lunes, 31 de mayo de 2021
Crecen las muertes por Covid en los lugares de trabajo
Según los informes presentados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), las muertes por Covid-19, reconocidas por las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) se habrían incrementado un 17% en la última quincena, con un total de 1.701 trabajadores fallecidos.
Esta conclusión parte de analizar los datos publicados el 28 de mayo con los correspondientes al informe previo del 14 del mismo mes, mostrando un salto en los casos mortales de 1.435 a 1.701 trabajadores.
Por otra parte, también alarma el crecimiento en los casos de contagios reconocidos, que habrían ascendido en un 8,3% en los últimos 16 días, pasando de 319.013 a 345.242 contagios (26.526 más) en lo que va de la pandemia (Tiempo, 30/5).
Estas cifras, aunque preocupantes, presentan un cuadro sesgado de la realidad, ya que implican solo los casos reconocidos y denunciados ante las ART, dejando por fuera miles de situaciones no contabilizadas.
Para acceder a esta cobertura, son los propios trabajadores quienes cargan con la obligación de demostrar que el contagio se produjo en el lugar de trabajo –o camino a el-, carga que solo se invierte en caso de presentarse condiciones excepcionales.
También cabe mencionar que muchas actividades no se encuentran contempladas en el marco de las ART. Tal es el caso del trabajo no registrado o de modalidades de contratación precarizadas donde los trabajadores no cuentan con cobertura. Desde distintos gremios denuncian que los casos de contagios y muertes son aún mayores, pero que muchos no son declarados como tales.
El informe de la SRT arroja que el salto en los fallecimientos se acentúa con fuerza en la industria (25,2%), comercio (26%), construcción (20%) y transporte (18%), entre algunos de los más destacados (Ídem).
Esta situación cuestiona el relato del gobierno nacional, desde donde se niega la incidencia de la actividad laboral en la propagación del virus y en sus efectos mortales.
Las cifras son el respaldo del reclamo de distintos sectores obreros que, en el último periodo, vienen protagonizando acciones y medidas para exigir ser integrados entre las prioridades del cronograma de vacunación contra el Covid-19.
Que las vacunas impactan sobre la mortalidad del Covid lo demuestra el sector de salud, donde más se ha avanzado en esta materia. Los casos fatales solo acusan una diferencia de 9 casos, pasando de 163 a 172.
El compromiso del gobierno de vacunar a los trabajadores del transporte aún está en pañales, ganando tiempo en la presentación de los “listados” por gremio. Actividad infructuosa si se destaca que el Estado ya cuenta con la información necesaria –cruzando datos de distintas dependencias- para proceder a una vacunación inmediata. Lo que les falta son vacunas.
Además este método no está exento de ser manipulado por los propios burócratas sindicales, como ya se denuncia en la UTA donde se dejaría por fuera de los listados a quienes no tributen en la obra social del gremio.
Otro punto que a desnudado su fracaso es el de los protocolos sanitarios elaborados y controlados por las patronales, los cuales suelen ser la coartada para que los capitalistas pueda producir sin presiones adicionales por parte del Estado. Se ha demostrado que en lugares con aplicación de estos protocolos los contagios siguen siendo masivos, como el caso de Acindar Villa Constitución.
Esta situación vuelve a poner de relieve la necesidad de que solo se convoque a trabajar al personal estrictamente esencial, el cual debe ser vacunado inmediatamente para no colocar su vida en riesgo. Para esto es necesario garantizar la provisión de vacunas, comenzando con la intervención del laboratorio de Hugo Sigman, para cumplir con la inmunización de los trabajadores. Estos son reclamos que el movimiento obrero viene desarrollando y que se multiplicarán conforme se agrave la crisis.
Marcelo Mache
En una América Latina explosiva, la Copa América se jugará en Brasil
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes vía Twitter que, luego de varias idas y vueltas, la Copa América 2021 de fútbol masculino desembarcará en Brasil. Esta resolución se da tras descartarse la posibilidad de que se realice en Argentina, que se había presentado como un posible relevo de su sede original, Colombia, donde la heroica rebelión popular del pueblo colombiano -y la descomunal represión estatal- llevaron a la confederación a mudar la sede del certamen.
Este hecho contribuye a un paneo de la situación más general de América Latina. Tras la suspensión de la competencia en el país colombiano, la opción que había surgido y estaba confirmada para el reemplazo era Argentina; lo que puso en evidencia a un gobierno que se dedicó a improvisar en el auge de una verdadera catástrofe sanitaria para poder acaparar el negocio millonario que la competencia implicaría. Luego de avances, recules y contradicciones, Alberto Fernández decidió dar marcha atrás, aunque incluso antes de cualquier anuncio oficial, la Conmebol “se le adelantó” bajándole el pulgar.
América Latina, un polvorín
Ahora bien, estas situaciones no son novedosas ni exclusivas al desarrollo de la pandemia de Covid-19. Si en diciembre de 2018 la Conmebol decidió trasladar la final de la Copa Libertadores de fútbol masculino entre River y Boca a Madrid, tras la agresión al micro que trasladaba al conjunto de la Ribera a pocas cuadras del “Monumental”, un año después deberían tomar una decisión similar. En 2019, nuevamente la final de la Copa Libertadores de fútbol masculino era mudada de sede, esta vez, de Santiago de Chile a Lima, en Perú.
El motivo era, al igual que con la presente Copa América, el estallido de la rebelión popular protagonizada por el pueblo chileno y la cruda represión montada por el Estado como respuesta. Vale decir que, incluso antes de la crisis sanitaria, las sucesivas reubicaciones de las competencias deportivas organizadas por Conmebol ya daban cuenta de un continente que se ha transformado en un verdadero polvorín.
Sobre esta Copa América 2021 basta mencionar que su mera organización en un continente devastado por el Covid-19 es el reflejo de la defensa hasta las últimas instancias -y sin importar el costo- de un negociado que mueve verdaderas fortunas. En las últimas semanas, como resultado de la saturación de un sistema sanitario derruido y desfinanciado, Argentina se ha metido entre los países con más muertes diarias por millón de habitantes en el mundo, entre los que ya se encontraban Uruguay y Brasil, acumulando este último casi medio millón de decesos desde el inicio de la pandemia.
Las contradicciones y la crisis interna del gobierno
Ante la posibilidad de que la competencia se disputara en suelo nacional, el gobierno encabezado por Alberto Fernández buscó abrocharla por cielo y tierra, incluso cuando el aumento exponencial de casos llevaba a una superación sucesiva de los récords diarios y regía en todo el país el tibio confinamiento de 9 días como un intento de reducirlos.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fue quien lo anunció públicamente, asegurando que haciendo cumplir ciertos protocolos coordinados con Conmebol, la jornada era perfectamente realizable. A su asentimiento salió rápidamente la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti.
Sin embargo, un fuerte factor de oposición se gestó por dentro de la coalición de gobierno, ya que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, como su viceministro, Nicolás Kreplak, pidieron postergar la Copa América por varias semanas, apostando a una reducción de los casos. Incluso se metió en la riña hasta el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que se mostró disconforme con la posibilidad de utilizar en este cuadro a la policía bonaerense, que ha sido el bastión de todo el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof para imponer la cuarentena a base de una enorme y sangrienta escalada represiva, para los operativos que demandaría la realización de la competencia.
Las tensiones internas del gobierno nacional con el gobierno bonaerense llevaron al primero a dar marcha atrás. Los voceros del mismo, como Cafiero y Vizzotti, rápidamente pegaron un volantazo y adujeron que no había condiciones sanitarias para realizar la Copa América en nuestro país. Pero a su vez, el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, deslizó en una entrevista que no se trataba al cien por ciento de una decisión sanitaria, sino también del “mensaje que se le daba a una sociedad a la que se le está pidiendo hacer un gran esfuerzo”.
No obstante, la oposición derechista encabezada fundamentalmente por el macrismo no evitó meter bocado: el expresidente Mauricio Macri calificó la realización del evento como “incoherente” ante el cuadro sanitario, en línea con Patricia Bullrich, que alegó que la prioridad del gobierno es el “pan y circo”. Mientras tanto, en el ala “conciliadora” del macrismo liderada por el gobernador porteño Horacio Larreta, su ministra de Educación, Soledad Acuña, utilizó el vaivén como chivo declarando que “siente desesperanza cuando se habla de la Copa América y se cuestiona la vuelta a clases presenciales”.
No se trata en ninguno de estos casos de una preocupación genuina de los bloques patronales por la salud de la población, sino de un intento ambicioso de poder equilibrar un negocio millonario como la realización de la Copa América en el país y el interés de que puedan jugarse al menos sus instancias finales con cierto margen de público; así como también con el hecho de que la misma podría desembocar un nuevo aumento de los casos, forzando a nuevas medidas restrictivas que puedan afectar la actividad económica y, como tal, la ganancia capitalista.
La pelota rueda en el ojo del huracán
Pero cabe preguntarse: ¿Brasil está en mejores condiciones? La respuesta es no. Ni en términos sanitarios ni en términos políticos. Las recientes y masivas movilizaciones contra el gobierno del negacionista Bolsonaro y su manejo criminal de la pandemia en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia, Salvador de Bahía o Belo Horizonte dan cuenta de una clarísima inestabilidad, y este anuncio podría incluso echar más leña al fuego del descontento popular. El efectivo desarrollo de la competencia organizada por Conmebol en aquel país dependerá una vez más de que las movilizaciones y las jornadas de lucha se multipliquen o no, estando a 12 días de que la pelota comience a rodar.
La conclusión fundamental que esta incertidumbre alrededor de la Copa América nos presenta es que el deporte más popular del mundo se rige por detrás por los intereses capitalistas en juego, en un claro detrimento de la salud de la población trabajadora. Los protocolos contra el Covid-19, aún con todos los recursos a disposición, no dejan de ser a medida de la rentabilidad de los clubes, las federaciones y las empresas: así lo prueban los brotes masivos de contagios en muchos de los planteles profesionales de fútbol, tanto en el país como en el mundo. La prueba más cabal y trágica de esto es el reciente fallecimiento de Gustavo Insúa, el chofer del micro de River Plate.
La única salida, como en todo el contexto sanitario mundial, sigue siendo la vacunación masiva; que sigue viéndose obstaculizada por el escollo que representa el sistema de patentes que le garantiza millonadas a los laboratorios y el capital farmacéutico. A su vez, se destaca el rol criminal de la Conmebol y los gobiernos que buscan realizar el certamen de cualquier manera en un contexto crítico. Sin embargo, el mismo refleja, como bien señalábamos, que América Latina es un verdadero polvorín.
Para avanzar realmente hacia el fin de la pandemia en el continente, el camino nos lo marcan las rebeliones en Colombia, en Chile o las recientes movilizaciones en Brasil.
Manuel Taba
A 60 años del asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo
La figura del dictador norteamericano es fundamental para comprender la historia de nuestro continente en el siglo XX, un siglo atravesado por guerras y revoluciones. Su nombre fue conocida por muches a partir de grandes obras literarias, como La Fiesta del Chivo y Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa o En el Tiempo de las Mariposas, de Julia Alvárez. La resistencia del pueblo dominicano contra su dictadura, siendo las hermanas Mirabal unas de las figuras más destacadas y conocidas, estará fuertemente atravesada por la lucha anti-imperialista que atravesó a la región, teniendo a la Revolución Cubana de 1959 como su punto más alto.
