Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina post-neoliberal (Parte II)

La función y la forma de la dominación

La teoría marxista del Estado, que desde principios de siglo XX hasta nuestros días avanzó considerablemente, puede proporcionarnos instrumentos adecuados para comprender en carácter objetivo de la dominación, sin exigirnos buscar en cada personal político un agente clasista directo ni encontrar en el más leve hecho de corrupción el signo de un “capitalismo de amigos”.
La función del Estado es la de permitir la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas y, en países periféricos como el nuestro, conectarla con las corrientes de capital internacional, favoreciendo su inserción en la división internacional del trabajo. Pero como ello debe realizarse en el ámbito nacional, sólo puede lograrlo por su intermediación, en conexión con las clases nacionales y su abigarrada trama social, cultural y política. Sólo bajo ciertas excepciones estas corrientes de capital logran conectar el ámbito internacional con el nacional de manera directa, mediante la colonización o la invasión militar (Evers, 1987). Como sabemos, toda mediación es una negación parcial y en consecuencia, para cumplir la función de reproductor de las relaciones sociales capitalistas cuya presión sanguínea proviene del mercado mundial, debe hacerlo negando parcialmente su pulsión y atendiendo a la composición de las relaciones sociales locales. El ámbito nacional de acumulación, sin embargo, quedó interferido por la crisis política y la capacidad de reestructurar y relanzar el proceso de acumulación, lo que demandó la negación parcial de esa pulsión, atendiendo a la readecuación y la integración de las fuerzas sociales emergentes, que exigió alcanzar nuevos equilibrios hegemónicos que no podían sustraerse a las presiones sociales locales. Sin esta dinámica contradictoria creo que no puede comprenderse cabalmente conflictos como el que estalló a raíz de la elevación de los derechos de exportación a la soja. Una buena opción para entender la dinámica económico-política de los últimos siete años, es volver al texto del último Poulantzas, que entiende al Estado como una condensación de relaciones de fuerza y donde la capacidad de una clase de realizar sus intereses está en conflicto con la de las otras (Poulantzas, 1987; 180). Aunque las luchas conservan siempre la primacía con respecto a las instituciones de poder, nunca dejan de inscribirse dentro de su campo. Podríamos de esta manera abandonar la perspectiva esencialista por la cual las luchas sociales se hallan frente al poder del Estado de manera exterior, algo que comparten, luego de tantas querellas, el marxismo ortodoxo con su perspectiva instrumentalista y el autonomismo con lo social instituyente en exterioridad radical con el poder instituido. Una perspectiva relacional, donde la lucha de clases y las fuerzas en disputa atraviesan tanto a la sociedad civil como el cuerpo del Estado, puede ser más fructífera y no menos radical.
Lo que caracterizó el cambio en la forma de Estado del paso del neoliberalismo al neodesarrolismo, es la metamorfosis de tres niveles complementarios del aparato de Estado: la relación de fuerzas, las instituciones en que ellas cristalizan y las ideologías que le dan legitimidad.
Ellas son constitutivas de un tipo de Estado. La crisis del 2001 no se desató sólo por el impasse económico, la fuga de capitales, las altas tasas de interés internacionales y la crisis de la deuda. Ellas lo hicieron porque fracasaron los intentos de imponer la dolarización o reducir el déficit fiscal al nivel requerido para relanzar el proceso de acumulación y generar nuevas olas de inversión. Como se ve, la lucha de clases fue el límite para una reorganización neoliberal del patrón de acumulación o una transformación concertada mediante un cambio gradual del tipo de cambio. Es verdad que una crisis parecida sufrieron México en 1994 o Brasil en 1999 como consecuencia de las contradicciones sistemáticas del tipo de acumulación financiera basado en crecientes déficits y endeudamiento, pero en ambos casos la capacidad política de afrontarla contrastó con la constricción popular local, y por eso mismo las salidas post-crisis en ambos países ni fueron traumáticas ni evidenciaron los cambios de modelo y forma estatal que sí se dieron aquí.
