La sesión de esta tarde en el Senado arrancó después de una fractura expuesta en el centro del poder político. Muy tempranamente, el gobierno “libertario” ha repetido la forma de todas las crisis de poder de las últimas décadas –la ruptura entre el presidente y su vice. La decisión de la negacionista Villarruel de habilitar el tratamiento del DNU 70 en el Senado ha despertado ataques, algunos solapados y otros furiosos, por parte de Milei y sus operadores de redes. El sinuoso Espert acusó a la vice de ´desestabilizadora´. Pero el choque entre Milei y Villarruel supera por mucho las rivalidades personales: tiene lugar en medio de dos gigantescas crisis de Estado –la que involucra a todas las fuerzas de seguridad y al Ejército mismo, en torno de la violencia narco en Santa Fe, y la que provocó la ruptura de cualquier equilibrio financiero entre el Estado nacional y los distritos, como resultado del “golpe de Estado económico” de Milei-Caputo.
La cuestión militar
Villarruel armó su campaña electoral en torno de la reivindicación del genocidio dictatorial. Representó, más o menos directamente, al lobby de militares condenados o procesados por esa razón. Hay que ver hasta que punto proyecta esa misma autoridad con quienes actualmente ´tallan´ en el alto mando, en los servicios y el aparato de seguridad. En cualquier caso, su destino inicial en el gobierno de LLA era liderar esas áreas. Pero el nombramiento de Bullrich corrió de ese lugar a Villarruel y a su grupo de influencia en el aparato militar. Bullrich-Petri-Milei han reforzado las relaciones con el sionismo y con el Departamento de Estado, al punto de cerrar un convenio con sus agentes militares en torno, nada menos, que de la Hidrovía. Pocos han advertido que la cuestión militar ha vuelto a despertar al “frente federal” de los gobernadores, quienes hace algunos días emitieron un pronunciamiento conjunto señalando que el reforzamiento de la “seguridad” contra el narco era de responsabilidad federal –o sea, debía ser bancado con fondos del tesoro nacional. La disputa de la fórmula presidencial pone de manifiesto la trascendencia que comienza a cobrar la cuestión militar y del control del aparato de seguridad, en medio de la disputa narco, de la galopante crisis social y, también, de la pelea por el lugar de América Latina en la guerra internacional que se encuentra en desarrollo.
Gobernadores
Villarruel, a caballo de sus propias apetencias, abrió la puerta para que talle otro flanco de la crisis política: el que enfrenta a los gobiernos provinciales con la camarilla de Milei-Caputo. Si el Senado voltea el DNU 70, el decretazo seguirá vigente, mientras no lo derogue también la Cámara de Diputados. Lo que habrían logrado los “desestabilizadores” del Senado, en ese caso, es extorsionar al gobierno libertario, de cara a las negociaciones por la ´nueva´ ley ómnibus y el pacto del 25 de mayo. Naturalmente, el chantaje podría arrancar algunos de sus propósitos en el curso de la propia sesión del Senado, y en ese caso el DNU ni siquiera sería rechazado.
El choque político de los gobernadores con Milei contempla una pelea de rapiña por los recursos que les son arrebatados a los trabajadores. Los ajustes de Milei han sido replicados por todos los mandatarios provinciales, sin excepción. Pero como esa confiscación no alcanza para solventar el plan oficial, el FMI ha insistido en una escalada de impuestos; sobre ese nuevo paquete fiscal, los gobernadores exigen una mayor tajada. Los bloques políticos capitalistas no cuestionan la orientación reaccionaria de Milei-Caputo. Lo que está en discusión es el régimen político que la llevará adelante: la oposición -dialoguista o no- le reclama a Milei “coparticipar” el plan reaccionario y, por esa vía, asumir la defensa de los intereses capitalistas que representan.
Este tironeo entre ajustadores tuvo varias manifestaciones en los últimos días. El martes pasado, los “dialoguistas” intentaron votar una nueva movilidad jubilatoria en Diputados. El interbloque Pichetto Carrió llevó un proyecto previsional que apenas se diferenciaba de lo que Milei y Caputo han redactado en la nueva ley ómnibus: una indexación tardía de los haberes de acuerdo a la inflación pasada, que consolida la caída de las jubilaciones en el último lustro y sólo reconoce una parte -el 20%- de la licuación provocada por la híper de diciembre-enero-febrero. Milei, en este punto, ofrece menos: quiere que el 60% de inflación acumulada en ese trimestre apenas reciba una compensación del 10%. Aunque la sesión naufragó, abrió la perspectiva de un ´consenso´ (reaccionario) en las comisiones del Congreso. En definitiva, discuten por monedas.
Reforma laboral
Milei condiciona la sanción de una nueva ley previsional a la reforma laboral que contienen el DNU y la ley ómnibus. Pero en este punto, quien ha arrimado el bochín es la alta cúpula de la CGT: Daer acaba de manifestar su disposición a “discutir” esa reforma, considerando como negociables al régimen indemnizatorio y el sistema de cargas patronales, entre otros puntos. En cambio, advirtió sobre el ´respeto a las estructuras sindicales´, es decir, que no se toque el aparato de la burocracia. Héctor Daer, Andrés Rodriguez y otros reclaman el retorno al diálogo, esto es, ser una de las patas del gobierno por decreto.Milei, por ahora, insiste en ejercer sin ataduras un régimen de poder personal. Para la camarilla libertaria, un régimen de consensos parlamentarios introduce ´ruido´ en lo que constituye el corazón de su programa –la revalorización ficticia de la deuda pública argentina a caballo de los zarpazos al salario, a las jubilaciones, a los presupuestos sociales y provinciales.
Esta discusión sobre el carácter del régimen político se ve en estas horas en el debate del Senado, donde el pejotakirchnerismo cuestiona al DNU por su ´inconstitucionalidad´, pero jamás por su contenido antiobrero.
Conclusiones
El choque del Senado tiene, en sus dos veredas, a personeros del ajuste. Pero la aguda división que estalló en estas horas demuestra que el golpe económico de Milei, además de ser intolerable para las masas, es fuente de graves divergencias entre los capitalistas y sus representantes políticos. Las contradicciones del plan económico oficial han saltado en estas horas, por caso, cuando el gobierno, que jura que no devaluará, bajó las tasas de interés para promover una mayor demanda y una suba en el precio del dólar. Teme que la caída de la divisa desate el acaparamiento de la cosecha gruesa por parte de los agroexportadores. Pero una devaluación volvería a disparar los índices inflacionarios. El choque de los de arriba, y sus inconsistencias internas, debe ser explotado para impulsar acciones de lucha de los de abajo, sin ninguna confianza en una oposición que pugna por “ser parte” del reaccionario programa oficial. La derrota del DNU no será palaciega, sino resultado del recurso de la huelga.
Marcelo Ramal
14/03/2024
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