La victoria en las urnas de la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez representa un golpe al régimen colombiano y, por elevación, a las aspiraciones de la derecha y el imperialismo en el continente. Petro crece diez puntos porcentuales y obtiene el 50,4%, una diferencia de más de tres puntos sobre su contendiente Rodolfo Hernández. Incide, en esto, la ampliación de la participación en más de un millón de nuevos electores con respecto a la primera vuelta y un descenso del voto en blanco. También, una campaña militante que limitó el peso del fraude y de los aparatos tradicionales.
Polarización
El resultado de la elección no puede disociarse de la tendencia a la polarización social y política que impera en Colombia. Un ejemplo: la distribución geográfica del voto, que repitió la de la primera vuelta. Petro ganó con holgura en las regiones pobres del Cauca, de Suroccidente, del Caribe y de la Amazonia, además de la capital Bogotá y las grandes ciudades. Mientras que Hernández tuvo su mejor desempeño en las zonas norte y centro del país, más conservadoras y de mayor poder adquisitivo. También en Antioquia, bastión del uribismo.
Otra expresión de esta polarización es el traslado de los votos de aquellos candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta. Los de “Fico” Gutiérrez –respaldado por el uribismo-, fueron casi íntegramente a Hernández. Mientras que los del centro político, a contramano de las encuestas, optaron mayoritariamente por Petro.
La polarización en Colombia se cristaliza tras la rebelión popular de 2021, con meses de paros, movilizaciones, bloqueos y luchas callejeras. Un dato relevante es que la coalición que lidera Petro, el Pacto Histórico, está integrado por –prácticamente- la totalidad de las expresiones políticas que intervinieron en esas jornadas. Esto incluye tanto a los sectores que eran partidarios de una salida acordada con el gobierno de Iván Duque (el llamado Comité del Paro) como quienes luchaban por abrir paso a una dirección alternativa (coreando “el Comité del Paro no nos representa”).
La candidatura a la vicepresidencia de Francia Márquez –en detrimento del histórico Partido Liberal- y su actual postulación para encabezar el naciente ministerio de la Mujer y la Igualdad, responden a este descontento. Francia, una destacada líder ambiental y social, actuó durante la campaña como la representación de los sectores más postergados, y también del activismo juvenil que protagonizó los bloqueos durante la rebelión. Esto colaboró a que muchos de quienes impugnaban por izquierda la trayectoria de Petro y su rol de sostén del gobierno de Iván Duque al momento de las protestas, aceptaran el liderazgo del ex guerrillero.
Junto a esta figura, también se operó una modificación en la contienda de la segunda vuelta. El Pacto Histórico pasó de lanzar actos públicos que pretendían masividad a focalizarse en el voto a voto, las campañas de nicho y las recorridas en todos los rincones del país, con Petro y los principales referentes a la cabeza. En el sostén de esta iniciativa quedó de manifiesto la estructura militante de las fuerzas que integran el Pacto Histórico. Todo esto colaboró en despertar el apoyo de nuevos sectores de la población explotada que estaban al margen de los procesos electorales.
Las grandes mayorías del país viven el triunfo del Pacto Histórico como una victoria propia, aunque el significado de esa victoria no es el mismo entre sus sostenedores. Petro aglutina todas las variantes con ascendencia popular, sin desmedro de que cada una sostenga una plataforma divergente o hasta contrapuesta a la de otra fracción de la coalición.
“Gobierno de izquierda”
El futuro gobierno de Petro es señalado como el primero “de izquierda” en Colombia. Pero esta afirmación debe ser precisada.
El ala “izquierda” del nacionalismo colombiano fue privada de esta oportunidad por recursos extremos: el magnicidio de sus líderes políticos y el exterminio de miles de militantes de todas las tendencias, es decir, la apelación al fascismo, ejecutado por los gobiernos “civiles” colombianos, en concurso con la “democracia” estadounidense. Lo mismo vale para la experiencia de otra “izquierda”, la guerrilla, que estuvo a la cabeza de un movimiento popular con base social campesina durante largas décadas, derrotada por la ofensiva política y militar del ex presidente Álvaro Uribe.