La devaluación de la moneda y otras acciones e instituciones emergentes, favorecieron la recomposición del bloque en el poder: el sector exportador industrial y agrario pasó a liderar ese bloque, acompañado por el apoyo activo de las fracciones capitalistas mercadointernistas y el sector financiero que se vio perjudicado pero a su vez se aseguró el rescate de sus pasivos. Los sectores de empresas públicas privatizadas vieron caer sus activos en dólares y dejaron de encabezar el crecimiento e incluso en ocasiones perdieron las concesiones.
Como lo define Varesi, “el modelo post-convertibilidad comienza a configurarse a partir de seis políticas centrales: la devaluación, la implementación de retenciones a la exportación, la pesificación asimétrica de deuda privada, el “salvataje” al sector financiero, el default y el congelamiento y renegociación de tarifas” (Varesi, 2009).
Este nuevo bloque de poder es objetivo, estructural e impersonal en sus rasgos sustantivos, no se conforma con agentes directos en el gobierno (los empresarios amigos no definen en este caso el carácter constitutivo de los intereses del bloque en el poder y entre los cuales se ha generado más de un choque frontal, como en el caso del paradigmático beneficiario del modelo post-convertibilidad: Techint).
El menemismo fue la expresión más radical de un Estado instrumentalizado por el capital más concentrado, cuyo bloque de poder tuvo un claro eje en el capital financiero, donde los funcionarios y el aparato burocrático-administrativo se integraron legal o ilegalmente a los negocios e intereses empresarios, y los equilibrios sociales fueron rotos de manera contundente por la derrota política de la clase trabajadora en el bienio 89-91. El Estado apareció no como el “interés general de la sociedad” sino de la fracción del capital financiero dominante, permitiendo la fragmentación social y la segmentación laboral, cimentado por un consenso negativo en el terror hiperinflacionario, la ideología exitista del derrame, las relaciones carnales con EEUU y el mercado y el consumo como horizonte último. El Estado neoliberal de los años 1991-2001, hizo coincidir su función con su forma, apareciendo abiertamente como un comité político de las fracciones más concentradas e internacionalizadas del capital, permeando todo el cuerpo del Estado con su modalidad neoliberal.
El cambio operado por la crisis del 2001 atañe a los fundamentos mismos de las formas en que el Estado podía relanzar el proceso de acumulación. Así, al nuevo bloque de poder hegemonizado por la burguesía exportadora, debía agregarse un factor de indiscutible importancia: la emergencia de las clases populares a la arena política, que abrió una nueva situación sociopolítica, que puso límites y condicionó el relanzamiento del proceso de acumulación. Así, lo que emerge es un Estado neo-desarrollista obligado a realizar compromisos con las clase subalternas. No las incorporó al Estado como lo hizo el gobierno de Cámpora y Perón el 1973, sostenido en un pacto social como eje de su (precaria) estabilidad, o lo hizo de manera tan marginal (algunos funcionarios menores en el Ministerio de Desarrollo Social y otros puestos sin relevancia estratégica) que no tiene implicancias para el bloque de poder. El por qué este compromiso es débil lo trataremos más adelante. Lo importante es destacar las exigencias formales de un compromiso que obliga a nuevos equilibrios dinámicos, a la negociación, a las medidas contradictorias, que son constitutivas de un tipo de Estado que administra su legitimidad por medio de dichos equilibrios y que como consecuencia logra cierta autonomía, haciendo pesar sus propios intereses partidistas como un factor más en el reequilibrio de fuerzas estatales y sacando partido del arbitraje social.
El cambio fundamental de una forma de Estado neoliberal a otra neodesarrollista de compromiso débil se explica por la reconfiguración tanto horizontal (entre clases dirigentes) como vertical (entre clases antagónicas) de las relaciones de fuerza que reorganiza las conexiones entre economía y política y otorga nuevas modalidades a la organización institucional.

