Amnistía Internacional denuncia la impunidad de la tortura policial, generalizada en España

"No son hechos aislados o excepcionales, gozan de impunidad total y no existe voluntad para acabar con ellos."
Amnistía Internacional denuncia la impunidad de la tortura policial, generalizada en España
"No son hechos aislados o excepcionales, gozan de impunidad total y no existe voluntad para acabar con ellos."

Amnistía Internacional presentó el miércoles en Madrid su informe "Sal en la herida", en el que denuncia la impunidad de agentes de policia y miembros de los diversos cuerpos de seguridad en España en casos de tortura y otros malos tratos.

"Los actos de tortura y malos tratos en España, cometidos por agentes, no son hecho aislados o excepcionales, ni sólo cometidos por un puñado de agentes", dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en rueda de prensa en Madrid. El informe, resultado de más de un año de investigaciones y entrevistas, da comienzo a una campaña de concienciación de Amnistía Internacional al respecto.

"En España no sólo hay malos tratos y tortura inflingidos por agentes de seguridad, sino también una impunidad efectiva casi total para los responsables" , afirmó Rachel Taylor, investigadora de AI para España.

"La causa número uno" de esta impunidad es, según Taylor, "la falta de voluntad demostrada para poner fin a ello".

El Ministerio del Interior ha descartado en otras ocasiones que se tratara de casos generalizados.

El informe de AI, que describe 13 historias reales de torturas o malos tratos policiales, denuncia irregularidades en todo el proceso, desde el mismo momento de la detención.

En uno de los casos, se relata cómo Lucian Padarau fue golpeado en el momento de su detención, al igual que su esposa, que estaba embarazada. Las agresiones continuaron en comisaría, y posteriormente fue puesto en libertad al percatarse los agentes de que no era el hombre que buscaban.

Las irregularidades, según Jaume Asens, abogado de uno de los casos registrados en el informe, se extienden al proceso judicial, en el que las víctimas de malos tratos son criminalizadas y se enfrentan no sólo a un trato de favor hacia los agentes de seguridad por parte de la fiscalía, sino a posibles represalias en forma de denuncias por calumnias o del aumento de los cargos interpuestos en su contra.

A estas complicaciones se añade, según Asens, la dificultad para identificar a los autores de las agresiones incluso cuando ésta es aceptada por el tribunal.

Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional se incluyen la instalación de sistemas de grabación en comisarías o reformar el sistema de investigación de las denuncias en estos casos, que no pueden limitarse a las investigaciones internas.

Otra de las demandas de la organización es la recogida y publicación de datos estadísticos (registros ahora inexistentes) sobre el problema, así como garantizar que las condenas por malos tratos serán acordes a la gravedad del delito.

Para Estaban Beltrán, uno de los motivos de la falta de voluntad institucional para resolver este problema es la ausencia de presión social.

"No se percibe como un problema", afirmó.

Según Amnistía Internacional, tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ya realizaron declaraciones similares en 2001 y 2002, respectivamente.
Extraido de Kaos en la red.