Estados Unidos y su control semicolonial
Al igual que el conjunto de Centroamérica, República Dominicana estuvo históricamente atravesada por la opresión imperialista norteamericana. El imperialismo yanqui forzó en 1905 a la firma de la convención Dominico Americana en 1905, muy similar a la enmienda de Platt firmada entre Estados Unidos y Cuba. Esta establecía, entre otras cosas, que la política aduanera dominicana debería estar aprobada por el congreso de los EEUU. Al mismo tiempo, el país caribeño estaba impedido tanto de emitir moneda como de pedir deuda sin la aprobación norteamericana.
La soberanía de la República Dominicana, que mantenía un carácter puramente formal, se vio interrumpida del todo en el año 1916, donde en el marco de las tropas de los Estados Unidos avanzaron en una ocupación directa del territorio. La ocupación, que se mantuvo hasta el año 1924, tuvo como uno de sus principales efectos, además de la profundización del control norteamericano de los recursos naturales del país, principalmente el azúcar, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dominicanas, fuertemente tuteladas por los servicios de inteligencia norteamericanos. Como resultado de esta ocupación, se crearía la Policía Nacional Dominicana, que profesionalizó las actividades de espionaje y control sobre la población civil y dónde Trujillo haría sus primeros pasos hasta ponerse al frente de la misma.
Una vez terminada la ocupación directa de las FFAA norteamericanas, en el año 1924, sería elegido como presidente de la República Horacio Vázquez. Ese mismo año, Vázquez nombraría a Trujillo como el Jefe de las FFAA. La presidencia de Vázquez, al igual que el conjunto de los gobiernos de la región, estuvo atravesado por un fuerte tutelaje norteamericano, resguardando los intereses de las inversiones estadounidenses y garantizando el saqueo de los recursos naturales dominicanos al servicio de las necesidades imperialistas de los Estados Unidos.
Crisis de Wall Street y golpe de Estado
La crisis de Wall Street tuvo en la República Dominicana efectos similares a los sufridos por nuestro país y el conjunto de los países del continente. Una abrupta caída del precio de los commodities, que trajo consigo una fuerte caída del PBI como el resultado de una balanza comercial muy desfavorable. La desocupación y la miseria, crecieron a niveles desorbitantes. El descontento social generado, trajo consigo que el imperialismo norteamericano vea al régimen democrática bajo la presidencia de Vázquez como un verdadero peligro a la estabilidad y la garantía de sus intereses en la región, observando con buenos ojos el surgimiento de dictaduras afines.
A partir de esto, los servicios de inteligencia norteamericanos no actuaron en defensa de su aliado Vázquez, sino que apoyaron el alzamiento liderado por un sector de las Fuerzas Armadas dominicanas el 23 de febrero de 1930. Trujillo, jefe del ejército, desoyó las indicaciones presidenciales de sofocar el golpe, uniéndose rápidamente. Luego de una disputa interna entre los distintos dirigentes del golpe, se impuso la dirección de Trujillo, que mediante una política de represión y persecución a sus opositores, se impuso cómodamente en las elecciones de mayo de ese año, asumiendo la presidencia formalmente en agosto.
El régimen trujillista
La sociedad dominicana era abrumadoramente campesina. Ni la débil burguesía nacional, ni la muy pequeña clase obrera jugaron un papel de resistencia contra el golpe. Visto como un garante del orden y de defensa de los intereses norteamericanos y de las familias tradicionales del país, el golpe pasó sin mayores resistencias. La oposición al régimen fue fácilmente sofocada por Trujillo en sus primeros años, quién supo sortear también dos intentos de atentado contra su vida en los años 1934 y 1935. Estos no tuvieron un apoyo masivo, sino que fueron llevados adelante por algunos sectores de productores o pequeños propietarios de negocios, afines al régimen anterior.
Con el apoyo de Estados Unidos, Trujillo estableció un régimen de poder personal, en el que él y su camarilla de allegados pasaron a controlar el conjunto del aparato estatal. Es conocido que muchas veces allegados al dictador caían en desgracia por alguna sospecha de Trujillo, siendo removidos del cargo, dando lugar a una pelea feroz por los cargos en el que Trujillo arbitraba, utilizado también para ejercer un mayor control para con sus funcionarios. La persecución, encarcelamiento y tortura de opositores era moneda corriente en la vida dominicana bajo Trujillo.
Al mismo tiempo, reivindicando un nacionalismo que entendía a la Republica Dominicana como heredera de la tradición española y católica, a los cuales se le endilgaba un papel civilizador, la dictadura de Trujillo llevó adelante una verdadera política de segregación racial, en particular con los inmigrantes haitianos, a los que de manera progresiva se le fue restringiendo el ingreso al país. Esta política tuvo su pico en 1937 a partir de la masacre llevada adelante por el ejército dominicano, acompañado por bandas fascistas de estudiantes que ese año asesinaron por ordenes de Trujillo a más de 10.000 haitianos residentes en Republica Dominicana. Intentando presentarlo como la acción de campesinos enojados, el ejército buscó encubrir su accionar utilizando machetes y herramientas cortantes, ejercitando niveles de violencia brutales. Este verdadero genocidio generó una enorme repercusión en Haití, donde a través de enormes huelgas y movilizaciones, se acusaba al presidente haitiano de connivencia con el régimen Trujillista, forzándolo a iniciar una campaña internacional exigiendo justicia. Sin embargo, y a pesar del eco mediático tuvo, la enorme pauta publicitaria que pagó Trujillo en los principales diarios norteamericanos y de la región, como así también el apoyo del gobierno norteamericano, le permitieron pasar la crisis sin grandes consecuencias, pagando una módica suma a modo de compensación a las familias de las víctimas.
La mayoría de los historiadores coincide en señalar que Trujillo modernizó tanto al Estado como a la capacidad productiva de su país. Sosteniendo a las inversiones norteamericanas, Trujillo avanzó hacia un aumento de la productividad del azúcar y otros productos de exportación. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, República Dominicana asistió tardíamente al proceso en el que muchos de sus pares latinoamericanos se había adentrado unos años antes: la industrialización por sustitución de importaciones. Esto dio lugar a un nuevo desarrollo del país desarrollando a la clase obrera, así también como una creciente burguesía local, que entraron en contradicciones y choques con el tutelaje y la absorción del excedente llevado adelante por el régimen trujillista.
Este proceso, estuvo caracterizado por niveles de violencia y explotación que le han permitido a muchos historiadores caracterizarlo como la versión dominicana de la acumulación originaria del capital. La proletarización forzosa de miles de campesinos a partir de la expulsión o ventas forzosas de sus tierras fue llevada adelante a través de la intimidación o en muchísimos casos mediante el encarcelamiento o asesinato. El proceso del país caribeño, tuvo un fuerte tutelaje estatal, que por las características del régimen, engrosaban el poder a la vez que el patrimonio del propio Trujillo. Al igual que otros países de desarrollo capitalista tardío, en el caso dominicano la excesiva apropiación del excedente por parte del Estado, y la camarilla gobernante de Trujillo y sus familiares y allegados, fue tanto un factor de desarrollo en sus primeros años, como a su vez un factor determinante en su descomposición final, en el que la incipiente burguesía, como a su vez el imperialismo norteamericano empezaba a ver con irritación el peso del Estado en la producción y en la apropiación de la riqueza social del país que estos sectores buscaban acaparar.
La resistencia obrera y estudiantil
Un primer foco de resistencia dentro del movimiento estudiantil se vio en la intervención de las universidades impulsada por Trujillo, que terminaba con la autonomía universitaria en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, el mayor alcance de la resistencia y organización de la clase obrera y los estudiantes se vería durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, algo impulsado a partir de la industrialización que empezó a dar forma a una clase obrera creciente.
Además de la influencia ejercida por los miles de inmigrantes españoles, quienes después de haber peleado en el bando republicano se escaparon de la dictadura Franquista, los niveles de explotación sufridos en las fábricas, como así también las condiciones habitacionales en las ciudades, empezarían a generar un malestar dentro de la clase obrera que empezaba a dar sus primeros pasos para organizarse. Este proceso estuvo acompañado por el intento de Trujillo de mostrar su régimen como uno más democrático, dieron pie a la legalización de organizaciones independientes al Partido Único Dominicano. Así, en el año 1943, se aprueba la ley de autonomía sindical, luego de la gran huelga del año 42, dentro de la que se destaca la huelga de les trabajadores azucareros. En el año 1944 sesionará el V Congreso Obrero de la central sindical dominicana, aunque lejos estuvo de reflejar una autonomía frente al gobierno. Mediante un fuerte control, Trujillo a través de la burocracia sindical ligada al Partido Dominicano se aseguró de que este tenga dentro de una de sus resoluciones la defensa incondicional del gobierno de Trujillo. Sin embargo, el proceso abierto por la huelga del año 42, tendría un nuevo capítulo en el año 1946, donde nuevamente tuvieron lugar toda una serie de huelgas, que empezaban a mostrar un contenido político además de lo meramente reivindicativo.
Ya unos años antes, en el año 1939, un grupo de exiliados en Cuba, formaron el Partido Revolucionario Dominicano. Con un programa democrático, rechazaban el levantamiento armado como método de insurrección. Unos años después, e influenciados por los movimientos antiimperialistas de la región, surgiría el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, con un contenido más izquierdista. Bajo la comprensión de que el inminente triunfo de los aliados, y una mayor influencia de la URSS, la dictadura de Trujillo estaría al caer. Defendiendo la estrategia estalinista del frente popular, el PDRD tendría como uno de sus principales puntos de desarrollo en su pata juvenil: la Juventud Revolucionaria. Sin limitarse al movimiento estudiantil, donde rápidamente logró una fuerte adhesión, este también creció al interior de las barriadas obreras, reclutando muchos jóvenes a sus filas. Este grupo, formado por residentes dominicanos, militó clandestinamente hasta el año 45, donde decidieron hacer su primer actividad pública: Una volanteada en Santo Domingo. La respuesta del régimen no se hizo esperar: gran parte de sus participantes fueron detenides, siendo algunes asesinades y otros forzades al exilio. La organización se disolvería
En 1945, y como resultado de un acercamiento a la URSS, sería legalizado el Partido Comunista Dominicano. Al igual que su par cubano con el gobierno de Batista, este resolvió integrar el gobierno de Trujillo, pasando a llamarse Partido Socialista Popular. Sin embargo, el viraje del gobierno norteamericano a partir de la doctrina Truman y el inicio de la Guerra Fría, implicó a su vez un viraje con sus gobiernos satélites en la región. De esa manera, Trujillo ya no debía posar ninguna apertura democrática sino que volvería a llevar adelante su régimen dictatorial sin ningún atenuante, prohibiendo el PSP y deteniendo a la mayoría de sus militantes en el año 1947.