Fisonomía de un nuevo modelo

Aunque una tipología completa de las transformaciones operadas en las formas sociales, institucionales e ideológicas es una tarea aún pendiente, algunas de ellas son nodales.
1) En el terreno económico-político el primer cambio fundamental es el valor de la moneda. Aquí la devaluación del peso fue decisiva. La estructura productiva de la post-convertibilidad se apoya en una nueva paridad que redistribuye los excedentes. Ella relanza la competitividad internacional de los productos exportables, permite una baja de costos considerables del salario y los insumos en dólares, y crea una barrera monetaria que impulsó la sustitución de importaciones y sacó del estancamiento y retroceso a sectores industriales locales que producen para el mercado interno. Aunque dicha competitividad disminuyó por la apreciación del peso en los últimos dos años respecto a otras monedas que con la crisis se devaluaron, la brecha sigue siendo significativa e incluso, desde agosto-septiembre del 2009, la reevaluación de las monedas como el real y el euro restituyen nuevamente la brecha. A su vez, la devaluación depreció los activos de las empresas privatizadas extranjeras, operando una clara transferencia desde la cúpula de estas empresas hacia las productivas.
2) Otro elemento institucional fue la recuperación de la política de emisión monetaria, control de la tasa de interés y supervisión de egresos e ingresos de capitales. Mientras el peso convertible jugó su destino a la fluctuación del dólar, la libre flotación otorga mayores grados de libertad cambiaria y de control de crisis. Además, mientras la sobrevaluación estableció una economía de endeudamiento, la devaluación favoreció el superávit comercial y de cuenta corriente y el fortalecimiento de las reservas.
3) En el plano social, el Estado neoliberal nace con la derrota del movimiento laboral mientras que el neodesarrolista lo hace como consecuencia de una fuerte activación social. El primero consolidó una fuerte exclusión política de los sectores subalternos, cerrando los canales de acceso al Estado del sector popular y sus aliados; en el terreno económico jugó un papel altamente desintegrativo, al provincializar los recursos de salud y educación, y desactivar programas sociales establecidos tradicionalmente durante décadas (desmantelamiento de planes de vivienda, sistema de indemnizaciones, carga impositiva e incluso privatización del crédito). El Estado neodesarrollista sostiene políticas de mercado reguladas y de subsidios.
4) El Estado neoliberal operó un fuerte proceso de despolitización y desideologización de la vida nacional, transformando la toma de decisiones respecto a las líneas fundamentales de la política económica en problemas de índole técnico-administrativo y sustrayéndolas del debate político, mientras que el Estado neodesarrollista se ve obligado, para redistribuir los excedentes, a hacer cumplir un papel activo al Estado y politizar la toma de decisiones, colocándose nuevamente como objeto de las demandas populares. Uno se apoyó en la retórica de integración al mercado mundial y a EEUU, mientras que el otro apuesta a la integración multilateral y se reserva grados de autonomía en la política exterior.
5) El primero estuvo orientado al aumento de productividad mediante una política de mercado, privatización y endeudamiento, mientras el segundo persigue su objetivo a través de la protección regulada de importaciones y superávit de divisas.
6) En el plano laboral, el primero hizo eje en las negociaciones individuales y por empresa condicionadas a la productividad y flexibilizó las relaciones laborales, mientras el segundo establece como centro las negociaciones colectivas y el salario mínimo y estableció una serie de leyes y decretos (moderados) de sentido protector. Volveremos sobre este último punto.
7) El Estado neoliberal capitalizó los aportes previsionales desfinanciando al Estado y empujándolo al endeudamiento, imponiendo la lógica competitiva sobre la solidaria, mientras el neodesarrollista los recupera como instrumento de acción estatal.
Estos rasgos diferenciales han sido acompañados por políticas continuistas, como la conservación del esquema de servicios públicos privatizados (a pesar de algunas estatizaciones no estratégicas), la descentralización provincial de los servicios educativos y de salud que se ha mantenido, la enajenación de los recursos naturales, la orientación agrominera-exportadora, las tenues modificaciones en el patrón impositivo (salvo en lo tocante a las retenciones a la exportación), el papel aún sobresaliente de la banca privada en la distribución del crédito, entre otros aspectos. En lo que se refiere al modelo de desarrollo post-neoliberal (Sader, 2009; 71), asistimos a una hibridación de tendencias neoliberales y regulacionistas, que bien puede ser descrito como transicional, pues no está claro si las fuerzas conservadoras y el capital concentrado podrá imponer una nueva apertura económica y una nueva ronda de desregulación que acompañe el furor exportador de materias primas o bien los sectores populares y una clase trabajadora debilitada pero emergente podría poner límites a dicha tendencia. O si, por último, el gobierno actual y el siguiente logren un equilibrio entre ambos.

