Despidos en el Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas

Otro golpe contra los derechos humanos.

 La Secretaría de Derechos Humanos de ATE sacó un comunicado denunciando la destrucción de la política de archivos y derechos humanos. Este proceso abarca dos cuestiones. 

 Por un lado, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Estos despidos se enmarcan en la política de recorte del gobierno libertario, a lo largo de esta semana se produjeron miles de despidos en el Estado, aplicando la reducción del 20 % de empleados públicos y del 70 % del gasto público que pidió Milei. Los que sufrieron este recorte no fueron solo contratados que se irán sin indemnización, sino también trabajadores de planta permanente. 

 Por otro lado, representa un retroceso en las causas de delitos de lesa humanidad, pues saca a los civiles del trabajo con los archivos de las FFAA. El trabajo que realizaba la ERyA era el de investigar en algunos de los archivos de las FFAA, por medio de programas de “fortalecimiento de la democratización” de esa institución. Tales análisis e investigaciones eran requeridas por el Ministerio Público Fiscal y por el Poder Judicial para avanzar en causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todos los periodos de interrupción de la democracia, como expresa el comunicado de ATE. ATE denuncia que tal decisión fue tomada por el ministro Luis Petri, Claudio Pasqualini (Secretario de Estrategia y Asuntos Militares), Lucas Erbes (Director Nacional de Derechos Humanos) y Jerónimo Peres Vieyra (asesor de Erbes). 

 El desmantelamiento de áreas dedicadas a la causa comenzó hace semanas. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio dio la orden de desarticular el Registro Único de la Verdad que, al igual que el ERyA, se encargaba de concentrar y analizar archivos de la última dictadura. Estos cierres de áreas y programas relacionados a la investigación de delitos de lesa humanidad, ponen en peligro el acceso de la sociedad a estos archivos y supone un estancamiento en su normalización y modernización archivística. 

 El caso del ERyA toma relevancia en un contexto de política videliana de parte de los integrantes del gobierno nacional, Milei y su secuaz Villarruel, una política de ataque a todos quienes reclamamos justicia por los desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico-militar y pedimos por la apertura de los archivos de ese periodo. Esta política videliana consta, también, de conocer la “historia completa” de la última dictadura, avanzando hacia un intento de lavado de cara de las FFAA, diciendo que cometieron “excesos contra los terroristas”, reviviendo la teoría de los dos demonios.

 Desde Política Obrera denunciamos los cierres de estos programas y pedimos por la reincorporación de los despedidos en todos los organismos del Estado. Nos pronunciamos nuevamente, gritando que fueron 30.000 y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-militar. 

 Vicky Medina 

 30/03/2024

Lacalle rinde cuentas con un discurso sobre un Uruguay idílico

El presidente Luis Lacalle inició el primero de marzo su último año de mandato y el 2 del mismo mes, brindó su última rendición de cuentas al Parlamento con referencias a la campaña electoral. Quedan menos de 365 días para que su gobierno termine y más que una rendición de cuentas, fue un resumen de estos cuatro años y un Uruguay idílico con una realidad que lo contradice. 

 Lacalle rindió cuentas en el Parlamento sobre cuatro tópicos a grandes rasgos: seguridad, vivienda, salud y educación. Ensayó una especie de consejo sobre la democracia, en tono con el imaginario colectivo de percibir a Uruguay como una excepción latinoamericana.

 Se debe “ayudar a cuidar nuestra democracia que es una construcción sucesiva de los partidos políticos y la sociedad civil” que a su vez según se ve “en otras naciones”, es “muy fácil que se destruya”. Este fue, según Lacalle, “un gobierno al que muchos le firmaron la partida de defunción antes de nacer”, pero que hoy es “una coalición de gobierno que está aquí con sus matices, con sus perfiles” pero que “sigue gobernando con un rumbo claro”. 

 En un tono no tan beligerante y más parco que su par argentino Javier Milei, Lacalle ha tenido a la libertad como slogan de gobierno. Incluso en su discurso de asunción, planteó a la libertad como parametro de bueno gobierno o no. “Si en cinco años los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”. En medio de su rendición de cuentas dijo: “la libertad de vivir en paz”, y se introdujo en el tema seguridad. 

 Seguridad

 Este asunto, señaló, “era y al día de hoy sigue siendo un gran desafío para el gobierno y la sociedad” más allá de que “las cifras indican una mejora sensible” en comparación “con el 2019” donde “los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas casi un 27%, el abigeato un 50%, el hurto de vehículos un 24% y los homicidios han descendido un 3%”.

 “Esa es la foto, a la foto hay que agregarle la película, ¿y qué dice la película? Que por primera vez en muchos años la tendencia al alza de los delitos quebró y hoy es una tendencia a la baja”, continuó Lacalle. “No estamos conformes, yo no estoy conforme”, aclaró, porque no cree “que la violencia y el delito sean una forma aceptada normal en la convivencia ciudadana”. 

 Esta tendencia a la baja “tiene una explicación”: “más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, más móviles, más armamento, más combate al narcotráfico”, sentenció Lacalle. 

 “Al mismo tiempo de reprimir fuertemente el delito nos hemos ocupado de las cárceles, porque ¿qué lleva como consecuencia el combate más fuerte al delito? Más encarcelación”, agregó y por eso el gobierno se ha “dedicado a generar centenas de nuevas plazas en todo el país”.

 Es cierto, se han creado 899 plazas en los centros penitenciarios (779 masculinas y 120 femeninas). Así y todo el modelo punitivista sigue colocando a Uruguay con un alto nivel de prisionización y un espiral ascendente de presidiarios desde el retorno de la democracia en 1985 hasta la fecha. 

 Ya en el Informe anual de 2022, cuando hubo un récord en el que se superó el umbral de 400 presos cada 100 mil habitantes, se anticiparon algunas tendencias que hoy permanecen vigentes: entonces Uruguay se ubicó como doceavo país en el ranking mundial de prisionización, pero en 2023 Uruguay pasó al décimo lugar. La tasa de prisionización, consistentemente, también aumentó. 

 Para entonces la población carcelaria era alrededor de 14.400 personas, y en 2023 tuvo picos por encima de los 15.500 entre noviembre y diciembre. Con una densidad, según plazas habilitadas, en torno al 130% (de acuerdo a datos del comisionado parlamentario penitenciario), hablamos de un déficit de alrededor de 3.000 plazas. 