Guardián anti-comunista de la región
A partir de 1947, Trujillo pasaría a tener un papel central en la política anti-comunista impulsada por el imperialismo norteamericano. De esa manera, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas Dominicanas asistirían a una fuerte profesionalización, con cursos de entrenamiento en Estados Unidos y España. La «democracia» yanqui y la dictadura de Franco tenían el objetivo común de coordinar la contención de los procesos revolucionarios que empezaban a desarrollarse en la región. El contenido nacionalista y anti-imperialista de muchos de estos empezaban a confluir cada vez más con los planteos marxistas, algo visto con preocupación por el imperialismo norteamericano, reforzando su apoyo a las dictaduras de la región como la mayor garantía frente a la amenaza comunista.
Trujillo, y el Servicio de Inteligencia Militar, bajo el mando de Johnny Abbes García, fueron actores fundamentales de la región durante la década de los 50. Fueron una fuerza de apoyo a los regímenes de Batista o Somoza en Cuba y Nicaragua, estos fueron a la vez claves para organizar el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. El caso de Arbenz constituía un mensaje claro para la región: cualquier proceso nacionalista, por más limitado que sea el choque que este tenga con los intereses norteamericanos, sería tildado como una amenaza soviética, sustituyéndolos rápidamente por regímenes militares. La coordinación del SIM con la CIA en la región puso a Trujillo como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el continente. Esto fue premiado por Estados Unidos en el año 1955 a través de una gran gira llevada adelante por su vice presidente Richard Nixon, quién llenó de elogios al dictador y su régimen El poder de Trujillo a partir de este apoyo era tal, que actuaba como un subordinador de los gobiernos militares de la región, como fue el caso de Castillo de Armas en Guatemala, asesinado por el SIM en el año 1957, luego de que muestre señales de autonomía frente a Trujillo.
Revolución Cubana y descomposición del régimen
El proceso revolucionario cubano iba a hacer que el imperialismo norteamericano tenga un nuevo viraje en su estrategia de contención de los procesos revolucionarios en la región. Luego de apoyar material y militarmente a todas las dictaduras centroamericanas, el inminente triunfo de la Revolución Cubana, hizo que en 1958 el gobierno norteamericano le retire su apoyo a Batista. A su vez, estos entendían que Trujillo debía dar un paso al costado para evitar “una nueva Cuba”. Mientras que en 1958, el gobierno norteamericano retiraba su apoyo al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, aliado de Trujillo, para apoyar el gobierno democrático de Betancourt, Trujillo se negaba a correr la misma suerte. Además de rechazar renunciar, este exigía que el gobierno norteamericano quite su apoyo al gobierno venezolano, llegando a planear un atentado hacia el presidente venezolano ese mismo año, aunque sin éxito.
Mientras el imperialismo empezaba a soltar la mano a Trujillo, el eco de la Revolución Cubana se hacía sentir. Inspirado por el Movimiento 26 de julio se crearía en Republica Dominicana el Movimiento 14 de junio. Apoyados por los guerrilleros cubanos, estos planearon una invasión al país para el 14 de junio de 1959, para crear un foco insurreccional en el país. El foco fue fácilmente aplastado, pero la pelea contra Trujillo avanzó con procesos de lucha y organización de miles de jóvenes y trabajadores. La organización que más adhesión ganó fue el propio movimiento 14 de junio, en el que participarán las hermanas Mirabal, donde Minerva será una de sus principales dirigentes.
El malestar sentido entre las clases populares, empezaba a hacerse eco en la burguesía dominicana, los sectores terratenientes y los propios funcionarios del gobierno. El peso excesivo que Trujillo tenía en la economía dominicana, antes visto como un garante del desarrollo empezaba a sentirse cada vez más como un factor de freno a los intereses norteamericanos y a la incipiente burguesía dominicana. La radicalización del proceso cubano hizo que el gobierno norteamericano viera a la dictadura de Trujillo como un mal menor, limitando su apoyo a la conspiración en su contra.
Asesinato y transición
El asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 había convulsionado al país y la región. El presidente Balaguer, puesto a dedo por Trujillo empezaba a notar los ánimos caldeados del país y a intentar negociar con Estados Unidos a espaldas de Trujillo.
A pesar de los intentos contrainsurgentes de Trujillo y el jefe del SIM Johnny Abbes García, este iba a ser asesinado el 30 de mayo de 1961.
A pesar de la fuerte persecución llevada adelante por García y Ramfis Trujillo, hijo del dictador, la muerte de Trujillo impidió una continuidad de este sector en el gobierno. El apoyo de Kennedy a Balaguer, sumado al levantamiento de las fuerzas de aviación el 19 de noviembre de 1961, conocido como la Rebelión de los Pilotos, forzó a Ramfis y Abbes García a abandonar el país. El proceso abierto en el 1962, con la asunción de Bosch en febrero de 1963, sería nuevamente interrumpido por un golpe en septiembre de ese mismo año. Las leves reformas que este quiso introducir fueron vistos por la Iglesia Católica, la burguesía dominicana y el imperialismo norteamericano como una amenaza, culminando un breve experimento «democrático» impulsado por Estados Unidos en 1964 con una invasión directa de más de 42.000 soldados norteamericanos.
Maco Alonso
El asesinato de las hermanas Mirabal y la caída de Trujillo
El asesinato de las hermanas Mirabal y la caída de Trujillo
El asesinato en 1960 de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ha sido un catalizador del descontento popular contra le régimen sangriento que había gobernado el país desde 1930. Este debilitamiento provocó que el imperialismo yanqui, temeroso de que en República Dominicana pudiera desarrollarse revolución como la que había tenido lugar en Cuba en 1959, “le bajara el pulgar” a Trujillo luego de que fuera un aliado estratégico en la región, quien fue emboscado y asesinado en 1961.
Las hermanas Mirabal provenían de una familia de hacendados de República Dominicana. Sus padres se vieron perjudicados económicamente una vez que asumió Trujillo -jefe del ejército- en el poder, ya que procedió a monopolizar la producción de sal, carne, arroz y tabaco en beneficio propio y de su familia. Tempranamente, en 1949, los Mirabal comenzaron a sufrir hostigamientos de manera más directa por parte del dictador, a tal punto, que ese año decidió encarcelar a Minerva y a su padre debido a que la joven lo había rechazado. Es preciso mencionar que el abuso contra las mujeres era una práctica habitual para el dictador, como parte de los múltiples mecanismos que utilizaba para impartir pautas de dominación y sometimiento. Este episodio anecdótico sembró en Minerva Mirabal un profundo rechazo al régimen de Trujillo que se profundizaría años después en sus pasos por la universidad.
Cuando Minerva se mudó a Santo Domingo a estudiar Derecho comenzó a tomar dimensión del genocidio que estaba viviendo su país. Allí se unió a un grupo de oposición a la dictadura trujillista, identificado con planteos de izquierda. A esta organización clandestina se sumó María Teresa tiempo después que su hermana. Ambas fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones por protagonizar acciones contra el gobierno. Tanto Minerva como María Teresa se convirtieron en dirigentes de la resistencia al régimen. Patria, por su parte, era simpatizante y colaboraba con la organización. “Mariposa” fue el seudónimo que adoptó Minerva ni bien se inició en la vida política, con el que luego se las nombraría a las tres hermanas.
El 14 de junio de 1959 protagonizaron junto al Movimiento de Liberación Dominicana -conformado por exiliados dominicanos en Cuba que habían luchado con Fidel Castro- un levantamiento armado para tirar abajo el régimen dictatorial. Este intento fue derrotado por el ejército y la fuerza aérea de de Trujillo. En honor a aquella gesta, el 30 de junio de 1960 realizaron una asamblea con delegados de todo el país y acuñaron el nombre de Movimiento Revolucionario 14 de Junio (14J). Allí adoptaron el programa mínimo del Movimiento de Liberación Dominicana, que bregaba por una reforma agraria que le concediera el derecho a la tierra a los campesinos y por la abolición de impuestos antipopulares, entre otros postulados. El 14J abrazó el método de la guerrilla y llegó a contar con más de 6.000 militantes en toda República Dominicana. Ellos aspiraban derrocar a Trujillo por medio de la lucha armada para luego poner en pie una Asamblea Constituyente que diera lugar a un régimen democrático. Años más tarde impulsaron las insurrecciones de 1963 y 1965 contra otro golpe militar auspiciado Estados Unidos.
El 25 de noviembre de 1960 «Las Mariposas» estaban volviendo de visitar a sus maridos -también militantes- que se hallaban en prisión, cuando fueron interceptadas en la ruta por un grupo de tareas que actuaba bajo las órdenes de Trujillo. Esos hombres las golpearon al costado de la ruta hasta matarlas. Sin embargo, con este acto no lograron escarmentar la lucha que las hermanas Mirabal encabezaban, por el contrario, su muerte conmocionó al país y despertó la conciencia de amplios sectores de la sociedad. El hecho vino a acelerar el rechazo popular a la dictadura, que ya se venía gestado tras años de represión, políticas expulsivas hacia la población campesina y regimentación de los trabajadores.
“Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte” solía repetir Minerva y no se equivocó. Al año siguiente asesinaron a Trujillo y se puso fin a más de 30 años de terror. Vale recordar que durante su mandato se fusilaron a 50 mil personas. Las hermanas Mirabal, de este modo, quedaron en la memoria del pueblo dominicano como mártires revolucionarias.
El 17 de diciembre de 1999 la ONU designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un intento de institucionalizar la figura de Las Mariposas. Aquella iniciativa por parte del imperialismo buscó invisibilizar la verdadera identidad política de las hermanas Mirabal: el hecho de que conformaban una organización de carácter antiimperialista, la cual se referenciaba con la izquierda, defendía la lucha armada y estaba fuertemente inspirada en la Revolución Cubana.
Quienes peleamos por el socialismo nos movilizamos en cada aniversario de su asesinato reivindicando las mejores tradiciones de estas tres militantes que arriesgaban su vida para terminar con la opresión de su pueblo.
Sofía Hart
Prensa Obrera
domingo, 30 de mayo de 2021
Los gobiernos aprovechan la pandemia para vaciar la educación
La implementación de la enseñanza –si presencial o virtual- es uno de los grandes conflictos derivados de la histórica crisis sanitaria a la que los Fernández y Larreta han arrastrado al país.
La ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, reconoció que, en medio de la pandemia, la presencialidad es muy acotada porque las condiciones edilicias de las escuelas no permiten, justamente, la presencia de muchos alumnos en los establecimientos. Aceptó también que bajo la virtualidad la situación también es muy precaria, por las dificultades de una porción muy grande de los alumnos de acceder a internet (reportaje con Nancy Pazos, en FM Rock and Pop).
Por su parte, en una actitud criminal, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta insiste en volver (a partir del 31) a la educación presencial en las escuelas porteñas, que tienen los mismos problemas edilicios que esgrime su par de la provincia de Buenos Aires.