Transferencia de excedentes

Como lo indica Verasi, los seis elementos estructurantes del modelo neodesarrollista, implican una transferencia de excedentes hacia la cúpula empresaria exportadora y del mercado interno. Pero no se debe olvidar que ella ha estado cruzada por una doble transferencia. Así, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y transporte, mediante subsidios a las empresas de servicios y trasporte público, estuvieron caracterizados por un temor constitutivo al resurgimiento del malestar popular. No son transferencias sólo al bolsillo del empresariado nacional sino también del trabajador. Sosegar la ira de las clases medias fue también una ardua tarea gubernamental que requirió fondos. Otro tanto sucedió con la inflación. El limitado control de precios que tanta animosidad recibió de los medios y las empresas, fue resultado de la incapacidad de afectar un mercado de alimentos altamente concentrado y monopolizado y, a su vez, de ponerle límites al aumento de precios a la canasta básica. Los subsidios a la carne, leche y otros productos, abandonando la determinación de los precios por el mercado, obedece a un criterio político. Las retenciones fueron su máxima expresión, única forma de contener el ímpetu inflacionario en un país exportador de bienes salarios. La recaudación fiscal aseguró el cumplimiento de las obligaciones financieras y los subsidios a la burguesía industrial, pero también un freno a la espiral inflacionaria, una medida central para sostener el salario real y por lo tanto la legitimidad política y la conservación del apoyo de las clases subalternas. Los niveles de inflación en relación a un tipo de dólar caro y demanda en crecimiento son históricamente bajos (también lo es la baja presión salarial, fruto de las nuevas condiciones de fragmentación del mercado laboral).
El sostenimiento de una moneda competitiva favoreció al bloque de poder antes mencionado. La inversión trepó a niveles record y se revirtió el proceso de creciente desindustrialización sufrido en la década del 90. La redistribución de excedentes mediante las retenciones y otros impuestos que permitieron el aumento del gasto público en un 300% empujó mayores niveles de la demanda. La reactivación de ramas de producción de alto nivel de demanda de mano de obra permitió la creación de casi tres millones de puestos de trabajo, permitiendo la recuperación del sindicalismo y la capacidad de negociación de los trabajadores.
Una de las medidas características del nuevo pacto neodesarrollista fue la vuelta a un sistema previsional basado en el sistema solidario de reparto, que constituye una medida estructural de transferencia de recursos del sector financiero al provisional y permita al Estado nacional mayor autonomía y control de los fondos, que en los 90 fueron los causantes del déficit fiscal crónico y el endeudamiento a tasas altas. Así, el balance del sector bancario, que fue rescatado en su momento como sector clave, también se ve subordinado a los intereses de otras fracciones de clases y de la autonomía estatal.
En conclusión, la combinación de derechos de exportación a la agricultura y el petróleo, los acuerdos de precios y los subsidios favorecieron una transferencia de excedentes desde sectores de altas rentas y fuerte impacto en los precios, hacia ramas de menor rentabilidad pero mayor creador de empleo (industria, servicios y construcción).