 Techo

 “La libertad también es darle un techo a la familia”, comenzó diciendo el mandatario sobre las políticas públicas implementadas en vivienda. Hizo hincapié en el trabajo de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) que “ha tenido un gran impulso en este gobierno” 

 También se refirió a la inversión prevista para la erradicación de asentamientos. “Pasamos de 240 millones en el quinquenio a invertir 480 millones de dólares, este gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada”, señaló. Por último, manifestó que hace unos días se licitaron 500 viviendas “para construir en distintos lugares de nuestro país y solucionar el tema de los asentamientos”. 

 Cifras que parecen insuficientes cuando hay cada vez más indigentes en las principales ciudades del país y cuando también en su mandato se regalaban viviendas a través de la ex Ministra de Vivienda, Irene Moreira, a militantes de la coalición.

 Salud 

 En materia de salud, el mandatario comenzó haciendo referencia a la reciente inauguración del Hospital del Cerro, una obra que, a su entender, es “suficiente para describir la sensibilidad y la justicia con la que se invirtieron los recursos”. “Recuerdo una señora que en un videito dijo: ‘pensé que me iba a morir viendo piedras fundamentales en el Hospital del Cerro’”, contó. 

 Un constante de Lacalle: Anécdota versus realidad. Aún queda por investigar el caso de un hombre baleado que pidió asistencia en el Hospital del Cerro y falleció dos horas después en otro hospital, ya que en el primer hospital no contaban con los insumos necesarios. 

 También se refirió a la partida de 20 millones de dólares en la última Rendición de Cuentas para atender “exclusivamente” la salud mental y las adicciones. “Hoy me escribía una madre cuyo hijo está preso en Artigas, adicto en ‘recuperación’, por un rato, salió, volvió a delinquir y está en la cárcel. Vaya si será necesario tratar la adicciones, que es una compañía de por vida, no se deja ser adicto, y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesaria, y me imagino que debe ser una política de Estado y allí no hay que dudar y hay que invertir, porque estamos salvando vidas”, dijo. 

 Lacalle introdujo otros temas dentro de su discurso, como ser la seguridad social. “Le podemos asegurar a los uruguayos que se van a jubilar” y “no van a faltar recursos”. En octubre de este año, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se va a estar llevando adelante un plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Un plebiscito que dividió las aguas dentro del Frente Amplio y la central única de trabajadores Pit-Cnt. 

 En materia de trabajo, Lacalle Pou recordó que “el desempleo en febrero de 2020 era de 10,5%” y aseguró que entre 2015 y 2020 “se destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo”; este gobierno, marcó, “generó casi 80.000 puestos de trabajo, recuperó los 50.000 y generó casi 30.000”. “En estos 364 días voy a cumplir con la palabra empeñada de hacerme cargo”, concluyó. 

 El precandidato presidencial frenteamplista Mario Bergara señaló que “Al igual que en años anteriores, da un panorama de que todo está mejor. No se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas. Eso obviamente nosotros no lo compartimos”. “Se destacan algunas variables y se soslayan o se ignoran otras. No hubo ninguna referencia, por ejemplo, a que la economía uruguaya hace un año y medio que no crece, que tenemos problemas de producción y exportación vinculados al tema del atraso cambiario”, insistió el senador frenteamplista.

 “Se habla de que hubo inversiones, las inversiones de Katoen Natie prácticamente no empezaron. Habló de que hubo un cambio sustancial en el Puerto de Montevideo; sí, claro, se pasa de la competencia al monopolio violando las normas, violando la Constitución y las leyes. Esta parte definitivamente yo no la aplaudo, creo que ese acuerdo ha sido un daño para el pueblo uruguayo, para la competitividad de la producción y aspiro a que todavía por la vía administrativa pueda revertirse ese acuerdo tan dañino”, afirmó. 

 Si hay algo que este gobierno ha hecho de manera rutilante, es no hacerse cargo. Desde el día uno y se puede vaticinar que hasta el final de su mandato -más sabiendo aún que la campaña electoral ya empezó- ese va a ser el denominador común. “La herencia maldita” del Frente Amplio, la constante recriminación a esta fuerza política y el achaque de todos los males del país.

 El discurso de Lacalle Pou es una curiosa mixtura entre el discurso de un presidente y un pastor/coach que te quiere convencer a través de las emociones con casos puntuales. Casos que vienen precedidos de cifras, de números, de porcentajes y que luego aparece la emoción, la historia individual que tiene que acongojar a todos por igual.

 Es cierto que la política no puede ser solo números, acuerdos y tecnicismos. Una de las grandes críticas que se le achaca a las izquierdas en general -y por estas latitudes al centroizquierdista Frente Amplio-, es sobre la falta de emotividad, de símbolos, de épica. Ahora, eso por un lado; lo otro es apelar a la emoción para dar un golpe bajo, para que nos olvidemos de contrastar sus números y sus políticas, para que la lágrima tape la realidad que el gobierno de Luis Lacalle la ha deteriorado día a día durante sus cuatro años de mandato.

 Disculpen, la de todos no. La de los grandes empresarios, seguro que no la ha deteriorado. 

Nicolás Centurión | 07/03/2024 

Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

La dictadura de nuestras orgullosas democracias

“Milei insta a Maduro a realizar elecciones libres en Venezuela” rezan los titulares del continente. Para redondear el efecto propagandístico, les ofreció refugio a los opositores, como si sus vidas corriesen peligro, como sí era el caso de sus admiradas dictaduras liberales, como la de Pinochet, admirada por sus admirados Milton Friedman y Friedrich von Hayek quien, en Chile, 1981, lo dejó más que claro: “Prefiero una dictadura liberal a una democracia que no respete el liberalismo”.

 No voy a defender aquí la proscripción de políticos a las elecciones de ningún país, pero recordemos que la empresaria María Corina Machado, por su conocido historial golpista y entreguista, también hubiese sido proscrita de las elecciones en muchos países como en Estados Unidos. Vayamos más allá de la adoctrinación histórica y sistemática de los medios hegemónicos y del discurso cristalizado por siglos de tradición imperial (Entre los ideoléxicos secuestrados y de mayor efectividad están “libertad” y “adoctrinación” y que urge rescatar sin timideces).

