El informe internacional sobre cuentas off shore en paraísos fiscales destaca a Argentina entre los principales países de los que se fugan capitales. Miles de políticos y empresarios señalados.
Un nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación acaba de sacar a la luz archivos secretos sobre paraísos fiscales. Los “Pandora Papers” -bautizados así por la Caja de Pandora de la mitología griega- están repletos de personalidades de la política y el empresariado de todo el mundo. Argentina se destaca por ser el tercer país con más personas que ocultaron activos en firmas off shore, solo detrás de Rusia y Gran Bretaña y por delante de China y Brasil (todas economías de mucho mayor tamaño).
En los 11,9 millones de documentos aparecen 2.521 argentinos, la gran mayoría asociados al entorno de los principales políticos de nuestro país. Entre ellos se menciona a Mariano Macri, hermano del expresidente; Zulemita Menem, hija del fallecido Carlos Menem; Daniel Muñoz, quien se desempeñó como secretario privado de Néstor Kirchner; y Ernesto Clarens, también asociado a la familia Kirchner ya que actuaba de financista, hecho que confesó en la causa de los cuadernos. Tres de los apellidos más importantes de la política argentina aparecen impresos en la denuncia de fuga de capitales y evasión de impuestos.
Pero no solamente se distinguen actores de la política argentina. También aparecen empresarios de renombre, como Hugo Sigman y Marcelo Filgueiras, dueños de los laboratorios mAbxience y Richmond respectivamente, encargados de la elaboración de las vacunas AstraZeneca y Sputnik V a nivel local. Ambos se garantizaron un enorme negocio cuando el gobierno les cedió la autorización para realizar las dosis en territorio nacional y el monopolio de la compra del Estado por las vacunas mencionadas, generando ganancias multimillonarias, aun cuando recibieron financiamiento estatal, como parte de una industria que en la actualidad factura un 75% más que durante el segundo trimestre de 2020. Está claro que dichas ganancias no fueron a invertir en tecnología y ciencia nacional, sino que se la llevaron del país con pleno conocimiento de la AFIP, como declararon los dueños de ambas empresas al ser preguntados por las cuentas off shore.
Resulta ejemplificador que en los documentos aparezcan al menos 330 funcionarios o exfuncionarios de 91 países, de los cuales 35 son o fueron Jefes de Estado, entre los que se incluyen a los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Vladimir Putin (Rusia), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). También se menciona a Paulo Guedes, ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, y a Duran Barba, consultor y asesor político de Mauricio Macri.
Las cuentas offshore son un recurso ampliamente utilizado por la burguesía argentina para facilitar la salida de activos, evitar el pago de impuestos y fugar plata de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. El antecedente reciente de los Panama Papers ilustra este ciclo: en esa ocasión, el expresidente Mauricio Macri había sido denunciado por pertenecer al directorio de una empresa off shore supuestamente destinada a realizar inversiones en Brasil, pero que saltaba por sobre las leyes fiscales de ambos países y recolectaba los beneficios en el país centroamericano. En aquel entonces también había sido salpicado el secretario privado K y empresas del Grupo Índalo de Cristóbal López.
Lo revelado en los documentos, resultado de la investigación de más de 600 periodistas, ilustra el modus operandi de los capitalistas de retener sus ganancias por fuera del sistema productivo y de inversiones argentino. Deja en evidencia que el problema de la crisis económica y social del país no tiene su raíz en la falta de riqueza (la famosa “escasez de divisas”), la cual según el gobierno solo se puede suplir tomando deuda, sino en una huelga de inversiones de los capitalistas y sus representantes políticos. Es una clase parasitaria que lucra a costa del empobrecimiento del resto de la población. De hecho, según el Indec los activos nacionales superan por mucho a los pasivos. Es lo que expuso el presidente del Banco Central Miguel Pesce acerca de que los capitalistas argentinos mantienen 200.000 millones “debajo del colchón” y otro tanto colocado afuera del país, es decir más que todo el PBI argentino y 10 veces las reservas del Banco Central, abona a esta cuestión.
El problema de fondo es entonces un régimen de saqueo, para el cual gobernaron todas las formaciones políticas que se alternaron en el poder las últimas décadas; un grupo minoritario de beneficiarios de contratos con el Estado, exenciones impositivas y subsidios recolecta las ganancias del país y en lugar de invertirlas las fuga a paraísos fiscales. Mientras, el gobierno nacional toma deuda externa para cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos. Un hecho fundamental es que la propia burguesía nacional cumple un rol central como acreedora de esos títulos de deuda externa. Un negociado que se aceita con las cuentas off shore.
Quienes pagan el entramado detrás de este régimen de saqueo son los trabajadores, evidenciado en que el 80% de ellos cobre salarios por debajo de la canasta familiar y más del 40% de la población sea directamente pobre. Son quienes padecen el ajuste, mientras se siguen aumentando los beneficios a los capitalistas (eliminación de las retenciones de servicios extranjeros, Ley de Hidrocarburos, la Ley del Agronegocio) y se plantea como rumbo de crecimiento una reforma laboral flexibilizadora. Esta orientación es reafirmada en el Presupuesto 2022. Pero la revelación de este saqueo muestra que el problema no es un alto «costo laboral» ni el escaso gasto público en asistencia social, sino el costo empresario y el pago de la deuda.
Así, los Pandora Papers han dejado entrever la simbiosis entre funcionarios, gobiernos y capitalistas, demostrando que quienes abren la puerta a la fuga de capitales son también quienes aplican los programas de ajuste fondomonetaristas, los tarifazos y las leyes precarizadoras. Por eso no puede depender de ellos dar vuelta el tablero; debe surgir de la independencia del movimiento de ocupados y desocupados, de la juventud y de las mujeres, con un programa que tenga a la cabeza las necesidades sociales. Aumento del salario a $100 mil, equivalente a la canasta básica familiar; seguro al parado y reparto de horas sin afectar el salario; aumento de presupuesto para salud y educación; nacionalización de la banca y el comercio exterior; ruptura con el FMI, no al pago de la deuda. Por un gobierno de los trabajadores.
Lucía Cope
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