El próximo lunes 30 se cumplirán 10 meses, más de 300 días, desde que se produjo otra desaparición en democracia: Luciano Arruga, 16 años. Sus familiares y amigos convocan a una marcha a las 17 horas, en Catamarca y Camino de Cintura, San Justo para reclamar lo obvio: aparición con vida de Luciano, y el juicio y castigo a los responsables, mientras es incierto el rumbo del caso. Por un lado, parece haber avances. Por el otro, los policías relacionados con lo que ocurrió aquel 31 de enero en Lomas del Mirador fueron reincorporados a sus trabajos, uniformes y lo que es peor, armas habituales, por el ministro bonaerense Carlos Stornelli. Algo más: una de las testigos del caso fue golpeada en la comisaría de San Justo.
Por la desaparición de Luciano Arruga y a raíz de la investigación de la fiscal Cecilia Cejas, ocho policías habían sido removidos de sus cargos y sometidos a extensas declaraciones. En esos careos, pudo saberse, no lograron explicar con claridad qué hicieron aquel 31 a la noche, ni dónde estaban exactamente. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y abogado de la familia Arruga, sostiene: “En los testimonios policiales hubo declaraciones cruzadas y contradictorias”.
Como si nada
Eso determinó una nueva ronda de declaraciones, que revelaron –a fines de octubre- lo que ni los abogados ni la familia hubieran imaginado: “Hicimos una solicitud para que se vuelvan a presentar los policías que no fueron claros en declaraciones previas, y nos llevamos la sorpresa de que vinieron con sus uniformes y armas”. El detalle es más que simbólico, mientras un joven sigue desaparecido y son más las sospechas que las pruebas (que casualmente dependen de la propia policía).
Los policías habían sido reincorporados a la fuerza por el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli. Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz, fueron quienes estuvieron la noche en la que desapareció Luciano en el Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador.
Según Juan Manuel Combi, otro de los abogados de la causa, la justificación de las reincorporaciones se basó en que no hay procesados en la causa, y mucho menos condena. Toman a los policías no como implicados, sino como testigos. Cuando los separaron de la fuerza, reconoce Combi, los propios defensores de la familia no disponían con los elementos incriminatorios que sí tienen hoy, y que agravan la situación del personal policial. “En aquel entonces no teníamos en claro cuál había sido el recorrido del móvil en esa noche. Hoy sí lo conocemos. Tampoco teníamos las pericias donde constan las irregularidades de los libros de entrada y salida de los detenidos. Tampoco las contradicciones en las declaraciones de los policías”.
Los testimonios y un enigma
Entonces: ¿cómo está la causa hoy? Pablo Pimentel: “En estos días se produjo un hecho importante que disparará una resolución de significado”. La preservación de la información responde al derecho de sumario, y al temor de que la difusión a la prensa incida en la causa. Se sabe, sin embargo, que el jueves 26 concluyó una rueda testimonial que duró tres semanas y disparó resultados positivos.
Vanesa, hermana de Luciano, lo confirma: “La causa está avanzando. No te diría favorablemente porque eso sería tener ya a los policías presos y que aparecieran los rastros de Luciano. La fiscalía está trabajando pero necesitamos soluciones más concretas. La justicia es lenta de por sí y más en estos temas, por lo que decirte que avanza, me resulta raro. Hay muchas cosas que también van para atrás”.
Golpes para Anabella
Una de esos episodios tiene como protagonista a Anabella Martínez, amiga personal de Vanesa y una de las testigos de la causa por Luciano. Anabella fue detenida el pasado lunes y permaneció en la comisaría de San Justo hasta las 3 de la mañana del martes. En ese ínterin fue golpeada, manoseada y hasta le pidieron plata y sexo a cambio de la libertad. ¿Hay relación con la causa de Luciano? Vanesa: “Entendemos que es algo muy grave, más allá de lo de Luciano, que afirma el tipo de violencia que venimos denunciando por parte de la institución policial. Y en este caso se agrava aún más porque ella fue testigo y en el momento de la detención llevaba colgado un pin de Luciano y varios stickers”.
El des-apoyo político
Pimentel, por su parte, coincide en el relativo avance de la causa. “Está teniendo un ritmo sostenido, algo que antes no pasaba. Se está tratando, además, de no dejar nada planteado al azar sino con pruebas y de manera minuciosa, para que no ocurra ningún otro desliz”. La inexistencia de apoyo político en la causa se transforma en obstáculo explícito, en situaciones como la reincorporación de los policías al servicio. Y desnuda la idea de que para la cúpula política, todo sigue igual.
En ese sentido, Pimentel afirma: “No hay, en lo absoluto, un acompañamiento político. Ni el ministro de Seguridad Stornelli, ni el gobernador Daniel Scioli se han acercado, ni puesto a disposición”.
El trabajo de la fiscal Celia Cejas, de la UFI (Unidad Fiscal de Investigaciones) Nº1 de La Matanza depende sólo de lo que ella logre realizar. Vanesa, de acuerdo con Pimentel, cuenta su percepción: “Noto que hay una buena predisposición de la fiscal de trabajar y avanzar en la causa, pero al mismo tiempo eso depende de otras buenas predisposiciones que no se están dando”.
Reclutando chicos para el delito
Por su parte, de la mano de la causa de Luciano corre una denuncia paralela, impulsada por Pimentel y la APDH de La Matanza. Nació a partir de una declaración de Pimentel en un programa televisivo, que inculpaba a sectores policiales de reclutar adolescentes pobres para delinquir, con los cuales se “asocian” y a los cuales facilitan “zonas liberadas” para el delito. Pimentel: “A partir de la denuncia oral de esa metodología se me invitó desde la Fiscalía a radicarla formalmente porque supuestamente era de orden público. Y fue lo que hicimos”. Este martes 1° de diciembre, en la sede de la CTA Capital, un día después de la marcha por Luciano, habrá una conferencia de prensa anunciando la ampliación de la denuncia y pidiendo respaldo de organizaciones que cuenten con testimonios que expliquen esa permeable frontera que suele percibirse entre policías, delincuentes y las principales víctimas de estos tiempos, los chicos pobres.
LA VACA
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