 Observemos que tampoco las elecciones son libres cuando las corporaciones compran políticos con miles de millones de dólares en donaciones, les escriben las leyes, llevan de vacaciones a los jueces de la Suprema Corte, dominan los medios creadores de realidades paralelas y son los primeros en contratar mercenarios tipo Team Jorge que manipulan a los electores al mejor postor―que, no por casualidad, suelen compartir la misma ideología de los grandes negocios, todo en nombre de “freedom, freedom” (“la libertad, carajo”) y contra la “adoctrinación de niños inocentes”. 

 La hipócrita invocación a “nosotros somos una democracia” ha servido desde el siglo XIX para que los imperios occidentales impongan su brutalidad genocida en las colonias a las que vampirizaban y exterminaban, con un récord de cientos de millones de muertos. Historia que continúa hoy con los niños esclavos en África y en gran parte de las naciones estratégicamente endeudadas, fanatizadas y adoctrinadas del Sur Global. El mismo argumento que usa el Estado de Israel y los cristianos sionistas para justificar las históricas violaciones a los derechos humanos de los palestinos desde hace un siglo. Les cuesta entender la confusión estratégica creada por la maquinaria propagandística imperial. Algo tan simple como el hecho de que yo pueda poner un maldito voto en mi país no me legitima para imponer mi voluntad a otros países, sean o no democracias liberales. Mucho menos a bombardearlos y masacrarlos en nombre de la democracia y la libertad. 

 Al menos en algo estoy de acuerdo con Vargas Llosa, quien aseguró que todas las dictaduras son malas. Claro, así, en abstracto. Pero no todas las dictaduras son iguales. No estoy de acuerdo en decir que la dictadura de Pinochet o de Castro fueron la misma cosa. Hay diferencias radicales y no se trata de “la prosperidad”, porque una fue creada y financiada por el imperio del momento; la otra fue acosada, invadida, bloqueada, demonizada, hambreada y saboteada por décadas con bombas, armas biológicas y atentados terroristas de todo tipo―ampliaré en mi próximo libro a publicarse este año, aunque me han dicho que no alcanzaré a verlo. 

 Las múltiples dictaduras del Sur desde el siglo XIX fueron dictaduras coloniales y bananeras, apoyadas por los imperios del Atlántico Norte. En América Latina, todas fueron hijas de Washington y sus jefes, las transnacionales. Como ya explicamos varias veces, la Revolución cubana no sólo fue una revolución independentista contra la dictadura pro-mafia y pro-Washington de Batista, sino también contra un historial de humillantes intervenciones, apropiaciones y privatizaciones de la isla. Como bien lo advirtió Ernesto Che Guevara, si permitían una democracia abierta iban a ser destruidos como lo fue la democracia de Árbenz en Guatemala, por lo que la solución era prevenir la manipulación de los medios por parte de los “campeones de la libertad”. El fiasco de Bahía Cochinos le dio la razón, invasión y bloqueo que derivó en la asociación con la Unión Soviética.

 La misma historia del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, del cual participaron empresarios como Corina Machado y fueron apoyados por la prensa nacional e internacional, como el New York Times, razón por la cual Chávez fue contra estos lobbies y conglomerados cleptofascistas que evangelizan todos los días en nombre de la libertad, paradoja similar a los terroristas como los Contra o los del Batallón Atlácatl que eran definidos por Reagan como “freedom fighters”.

 Como ya dijimos, las peores dictaduras racistas, genocidas e imperialistas fueron orgullosas democracias. ¿Estoy contra las democracias? Por el contrario, estoy a favor de la democratización de las democracias, en contra de ese discurso y ritual vacío creado por sus medios hegemónicos. 

 Hace pocos días, un carguero derrumbó el puente sobre la bahía de Baltimore matando a seis personas. A la prensa le tomó varios días decir que todos eran trabajadores que estaban reparando el puente durante la noche. Le costó más tiempo decir que eran de Guatemala, Honduras y México. Nunca mencionó que algunos de ellos eran indocumentados. Pero basta con que un solo indocumentado en algún lugar del país cometa un crimen para aparecer en todos los medios. Luego las masas repiten el evangelio según el capitalismo que criminaliza sus propios desechos humanos (los trabajadores), sobre todo los más pobres que ni pueden votar. 

 Ayer, una amiga venezolana había ido a un gimnasio y escuchó que dos hombres hacían músculos mientras miraban Fox News. Uno dijo: 

 ―Los venezolanos que vienen están todos en la lista del FBI. Obviamente, si ese fuese el caso, no iban a ser tan tontos de venir aquí. Excepto si, como fue por décadas el caso de la mafia cubana (Bosch, Posada Carriles Ricardo Morales y cientos más) trabajaron para la CIA. 

 Otros explican que “los venezolanos vienen huyendo de la dictadura de Maduro”. No dicen que Washington promovió esa inmigración cortando la década de crecimiento económico y reducción de la pobreza de Hugo Chávez con sucesivos bloqueos comerciales, restricción de créditos que hicieron explotar la inflación y se cobraron la vida de decenas de miles vidas durante la pandemia debido a la prohibición de Washington de permitirle a Venezuela el retiro de treinta toneladas de su propio oro de los bancos de Londres.

 Similar historia de la ley “Pies secos, pies descalzos” que garantizaba que los cubanos no fuesen a tramitar visas legales al consulado estadounidense en La Habana, sino que arriesgaran sus vidas en el mar emigrando de forma ilegal, porque al llegar a Florida tenían residencia automática y Miami tenía propaganda fácil. 

 “Los socialistas tienen una doble vara”, remató el presidente argentino. “Si los dictadores son de ellos está todo bien”. Al presidente se le cayó su propia doble vara. Podría recordar la máxima de Jesús, aquello de la paja en el ojo ajeno, pero tal vez no la recuerda. Milei no se cansa de mencionar a Moisés (a pesar de que no era un liberal, sino un dictador que distribuyó a dedo tierra ajena, jamás en régimen de propiedad privada), pero no cita a Jesús porque es demasiado comunista para su gusto. 

 Jorge Majfud | 29/03/2024

La alianza de Milei con el terrorista Uribe, la retroscena de los insultos contra Petro

Una censura, en algunos casos velada, en otros abierta, rodea el episodio de los insultos de Javier Milei, el presidente de Argentina, contra Gustavo Petro, el de Colombia. Milei es un farsante, pero no una cuerda suelta de la política criolla e internacional. Lo que parecen exabruptos son teatralizaciones perfectamente preparadas; es característico de la ultra derecha lo que en inglés se describe como “double-down” y en castellano “redoblar la apuesta”. El mote de “terrorista asesino” aplicado por el cesanteador serial a Petro, encaja como un molde en esta caracterización. 

