Los buitres y la deuda

Ante el difundido mito del “desendeudamiento”, el fallo dictado en Nueva York por el Juez Thomas Griesa volvió a poner en actualidad el problema de la deuda, al que todos creían superado dada la insistencia del gobierno en el éxito de los canjes de 2005 y 2010.

La sentencia de Griesa ha motivado una constante serie de denuestos contra el anciano juez de Nueva York pronunciados por la presidenta y sus ministros Kicillof y Capitanich, además de legisladores, y todo funcionario afin al oficialismo se ha creído con derecho a opinar del asunto, aún cuando lo conocieran de oídos. Por parte de la oposición, y salvo algunas excepciones, ha habido una singular y variopinta expresión de criterios, que se resumen en que hay que pagarles a los buitres y negociar con ellos de la manera que sea, porque necesitamos imperiosamente acceder al mercado de capitales y esta especie de raro default nos niega esa posibilidad y nos vuelve a cerrar a “ese mundo de las finanzas” del que nunca debiéramos haber salido. Y el gobierno, que había expresado con anterioridad que jamás les pagaría un centavo a los buitres, ha enviado un proyecto de ley al Congreso donde se decide abrir una cuenta en el Banco Central para pagarle a ellos lo que les correspondiera si hubieran entrado en los canjes de deuda. Nadie discute el pago; solo como hacerlo, cuánto pagar y en qué condiciones.
Sería muy extenso, y ajeno a esta nota, contar en detalle la historia de uno de los fraudes más grandes de los que se tenga memoria, y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 se encuentran abundantes pruebas de cómo se constituyó la deuda de la dictadura, cómo fueron las ilegales refinanciaciones, el delictivo Plan Brady, el megacanje del año 2001, y todas las operaciones que se hicieron durante más de 40 años -que significaron el pago de obligaciones desde 1983 hasta hoy de 400.000 millones de dólares, debiéndose actualmente 220.000 millones, según los datos que consigna el Ministerio de Economía al 30 de septiembre del año pasado-. Solo voy a referirme a esta última parte de la zaga de la deuda que muestra a los extremos a los que se ha llegado en este respeto reverencial por el sistema financiero que ha saqueado a la Argentina, desde la década del 70, y el cúmulo de falsedades, contradicciones e ilegalidades que son parte de esta historia.
Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el wirt of certiorari interpuesto por la Argentina contra la sentencia de Griesa quedó definitivamente en evidencia el fracaso de una política de la deuda que el relato del gobierno había calificado como exitosa. Y allí fueron el Ministro Kicillof y los funcionarios de Economía a ver qué se podía hacer para arreglar este conflicto que ponía en peligro la estrategia del gobierno de volver a los mercados internacionales para financiarse.
Se había cumplido con los pasos exigidos por el sistema financiero: acuerdo con el Club de París, pago a Repsol, pago a algunos buitres en el CIADI. Todo estaba listo para pedir nuevos créditos, y lo de Griesa frenaba toda posibilidad, además de impedir el pago a los bonistas que entraran en los canjes. Esto dio lugar a apresuradas negociaciones: intento de un conjunto de bancos de acordar con los buitres que no prosperó por decisión del gobierno, expresiones descalificatorias a la justicia norteamericana, demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Estados Unidos. Todas gestiones producto de la improvisación y de la emergencia que no solucionaron nada. Mientras, se recurría a la UNASUR, al CELAC, al MERCOSUR, el grupo de los 77+China -que excepto el apoyo moral no aportaron absolutamente nada-. Mientras, la Argentina quedó sola a merced de los buitres, que pacientemente esperaron la oportunidad para demostrarle al gobierno la inutilidad de sus gestiones y su capacidad de daño.
Además del reiterado secretismo que ha rodeado a las negociaciones sobre la deuda, y ante esta encerrona jurídica y económica, al gobierno no se le ocurrió otra cosa que enviar al Congreso de la Nación un proyecto de Ley para cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados, ya que Griesa impidió el pago que había sido depositado en el Banco de Nueva York. En el mensaje de elevación, como en el informe dado por el Ministro Kicillof en las Comisiones del Senado, las medias verdades, las contradicciones y las inexactitudes han puesto en evidencia no solo la precariedad argumentativa del gobierno, sino también la falta de un plan alternativo, o la previsión de lo que podía ocurrir con los buitres, a los que sistemáticamente se los desafió. En toda esa parafernalia discursiva, se acentuó como se había agraviado nuestra soberanía, mostrando las ilegalidades y los perjuicios ocasionados al país durante la década del 90 a través de los distintos procesos de endeudamiento y el conocido megacanje del año 2001. Todo revela una absoluta falta de memoria, como también la responsabilidad que les cabe a las actuales autoridades en esta coyuntura a que lleva el fallo de la justicia de los Estados Unidos.
Y al respecto, cabe efectuar algunas precisiones para poner en claro lo que se oculta, lo que se tergiversa, y la torcida hermenéutica utilizada en la consideración de los hechos.
