En el segundo semestre de 1980, una revista especializada en finanzas, el Economic Survey, advertía proféticamente que si Argentina no devaluaba el peso quebraría una gran parte de la industria y que si lo hacía quebraría la otra. En febrero del año siguiente, Martínez de Hoz procuró conciliar la contradicción con una devaluación acotada, pero lo único que logró es desatar una andanada de devaluaciones, perder el cargo y dejar expuesta la primera gran crisis de deuda externa y poner fin a la dictadura militar. En esta fase agónica, el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, provocó con toda intención una estampida inflacionaria, con la finalidad de devaluar las deudas internas de los grandes capitales y enseguida estatizar sus deudas con el exterior. En la época, la deuda pública externa aún no había alcanzado los 40.000 millones de dólares. En la actualidad, la deuda pública supera los 250.000 millones de dólares, la mayor parte en divisas. En las tres décadas transcurridas, Argentina pagó, sin embargo, varias veces la deuda original; la condición de ‘pagador serial’ es bastante anterior al kirchnerismo. La deuda pública de Argentina es irrevocablemente usuraria.
Argentina se encuentra otra vez en situación de quiebra. Carece de los recursos para enfrentar los vencimientos de deuda hasta 2015; financia el déficit fiscal a una tasa de interés del 30% anual y el BCRA contrae pasivos en forma continua con los bancos locales -en la actualidad superior a los 250.000 millones de pesos. La totalidad de las fuerzas políticas tradicionales en presencia se ha puesto de acuerdo en pedir un rescate internacional para salir de esta bancarrota, bajo el eufemismo de un “retorno a los mercados internacionales”. Esgrime las ventajas que representan las tasas reducidas de interés que rigen en el mercado mundial. Este rescate, que constituye un reconocimiento formal de la quiebra, implicaría, sin embargo, un enorme sacrificio para los trabajadores, porque está condicionado a que se ejecute una fuerte devaluación del peso. La crisis con los llamados fondos buitre encubre esta quiebra de carácter estructural. La deuda externa con particulares se encuentra, en su mayor parte, en la cartera de grupos económicos locales. El rescate que se busca beneficia a la burguesía nacional y perjudica enormemente a los trabajadores. Argentina no es un compacto social sino que está atravesada por contradicciones sociales insalvables.
En definitiva, el cumplimiento con una deuda usuraria que no deja de crecer, es incompatible con las aspiraciones de las mayorías nacionales y dará lugar a crisis políticas mayores a las que hemos conocido.
Jorge Altamira
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