 Javier Milei es un compinche especial, no solamente de Messías Bolsonaro, Donald Trump y el sionista Netanyahu, sino de Álvaro Uribe Vélez, otro colombiano, ex presidente, bajo cuyo mandato se registraron en la nación del Pacífico-Caribe las peores atrocidades contra los poblaciones campesinas y contra luchadores en general. Petro, un guerrillero del M-19, un movimiento nacionalista, en la década del 90 del siglo pasado, se destacó, luego de su reinserción en el régimen constitucional, por las denuncias de infiltración de las bandas paramilitares en los servicios de Inteligencia del Estado. En ese marco quedó en evidencia que Álvaro Uribe era el jefe político. Dedicado al tema del paramilitarismo colombiano, Wikipedia informa que “si bien desde el año 2002, cuando era Representante a la Cámara, el senador Gustavo Petro venía denunciando la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de Luis Camilo Osorio, fue durante el año 2005, en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2006, que se generaban varias polémicas alrededor de la presencia de personas cercanas al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe; mientras que en mayo de 2005 Petro denunciaba con nombre propio y documentos judiciales a varios parlamentarios de Sucre, en junio del mismo año, Clara López Obregón, miembro del Polo Democrático Alternativo, denunciaba ante la Corte Suprema de Justicia la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se conocieran afirmaciones del jefe máximo de dicha organización Salvatore Mancuso en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso 'eran amigos' de su organización”. 

 Cuando, mucho tiempo después, se iniciaron las “negociaciones de paz” con las FARC y se estableció un fuero judicial para la violación de derechos humanos, quedaron en evidencia los famosos “falsos positivos”, como se denominó a los asesinatos del paramilitarismo y las Fuerzas Armadas que habían sido disfrazados como crímenes de las guerrillas –durante el gobierno de Uribe-. Más adelante, cuando tuvieron lugar las elecciones de 2019, Uribe promovió la candidatura que saldría triunfante de Iván Duque, ocasión en la que “decidió aliarse con un poderoso narco llamado José Gregorio el 'Ñeñe' Hernández, quien financió la compra de votos con las que resultó ganador Duque y a su vez Uribe” (La Oreja Roja, 14.5.2021). Álvaro Uribe también se ha distinguido como un secuaz de Donald Trump, quien además de los intercambios de saludos y apoyos lo condecoró con una medalla. 

Desde el 10 de diciembre pasado, Álvaro Uribe, un reconocido manipulador de X, no ha hecho más que halagar y apoyar la política de cesantías y ‘licuación’ de salarios y jubilaciones de Milei. Es claro que Milei trabaja con la ultraderecha internacional para un retorno de la ultraderecha al gobierno en Colombia. Las medidas salvajes de Milei en Argentina le han ganado una indudable notoriedad internacional y se ha convertido en un punto de reagrupamiento de la ultraderecha en América Latina. Incluso en Cuba, la derecha levanta su nombre como una salida al emprobrecimiento extraordinario de la población. Como es conocido, Milei ha hecho un eje publicitario entre el “empobrecimiento” y el “socialismo”. 

 La descalificación de Petro no conforma un escenario de ‘incidente diplomático’, ni la canciller Mondino se encuentra empeñada en atenuarlo. Es una movida estratégica. Aunque Petro no ha resuelto ninguno de los problemas de las masas colombianas y gobierna con sus propios métodos para la burguesía, también se ha destacado en la denuncia del genocidio que desarrolla Israel contra la nación palestina. Milei, por contraste, fue a abrazarse con Netanyahu mientras los aviones sionistas mutilaban y mataban de miles de mujeres y niños, y reducía a la población sobreviviente de Gaza al hambre. Es conocido, en Argentina, el incremento notable de la injerencia del sionismo en el Estado, aunque Milei jamás abrirá los archivos, como tampoco lo hizo ninguno de sus predecesores, acerca de los atentados terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA –son un secreto bien guardado con la CIA y el Mossad-.

 La conclusión, por último, es que este falso episodio es parte del intento de insertar a Argentina en la guerra mundial desatada por la OTAN en Ucrania, el Medio Oriente y el África sub-sahariana. Es lo que la prensa internacional llama la pelea por el “Sur Global”. Efectivamente, mientras soltaba la lengua contra Petro, el compinche del terrorista Uribe, Milei lanzaba una serie de provocaciones contra China, desde la persecución a un buque pesquero que no pescaba o la denuncia de camiones con vacunas vencidas de China, que se demostró falsa. Para Mayo, Milei tiene previsto asistir al congreso de la ultraderecha española (o sea el franquismo), donde se reunirá con todos los invitados fascistas al evento, para complotar la instalación de una Internacional Negra. Pasará antes por Italia, donde gobierna una sucesora del Duce, y luego lo hará a Kiev. 

 Como se dijo ya desde estas páginas, recientemente, cuando mayor sea la proyección internacional que se dé a la figura de este amigo de terroristas y criminales, mayor será el impacto internacional de la derrota que sufrirá a manos de la clase obrera de Argentina.

 Jorge Altamira 

 29/03/2024

Escándalo del Tai An y la Merluza Negra

La corrupción libertaria pone de manifiesto la crisis con los gobernadores y con el ejército. 

 Días atrás, salió a la luz un hecho de corrupción que tiene como protagonistas principales a funcionarios de la cancillería, dirigida por Diana Mondino, y de la subsecretaría de Pesca, a cargo de Antonio López Cazorla. 

