El 18 de septiembre se cumplirán ocho años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el albañil cuyo testimonio fue clave en la condena de Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense bajo la dictadura. Su segunda desaparición ocurrió el mismo día en que se dio a conocer la sentencia a prisión perpetua contra el represor.
En este aniversario nuevamente nos movilizaremos en Buenos Aires y en La Plata, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, para reclamar por su aparición, denunciar a los Milani-Berni y exigir el fin de la impunidad y la represión contra las luchas obreras y populares.
Durante los ocho años que siguieron a su desaparición, el caso de Julio López fue marginado de la agenda del “gobierno de los derechos humanos”. Su nombre jamás fue ni siquiera pronunciado por la presidenta Cristina Fernández cuando el caso conmovió al país y, en particular, a la ciudad de La Plata, de la cual ella es oriunda.
El silencio oficial fue complementado por los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, quienes desviaron la ‘investigación’ hacia los abogados y organismos de derechos humanos que acompañaban a López.
En cambio, la “maldita policía bonaerense”, heredera estructural de los Echecolatz, jamás fue indagada. En sus filas permanecen activos alrededor de 9.000 agentes que revestían en la fuerza durante la dictadura militar.
A la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Gerez, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno fue esclarecido. El de López tampoco fue el primer caso de un desaparecido en territorio bonaerense bajo gobiernos constitucionales: antes ocurrieron las desapariciones de Miguel Bru y Andrés Núñez; luego, la de Luciano Arruga. Existen al menos doscientos casos de desaparecidos en democracia y alrededor de 4.000 casos de gatillo fácil denunciados. La Policía Bonaerense, la principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de sospechas. Todas las facciones políticas que gobernaron la provincia pactaron con ella impunidad para sus crímenes y negocios.
Como lo resumen las consignas principales de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la movilización del 18 será también una demostración de fuerzas contra el giro represivo del gobierno, que ha sido acentuado por las designaciones de Sergio Berni y César Milani.
Será una manifestación de repudio a la militarización de los conflictos obreros, a la infiltración de las luchas y organizaciones populares y, en general, a toda la línea fascistizante que acompaña la “profundización del modelo”. La esperanza de un salvataje a manos del capital financiero internacional -y el ajuste contra los trabajadores que éste impone- requiere el complemento de los palos de Berni y compañía.
Impulsemos junto a los luchadores una gran jornada de movilización en todo el país.
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