En Santa Fe, el pejotista Omar Perotti amagó con hacer lo mismo que Larreta, lo cual –según palabras de la ministra de Educación provincial Adriana Cantero- habría consensuado con los gremios, es decir, con la kirchnerista Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe y de Ctera. El despropósito se abortó por la resistencia de la comunidad educativa, pero colocó luz en los motivos del gobierno de Santa Fe para intentar mantener bajo condiciones sanitarias insostenibles las clases presenciales. En la Circular Número 12 del Ministerio de Educación santafesino, la ministra Cantero afirma: “en nuestra provincia sólo es posible sostener con un grupo mínimo la educación virtual, ya que la inmensa mayoría de nuestra población escolar carece de conectividad; por lo tanto, dar continuidad con esos recursos, implica la posibilidad de unos pocos”.
En Santa Fe, el porcentaje de acceso a internet fija es del 68% por cada 100 hogares (Cámara Argentina de Internet-Cabase-). ¡Qué queda para provincias como Formosa o Catamarca, pero también Santa Cruz, en las cuales el porcentaje varía entre el 30 y el 35%!
Buenos Aires ($7.573.803.120), Ciudad de Buenos Aires ( $3.632.024.902 ) y Santa Fe (1.831.470.122) encabezan los principales Productos Geográficos Brutos del país. Ni a Vila-Kicillof, ni a Larreta-Acuña ni a Perotti-Cantero se les ocurrió resolver el problema de la educación volcando los recursos necesarios para ello.
Pobreza digital
De acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), al tercer trimestre de 2019, el 43,9% de los hogares argentinos no contaba con acceso fijo a Internet.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares hay 4416 asentamientos o villas en todo el país. De acuerdo este organismo, en un informe del 2017, el 65 por ciento de los habitantes de esos barrios, que suman más de cuatro millones de personas, carecen de conectividad, cifra que hoy es muy superior.
Esta realidad impacta, particularmente, en CABA, la jurisdicción con el porcentaje más alto de conexión cada 100 hogares, que alcanza el 111,7%, es decir que en promedio hay más de una red por familia. Pero en los pagos de Larreta, al mismo tiempo, los barrios populares sufren un 80% de desconexión. Es por esta razón –y no por la defensa de la educación de niños y adolescentes- que Soledad Acuña justificó la suspensión de las clases virtuales en CABA la semana que pasó: «la presencialidad no puede ser reemplazada por la virtualidad», dijo la ministra de Larreta.
El intenso lobby por la apertura de las escuelas, además, responde a que éstas se conciben como depósitos de niñas y niños, que permiten a los padres cumplir con sus obligaciones laborales. Es decir, forma parte de un operativo de normalización capitalista.
Millones desvinculados
A escala nacional, en el nivel primario, el 20 por ciento de los chicos y chicas carecen de conectividad (un millón de alumnos/as), y en la secundaria el 16% (640 mil alumnos). Brindar Internet a los que no lo tienen, en caso de que pudieran pagarlo, de acuerdo al ritmo de crecimiento de las instalaciones, llevaría más de 12 años.
En el resto de la población laboriosa, más de la mitad (54.11%) de las conexiones son de una velocidad menor a 20 Mbps, lo que no asegura actividades sincrónicas. Tener Internet, entonces, tampoco es sinónimo de estar conectados en términos de un acceso a la educación virtual. Sólo con una computadora por chico y banda ancha (más de 20 Mbps.) se puede garantizar la continuidad escolar.
Pobreza presencial
Al ajuste brutal en conectividad y equipos, le corresponde otro equivalente en ausencia de escuelas seguras y adecuadas a la pandemia.
En la provincia de Buenos Aires, sobre un presupuesto educativo aprobado en 2021 de 82.469 millones de pesos, sólo 6.561 irán a infraestructura educativa, que incluye desde bancos hasta escuelas, pasando por refacciones.
En la provincia existen 15.815 establecimientos. El gasto sería de alrededor de 440 mil pesos por escuela. “El portal especializado Arquitectura Simple consigna, citando a expertos en la materia, que el valor de construir una vivienda promedio en la Argentina es de 63.000 pesos por metro cuadrado de construcción” (IP, 1/5). Un gasto equivalente a 7 metros cuadrados de vivienda.
En CABA, el presupuesto para infraestructura escolar fue reducido en un 70% para 2021. Pasó de 3068,7 millones a 1140,4 millones (Tiempo Argentino, 18/4).
En Santa Fe, “el gobierno provincial ejecutó en los primeros 9 meses del año pasado el 9% del presupuesto que tenía para invertir en infraestructura educativa. Según los números recién publicados por la administración santafesina, el gobierno provincial usó 620 millones de pesos cuando tenía un presupuesto asignado de $6.593 millones (Rosario 3, 3/2).
Sobreexigencia laboral y avasallamiento de los estatutos
Vila declaró también que para suplir la pérdida de contenidos preparan un plan de “recuperación” que incluye sostener “espacios de encuentro” presencial en las escuelas, para reforzar a los estudiantes que integran lo que denominó “promociones acompañadas”, y luego de que la pandemia decaiga, clases a contra-turno e incluso los días sábado. Una gota de agua de la política de Soledad Acuña. La burocracia sindical de Ctera es copartícipe de este ajuste histórico.
La defensa de la educación pública está en manos de los planes de lucha que impulsan los sindicatos combativos multicolores junto a los estudiantes y padres.
Daniel Sierra
Un mes de rebelión popular en Colombia
En el transcurso de este mes, se han erigido miles de bloqueos de rutas en todo el país, sostenidos por trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas y en todo el país florecen las asambleas y cabildos populares. Como consecuencia de los bloqueos, según una encuesta realizada por las cámaras de comercio, de las 13 mil compañías consultadas, el 22% de ellas debió paralizar sus operaciones y el 53% opera con menos de la mitad de su capacidad instalada (El País de Cali, 27/5). En Bogotá, las masas organizadas han rebautizado el Portal de las Américas como el Portal de la Resistencia, del mismo modo que el pueblo chileno rebautizó la Plaza Baquedano como la Plaza de Dignidad. El Portal de la Resistencia se ha constituido como un centro de organización popular y, también al igual que en Chile, ha surgido una “primera línea” compuesta mayoritariamente por jóvenes precarizados, desocupados o estudiantes, que le hacen frente a la criminal represión del gobierno de Duque para permitir que las masas se manifiesten. En Medellín, principalmente en los barrios periféricos, se han llevado a cabo cacerolazos, marchas de antorchas y tomas culturales, como expresiones de lucha contra el gobierno y el régimen (Colombia Informa, 18/5).
En el Valle del Cauca, epicentro de la rebelión, se mantiene bloqueado el puerto de Buenaventura, el único puerto colombiano de salida al Pacífico. Desde el comienzo de la rebelión, como consecuencia de los bloqueos, se mantienen también paralizados numerosos ingenios del Valle y las fábricas cementeras y papeleras (El País de Cali, ídem) ubicadas en Yumbo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, los “puntos de resistencia” en Siloé, La Portada, Meléndez, Puerto resistencia, Puerto Madera, Paso del Comercio, Puente de los Mil Días, Sameco, Loma de la Cruz y La Luna, se han constituido como centros de organización, de donde han surgido la “primera línea” y se han organizado centro de atención médica en comisarías ocupadas por las masas sublevadas.
En su mes de desarrollo, la rebelión colombiana logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y en esta última semana al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro.
Más represión que “diálogo”
El “diálogo” impulsado por el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro se encuentra empantanado y se ha revelado estéril. Es que el gobierno reclama, para proseguir con la negociación, el levantamiento de los bloqueos. Se hace eco, de esta manera, de un resonante lobby patronal que exige el fin de los cortes para poder retomar el ciclo de producción y comercialización. Sin embargo, el CNP no tiene la autoridad ni la capacidad para levantar esos bloqueos -ya que las masas en lucha no lo reconocen como la dirección política de la rebelión.
Por su parte, el CNP -que rechaza desenvolver y profundizar la lucha hasta que caiga Duque- le reclama al gobierno “garantías democráticas” para que se pueda expresar la manifestación popular. Pero el gobierno volvió a responderle sin ambages. Pues el viernes 28, Duque lanzó una nueva represión criminal, que en Cali se cobró la vida de siete manifestantes, y emitió un decreto habilitando la intervención militar en todo el Valle del Cauca y en otros seis departamentos. Se trata de la declaración disfrazada de una suerte de “estado de conmoción interior”, la figura constitucional que habilita al gobierno a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir manifestaciones, asumir el control de los medios de comunicación y realizar inspecciones a domicilios sin orden judicial previa.
Es claro que el gobierno se ha volcado a intentar apagar la rebelión dando vía libre a una mayor represión. Pretende avanzar con el desalojo de los bloqueos e instaurar un clima de terror con los militares patrullando las calles, en connivencia con las bandas paramilitares, y ocultando las verdaderas cifras de personas desaparecidas. En una rueda de prensa realizada por las organizaciones de derechos humanos el viernes 28 se denunció que de las 59 muertes registradas al momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares (Contagio Radio, 28/5). A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía.
La resonancia de la rebelión colombiana y la intensa campaña desenvuelta por distintas organizaciones en numerosos países -denunciando la brutal represión estatal y particularmente el alto número de desaparecidos y víctimas fatales- ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente electa como la nueva ministra de Relaciones exteriores, viajó a EEUU la semana pasada, en busca de un renovado respaldo del imperialismo yanqui al gobierno colombiano. Allí, el imperialismo “demócrata”, le sugirió a la vicepresidenta Ramírez que guarde las formas y acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –aunque no sin antes limpiar el “desorden”.
Crisis soberana
La caída de la reforma tributaria, el proyecto de ley que desató la rebelión popular, significó un tiro en la línea de flotación del plan económico del gobierno. Pues de la mano de ese proyecto ley, ideado por el FMI, el gobierno de Duque pretendía revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Si al naufragio de la reforma tributaria le sumamos las concesiones sociales que Duque se vio forzado a realizar, el cuadro fiscal se torna completamente crítico. Porque aunque los anuncios sociales sean absolutamente insuficientes, lo cierto es que el gobierno ha debido aumentar al gasto público en momentos donde, por el contrario, pretendía avanzar en un aumento de la recaudación, en base al bolsillo popular, y ajustar el gasto.
Como consecuencia de este descalabro, el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo se anoticiaba, a menos de 24 horas de haber asumido oficialmente, que Standard & Poor’s le bajaba el índice de calificación de riesgo de inversión a Colombia. La noticia significa que se encarecerán los costos de endeudamiento del Estado y los capitales colombianos. Esto, en momentos donde el Estado deberá financiar un déficit que se prevé que superará el 8,6% del PBI en 2021 y la deuda pública ya asciende al 60,4% del PBI (Infobae, 22/5). Es por eso que el gobierno mantiene en agenda su objetivo de imponer una reforma tributaria, aunque en esta oportunidad pretenda realizarla logrando un “consenso” con la oposición.
De conjunto, vuelve a quedar en evidencia la incompatibilidad de un gobierno fondomonetarista y de un Estado servil a los intereses del capital financiero internacional con la satisfacción de las reivindicaciones más acuciantes y elementales de las masas.
