En el denominado “Supermiércoles” el Senado votó la Ley de Pago Soberano y la Ley de Abastecimiento. Falta que se voten en Diputados. Estas leyes de dudoso éxito, buscan darle herramientas al gobierno para atravesar las turbulencias económicas.
Garantía de pago a los buitres
Frente a la crisis de deuda abierta por el fallo de Thomas Griesa el gobierno busca cambiar la ruta de los desembolsos de la deuda externa con la Ley de Pago Soberano. La ley no obliga a un cambio de jurisdicción, sino que ofrece a Buenos Aires como lugar de pago y al Banco Nación como agente. El oficialismo envió al Senado la ley con modificaciones para dialogar con las propuestas de la oposición. Se agregó a Francia como sede de pago. Además, se crea una comisión para investigar la deuda sin que medie una suspensión de pagos. Una cortina de humo. Igual, la mayoría de la oposición patronal votó en contra bajo el amparo de posturas más entreguistas aún que las del oficialismo.
Los bonistas deberán consentir cobrar en las nuevas sedes u optar por otro agente de pago distinto al Banco de Nueva York. También podrán canjear sus bonos por otros con jurisdicción local o francesa. El gobierno busca contrareloj hacer efectivos los pagos de septiembre por u$s 200 millones. Por eso Pablo López, el secretario de Finanzas, va a reunirse con los bonistas afectados por el fallo Griesa. No quieren dejar de ser “pagadores seriales”. La semana pasada se conoció quienes son los socios del gobierno en esta “patriada”: George Soros, David Martínez Guzmán y Kyle Bass, todos multimillonarios especuladores que compraron bonos de la deuda y entrando en los canjes de 2005 y 2010 ganaron 300%, como reconoció Cristina Kirchner. Otra parte de los bonos están en manos de bancos nacionales e internacionales. La ley, prevée, además, transferir al Banco Nación un dinero para los denostados buitres que litigan en Nueva York: ganarían sólo el 300% si se olvidan del 1600% que les otorga el fallo Griesa. Cada día queda más claro que detrás del discurso soberano, lo que hay es una política entreguista.
Falsos temores
El Grupo de los Seis (la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural) salió a criticar el “autoritarismo” de la nueva Ley de Abastecimiento diciendo que va a desalentar inversiones y amenazó con ir a la Justicia si se aprueba.
Tanta dureza en las declaraciones no responde a que la ley vaya a dañar sus negocios. Simplemente avanza en mayor vigilancia sobre toda la cadena de valor, no sólo en el eslabón final que es el de la comercialización. También permite fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad. Se crea un “observatorio de precios” y se establece un fuero judicial para la defensa de los consumidores. El Ejecutivo tendrá atribuciones para dar continuidad al proceso de producción y comercialización frente a maniobras empresarias. Pero todas estas medidas fueron edulcoradas con cambios que en algunos aspectos hacen la ley más benévola que la norma vigente. Las patronales no tienen porque temer. En Lear el gobierno ya mostró como “controla”: permitió el lock out patronal y la importación de cables mientras dejaba correr los despidos. Los precios fundamentales de la economía el estado los regula sistemáticamente en contra los trabajadores y a favor de los empresarios: en cada paritaria los salarios terminan aumentando por debajo de los incrementos que establecen las patronales de sus productos. La autorización del aumento de las naftas que acumula 60% en un año es un buen ejemplo del alcance que puede tener la nueva ley tan temida por los empresarios.
La realidad es que el empresariado rechaza con uñas y dientes cualquier intromisión, aunque sea mínima, en los secretos de sus negocios. Mucho más en momentos en que las maniobras están a la orden del día, como ocurre con los exportadores agrarios que retienen ventas para presionar por una devaluación. La oposición patronal se hizo eco de los empresarios. El radical Gerardo Morales alertó que el kirchnerismo vira al “chavismo extremo”. Lejos de eso, todo el supuesto intervencionismo del kirchnerismo se reduce al “arte” de garantizar que los empresarios se la sigan “llevando en pala” y atravesar la transición hacia el recambio presidencial sin que se incrementen las turbulencias económicas. La única forma de controlar verdaderamente los precios y la producción es conformando comités de trabajadores y consumidores que empiecen por inspeccionar la evolución de los valores de los productos de la canasta familiar. Para eso hay que exigir la apertura de los libros de contabilidad de las empresas, develando las ganancias que obtienen mientras especulan con productos de primera necesidad. Frente a la falta de stock de los productos esenciales hay que requisar los galpones de almacenamiento. Pero un curso de este tipo bajo la impronta obrera enfrentará no sólo a las empresas, sino también al propio gobierno.
Pablo Anino
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