Mercado de trabajo

La cuestión laboral es un tema nuclear de la reestructuración del capital y del tipo de compromiso estatal articulado a partir de la crisis del 2001.
El desempleo bajó más allá de la recuperación de la capacidad ociosa, mostrando que los niveles de inversión altos ejercían influencia sobre la creación de puestos de trabajo aunque la velocidad de creación haya disminuido.
El aumento del 500% del salario mínimo elevó los pisos de los salarios nacionales y favoreció a los no registrados del sector privado que estaban rezagados respecto a los registrados. Los estatales, por último, elevaron su promedio con un repunte desde el 2007. El efecto global fue la elevación del piso nacional de salarios para el conjunto de la fuerza laboral. La recientemente creada asignación de 180 pesos por hijo para familias de desempleados y trabajadores informales y cuentapropistas con ingresos menores al salario mínimo, eleva a su vez el piso salarial para familias numerosas y modificará de manera importante los niveles de pobreza e indigencia, siempre y cuando el monto sea actualizado de acuerdo a los datos de inflación. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil fue activado luego de 11 años y empujó hacia arriba a los convenios más bajos.
El haber jubilatorio mínimo aumentó entre el 2003 y el 2009 un 413% y se incorporaron más de 1,8 millones de beneficiados que estaban fuera del sistema.
Mientras que la devaluación del 2002 implicó una reducción sustancial del salario real, el posterior aumento por decreto de los salarios y la convocatoria de convenciones colectivas, lo fue elevando más allá del pozo recesivo de 1998-2002 y lo colocó al nivel del promedio de la década del 90 (1), aunque siempre rezagado en relación a los aumentos de productividad. Aún no llega a los niveles de 1993 (la medición más alta para la década), un pico que fue efímero y tuvo que ver con la recomposición coyuntural del poder adquisitivo luego de la hiper. Más importante aún, en los 90 el salario real de la población obrera en activo se mantuvo en niveles relativamente altos por el abaratamiento general de las mercancías que inducía la sobrevaluación del peso, es decir que se logró a costa de un desempleo récord y por lo tanto mediante la disminución de la masa salarial total, mientras que en el período neodesarrollista el salario real se recupera moderadamente pero acompañado de una también creciente población obrera en activo, que eleva su participación en el PBI. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), que calcula el salario real en base a institutos provinciales de estadística y al Ministerio de Trabajo, el crecimiento del salario real para los trabajadores registrados desde 2003 a 2008 asciende de un índice de 82 a 124, es decir un incremento del 151,2% (2) antes de la crisis de 2008, cuando se estanca o incluso retrocede levemente con el conflicto agrario y el aumento de precios.
El salario indirecto también creció acompañando la tendencia general. Otra serie de medidas, leyes y decretos se orientaron a regular las relaciones del trabajo y fortalecer la posición sindical, eliminando una serie de medidas del período de la “Ley Banelco”, como la ultra-actividad, sustrayendo la negociación laboral a la determinación completa de mercado (Neffa y Panigo, 2009). En 2008 se cerraron 1231 convenios y acuerdos colectivos que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo, en comparación con los 219 de 1998, el año de mayor cantidad de convenios firmados (muchos a la baja) en toda la década. Lo curioso del caso argentino y del tipo de arbitraje que cumple el gobierno, es que a falta de reacción sindical, fueron los mismos decretos del Poder Ejecutivo los que hicieron reaccionar el largo sueño sindical y dinamizaron la puja distributiva. No obstante los decretos se enmarcaron en una situación general favorable a los trabajadores y a luchas particulares como la de subtes, telefónicos, petroleros y docentes que marcaba desde el 2004 la tendencia ascendente de la lucha sindical.
El mejoramiento de las condiciones globales redujo el trabajo no registrado del 52,42% al 36,5%, desestimando las apreciaciones opuestas sobre mayor precarización (Svampa, 2008) pero insuficientes para retrotraer la situación previa al auge neoliberal. En el período comprendido entre 2003 y 2008, 85 de cada 100 empleos generados lo hicieron como empleo registrado.
El crecimiento económico de los últimos años revirtió una tendencia de los años 80 y 90 a la subida del coeficiente Gini de distribución personal, que en el ciclo actual comenzó a disminuir (3). Esto se verifica en las distintas mediciones (Altivir, Fishlow et al, Cerisola et al, CEPAL), aunque todavía se mantiene sobre el nivel de 1993. En los períodos anteriores, desde 1975 hasta 2002 independientemente de los ciclos de crecimiento o recesión, el índice cayó de 0,5 a 0,35 mostrando la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres (Gaggero, 2008). El proceso abierto en 2003 logra una reversión de esa trayectoria, pero que aún está lejos de alcanzar los niveles de equidad de hace 40 años. Una tendencia similar se puede observar respecto a la distribución funcional del ingreso (participación de la masa salarial total en el PBI). En sus distintas mediciones, que no son comparables con las curvas históricas (BCRA, Llach-Sánchez, FIDE, CEPAL), se evidencia una caída del excedente bruto de explotación y aun aumento proporcional de la participación salarial. De acuerdo a la recopilación efectuada por Lindemboin en 2005 la curva quedaba bajo el nivel del 2001, pero las estimaciones para 2006 y 2007 la superaban, aunque no proporcionó más datos desde esa fecha. Un índice similar ofrece la curva de la distribución funcional según la cuenta de Generación del Ingreso (CGI) de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales que estima para los mismos años superar el pico de 2001(la comparación entre uno y otro puede hacerse en Grasso, 2009).
En conclusión, el mejoramiento de los índices sociales que acompañó el crecimiento económico evidencia un movimiento doble: recuperación de la capacidad de negociación de los trabajadores sobre la base de una matriz productiva diferente a los años 90, una institucionalidad obrero-patronal y un rol del Estado diferente al neoliberal y, por otra parte, una hasta ahora insuficiente recomposición de los índices sociales que impiden transformar al mercado doméstico y la demanda de bienes de consumo en el motor del crecimiento económico, conservando el patrón de alta precariedad laboral y segmentación de ingresos al interior de los trabajadores, que evidencian dificultades estructurales para revertir tendencias de un proceso de globalización capitalista de más de 13 años, que imprimió sus caracteres sobre una economía dependiente y exportadora de bienes primarios o semi-elaborados. La dispersión de los ingresos salariales, además, es la causa de persistentes índices de pobreza.
El mejoramiento de la posición de la clase trabajadora es la que explica enteramente el cambio en el patrón de los conflictos laborales, desde una marcada presencia del movimiento de desocupados hacia la creciente participación de trabajadores en conflictos laborales (Palomino, 2007). (4)

Jorge Sanmartino, Sociólogo UBA- IEAL, integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI).

Notas:
1) El manoseo de los datos del Indec hace imposible por ahora calcular efectivamente el salario real nacional 2008-2009, por la poca fiabilidad de los índices de inflación, aunque distintos estudios han tomados diversas fuentes, sobre todo de institutos provinciales para medirlos.
2) El trabajo en Argentina (2009). Condiciones y perspectivas. Informe Trimestral. Otoño.
3) Datos obtenidos hasta el segundo cuatrimestre del 2006.
4) Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007. PIMSA, Documento de Trabajo Nº 28. En http://www.pimsa.secyt.gov.ar/publicaciones/DT28.pdf