La asunción de Petro plantea una alteración de régimen. Pero este cambio no consiste en una ruptura con el entramado actual, sino en un reciclaje del orden político y social vigente, que buscará ser llevado adelante mediante una transición ordenada. Es una variante que ya fue ensayada por el ex presidente Juan Manuel Santos.
En 2016, Santos firmó los acuerdos de paz con la guerrilla en Oslo y La Habana. Este compromiso fue avalado por un sector de la burguesía colombiana y del entonces presidente estadounidense Barack Obama. Los acuerdos ofrecían una serie de garantías democráticas para los excombatientes derrotados. Como contrapartida, permitían al imperialismo cerrar un frente en su patio trasero y proceder a un apaciguamiento continental que incluyera tanto a los gobiernos latinoamericanos de “izquierda” como de “derecha”.
El acuerdo fue el factor determinante en el distanciamiento entre Santos y Uribe. Este último lo rechazaba y planteaba ir a una ofensiva final. Expresaban estrategias divergentes en la burguesía y el imperialismo. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos y de Iván Duque –delfín de Uribe- en Colombia, truncaron esta transición.
Petro gana con el mandato de una fracción de la burguesía colombiana para retomar la transición explicitada en la letra de los acuerdos de paz. Es decir, restablecer las condiciones elementales de desarrollo capitalista en Colombia. No sorprende, entonces, su propuesta de un “acuerdo nacional”, ni que su campaña haya integrado a sectores que responden a Santos, o que para su ministerio de Hacienda proponga a economistas de la derecha liberal, responsables de la crisis económica de los 90.
Su victoria electoral golpea, indefectiblemente, las variantes más reaccionarias y fascistizantes del régimen, que ahora no solo tendrán que aceptar una transición, sino una encabezada por Petro, un personaje totalmente ajeno a su riñón político.
El gobierno electo
El programa de gobierno de Petro, aunque moderado en las transformaciones propuestas, no puede avanzar en sus puntos más elementales sin un choque con el capital. Petro no cuenta con mayoría en el Congreso ni en las filas del aparato judicial. Tampoco en los organismos de control, empezando por la Procuraduría, cuyos principales cargos fueron puestos por su predecesor.
El presidente electo expresó durante la campaña electoral su intención de declarar una “emergencia económica” que le conferiría poderes excepcionales. Pero no podría declararla sin la aprobación de la Corte Constitucional, que está copada por representantes de la derecha. La gestión entrante deberá negociar su paquete de reformas con las bancadas opositoras, de modo que terminarán recortadas o directamente bloqueadas. Petro ya tropezó con ese obstáculo cuando fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015: muchas de sus iniciativas fueron frenadas por la legislatura de la Capital, la Junta de la Ciudad. A esto habría que agregar las fuerzas armadas, que ve con recelo y desconfianza la llegada del ex guerrillero a la casa de gobierno.
Un plan de reformas requeriría desmontar el aparato del régimen uribista, que abarca, como señalamos, mucho más que la jefatura del Estado. Petro formuló, en la campaña de 2017, la iniciativa de una asamblea constituyente para alterar el régimen político. Ahora, esa perspectiva está explícitamente descartada. Su lugar lo ocupa un acuerdo nacional con los mismos que es necesario combatir para lograr cualquier reforma.
Petro plantea terminar con la minería a cielo abierto y limitar la explotación petrolera. Aún más, levanta la necesidad de avanzar en una reconversión energética y la generación de energías limpias y renovables. Importa aclarar que su perspectiva es frenar la exploración de nuevos yacimientos, no acabar con la explotación del petróleo. Los permisos y concesiones ya otorgadas continúan vigentes, lo que habilita a sus beneficiarios a mantener, al menos por los próximos 4 años, los niveles actuales de extracción. Toda la estructura presente, usufructuada por el capital privado, seguirá operando como hasta ahora. Al excluir deliberadamente de su agenda las expropiaciones, cualquier reconversión energética no contaría con los recursos imprescindibles para una transición de esta envergadura.
