No es la primera vez que el gobierno del PRO otorga pase libre a las constructoras. Entre gallos y medianoche, en la última sesión de diciembre del 2020, Larreta hizo votar un proyecto similar para Palermo y Villa Crespo, sobre terrenos fiscales que habían sido “cedidos” por Nación durante el gobierno de Macri, en 2017. La cesión de terrenos, antes de la ley, se hace a un precio menor que el valor metro cuadrado posterior a la sanción. Formalmente, corresponde investigar la comisión de un delito de fraude.
Los porteños se han hartado de manifestar su oposición a la construcción de torres con razones diversas. Una es la necesidad de ampliar los espacios verdes en una Ciudad que no llegan ni a un tercio de lo considerado saludable. Muchos de los problemas respiratorios y de alergia de la población, sobre todo infantil, tienen que ver, justamente, con la polución y la falta de árboles.
La otra cuestión es que las torres construidas en medio de barrios de cajas bajas desequilibran el ya obsoleto sistema de servicios, por ejemplo, las cloacas o la presión del agua potable, por dar solo dos ejemplos. Se multiplica el consumo, pero no las cañerías. Los habitantes pierden luminosidad. Formalmente, las constructoras deberían pagar el daño que han causado. Otro tema para la Justicia.
La última y más acuciante razón es la crisis de vivienda. ¿Por qué construir torres de lujo inaccesibles en una Ciudad en la que el 10% de la población vive hacinada en villas de emergencia y al otro 40% no le alcanza el sueldo para pagar el alquiler? Las 16 torres de lujo representan casi 200 mil m2 construibles.
.Las excepciones al Código impulsadas por Larreta se contraponen de plano con el violento desalojo de las trabajadoras del asentamiento “La fuerza de las mujeres”, en la Villa 31. Pintan de cuerpo entero su política “habitacional”. Nos gobiernan las constructoras y los desarrolladores inmobiliarios.
Maxi S. Cortés
05/10/2021
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