 Un buque pesquero de Tierra del Fuego (TAI AN), con bandera nacional y cuyo dueño es un empresario chino-taiwanés radicado en Argentina hace más de 20 años, capturó 175 toneladas de Meluza Negra joven, una especie protegida en Argentina y a nivel internacional. La pesca, que fue intencional según un informe del INIDEP (1), se produjo en un área protegida, dónde se encuentra prohibida por resolución de la misma subsecretaría la captura de esa especie a menos de 800 metros de profundidad (donde viven los juveniles). Esto con el agravante de que se utilizó un arte de pesca prohibido: el uso de una red de arrastre de fondo, que barre con todo a su paso. Las redes de arrastre son muy criticadas en la pesca por tratarse de “técnicas predatorias”. El buque, que realizó una faena de más de 40 días en el mar, desde el 4 de febrero hasta el 20 de marzo, hizo 7 incursiones en el área protegida de Merluza Negra con intervalos de entre 4 y 5 días entre una y otra. Sin embargo, y a pesar de llevar a bordo un Asistente de Investigación Pesquera, el estado intervino solo cuando un marinero del mismo buque publicó una foto en sus redes de la faena. Como el Tai AN no posee cuota de pesca de Merluza Negra (adulta), fue denunciado, según medios el 8 de marzo, por las empresas competidoras ante la Dirección de Coordinación y Fiscalización Pesquera, a cargo de Julián Suarez. Según el comunicado publicado en la página del Ministerio de Economía de Luis Caputto, se le ordenó al buque el alejamiento del área protegida, permitiéndole terminar su faena y volver al puerto en la fecha planificada. Producto del escándalo, renunció Julián Suárez, denunciando que su orden primera había sido que el buque vuelva a puerto para su control y que había recibido presiones del representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, Pablo Ferrara, para que rectifique su resolución. Ante el pedido de Cancillería, el subsecretario de pesca intervino en el caso y solo se le ordenó al Tai An alejarse del área protegida. La renuncia posterior de Ferrara, aceptada por la canciller Mondino, corroboró los dichos de Suarez. 

 En un primer momento, el pánico que generó en la burguesía la escalada internacional del escándalo hizo que enmarcara el problema en la corrupción política: mientras algunos medios le pegaban al libertario Ferrara, otros le apuntaban al exfuncionario de Alberto Fernández, Suárez. Cuando la renuncia de Pablo Ferrara, sobrino de Diana Mondino y reconocido lobista de los intereses chinos, corroboró sus responsabilidades, los medios comenzaron un operativo de encubrimiento pasando a hablar del problema de la irregularidad de la pesca y de la necesidad de la reglamentación de alta mar. Es cierto que la irregularidad en la actividad pesquera es una constante en todo el mundo. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema que desde hace años se viene tratando en los foros internacionales. La ONU arribó el año pasado a un Acuerdo de Alta Mar que debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Pero ni la irregularidad ha sido siempre un problema para el capital ni el acuerdo tiene como principal objetivo la conservación de las especies marinas. Esto último porque la depredación está en la esencia del capitalismo, toda vez que este es un sistema de producción a gran escala y que genera necesidades por encima de las estrictamente necesarias para la supervivencia y el desarrollo intelectual de la sociedad. En el caso concreto que tratamos aquí, la pesca de Merluza Negra es totalmente innecesaria y solo es consumida por un selecto sector de la sociedad que puede pagar sus altos precios, provocando a cambio un dislocamiento de la cadena alimentaria y del ecosistema biológico marino. Por otro lado, La reglamentación de la depredación pesquera, en realidad, deriva de la imposibilidad del capital pequero norteamericano y europeo de competir con los capitales chinos. Cuando la clase obrera británica conquistó derechos laborales y políticos, los capitales ingleses corrieron en desventaja con los norteamericanos, comenzando la campaña internacional de abolición de la esclavitud y de “reglamentación de las relaciones laborales”, a mediados del siglo XIX. Las “reglamentaciones internacionales” en torno de estándares de explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, buscan establecer condiciones medias de explotación y ganancias para todos los capitales. La burguesía le llama a esto “competencia leal”. Pero, concretamente, en el marco de la guerra comercial, ya devenida en guerra militar, entre Estados Unidos y China, el Acuerdo de Alta Mar, busca quitar ventajas al capital chino. Ventajas que China justifica invocando su “derecho a ser un país desarrollado”. 

 Además, la “irregularidad” en la explotación del recurso ictícola tiene en el Mar Argentino una particularidad que funcionarios y medios omitieron por igual: el carácter de territorio ocupado de las Islas Malvinas. Desde que Domingo Cavallo iniciara como canciller la política de entendimiento con Margaret Tatcher y reconociera, por medio de la cooperación científica en el campo de las ciencias del mar, la zona económica exclusiva de facto creada por la primera ministra en 1986, Gran Bretaña consolidó su control de 150 millas alrededor de las islas. Todo esto con el conocimiento del entonces secretario de agricultura, ganadería y pesca, el inefable Felipe Solá. Según un informe presentado en la Cámara de Diputados en 2015 (2), un importantísimo número de buques licenciados por el RU, que controla las islas, realizan pesca furtiva al borde de la milla 200 y, muchas veces, ingresando a la ZEE argentina. La mayoría de estos buques portan bandera de Taiwán, Corea y España. Esta omisión es una concesión a la ocupación británica de las islas, pues la actividad pesquera es uno de los dos pilares del sostenimiento financiero de la ocupación; el otro proviene de las arcas de la corona. La otra omisión es la relativa al avance de la explotación petrolera de la plataforma marítima argentina, de la mano de una empresa israelí.

 La pelea entre Nación y provincias

 La corrupción libertaria arrojó luz también sobre la pelea entre Milei- Caputo y los gobernadores, en este caso, los patagónicos. Es que la intervención, según algunos medios inédita, de Cancillería en asuntos de pesca, además de estar motorizada por la compra de voluntades, responde a los intentos de la cartera nacional de controlar la gestión de los recursos de las provincias, uno de los puntos que mantiene trabada la discusión acerca del Pacto de Mayo con los gobernadores patagónicos. La ley ómnibus, que los gobernadores mandaron momentáneamente al archivo por el veto que la burguesía agraria hizo a las retenciones, contenía también reformas estratégicas de la Ley 24.922 de pesca. Las reformas, fundamentalmente, quitaban potestades al Consejo Federal de Pesca para la autorización de permisos de explotación. Es un primer paso para monopolizar las tasas y aranceles que el estado cobraría en un futuro para la licitación de las cuotas de pesca. Los gobernadores criticaban la anulación de las cláusulas de la ley que priorizan a empresas nacionales y a la contratación de proveedores y trabajadores argentinos en nombre de la “defensa de la patria”, pero nada hicieron para impedir cientos de despidos y cierres de empresas pesqueras, quebradas por la competencia del capital extranjero. Tampoco fiscalizan las condiciones y régimen de trabajo de los obreros de la pesca y de los barcos que salen al mar, como quedó de manifiesto con el hundimiento de El Repunte. Volvemos a repetir que uno de los dos principales factores del saqueo del “recurso nacional”, el permiso de un estado ocupante como lo es el Reino Unido, tampoco es denunciado por los estados provinciales ribereños, que se autoproclaman patriotas. Además de una pérdida estratégica de posiciones en el control del recurso, los gobernadores pierden una preciosa caja paralela generada por las coimas de las empresas pesqueras que no declaran todo lo capturado. El dueño del buque Tai An denunció que él había tramitado el pedido de una cuota de Merluza Negra en enero, y que se encontraba a la espera por la falta de los nombramientos de los integrantes del CFP. Quiere decir que coimeó a la cancillería para que le garantice la impunidad en la faena ilegal. Algo que finalmente sucedió, porque el empresario chino solo pagará 56 mil dólares de multa y aún tiene la posibilidad de recomprar la carga decomisada al valor del mercado (20.000 dólares la tonelada). No se han abierto investigaciones sumarias administrativas a todos los funcionarios implicados y no se ha procedido a un informe sobre los daños ambientales ocasionados con la perspectiva de una denuncia penal por delito ambiental. En cuanto el gobierno nacional se ponga de acuerdo con las provincias en la cuestión presupuestaria, el slogan “La patria no se vende” será archivado. 