La causa ante el Juzgado de Thomas Griesa comenzó en noviembre del año 2003, es decir hace once años, y fue ampliándose con nuevos bonos y pedidos efectuados por los fondos buitres para afectar los bienes del país a través de distintas medidas cautelares, muchas de las cuales fueron rechazadas por Griesa, quien llevó el proceso muy morosamente. Mientras, el gobierno, aunque advertido de la peligrosidad de esa causa, se desentendió suponiendo que su acuerdo con los grandes buitres del sistema lo iba a blindar de cualquier consecuencia que pudiera afectar los canjes. Es decir que durante once años existió la posibilidad de tomar decisiones y no esperar a estas instancias, lo que demuestra una palmaria irresponsabilidad. Cuando hablo de los grandes buitres del sistema me estoy refiriendo al Citibank, al Deutsche Bank, al Barclays, UBS LImited, y Merrill Lynch, que intervinieron en los canjes y que compraron bonos depreciados para ingresar al gran negocio iniciado en el año 2005 y continuado en el 2010, lo que significó reestructurar el 92.4% de la deuda externa. Uno de esos negocios es materia de una causa penal que tramita en la justicia federal, donde fue denunciado por tráfico de influencias Amado Boudou, por su gestión al frente del Ministerio de Economía cuando ocurrió el canje del año 2010. Esa operación, articulada por la consultora Arcadia quien fue constituida a ese efecto con apenas 12.000 pesos de capital en enero del año 2008, fue parte de una negociación que determinó un cambio de bonos por 12.500 millones de dólares.
Se ha indicado reiteradamente que la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Nueva York no autorizaba a Griesa a adoptar medidas coercitivas, afectando los canjes del 2005 y 2010 y afectando la soberanía del país. Se ha omitido deliberadamente que en los decretos 319, 1735 y 1911 del año 2004, y 563 del año 2010 se renunció a la defensa de oponer la inmunidad soberana del Estado en todas las acciones judiciales que pudieran efectuarse en los tribunales de Nueva York. Esa renuncia significa que los bonos emitidos son simples operaciones comerciales de derecho privado y no actos soberanos, por lo cual hablar de agravio es desconocer lo que el propio gobierno firmó.
Es cierto, como lo ha sostenido el gobierno, el perjuicio que ocasionaron al país los distintos procesos de refinanciación de la deuda durante los años 1990 al 2001, por lo cual resulta inconcebible que los abogados Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, que asesoraron e intervinieron en esos procesos, sean los que hoy supuestamente defienden a la Argentina en los tribunales estadounidenses sin que al gobierno se les ocurriera cambiarlos.
En el proyecto de Ley de cambio de jurisdicción se establece que el mismo será voluntario, es decir, que son los acreedores los que una vez más deciden lo que se va a hacer. y en este punto el futuro es sombrío, ya que no se tiene la certeza de que acepten cobrar en la Argentina, ya que los títulos están sujetos a la legislación y a la jurisdicción de los Estados Unidos -como se ha venido haciendo de manera invariable desde la dictadura hasta hoy, usándose diversos pretextos para justificar esta declinación de nuestra soberanía-. Además, se intentó justificar esa prórroga del año 2005 en las condiciones precarias en que había asumido el gobierno y en la necesidad de darles cierta seguridad a los acreedores, que tenían activos incobrables, omitiéndose que se volvió a hacer en el año 2010 y que se ha continuado recientemente en los contratos celebrados con Chevron, Dow Chemical y el gobierno de China.
En ningún caso se ha pretendido discutir o cuestionar la legitimidad y legalidad de la deuda, y solo se pretende pagarla, buscando ahora diversas alternativas que permitan zafar del problema que significa el fallo de Griesa al entorpecer todo el proceso de canje llevado adelante por el gobierno. Solo se buscan soluciones de coyuntura, porque ni ahora ni antes se encaró el problema de la deuda a través de una auditoría que no solo pondría en evidencia todos los proceso fraudulentos que se llevaron a cabo, sino que establecería las responsabilidades políticas de los gobiernos que sucedieron a la dictadura desde 1983 hasta hoy. Además, mostraría las maniobras defraudatorias de las más grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras, que crearon deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente.
La temible palabra “default” sobrevuela en todos los ámbitos. El gobierno lo niega, y la mediocre oposición política solo ve un aspecto del problema. Pero nadie advierte que estamos ante una realidad que muestra que el gobierno ya no puede pagar sus obligaciones y que las reservas del Banco Central no alcanzan para cubrir las obligaciones del año que viene, que llegan a los 20.000 millones de dólares. Para que el “sistema de la deuda”, aceitado mecanismo de saqueo del sistema capitalista, siga funcionando ea necesario volver a los mercados, y en esto acuerdan oficialistas y opositores. Solo los diferencia la manera de encarar esa posibilidad. Mientras, el pueblo argentino, que es quien paga la deuda desde hace cuarenta años, es ignorado y se carga sobre sus espaldas esta esclavitud que debe terminarse definitivamente.

Alejandro Olmos Gaona.