos, en una transición política que parte de la abolición del Estado capitalista, una Justicia basada en la deliberación popular y una sanción que apunta a la resocialización del reo, bajo el mismo control popular. El Código Penal viene acompañado del régimen carcelario, que cierra el circuito de la des-socialización del ser humano, de la deshumanización del individuo real”. ¿Cuándo escribimos esto? ¿Ayer? ¿El día de la condena a los 8 rugbiers? No: es la reflexión final del citado artículo de Altamira, es decir, de los tiempos en que reclamábamos “perpetua” a los autores del plan criminal contra Mariano Ferreyra. No hay un milímetro de “incongruencia” o “contradicción” entre nuestros planteos de ayer y hoy.
Marcelo Ramal
08/02/2023
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