 El realineamiento internacional con la OTAN y Malvinas 

Hay algo cierto, sin embargo, en eso de que uno de los puntos de disputa respecto de la cuestión pesquera, es el problema del reclamo de la soberanía sobre Malvinas, sobre todo, dentro del ejército. Es que la vieja ley 24.922, establecía un registro de buques que tiene, principalmente, el objetivo de limitar las flotas de bandera británica en el Mar Argentino. La reforma que el gobierno de Milei pretende quita este registro y, complementariamente, permite a los barcos que pesquen en las costas nacionales, descargar en puertos extranjeros, lo que reforzaría la actividad de Puerto Argentino y, por ende, la ocupación inglesa de las islas. Las reformas mencionadas obligarían al gobierno a reconocer institucionalmente la ZEE de las Islas Malvinas, blanqueando una actividad que se desarrolla hoy de facto, y que obstaculiza la entrada a las islas de más inversiones, porque la ONU no ha reconocido la ocupación ni la ZEE. Esto no ha sido denunciado por el senador radical Lousteau, como tampoco el avance petrolero de mano de empresas israelíes, lo que pone de manifiesto el carácter demagógico de su interpelación frente al rabino Wahnish, cuyo pliego de todos modos autorizó sin garantías. Este realineamiento con la OTAN, que no tiene nada de principista y todo de pragmático (el salvataje del imperialismo al gobierno de Milei y el reinicio de un nuevo período de financiamiento/endeudamiento de la economía nacional) traerá choques hasta con el mismo ejército. 

 En lo inmediato, el escándalo de corrupción libertario, ha dejado de manifiesto que la famosa “batalla cultural” de Milei consiste en el pasaje de los privilegios y prebendas de unos capitalistas hacia otros capitalistas. 

Patricia Urones 

 29/03/2024

 1.Leer informe completo aquí: text 2.text ; text

ANSES: despido de trabajadores, reciclaje de la “casta”

Mientras miles de trabajadores están siendo cesanteados en todas las dependencias de la ANSES, en el gobierno “libertario” se ha desatado una pelea interna por el control político de este organismo, incluyendo su planta política y laboral, entre la ministra de ´capital humano´ Sandra Petovello y la ´jefa´ Karina Milei. 

 Luego del paso fugaz del ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano -del palo de Schiaretti y caído en desgracia porque su mujer, que es diputada, no apoyó artículos de la fallida “ley de bases”-, se designó a Mariano De Los Heros como su sucesor, quien fue desde el inicio una figura decorativa, e incluso los diarios informan que estaría pronto a renunciar. Según La Nación (29/3) Eduardo Menem, mano derecha de Karina Milei, fue el responsable de las ultimas designaciones en detrimento de Pettovello, cuyo ministerio tiene el control operativo de la ANSES.

 Entre los cargos estratégicos de la ANSES, en la secretaría de legal y técnica, fue designado Enrique Buscio, quien ostentó este cargo durante el gobierno de Alberto Fernández. El mismo está apuntado de favorecer el negociado en la contratación de seguros por el cual ha sido procesado el ex presidente y además fue el responsable de bloquear los intentos por suspender la doble pensión vitalicia de Cristina Kirchner. Un garante de la impunidad de todas las trapisondas que se sigan haciendo con el dinero de los trabajadores. Por otra parte, se ha designado como subdirector ejecutivo de Administración a Gervasio Corach, socio de Guillermo Scarcella un ex funcionario sciolista en Aguas Bonaerenses, operador judicial de Comodoro Py y quien fueron denunciado por Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito. Por último, es inminente que el puesto de director del área de prestaciones sea otorgado a Gustavo Xamena, ex funcionario de la ANSES y que en el 2006 fue sospechado cuando integraba el ANSES por el tráfico masivo de datos de ese organismo en beneficio de empresas crediticias. Todas estas designaciones ya venían siendo cuestionados tempranamente por el macrismo.

 A estos movimientos, hay que agregar que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pactó con Pettovello para sostener a la cúpula de la ANSES de ese distrito. Ferraresi es un promotor de la candidatura de Kicillof, pero absolutamente separada de Maximo Kirchner y La Cámpora. Los contratos del personal en la ANSES que el gobierno está caóticamente terminando (muchos trabajadores todavía no saben si continúan o no trabajando) son fundamentalmente aquellos que fueron designados entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. 

 Milei, que no tiene estructura política alguna, está armando una purga por abajo mientras reacomoda su cúpula para realizar una reconfiguración del organismo, por ahora de la mano de antiguos o reconvertidos dirigentes peronistas. Pero esto está abriendo una fractura con Pettovello, a quien se le ha encomendado una batalla contra otro sector del peronismo, el que regentea las llamadas “organizaciones sociales”. Además de la inmensa caja, el ANSES está presente en todo el territorio nacional y tiene una “llegada” a la población más vulnerable y que recibe las prestaciones de la seguridad nacional. 

 Las jubilaciones y todas las prestaciones que el ANSES otorga están financiadas fundamentalmente por los aportes hechos por los trabajadores y aportes patronales, todo lo cual integra el salario de un trabajador. Toda empresa es gestionada por sus financistas pero, en este caso, la ANSES ha quedado en manos de los gobiernos responsables del desfalco en las jubilaciones y de una asistencia social miserable para desviar fondos en el pago de la deuda. Muchos de esos funcionarios son los que ahora está reciclando en el gobierno “libertario”. 