Dos políticas
En el campo de los que apoyan las movilizaciones y se oponen al gobierno de Duque y al uribismo, han quedado sobre el tapete dos políticas antagónicas.
De un lado, la de quienes rechazan desenvolver hasta el final la rebelión popular hasta que caiga el gobierno. En esa orientación se anotan el candidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro y la dirección del Comité Nacional Paro. Gustavo Petro ha llamado a levantar los bloqueos, que se han constituido en un bastión clave y fundamental de la rebelión popular. Ha emprendido reuniones y entrevistas con el empresariado, para dar señales de confianza a la burguesía y al imperialismo y perfilarse como el futuro presidente electo de Colombia. Al igual que Lula en Brasil, que Daniel Jadue en Chile o que Pedro Castillo en Perú, se anota como la figura centroizquierdista capaz de canalizar el descontento popular por las vías institucionales en los marcos del régimen. La dirección del CNP tributa a esa línea estratégica.
Del otro lado se ubican los que apuestan por el pleno desarrollo de la rebelión y por el impulso de una Asamblea o Encuentro nacional, con el objetivo de echar ahora mismo al gobierno de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases. La caída de Duque no solo significaría un terremoto político para Colombia y toda América Latina, sería también un golpe extraordinario al imperialismo yanqui, que tiene en Colombia a un enclave fundamental. Luchar a fondo por esta última orientación, plantea la defensa de los bloqueos y el impulso de la huelga general. La concreción de un congreso, asamblea o encuentro nacional serviría para superar a la dirección del CNP, centralizando y profundizando la lucha, y para desarrollar un programa. En Colombia, un programa no se puede limitar a un pliego de reivindicaciones sociales y democráticas inmediatas, debe articularse con todo un plan económico y político bajo la dirección de los trabajadores, indígenas y campesinos, donde el no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, por ejemplo, deberían ocupar un lugar importante.
Las organizaciones sociales e indígenas y los amplísimos sectores de las masas que luchan por la caída de Duque, carecen de un mayor nivel de organización y de un programa acabado. Abordar ese problema debe apuntar a poner en pie un partido obrero, socialista y revolucionario, algo que por el momento se encuentra ausente en Colombia.
Pablo Giachello
Pfizer: la “confidencialidad” une a Ginés González García y a Patricia Bullrich
Hace unos días atrás, la farmacéutica Pfizer emitió un comunicado desmintiendo la denuncia realizada por Patricia Bullrich sobre la existencia de un pedido de coimas por parte del gobierno nacional hacia el laboratorio como condición para avanzar en la compra de vacunas. Por este motivo la presidenta del PRO se desdijo, sin embargo, el oficialismo anunció que iniciará una demanda legal en su contra. Lo que sí es claro es que tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio coinciden el algo: respetar a rajatabla la confidencialidad de los contratos que se realizan con los laboratorios que proveen vacunas, donde la inmensa mayoría de la población desconoce en qué consisten esos acuerdos.
Las condiciones leoninas que reclamaba Pfizer para cerrar un acuerdo con Argentina fueron reveladas por medio de una investigación periodística publicada en el Ojo Peruano. Los funcionarios del gobierno jamás dieron detalles sobre cuáles eran esas exigencias, se limitaron a informar que el laboratorio buscaba una indemnidad jurídica en caso de negligencia. No obstante, el medio peruano sacó a la luz que uno de los pedidos de Pfizer era que el país aportara activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares como garantía contra posibles juicios contra la empresa por daños relacionados con la aplicación de dosis. Esto cuando el Estado nacional destinó recursos públicos para los ensayos clínicos de dicha vacuna, cuya apropiación no solo es privada sino que por el momento no forma parte de las que se distribuirán en territorio argentino. Ahora que se retomaron las negociaciones con Pfizer, nuevamente las discusiones se desarrollan a espaldas de la población.
Los acuerdos a libro cerrado son el rasgo distintivo de la totalidad de los contratos con las empresas que producen vacunas. Por lo tanto, las mayorías estamos a merced de los plazos, los precios, las cantidades y los requisitos que imponen estos pulpos farmacéuticos. Esta política ha dado como resultado que de 51.591.000 dosis que encargó el gobierno en el mercado solo hayan arribado 12.879.304 y el cronograma hacia adelante sea difuso. Los laboratorios que aletargan la entrega no reciben ningún tipo de sanción por este incumplimiento. Un verdadero cheque en blanco.
Las cláusulas de confidencialidad generan una total incertidumbre sobre lo que ocurrirá con las dosis de Sputnik V y Sinopharm que se fabricarán en territorio nacional. La información que se brinda es opaca y no hay certeza de cuánto de lo producido quedará en el país. Por otra parte, ha trascendido de que el laboratorio Richmond, a cargo de fabricar la Sputnik V en Argentina, tendrá un costo de fabricación de un dólar por dosis mientras que el precio de venta será de 15 dólares por cada una. Como se ve, el gobierno otorga licencias priorizando el lucro capitalista a costa de los fondos públicos. El monitoreo popular de las mismas evitaría tamaño negociado financiado con la plata del pueblo. Negociado que, además, no asegura vacunas para todos.
Mención aparte merece la decisión gubernamental de otorgarle la licencia para la fabricación local de la Sinopharm al laboratorio Sinergium, perteneciente al grupo Insud. Nada menos que el grupo liderado por Hugo Sigman, uno de los responsables de que las 55 millones dosis de AstraZeneca que se produjeron en el laboratorio mAbxience hayan sido enviadas a México y recién ahora estén regresando al país, a cuentagotas, cuando deberían haber empezado a llegar en diciembre.
El secretismo a la hora de comprar vacunas habilitó que los actores involucrados en el retraso en la llegada de las dosis de AstraZeneca eludieran su responsabilidad en el asunto. Sigman «le pateó la pelota» al laboratorio mexicano Liomont, encargado del envasado. Por su parte, desde México nunca especificaron de manera oficial a qué se debía precisamente la demora en el envasado. Las declaraciones del secretario de relaciones exteriores de allí, Marcelo Erbrad, afirmando que “recién ahora se pudieron encontrar los estándares de calidad que requiere el órgano de control” siembra sospechas sobre que se eligió una envasadora que no contaba con la autorización del órgano de control mexicano. Los presidentes de AstraZeneca, a turno, tampoco dieron explicación alguna. Por otro lado, se desconoce la causa del retraso en el envasado del lote que fue desviado a una planta de la empresa en Albuquerque, Estados Unidos, supuestamente para agilizar el proceso debido a las demoras sufridas en el laboratorio Liomont. Estas últimas recién ahora estarían viniendo a Argentina.
Es decir, improvisación pura, ganancias millonarias para los empresarios que participan en este acuerdo comercial -el Estado nacional ya pagó el 60% de las 22 millones de dosis que encargó-, incumplimiento en la provisión de vacunas y ninguna rendición de cuentas ni sanción para los responsables. Sin ir más lejos, Alberto Fernández nunca atinó a incautar las dosis que se fabricaban en Garín para completar el envasado en Argentina, cuando existe capacidad técnica en el país para desarrollar esa tarea. Por el contrario, condenó a la población a una larga espera sin vacunas suficientes y ahora presenta como un logro la llegada de un puñado de dosis.
Finalmente, las cláusulas de confidencialidad se suman a la larga lista de desventajas que tiene la población frente a los monopolios de las vacunas, los cuales se apropian de las patentes de las mismas impidiendo que otros laboratorios puedan producirlas. Debemos exigirle al gobierno la apertura de todos los contratos para la compra de dosis, como así también la puesta en pie de una fabricación nacional a gran escala de vacunas, bajo control de un comité médico-científico, utilizando todos los recursos -públicos y privados- del país para tal fin. Como primer paso, es necesaria la intervención del laboratorio mAbxience y la incautación de las dosis producidas allí para proceder a envasarlas localmente. Esto implica dejar de lado las ganancias de los laboratorios y priorizar el acceso masivo a la vacuna. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Sofía Hart
La crisis en la cresta de la segunda ola
Los índices récord de contagios de coronavirus, fallecimientos, ocupación de camas y hasta de positividad de los testeos confirman indudablemente un fracaso en toda la línea del gobierno nacional y de los gobernadores. Habiendo cruzado el umbral de los 40.000 casos diarios, y regiones lejos del Área Metropolitana con un estrés dramático del sistema sanitario como Neuquén, Córdoba, Misiones o Catamarca, el fin de las breves y laxas restricciones decretadas por Alberto Fernández sacan a la luz que no hay plan alguno para controlar el cuadro epidemiológico, más que la llegada a cuentagotas de vacunas.
Este desmadre clarifica que la grieta que separa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es muy ancha, por lo cual las fricciones políticas deben impostare. La oposición impulsó en la Auditoría General de la Nación un relevamiento sobre las negociaciones con los laboratorios para la compra de vacunas, incluyendo pagos realizados y entregas incumplidas, pero aclarando que será sin tocar la confidencialidad de los acuerdos ni las patentes de propiedad intelectual. Una farsa.
El gobierno se va a cubrir alegando una «escasez mundial» de vacunas, como si en nuestro país no se hubiera fabricado el principio activo para más de 50 millones de dosis. La supuesta escasez es expresión de los monopolios de los pulpos farmacéuticos y el acaparamiento de los países imperialistas, aspectos ambos que Alberto Fernández respetó a rajatablas en el contrato leonino con AstraZeneca que habilitó la fabricación en la planta mAbxience de Garín. Para ser precisos, las «inaceptables» condiciones que habría reclamado Pfizer solo tienen diferencias de matices respecto con el resto de los laboratorios; Sigman es apenas el socio local de estos negocios a costa de la salud.
El colmo es que, mientras tanto, el presidente se excusó en su conferencia de prensa por no invertir en la ampliación de camas de terapia intensiva afirmando que se carece de personal para atenderlas. Es una justificación ajustadora del ajuste. Lo cierto es que no está contemplado destinar recursos para ninguna de las dos cosas; ni lo estaba en la ley de Presupuesto 2021 (a pesar de que ya se esperaba una segunda ola), ni lo está ahora.
Es un choque frontal con las luchas de los trabajadores de la salud por aumentos salarial y condiciones laborales que proliferan por toda la Argentina. También con los sectores cada vez más amplios del movimiento obrero que pasan a la acción para exigir ser vacunados (como los colectiveros, los portuarios, los marítimos, camioneros, o de los comedores populares, entre tantos otros), poniendo sobre la mesa la desidia oficial que -así como hizo la vista gorda para que la patronales incumplan las restricciones en ramas no esenciales- se desentiende de control alguno sobre el cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias en los lugares de trabajo. Peor aún, solo deja en pie restricciones que afectan a los trabajadores en sus ratos no laborales.
Lo mismo puede apreciarse del regreso masivo a las aulas en la mayor parte del país, sin que se haya destinado presupuesto alguno para garantizar condiciones seguras en las escuelas. Es otra prueba de que prima unánimemente el punto de vista de los empresarios, para los cuales la presencialidad escolar es una necesidad en la libre explotación de la fuerza de trabajo. No hay criterio sanitario alguno, y menos todavía pedagógico.
