El multitudinario acto del Partido Obrero en la Plaza de Mayo (el mayor de la izquierda en décadas) en apoyo a las listas del FIT-U, este sábado 30, debe ser interpretado como uno de los datos de la situación política. Por un lado avizora que el avance de la izquierda en el terreno electoral se sostiene (y puede profundizarse). Por el otro una plaza repleta que nuclea a los actores principales de la lucha contra el ajuste fondomonetarista, establece un enorme condicionamiento a la política que impulsa el FMI, y con la cual gobierno y oposición buscan conciliar.
Es que el problema del Fondo condiciona toda la situación política. En su discurso frente al G20, que sesionaba este fin de semana en Roma, en medio de un enorme despliegue de seguridad, Alberto Fernández fustigó contra el organismo por haber concedido el préstamo a Macri, y contra este último por haberlo contraído. Sin embargo, en el transcurso del propio encuentro, el presidente se reunía con la titular de la entidad financiera, Kristalina Georgieva, para asegurar su compromiso en el pago de esa hipoteca (también tuvo contactos con Joe Biden y Angela Merkel). Cuanto mucho, el gobierno aspira a una reducción de las sobretasas y plazos más amplios de cancelación.
No debe sorprendernos. A fin de cuentas, el mandatario aclaró en Italia: “no vengo a renegar del capitalismo”. Cuestionó, eso sí, el capitalismo de la “especulación financiera”, pero lo cierto es que el stock de Leliq con las que se benefician los bancos ya asciende a cuatro billones de pesos, e implican el desembolso de un billón de pesos anuales en concepto de intereses. A la vez, se ofrecen títulos públicos atados a la inflación para satisfacer a los bonistas.
Un nuevo acuerdo con el Fondo estará atado a un mayor ajuste fiscal, que el gobierno ya viene aplicando; al compromiso de reformas antiobreras (algo que también está en marcha, como se ve en la extensión de la jornada laboral a los sábados en Toyota); y a una flexibilización del cepo que garantice la salida de capitales, lo que conduciría a una devaluación, como señala Santi Nuñez en el editorial publicado este jueves. Las brutales condiciones del FMI crean situaciones revulsivas. Para recordarlo, allí está Ecuador, donde un proyecto de reforma laboral precarizadora, presentado por el gobierno para cumplir con el Fondo, desató esta semana grandes movilizaciones populares y cortes de ruta.
Del mismo modo que el gobierno hace críticas al Fondo, mientras se apresta a pagarle, también dice defender a la comunidad mapuche, a la par que recoge los reclamos de represión de los grandes grupos económicos que se han apropiado de la Patagonia. A tal efecto, ha asegurado el envío de tropas federales al sur, y en el caso del Ministerio de Ambiente, aclaró que nunca se retiró de la querella contra cinco imputados en una causa por la toma de un predio de Parques Nacionales.
La infame campaña política y mediática contra la comunidad mapuche, llena de anatemas propios de la época de la dictadura (terroristas, sediciosos, etc.), acusa a los pueblos originarios de no reconocer a la nación argentina, pero defiende a los grandes grupos extranjeros (Lewis, Benetton) que se han quedado con ingentes cantidades de tierra. El trasfondo de esta ofensiva es, precisamente, garantizar la colonización capitalista de los recursos naturales de la región. Al otro lado de la Cordillera, el gobierno de Sebastián Piñera ha militarizado la Araucanía, por análogos motivos.
Otro aspecto resonante de la semana fue la frustrada declaración indagatoria de Mauricio Macri en Dolores. A último momento, la audiencia se suspendió porque el juez Martín Bava no contaba con la eximición del secreto de inteligencia para el exmandatario. Macri aprovechó esta omisión procedimental para escabullirse por tercera vez de brindar explicaciones por el espionaje contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan, pieza de un operativo mucho más vasto de inteligencia contra la oposición y sectores en lucha. Para eludir su procesamiento, Macri viene apelando a todo tipo de maniobras, como faltar a las citaciones y tratar de recusar al magistrado. No es novedad: en la causa del Correo Argentino, busca la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, afín a Juntos por el Cambio. A otra causa por espionaje, logró direccionarla a los desprestigiados tribunales de Comodoro Py. Los “republicanos” que lideran Juntos por el Cambio supieron armar en su momento una “mesa judicial” en que operaban en forma conjunta ministros, lobistas y magistrados. La impunidad del poder.
El operativo de espionaje del macrismo, llevado a cabo por agentes de la AFI que reportaban al tándem Arribas-Majdalani, plantea la necesidad de disolver los servicios de inteligencia, que llevan a cabo un accionar conspirativo contra la propia población. Vale recordar aquí también el Proyecto X de la época kirchnerista.
Para finalizar, en una semana con varios conflictos obreros (paro de Ademys y Cicop, manifestación de trabajadores de Latam, entre otras), la combativa Lista Negra del sindicato del neumático (Sutna) revalidó su lugar en la conducción con más del 70% de los votos, venciendo a la burocrática lista Violeta (la vieja dirección kirchnerista). El triunfo incluyó la recuperación de la seccional Llavallol (Bridgestone). Como ha señalado Juan Pablo Rodríguez en un balance de la elección, “expresa en forma contundente las potencialidades de los trabajadores cuando se organizan en forma independiente de la burocracia, las patronales y sus gobiernos”.
Viva el Sutna clasista y la lucha de la clase obrera.
Buena semana.
Gustavo Montenegro
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