 Ningún despido en la ANSES. Asambleas para ocupar cada dependencia y que la ANSES pase a mano de sus verdaderos propietarios: la clase obrera.

 Emiliano Fabris

 29/03/2024

Motosierra en la ciencia pública

El plan motosierra y licuadora implementado por el gobierno nacional sobre todas las áreas del Estado está aplicándose con rigor e inclemencia en el CONICET, la Agencia I+D+i y los demás organismos de Ciencia y Tecnología (áreas que, desde el comienzo, fueron blancos de campañas de estigmatización y desprestigio, desarrolladas primero por trolls y, ahora, financiadas por el gobierno nacional). En la actualidad, la gestión de Javier Milei está llevando adelante un brutal plan de vaciamiento y desfinanciamiento del sistema científico nacional, a través de despidos arbitrarios, estrangulamiento presupuestario, reducción de la asignación de becas doctorales (de 1300 anunciadas, se otorgaron solo 600) y postergación de la fecha de su efectivización (que comenzarían en agosto en lugar de abril, como ha ocurrido históricamente), ajuste salarial, no adjudicación de proyectos en áreas clave, restricción presupuestaria en materia de financiamiento externo. A mediados de enero se formalizaron 49 despidos de empleados administrativos y técnicos. A esto se sumó la amenaza efectuada la semana pasada de cesantear al personal incluido en régimen artículo 9º, cuyos contratos vencen el 31 de marzo. 

 Cabe aclarar que, pese a la continua campaña de desprestigio que recae sobre el personal estatal y la justificación del accionar arbitrario gubernamental (que hace referencia a un sobredimensionamiento de sectores y dependencias y tilda de “ñoquis” a quienes se desempeñan en ellas), los empleados administrativos de las áreas de CyT no son muchos (alrededor de 1500 en todo el país), al tiempo que cumplen funciones esenciales para el funcionamiento del sistema científico y tecnológico en su conjunto: gestionan todos los ingresos de CIC (carrera del investigador), CPA (carrera del personal de apoyo) y becas, preparan los trámites para la evaluación en comisiones asesoras, confeccionan los proyectos de resolución de todos los temas (ingresos, RRHH, cambio de lugar de trabajo, convenios, patentes, liquidación de sueldos, DDJJ, impuestos, vinculación, prensa, comunicación, etc.). 

 En muchos lugares de trabajo, el gobierno solicitó a los sindicatos que armaran las listas de despedidos (juego perverso para hacerlos colaboradores del ajuste). Frente a esta situación de amenaza y extorsión, sumada a otros despidos en el ex MinCyT (que quedó degradado a la categoría de Subsecretaría) y otras áreas estratégicas del Estado, el viernes 22 de marzo se convocó a una movilización masiva en la Jefatura de Gabinete de la Nación (de la cual depende ahora la Subsecretaría) para frenar el accionar arbitrario de los altos funcionarios públicos. 

 Luego de la masiva movilización, ese viernes por la tarde, el presidente de CONICET, especialista en clonación animal, Daniel Salamone, de modo unilateral e inconsulto firmó el despido de 86 trabajadores, sin respetar criterios de razonabilidad ni de pertinencia. Todo esto se efectuó contrariando lo dispuesto por el Directorio -la máxima autoridad del CONICET- y también de los directores de los CCT e institutos del país, los cuales exigieron la inmediata reincorporación de los agentes cesanteados.

 Ante semejante atropello y arbitrariedad, todas las agrupaciones de trabajadores científicos y becarios resolvieron convocar a una concentración masiva el lunes 25 de marzo en la explanada del Polo Científico y en los CCT del país, exigiendo la reincorporación de todos los despedidos y la renuncia de Salamone. En la asamblea convocada, luego de una votación dividida, se resolvió cortar la calle en el cruce Godoy Cruz y Paraguay en lugar de tomar la sede (que era la propuesta originaria, orientada a interceptar a las autoridades una vez adentro, acción similar a la ocurrida el 14 de febrero pasado), a pedido de los trabajadores más expuestos, pero en un marco de desmoralización y derrotismo por parte de algunos sectores de la dirigencia sindical.

 En cuanto a la Agencia I+D+i (el organismo que distribuye recursos a los proyectos científicos) esta estuvo acéfala hasta el 19/03, cuando se nombró directora a una exfuncionaria macrista, sin experiencia ni trayectoria en el área de CyT. La prolongada acefalía implicó una total parálisis en el funcionamiento del área y una angustiante demora en la notificación sobre la adjudicación de Proyectos financiados (de lo cual depende buena parte de nuestra labor en grupos colectivos de investigación). A esto se agregó que -sin listado oficial ni dictámenes sobre los Proyectos 2022/23- un día antes del cierre de la Convocatoria 2024, se anunció que no habría prórroga para la misma. Esto implica: otro año más en el que muchos grupos de investigación se quedan sin financiamiento externo. Todo esto, comunicado por empleados administrativos que estaban haciendo el doble de tareas (dadas las cesantías de las semanas anteriores) y aguardando la siguiente tanda de despidos a ser comunicada el día posterior. El martes 26 de marzo a última hora se convocó a otra movilización para el día siguiente frente a la Agencia I+D+i, en el propio predio del Polo. La movilización tuvo más participación de lo esperado, aunque su asistencia fue inferior a la de instancias previas, dado el aviso sobre la hora, el cansancio generalizado de los activistas del área y el miedo -funcionalmente inducido desde arriba- de quienes temen estar incluidos en el próximo listado de despedidos. 

 Nuestra tarea en este urgente contexto es combatir al derrotismo, organizarnos como trabajadores estatales en general y de la CyT en particular, unificar y articular todas las luchas que la clase obrera está llevando adelante, mientras se aplica este plan criminal de ataque sistemático a nuestras conquistas, de atropello a nuestros derechos y reivindicaciones y de extraordinaria transferencia de recursos a los sectores más concentrados del capital especulativo y extranjerizante.

 En este momento, se impone reivindicar la función social que la ciencia pública debería cumplir y llamar a la urgente unidad, organización y movilización de toda la clase obrera.

 ¡No al vaciamiento del sistema científico y al desguace del Estado! ¡Por la renuncia de Daniel Salamone y de Nicolás Posse! ¡Por la reincorporación inmediata de todos los despedidos ya! ¡Por la unidad de todos los trabajadores! 