La importancia de intervenir en este escenario con un programa de los trabajadores es ciertamente vital, como desarrolla el editorial semanal escrito por Eduardo Salas. Desde la centralización del sistema sanitaria y la ampliación de sus recursos y personal, el control del plan de vacunación por los trabajadores de la salud, hasta la intervención del laboratorio mAbxience; de la suspensión de las clases presenciales ante alerta epidemiológica, a la implementación de protocolos obreros en los lugares de trabajo; se trata de medidas básicas que refractan la política capitalista de los gobiernos que nos conduce a la catástrofe.
Por supuesto, ello debe complementarse con la prohibición absoluta de despidos, paritarias sin techo y con cláusulas gatillo, un salario mínimo de $60.000, un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000, y un aumento de emergencia de $15.000 para los jubilados, de manera de paliar la profunda crisis social. Pero es claro que la tutela del FMI y el pago de la deuda externa imponen ir en la dirección contraria.
Para intentar disimular este realidad, distintos referentes del oficialismo aprovecharon el feriado patrio del 25 de Mayo para publicar una carta titulada “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en la cual se posicionan por una suspensión de los pagos de servicios de deuda hasta el fin de la emergencia sanitaria y por una renegociación de los plazos y tasas. Esta pose de respaldo por izquierda al gobierno mientras negocia un acuerdo con el FMI, que aglutina al camporismo y Gildo Insfrán, pasando por las diversas alas de la burocracia sindical de Yasky a Daer y Moyano, es un alevoso fraude que busca ocultar el pago religioso de los intereses al FMI, el canje usurario pactado con los bonistas, y sobre todo que el ajuste fondomonetarista ya está en marcha: las jubilaciones y los salarios del sector público variaron en los últimos doce meses la mitad que la inflación -y esto en medio de la recaudación extra por el boom sojero.
Al mismo tiempo, el pago de intereses a la banca por las Leliq ya consumió en lo que va del año el equivalente a todo lo anunciado oficialmente para afrontar la segunda ola -contando incluso las subvenciones a los capitalistas de ramas afectadas. Ahora pretenden desarmar esa bomba de tiempo tentando a los bancos a invertir (computando como encajes) en los bonos del Tesoro, con tasas que -lejos de la reclamada reducción- van en aumento y están indexados a la inflación. Si lo logran, Martín Guzmán y compañía no resolverán el problema sino que crearán las condiciones para una tormenta perfecta: una estampida inflacionaria que derive en una crisis de deuda soberana, la cual plantearía una conversión de la corrida cambiaria en una corrida bancaria. La bicicleta financiera con que se sostiene estable el tipo de cambio reafirma que el gobierno está en la palma de la mano de la banca, los especuladores y los organismos internacionales de crédito.
Los analistas burgueses no pueden dejar de notar, sin embargo, que la implementación de paquetazos de ajuste en tiempos de profunda crisis social detonó el proceso de huelga y rebelión popular en Colombia, mientras que las elecciones chilenas hacia la Constituyente ilustran los desplazamientos políticos que se abren como resultado de estas irrupciones de las masas. Este proceso latinoamericano brinda mayores motivos aún para insistir en la necesidad de convocar un congreso del Frente de Izquierda – Unidad, que permita involucrar a la vanguardia obrera y luchadora con una fisonomía política de clase, ofreciendo un canal y un programa para encausar las tendencias antisistema en una lucha abierta contra el capital y sus partidos.
Una manifestación realmente impresionante de la avidez que existe en amplios sectores por deliberar y organizarse es la masividad que cobró el segundo congreso nacional del Plenario de Trabajadoras, que con más de ocho mil inscriptas sesiona en su plenario de cierre mientras se escriben estas líneas. De las diversas comisiones participaron decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de femicidios que luchan contra la impunidad; las piqueteras y precarizadas que luchan por trabajo genuino, además de cientos de trabajadoras de casas particulares que integran el gremio más feminizado del país en la más absoluta discriminación laboral; las compañeras que batallan en sus lugares de trabajo contra el pacto social del gobierno, las burocracias sindicales y las patronales contra los salarios y los puestos de trabajo; les jóvenes que luchan por la educación sexual, protagonistas de la marea verde que conquistó la legalización del aborto y activistas contra el abuso sexual eclesiástico. Es un enorme potencial para desenvolver a fondo las resoluciones de lucha del congreso, y una muestra de la intervención que puede tener la izquierda revolucionaria.
En este nuevo aniversario del Cordobazo, aquella gesta que en 1969 hirió de muerte la dictadura de Onganía y abrió una etapa de ascenso generalizado de lucha de clases Argentina, vale apreciar en toda su vigencia aquella consigna que coreaban las mases cuando, como decía Christian Rath, tomaban el cielo por asalto: «no deje de luchar, por un gobierno obrero y popular».
Buen domingo.
Iván Hirsch
editor de Prensa Obrera.
El gobierno porteño insiste con la presencialidad escolar: la docencia va a la huelga
El gobierno de Larreta, Acuña y Quirós insisten en que la Ciudad se encuentra en un “amesetamiento” de casos de COVID 19 y que "la evidencia muestra que el nivel de contagios en las escuelas es más bajo que en el resto de la Ciudad". Es falso por donde se lo mire: en primer lugar, hace apenas unos días en la Ciudad se registró un pico de más de 3.000 contagios; además, evaluar inmediatamente el impacto de la suspensión parcial de unas pocas actividades. Las escuelas no contagian, suele decir el gobierno, pero las personas que transitan sus edificios sí lo hacen. Nadie en su sano juicio podría afirmar que no se producen contagios en las instituciones educativas de la Ciudad, en las que se concentran niños, niñas y adolescentes, junto a docentes y no docentes, en espacios reducidos como las aulas y otros espacios escolares. La presencialidad escolar, recordemos, ha quintuplicado los contagios en niños y adolescentes. Un reciente informe muestran cómo a partir de un caso positivo de Covid 19 en una docente, 10 de 14 niños y niñas del aula resultaron positivos, trasmitiendo el virus a 13 miembros de sus respectivas familias. Estos datos recabados son un botón de muestra de la propagación de contagios en las aulas porteñas.
Por último, el gobierno porteño sostiene que, durante esta “fase 1”, el transporte público registró una baja de su uso del 30%, pero ocultan que esa baja está directamente vinculada con la presencialidad escolar, dado que la mayoría de otros rubros han seguido operando casi con total normalidad.
El propio ministro Quirós ha declarado que “valdría la pena” adelantar las vacaciones de invierno, en términos sanitarios. Sin embargo, este adelantamiento no resuelve el problema de fondo. Argentina entrará, en el invierno, a una tercera ola, con 40.000 contagios diarios y un sistema de salud colapsado. En el transcurso de la semana, varios medios de comunicación destacaron la situación crítica en los hospitales porteños, al punto que pacientes con Covid son atendidos en camillas por falta de camas en las terapias. Todo esto ilustra lo que desde Tribuna Docente Tendencia venimos sosteniendo desde el principio: la presencialidad escolar tiene un impacto directo en el aumento de los contagios y el colapso sanitario.
Organicemos la huelga
Hasta el momento, UTE no ha sacado ningún comunicado oficial respecto del retorno a las aulas anunciado por Larreta-Acuña para el próximo lunes. El sindicato de base de CTERA, al igual que la central nacional, defienden la ´presencialidad administrada´ que promueve el gobierno de Fernández, consistente en dejar en manos del ejecutivo de cada distrito la desición de la modalidad educativa a seguir, de acuerdo al nivel de “alarma” sanitaria correspondiente. Es en este contexto -y contando además con el fallo favorable de la Corte Suprema- que el gobierno porteño toma sus decisiones. Ademys, en su asamblea del jueves 20, resolvió realizar un paro el primer día hábil de presencialidad, es decir, el próximo lunes. Volvemos a colocar la necesidad de realizar una nueva asamblea general de todo el gremio, el mismo lunes, para deliberar y resolver la continuidad de la huelga.
Impulsemos asambleas conjuntas de docentes, familias y estudiantes para arrancar la suspensión de las clases presenciales en pandemia, que el Estado garantice la virtualidad con la entrega de equipos y conectividad, como así también, las medidas económicas necesarias para garantizar el aislamiento del conjunto de los/as trabajadores, incluyendo licencias, subsidios y alimentos.
El lunes, en el marco del paro, tenemos que preparar una acción callejera contundente que coloque en la agenda nuestro reclamo.
Flor Palombo
29/05/2021
Metán: Issa y Sáenz, los impulsores del Covid y la miseria social
En las últimas semanas, San José de Metán entró en una verdadera escalada de contagios, que alcanza también a los departamentos del sur de la provincia de Salta. En lo que va de la pandemia, se produjeron 2121 casos (La Nación 28/05). Hace dos días se produjo un pico de 65 casos, a posterior del feriado largo, y se confirmó la circulación de las cepas de Manaos y del Reino Unido.
Las medidas “de emergencia” de Sáenz y el intendente Issa (Partido de la Victoria) en estos días, no han servido ni servirán para siquiera contrarrestar la política criminal de apertura de la economía y de vaciamiento completo del sistema sanitario que acosa a Metán. La gerente del Hospital reconoció que hay “un salto del 100% de casos con respecto al año anterior”. Es que los casos que se registran son apenas una muestra del desastre sanitario. El personal de salud realiza guardias de 48hs y deben volver a sus puestos muchas veces sin descanso para relevar al personal contagiado. Todas las mañanas llegan al hospital local decenas de trabajadores para intentar conseguir un hisopado, que se realiza a 50 personas por día y solo con síntomas completamente visibles. Es decir, las cifras declaradas -mínimo- deben multiplicarse por dos o por tres.
La pobreza en el departamento alcanza a más de la mitad de la población, con salarios a la baja y una desocupación y el trabajo informal que supera los dos dígitos, sin embargo, la asistencia social es mísera. La política del intendente solo se redujo a “donar” un bolsón que apenas sobrepasa los 10 productos, así transcurren el asilamiento familias enteras contagiadas. La elevación de los alquileres y de impuestos empujó a cada vez más trabajadores a vivir entre el hacinamiento y asentamientos a la vera de los ríos que cruzan la principal ciudad para enfrentar la falta de viviendas y el negociado de loteadores truchos, amparados por los gobiernos. Esta semana, cumplió un mes el asentamiento al costado del Molino con más de 50 familias.
El sur de la provincia cuenta con una elevada cifra de muertes de docentes y personal de la educación. El viernes pasado, el fallecimiento de la docente Sonia Padilla produjo una marcha de antorchas sobre el COE local para exigir la suspensión de las clases presenciales, reclamo que se conjugó con un rechazo a la extorsión entre morir de hambre o morir por COVID.
Ningún plan para la pandemia
En la mañana de ayer, restringiendo el acceso de la prensa local, el gobernador junto al ministro de Salud se apersonó en Metán y Rosario de la Frontera. Anticipó la apertura de hospitales de campaña con 20 camas cada uno, pero no dijo una sola palabra de reforzar el sistema de salud con más personal o los insumos necesarios. En las barriadas, las familias que se van recuperando comparten con las nuevas familias afectadas, la medicación que les sobra del tratamiento.