Pero, aun los modestos límites que el presidente electo pretende imponer, muy probablemente, tampoco prosperen. La industria petrolera y minera representan el 50% de las exportaciones colombianas, y sus ingresos reportan varios puntos del PBI. La burguesía no se puede privar de esos recursos, con más razón cuando Colombia tendrá que aplicar sus propias recetas de austeridad para capear el déficit fiscal del 7,1% del PBI “heredado” de la gestión anterior.
En el marco de la crisis mundial, los condicionamientos y presiones del FMI y del capital internacional se potencian. En la agenda de Petro figura seguir pagando puntualmente los compromisos de la deuda externa y dar continuidad a las relaciones amigables con Washington.
Por lo pronto, el establishment pide anuncios concretos para llevar calma al capital privado. Aunque Petro, en su discurso al cierre de los comicios, dio señales contemporizadoras -aseguró que va a “desarrollar el capitalismo”-, esto no es suficiente. El mundo de los negocios reclama más precisiones, entre otras cosas, sobre la composición del gabinete. En la transición que se abre, la clase capitalista no se privará de apelar a golpes de mercado si hiciera falta, de modo de condicionar al gobierno entrante.
Al considerar otro elemento central de su programa, la reforma agraria, también se decantó por evitar expropiaciones, y recurrir, en su lugar, a la compra pública de tierras ociosas. Se manifestó por un desincentivo fiscal al latifundio, promoviendo un impuesto a las tierras que pemanezcan improductivas. En Colombia, el 1,5% más rico de la población concentra la mitad de la tierra cultivable.
El Pacto Histórico incluye también en su agenda una reforma previsional. En Colombia existe un sistema privado que está en crisis, condenando a los jubilados a retribuciones miserables. Pero, en lugar de poner fin al negocio de las administradoras privadas y expropiarlas, se pretende consagrar un sistema mixto, donde la cifra que garantizaría el sistema público sería de indigencia. Es una salida parecida a la planteada por Boric en Chile. El Estado sale en rescate del capital privado, no de los jubilados.
Los voceros del Pacto Histórico aducen que estas transformaciones generarán una nueva matriz de desarrollo productivo. Para conseguir el financiamiento requerido, hablan de una reforma tributaria que incluye un impuesto a la riqueza y el gravamen indicado a las tierras ociosas. Pero esto tendrá que pasar por el filtro del parlamento, donde quedará mutilado, como ya viene ocurriendo con iniciativas similares de Boric en Chile.
¿De dónde saldrán, entonces, los fondos necesarios para la compra de tierras o para una asignación mínima a quienes no han logrado jubilarse, o los subsidios al parado? Está a la vista que todo este armado tiene una base de sustentación absolutamente precaria e incierta.
En un país con un déficit gigante, y sin atacar las relaciones de propiedad y la ganancia del capital, más que en presencia del prometido programa de ampliación de derechos sociales (ayuda social, jubilaciones, salud, educación), estaríamos en presencia de su contrario: un recorte del gasto público, con su consabido impacto en el bolsillo del trabajador.
Tareas
Para los luchadores, el fenómeno popular abierto por la victoria de Petro merece la máxima atención. Lo cual no puede confundirse ni con un apoyo “crítico” a Petro ni con la idea de que sería un gobierno “en disputa”, es decir, susceptible de ser “izquierdizado”.
La tarea es acompañar la experiencia de trabajadores y campesinos con un gobierno que sienten propio, pero cuyos trazos fundamentales están dictados por los capitalistas. Defender, así, la independencia política y ayudar a que madure la construcción de una dirección alternativa –obrera y socialista. En esa línea se orientó el llamado militante desde las páginas de Prensa Obrera ante la segunda vuelta electoral: votar contra Hernández y el uribismo.
Es indispensable levantar una agenda propia, que coloque en primer plano las reivindicaciones obreras y populares, las cuales necesariamente chocarán con los intereses del capital y con los compromisos que Petro busca establecer. Esta es la pelea que tenemos por delante.
Luciano Arienti
Pablo Heller
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