jueves, 21 de octubre de 2021

La apelación a los planes sociales de un régimen que se agota

Los anuncios orientados a transformar los planes sociales en empleo formal, se han hecho comunes en estos días de campaña. “Todo el mundo” quiere acabar con “los planes”. 
 La carrera arrancó con “Te sumo”, anunciado en el mes de julio por Tolosa Paz y Santiago Cafiero, que daría 50.000 nuevos empleos a jóvenes del Potenciar Trabajo. En agosto, Alberto Fernández presentó su plan de compatibilizar los planes con el trabajo en las cosechas, que alcanzaría a 250.000 trabajadores. Le tocó al recién llegado Manzur, junto al burócrata Gerardo Martínez y Emilio Pérsico, promocionar el programa “A construir”, en el mes de Octubre, prometiendo 20.000 nuevos puestos de trabajo registrado de la construcción. Vino luego el acuerdo con gastronómicos, el proyecto de Sergio Massa en la cámara de diputados (“Puente al empleo”), las declaraciones del Papa en el Coloquio de Idea y, finalmente, el reciente decreto presidencial para compatibilizar todos los planes sociales con trabajo formal. 
 Los anuncios corren detrás de las patronales, que aducen una escasez de mano de obra, sin aclarar que ofrecen trabajo precario, horario extendido, bajísimos salarios, incluso en negro, en ambientes proclives al contagio. En plena celebración de la “eficiencia del capitalismo”, el gobierno pretende salir de la recesión con un empleo forzado de la fuerza de trabajo desocupada, en lugar de un incremento de la demanda general de la economía, o sea una mayor inversión y consumo. 
 El decreto de Alberto Fernández no ofrece más empleo sino capacitación. Se supone que pretende crear alguna secretaría que funcione como Bolsa de Trabajo, reglamentada por el estado, que asignará el personal que reclamen las empresas sin posibilidad de rechazo. Este procedimiento violenta la libre negociación laboral, los principios de mercado y los convenios colectivos. Este plan “empalme” revela sus límites muy precozmente: la contratación queda a cargo de un acuerdo entre los funcionarios y las patronales. 
 De acuerdo al diario La Nación “el proyecto oficialista solo reduciría el costo laboral un 13%”, una ventaja que no elimina el costo por desprenderse de trabajadores de planta. Para eso, debería darse curso, primero, al proyecto de Lousteau que elimina las indemnizaciones por despido por un “seguro de garantía”. Para López Murphy, el planteo de Lousteau encarece el despido. 
 En nada se diferencia del proyecto “empalme” que anunció el entonces presidente Macri, incluso con los mismos burócratas sindicales, cuando su gobierno se encontraba en franca decadencia. El “empalme” que pretende ofrecer fuerza de trabajo aún más desvalorizada a las patronales, se encalla en las contradicciones insuperables de la recesión y de la inflación. 

 El Be - Política Obrera 
 20/10/2021

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