Mientras Sáenz recomienda a la población que “se cuiden” y los acusa de que “depende de cada uno”, ha dado vía libre a la voracidad de las patronales de la molienda, los arándanos y los limoneros que los obligan a seguir produciendo sin ninguna protección sanitaria. Los esfuerzos no son para cubrir las necesidades “esenciales” de la población trabajadora de Metán, sino la de los exportadores que se han beneficiado con enormes subsidios a costa de la salud y la vida de sus trabajadores. A la par que desde el COE provincial anticiparon que retornarán esta semana a clases presenciales, se conoció que son 676 los casos de contagios en la provincia.
Es frente a esta orientación criminal de los gobiernos que los trabajadores debemos abrirnos un curso, apoyados en las acciones que ya han protagonizado la docencia y las ordenanzas, los sin techo, las feriantes para imponer que se sostenga la suspensión de clases presenciales, garantizando los insumos de conectividad; la determinación de suspender toda actividad no esencial y que las patronales paguen el 100% del salario a los licenciados. Para todos los desocupados, changarines y feriantes un subsidio a equivalente al 82% de la canasta familiar. Inmediato cese del pago de la deuda externa y el cobro de impuesto extraordinario a las grandes patronales y su gestión bajo control de los trabajadores del departamento.
Silvia Colque
29/05/2021
Cuba denunció que las sanciones de EEUU le impiden fabricar vacunas suficientes
Dos de elles, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado
Cuba, que está desarrollando sus propias vacunas contra el coronavirus, denunció que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos le imposibilita fabricar suficientes dosis para su población, lo que retrasa su campaña de inmunización.
"Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro", dijo Yuri Valdés, director adjunto del gubernamental Instituto Finlay de Vacunas, durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que los legisladores llamaron a parlamentarios del mundo a sumarse al reclamo de que cesen las sanciones y el embargo, impuesto hace 60 años por Estados Unidos.
La insuficiencia de dosis "no es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados", explicó el científico ante legisladores de su país y otras personalidades internacionales que participaron de la sesión de manera virtual, según la agencia de noticias AFP.
Si el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden "a lo mejor no tiene tiempo de revisar toda la política con Cuba, ésta que tiene que ver con todos los cubanos que están ingresados (en hospitales por Covid), con los cubanos que estamos vacunando" debe ser revisada, pidió Valdés.
"Hay que emplazar al Gobierno de Estados Unidos, decir, está bien, no lo revises todo pero revisa eso, ocúpate, tu puedes ser la diferencia entre fallecidos y no fallecidos", enfatizó.
Desarrollo propio
Cuba cuenta con cinco candidatos a vacuna de desarrollo propio. Dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado, por parte de las autoridades sanitarias del país, prevista para junio.
La isla caribeña reportó 933 decesos y 138.899 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Pero ante el creciente número de contagios registrados en los últimos meses, el Gobierno emprendió una campaña de vacunación en poblaciones de riesgo con esos inmunizantes en desarrollo hace dos semanas, y tiene previsto vacunar al 70 por ciento de la población para agosto.
Durante el Gobierno del republicano Donald Trump, Washington impuso cerca de 250 sanciones contra Cuba, que Biden ha dejado intactas.
"Estados Unidos reforzó la agresión a Cuba en el marco de la Covid-19", denunció el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, Alberto Núñez.
Organizaciones solidarias con Cuba en Estados Unidos, Chile, España, Italia y otros países se organizaron para conseguir 20 millones de jeringas para poder vacunar a la población de 11,2 millones.
Además, una entidad gubernamental suiza y la ONG MediCuba Europa otorgaron en abril un financiamiento urgente de 600.000 dólares para la adquisición de jeringas.
Publicado en telam.com, 28/05
La insoportable levedad de la condena al policía Chocobar
En un fallo vergonzoso, el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires ´condenó´ a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, por el asesinato por la espalda de Juan Pablo Kukoc, en 2017. Kukoc huía desarmado tras un frustrado intento de robo a un turista, cometido en el barrio de La Boca, junto a otro joven, entonces menor de edad. Chocobar, quien entonces revestía en la policía municipal de Avellaneda, se encontraba de franco. Desenfundó su pistola reglamentaria en plena vía pública y baleó a los ladrones cuando intentaban escapar, acertando dos disparos en la espalda de Kukoc.
El homicida Chocobar fue penado por “exceso en el cumplimiento de su deber”, y no pisará una celda. El cómplice de Kukoc, en cambio, de 17 años al momento de los hechos, fue condenado a 9 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio y robo – el frustrado ladrón hirió con un cuchillo doméstico a su víctima mientras intentaba arrebatarle la cámara de fotos.
La levedad del fallo es una carta blanca al ´gatillo fácil´, al margen de que la camarilla policial y sus personeros políticos, que reclamaban completa impunidad, lo reciban con disgusto. El crimen de Chocobar es un emblema de la lucha contra el ´gatillo fácil´, presente en todas las movilizaciones democráticas de los últimos tres años. El gobierno Macri-Bullrich, asimismo, había entronizado a Chocobar como símbolo de su política de seguridad. Así nació la llamada ´doctrina Chocobar´, un protocolo para el uso de armas de fuego, redactado por Bullrich, dirigido a blindar política y judicialmente a la policía. Fue derogado por el gobierno FF apenas asumió, lo cual no cambia las prácticas policiales cotidianas, signadas por el abuso y la violencia, especialmente, contra los jóvenes de las barriadas, changarines, feriantes, migrantes y otros trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad. Durante los gobiernos K (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas, según el recuento de Correpi. La presidenta del PRO estuvo presente en el tribunal y se quejó del fallo. Durante su gestión, el macrismo batió todos los récords; fueron asesinadas 1833 personas por el aparato represivo del estado, una muerte cada 19 horas, también según datos de Correpi.
Casos similares al de Chocobar ocurren a diario en todo el país, sin alcanzar la misma trascendencia. Son encubiertos mediante ´enfrentamientos´ fraguados, muchas veces cometidos en las mismas ´zonas liberadas´ por la policía, con el propósito de deshacerse de algún ´archivo molesto´. En el gobierno de Alberto Fernández y su ministra Sabina Frederic, continúan los casos de gatillo fácil. Sergio Berni, el ministro de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires, ha tomado la posta de Bullrich, promoviendo el encubrimiento de la policía en el caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, entre otros.
Repudiamos este fallo vergonzoso de la justicia, garante de los abusos policiales y de la represión, mientras los gobiernos hunden a las familias obreras y a sus hijos en la más completa miseria.
Cárcel común perpetua y efectiva al policía Chocobar, que es lo que estipula el Código Penal por el delito de homicidio de delito agravado por haber sido cometido por un integrante de la policía y así fuera solicitado por los abogados de la familia de Kukoc.
¡Control popular de las fuerzas de seguridad!
¡Basta de gatillo fácil, ni un pibx menos!
Lautaro Brodsky
29/05/2021
sábado, 29 de mayo de 2021
Escasos recursos para la vacunación
Entre lunes y domingo, Argentina recibió 1,6 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y de AstraZeneca, estas últimas provenientes en su mayoría del mecanismo Covax y una pequeña porción del acuerdo por 22 millones de dosis que nuestro país mantiene con dicho laboratorio. Hoy, se sumaron otras 650 mil. El gobierno apuesta todo a su única y principal estrategia sanitaria: la vacunación.
Hasta ahora, la campaña de inmunizaciones ha sido sumamente ineficiente y, sobre todo, escasa. Es lo que revelan los cada vez más pronunciados reclamos de los trabajadores que continuaron asistiendo a sus puestos durante la pandemia, quienes son considerados “esenciales” pero nunca se los incluyó en el plan de vacunación nacional como prioridad. Algunos incluso fueron obligados a trabajar dentro de los 9 días que el gobierno instaló como aislamiento social, en medio de los picos de 35 mil casos diarios que colapsan el sistema sanitario y promueven el aumento de las muertes. Ni hablar de los trabajadores informales, que prácticamente no tienen posibilidad alguna de resguardarse del virus. O sea que las restricciones a las circulación no solo son por tiempo limitado, sino que encima no se han puesto en marcha medidas acompañantes que permitan a la clase obrera mantener el aislamiento.
En este sentido, el sistema de salud es el que está soportando las consecuencias de no haber tomado medidas más tempranamente. La llegada de más dosis no va a resolver el estrés de los hospitales, los centros de salud y los profesionales, ya que se tarda al menos tres semanas en generar inmunidad, por lo que los resultados se verán recién en un mes. Además, el ritmo de vacunación tendría que acelerarse significativamente, puesto que Argentina vacuna a menos de 130 mil personas por día, lo que significa que al ritmo actual se tardarían más de 15 días en administrar vacunas que acaban de arribar, retrasando la calma que la inmunización le podría traer al sistema sanitario.
El problema central radica en que aumentar la velocidad de las inmunizaciones implica disponer de recursos y designarlos para poner en pie una enorme logística que incluya, por un lado, un aumento de los vacunatorios y de los profesionales capacitados para administrar las dosis y, por el otro, el reforzamiento del sistema de distribución que lleva las vacunas a las provincias, algo que el gobierno no está dispuesto a entregar. Ya lo admitió Alberto Fernández en su discurso de la semana pasada: no habrá reforzamiento del sistema de salud ni partidas extrapresupuestarias para esta etapa de la pandemia a excepción de las ya anunciadas. El gobierno presupuesto un ajuste para salud del 10% en términos reales para 2021 e incluso ha reducido las partidas destinadas a combatir el Covid en un 90%, si se las compara con el dinero destinado el año pasado. No se sale del ajuste ni siquiera en medio del descalabro sanitario, que ya se llevó puesta la vida de más de 75 mil personas.
A esto se suman las denuncias acerca de que varios gobiernos provinciales estarían reteniendo dosis para acelerar el ritmo a medida que se acercan las elecciones, como en Misiones. Allí, a solo dos semanas de las elecciones provinciales, el gobierno de Ahuad comenzó la inoculación de los menores de 40 años sin factores de riesgo, mientras tiene un 25% de vacunas distribuidas sin aplicar equivalentes a 82 mil dosis, lo que significa que se deben haber estado acumulando por varias semanas. Otras provincias también presentan un gran desfasaje entre las vacunas distribuidas y las aplicadas: Jujuy, por ejemplo, tiene retenidas un 23%; Formosa, 20%; Salta, 17%; y Santiago del Estero, 20%. A nivel nacional, aún faltan aplicar 1.333.788 (datos obtenidos del Monitor Público de Vacunación).
En el mientras, hay al menos 10 provincias con el 100% de camas de UTI ocupadas, por lo que se necesita de manera urgente una solución a corto plazo que implique la ampliación de los recursos. El virus se trasladó a las provincias, pero tampoco abandonó la Capital Federal, que hoy llegó nuevamente al 80% de ocupación de camas. Los médicos advierten que prontamente comenzarán a faltar las camas y que muchos pacientes deben ser internados en los pasillos o terminan compartiendo los respiradores por falta de recursos básicos.
