En medio de una corrida que disparó las cotizaciones paralelas del dólar, por la venta masiva de los títulos del Tesoro que indexan por inflación, el gobierno está usando la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para la recompra de esos bonos con el fin de contener su desplome y rescatar el operativo de financiarse con endeudamiento en pesos. De esta manera, los jubilados financian el salvataje de la deuda, la corrida de la banca y los fondos de inversión, mientras son condenados a cobrar haberes de indigencia.
La corrida es un mecanismo de presión del gran capital para forzar una devaluación del peso y, en el caso particular de los bancos, para obtener en la próximas licitaciones tasas más usurarias e instrumentos a plazos más cortos, a sabiendas de que si dichas subastas fracasan será imposible para el gobierno cumplir con la meta monetaria impuesta por el Fondo. Ya la semana pasada se contaban en “$30.040 millones los flujos que salieron de este tipo de fondos desde que comenzó junio” (Iprofesional, 9/6). Más gravosa aún es la intervención del Banco Central, que debió comprar bonos por $200.000 millones, acelerando la depreciación de su patriomonio.
De esta manera, el gobierno manotea la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para contrarrestar la caída de los bonos. Es el recurso extremo de un mecanismo largamente utilizado: según el Informe Estadístico Trimestral del FGS al primer trimestre 2022 “los Títulos Públicos Nacionales alcanzaron los $4,2 billones y el 73,1% de la Cartera total del FGS. El 79,4% de esos títulos están invertidos en moneda local, siendo la principal inversión los bonos en pesos con capital ajustable por CER (76,5% del total)”.
Esta confiscación es una de las formas en que se apropian del dinero que roban a los jubilados para financiar el Estado, y refuta todos los relatos sobre la necesidad de proceder a una reforma jubilatoria que liquide los derechos previsionales como única forma de garantizar un equilibrio fiscal.
Ya en los gobiernos del kirchnerismo se usó la Anses para financiar al Tesoro nacional, especialmente empapelando al FGS con bonos públicos para rescatar el pago de la deuda. A modo de ejemplo, solo en 2011 -cuando se revirtió la etapa de los “superávit gemelos” fiscal y comercial- los jubilados le prestaron al Estado $22.699 millones para cubrir más de la tercera parte del rojo anual de $65.600 millones.
Durante la era Macri, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sufrió una importante desvalorización: cayó de un valor de 65.800 millones de dólares en 2015 a 34.800 millones en 2019, y el ritmo se acentuó en los últimos días cuando el Tesoro le enchufó papeles de deuda de corto plazo que habían sido defaulteados e ingresarían poco después en la reestructuración de deuda. El propio programa firmado con el FMI en 2018 planteaba la “amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del gobierno”, con el objetivo de embolsar unos 4.000 millones de dólares al año (Ámbito Financiero, 30/5).
Incluso ahora algunos sectores de Juntos por el Cambio plantean la posibilidad de rematar las acciones que el FGS tiene en varias de las principales empresas del país, como forma de obtener dólares. La rapacidad de los sucesivos gobierno y el Fondo por valerse de los fondos de la Anses es una muestra más de que son los jubilados los que financian al Estado, y no al revés. La reforma previsional que reclama el acuerdo con el FMI y los distintos sectores patronales es el corolario de esta orientación.
Mientras el gobierno ahoga a los jubilados con un fórmula de movilidad que mantienen sus ingresos por debajo de la indigencia, hipoteca a la Anses para financiar la corrida de los especuladores y salvar las metas acordadas con el FMI. Es otra confirmación de que somos los trabajadores quienes pagamos las consecuencias de esta política de sometimiento. Nos toca derrotarlo en las calles, apostando al paro nacional y al plan de lucha.
Camila García
Iván Hirsch
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