A la política de ajuste e improvisación del gobierno hay que contrarrestarla con la defensa de la salud de la población, que requiere el aumento en el presupuesto en salud y la centralización del mismo como primera medida, y la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados.
Lucía Cope
El nuevo paquete de medidas anunciado por Biden
Los anuncios de Biden, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, llamaron la atención de la prensa internacional, quien puso de relieve que nos encontrábamos ante la agenda más ambiciosa en la historia moderna de Estados Unidos. Hay quienes señalan que hay que remontarse al primer mandato de Franklin Roosevelt en 1933, cuando impulsó su New Deal contra la gran Depresión, para encontrar algo tan osado y abarcador.
Los anuncios de Biden comprenden millonarios paquetes dirigidos a fomentar el empleo y de ayuda económica a los sectores más postergados de la población norteamericana.
Dichos anuncios son inseparables del cuadro de situación que se registra en Estados Unidos. Un retrato de lo que está pasando lo brindó el propio Biden en su discurso, quien no escatimó palabras al referirse al escenario actual: “La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión.
El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil”. El panorama descripto es suficientemente elocuente sobre la catástrofe que hoy sacude a Estados Unidos y que se extiende a todos los planos: económico, sanitario y social y, agreguemos, político. Es un síntoma inconfundible de la decadencia histórica y el derrumbe de la primera potencia capitalista, confirmando que el epicentro de la crisis mundial capitalista y de la pandemia está concentrado en el propio suelo norteamericano. Ambos factores combinados han provocado estragos en la población, en especial en la más vulnerable, y es lo que está en la base de la rebelión popular que tuvo lugar el año pasado y que conmovió los cimientos del régimen político, los partidos y sus instituciones. La rebelión no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona a la propia gestión demócrata. La pobreza, la marginalidad y la falta de perspectivas, en especial en la juventud, han ido alimentando un creciente estado de insatisfacción, descontento, que ha terminado transformándose en ira social y quedó exteriorizado en el estallido el año pasado.
Planes de estímulo
Consciente de este escenario, Biden utilizó su discurso para presentar a los congresistas dos programas de ayuda económica. El llamado «Plan de Familias Estadounidenses», una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares, que comprende ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos), dispone que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años, mejora el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos y otorga licencia familiar y médica a sectores de bajos recursos. El programa incluye hasta 2025 un crédito tributario por hijos, que se amplió durante la pandemia y que los demócratas esperan mantener como un programa gubernamental permanente.
Un segundo programa consiste en el llamado «Plan de Empleo Estadounidense», que iría unido al aumento de la producción industrial e inversión en infraestructura en Estados Unidos. Según el mandatario, su proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras «más eficientes» desde el punto de vista energético y sustentable en el plano ambiental.
El programa, para el que pidió también un aumento del salario mínimo a 15 dólares, también aboga porque los estadounidenses compren productos locales y que las empresas locales que produzcan bienes lo hagan en Estados Unidos (una suerte del compre nacional, que rigió en distintos momentos en Argentina).
Reforma tributaria
Biden plantea una reforma tributaria para financiar estos paquetes. Hay quienes han resaltado un cambio radical en la materia, pero lo cierto es que solo ha revertido apenas parcialmente la reducción impositiva impuesta por Trump.
El proyecto demócrata eleva la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28 por ciento (revirtiendo solo la mitad del recorte fiscal de Trump) y restaura la tasa del impuesto sobre la renta para los superricos al nivel que prevalecía bajo George W. Bush (del 37 por ciento al 39,6 por ciento). Es decir, estamos en presencia de una política muy tímida. Más allá de la retórica, ha tenido cuidado de no incursionar contra los intereses corporativos, lo cual, de todos modos, no implica que la clase capitalista se prive de expresar sus reservas o rechazo a la medida. Tengamos presente que el mundo de los negocios y financiero, empezando por Wall Street, tiene muy presente que, más allá de la alharaca que se haga contra los ricos, el grueso de la ayuda estatal de la Casa Blanca está reservado en favor de las empresas, ya sea en forma directa o encubierta. Por supuesto, que el gasto público incluye el contrato de empresas norteamericanas, que se verán beneficiadas con el plan de infraestructura programado. Pero, más allá de ello, la clave de la ayuda es la que viene realizando la FED con crédito barato a tasa cero y la compra de bonos y activos de las empresas, incluidas aquellas cuya solvencia está cuestionada.
Todo este paquete tiene que pasar por el Congreso, donde lo más probable es que tropiece con la oposición republicana y también de una parte de la bancada demócrata. De modo tal, que va a tener recortes, sobre los que ya Biden abrió el paraguas en su discurso. Pero, aún en sus términos actuales, está lejos de resolver el descalabro y colapso de la economía. Aún en pleno rebote, hay 10 millones de desocupados nuevos que no han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo. La reactivación en el caso hipotético de prosperar, absorberá apenas parcialmente esa enorme masa de parados sin perjuicio del hecho de que el rebote de la economía que se constata irá de la mano de rebajas salariales y de una ampliación del trabajo precario, como ya ocurrió en el pasado. No olvidemos que en la crisis financiera de 2008, bajo Obama, los nuevos trabajadores de la industria automotriz ingresaron con la mitad del sueldo de los más antiguos.
¿Reversión de la crisis?
La tentativa de Biden es un intento extremo de revertir la crisis capitalista, que se arrastra. Los rescates millonarios puestos en marcha desde la crisis financiera de 2008 fracasaron en remontar la bancarrota capitalista. El auxilio estatal no fue destinado a la inversión productiva sino que fue a parar a la especulación, incluida la recompra por parte de las empresas de sus propias acciones. Previo a la pandemia, el mundo ya estaba entrando en recesión, cuyo telón de fondo es una gigantesca crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. La deuda corporativa, en estos últimos años, siguió creciendo (representa el 80% del PBI), mientras se achicaron sensiblemente los márgenes de rentabilidad a cero o pasaron a tener un signo negativo. En la actualidad, el capital ficticio es inmenso y se sostiene a través de una valorización artificial, armando burbujas recurrentes y de mayor amplitud. El proceso económico en marcha no puede sortear una depuración del capital sobrante y que, como tal, en el marco de la anarquía capitalista, está llamado a procesarse en forma convulsiva a través de quiebras, bancarrotas y reorganizaciones violentas que implican cierres, achiques y despidos en masa. El Estado capitalista no es un ente suspendido en el aire, es un engranaje de la organización social capitalista y como tal no puede sustraerse a sus leyes (¡la ley del valor!), y menos aún está en condiciones de sustituirla. El intervencionismo estatal está al servicio del capital y como tal participa de sus límites y contradicciones. Por lo tanto, es afectado y arrastrado por su crisis; más aún, de ser un factor contrarrestante de la crisis, termina siendo un agravante.
Esta circunstancia está presente y vale como nunca en el escenario actual. Basta tener en cuenta que la ayuda estatal se vino sosteniendo en un endeudamiento récord (que supera al PBI norteamericano) pero, sobre todo, por una emisión que no tiene antecedentes. Este fenómeno ahora se va a acentuar. Los planes de estímulo lanzados por Biden involucran un gasto total 6 billones de dólares, un 30% del PBI. Habrá que ver cuántas de estas erogaciones podrán ser cubiertas por una recaudación impositiva, cuyo alcance y resultado son inciertos.
La emisión y el endeudamiento no son recursos ilimitados y menos aún inocuos. Lo que asoma como amenaza es una desvalorización del dólar (que ya viene produciéndose), lo que podría provocar un abandono masivo de la divisa estadounidense y un refugio en el oro o en otros activos que puedan oficiar como reserva de valor. De un modo general, esto también está ocurriendo con las principales monedas, como el euro, que vienen apelando, aunque todavía en forma atenuada, a los mismos métodos que los yanquis para enfrentar la crisis. Por lo pronto, esto ha abierto una cadena de devaluaciones competitivas. La guerra comercial se completa con una guerra monetaria, cuyo desarrollo plantea en perspectiva un dislocamiento de la economía mundial en caso de que las principales divisas dejen de funcionar como medios de pago aceptados internacionalmente.
Guerra comercial y belicismo
Biden aprovechó el discurso para volver a la carga contra China y Rusia, a quienes el Pentágono presentó como enemigos estratégicos. Entre otras cosas, Biden formuló la advertencia de que no está dispuesto a tolerar el robo de las patentes tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual, y que va a defender al país de la competencia desleal, en especial del gigante asiático. La bandera del presidente demócrata en favor de que Estados Unidos reconquiste el liderazgo y gane la competencia en el siglo XXI no se diferencia mucho del “American First” de Trump. El nacionalismo económico de un país imperialista -y con más razón de Estados Unidos- va de la mano con un reforzamiento de la guerra comercial y un expansionismo militarista. Las palabras de Biden anticipan un nuevo salto en la escalada y el intervencionismo yanqui a escala general, apuntando a que Estados Unidos recupere la hegemonía mundial que está en retroceso y su lugar como gendarme internacional. A su turno, la tendencias a un recrudecimiento de la guerra comercial es una confesión que el impasse capitalista, que se concentra en Estados Unidos como principal potencia del planeta, ha llegado a un punto tal que no pueden resolverse por medio “pacíficos” y económicos; que hay que apelar crecientemente a medios extraeconómicos -o sea, salidas de fuerza y belicismo.
La sombra de la rebelión popular
En su discurso Biden volvió a reiterar su apoyo a la sindicalización de los trabajadores, que ya tuvo un anticipo con su respaldo a la organización sindical de los trabajadores de Amazon.
El presidente llamó al Congreso a sancionar la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización -la Ley PRO- que facilitaría los pasos en esa dirección, removiendo las trabas engorrosas vigentes en la actualidad.
Biden es consciente de que no hay posibilidad de avanzar en sus planes si no encauza su frente interno. Y allí aparece en escena nuevamente la sombra de la rebelión popular. El clima de efervescencia y malestar que hizo eclosión en las protestas del año pasado no deja de contagiar a los trabajadores, en especial a la juventud obrera, en particular aquellos que pertenecen a las minorías que vienen sufriendo con más virulencia el impacto de la crisis.
Si bien el movimiento obrero no ha tenido un rol protagónico en las grandes protestas del año pasado, la conflictividad sindical viene en aumento y el panorama descripto encierra un potencial explosivo, que se nutre además de una descomposición y descrédito del sistema político norteamericano, sus instituciones y partidos. Por lo pronto, este malestar podría abrir un escenario de huelgas salvajes, sin interlocutores válidos.
Biden ha optado por adelantarse a ese proceso y alentar una sindicalización controlada, con el concurso de la burocracia sindical, de modo de encuadrar y disciplinar a los trabajadores ante la perspectiva de una curva ascendente de huelgas y conflictos gremiales, con grandes chances que sigan creciendo. Con más razón si tenemos presente que la crisis económica y social está en desarrollo y está lejos de cerrarse.
De conjunto, el discurso de Biden es un indicador de la entrada de Estados Unidos a una nueva etapa convulsiva, cuyos principales capítulos están por escribirse.
Pablo Heller
05/05/2021
Suscribirse a:
Entradas (Atom)