 Ariadna Gallo (Investigadora Independiente de CONICET)

 29/03/2024

La ´unificación´ del sistema de inteligencia, la CIA y la militarización del Estado

Es notorio que en el seno del gobierno se desarrolla una feroz interna por la orientación y conducción del aparato represivo estatal. 

 Se trata de una disputa a varias bandas, aunque la más elocuente es la que involucra a Victoria Villarruel, de un lado, y al tándem Patricia Bullrich-Luis Petri, del otro. A la vice le habían prometido el control de las áreas de Seguridad y Defensa del gobierno libertario, pero terminaron en manos de la fórmula presidencial del extinto Juntos por el Cambio. El episodio más resonante de esta disputa gira en torno a los cambios en la ley de seguridad interior, promovidos por Bullrich, para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interna. Villarruel dice resistir la aventura, en primer lugar, por la falta de “garantías jurídicas” para los militares. “Los que combatieron al terrorismo en los 70 están presos”, afirmó en una entrevista reciente. Para Villarruel, discípula de Videla y Astíz, las Fuerzas Armadas deben recuperar el fuero propio –la Justicia Militar-. La mayoría de la camarilla libertaria quiere sacar las cosas por decreto, lo más rápido posible.

 El gobierno ha dado pasos consistentes en la unificación de la inteligencia criminal y militar. Seguramente el tema fue ventilado en las reuniones que mantuvo el jefe de la CIA, William Burns, con Nicolás Posse y Silvestre Sívori, en su reciente visita al país. El proyecto no es nuevo. Se intentó concretar a comienzos de los años 2000 y más tarde, en 2015, con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El área de inteligencia tiene tres actores: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Un exfuncionario de Macri, Martín Verrier, señala que la AFI es actualmente “juez y parte” de este aparato, porque “además de ser una agencia de inteligencia, actúa como coordinador del sistema, lo que genera incentivos negativos en el funcionamiento de los demás actores del sistema” (Pucará Defensa, 25/9/23). En Estados Unidos, luego de los atentados de 2001, se creó, en 2004, el cargo de Director Nacional de Inteligencia, de rango ministerial, con carácter de coordinador y enlace del sistema de inteligencia -que incluye agencias privadas- con el poder ejecutivo. 

 Ahora se han encarado negociaciones firmes llevar adelante este proyecto. Clarín (24/3) revela que “a principios de marzo, de hecho, se realizó una reunión en Casa de Gobierno para 'coordinar' la integración de los tres subsistemas en la histórica sede de calle 25 de Mayo. Participaron de ese encuentro Silvestre Sívori, interventor de la AFI, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer, el titular de Defensa, Luis Petri y el brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y, a la postre, los 'ojos' de Nicolás Posse desde la época en que estuvieron vinculados a Aeropuertos Argentinos 2000”. Mientras el planteo es resistido por Bullrich, “en Defensa [es decir, Petri], en cambio, se mostraron dispuestos a respaldar la eventual integración de las tres áreas”. Semanas atrás, asumió como director nacional de Inteligencia Estratégica Militar Marco Alberto Constela, a quien vinculan con la ex SIDE y que sería conocido del influyente Antelo (ídem). Bullrich es promotora del involucramiento de las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcoterrorismo”, la persecución de las organizaciones de desocupados y la prohibición de huelgas, piquetes y manifestaciones callejeras.

 Sin embargo, “un ex funcionario de Defensa aseguró que estos movimientos buscan recortar la potencialidad del país en esta área, un proceso similar al registrado durante el mandato de Mauricio Macri cuando -según observó-, se eliminaron operativos para vigilar la actividad en las Islas Malvinas. Ahora, aseguró, el oficialismo intentaría reducir las posibilidades de las agencias nacionales de hacer 'inteligencia externa' -para así depender de la información que le pueda brindar la central norteamericana- y, en todo caso, apuntar a que se concentren en la vigilancia interna” (íbidem). Incluso cuando se trata de la militarización se manifiestan los roces entre ‘nacionalistas’ y ‘liberales’. 

 Por el lado del kirchnerismo, Kicillof ha suscripto una declaración de apoyo a los “esfuerzos” del gobierno Milei en la “persecución penal del narcotráfico y el terrorismo”. El cristinismo ha sido autor de las leyes ´antiterroristas´. En rigor, el trabajo “coordinado” del aparato de inteligencia fue también uno de los objetivos de la creación de la AFI. Durante los gobiernos kirchneristas, la colaboración e intercambio con las agencias de inteligencia extranjeras fueron aceitados y frecuentes. Tanto Jaime Stiuso como el finado fiscal Alberto Nisman mantenían un fuerte vínculo con el Mossad y la CIA, con la excusa de la causa AMIA. El ´proyecto´ de unificación se cayó tras la ruptura de Stiuso con el kirchnerismo, con motivo del memorando con Irán, y el gobierno de CFK se apoyó en el aparato de inteligencia militar, capitaneado por César Milani, un hombre de los ‘grupos de tareas’, al que llevó a la jefatura del Ejército. 

 Jacyn 

 29/03/2024

Por una lucha contundente contra la sangría en el Estado

Si intervenimos con la fuerza de la clase trabajadora, podemos frenar al gobierno de Milei. 

 Al momento de escribir este artículo se hacen públicas nuevas tandas de despidos masivos en el Estado. El miércoles a última hora circuló la resolución del cierre de todas las delegaciones del Enacom en las provincias. A la vez, llegaron notificaciones de cesantías en el ex Ministerio de Educación y se habla de más de 500 despidos en Trabajo. Más temprano, se amplió la nómina de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. La lista es interminable: Anses, Economía, Agricultura Familiar, Acumar, Incaa, Conicet, Parques Nacionales… La motosierra criminal no es solo patrimonio del gobierno nacional: su mejor alumno, Jorge Macri, despidió 300 personas en Educación de la CABA. Donde todavía no hay despidos, el recorte presupuestario es tan salvaje que pone en vilo el funcionamiento de instituciones como el Hospital Garrahan o las universidades.

 El revoleo de números que hace el gobierno, con un Milei que afirma “el cese de 70 mil” para luego ser “corregido” por su vocero Adorni con un número de “solo” 15 mil, busca en forma deliberada desarticular y generar terror entre las y los trabajadores, que si enfrentan esto en forma atomizada estarán cada día al filo del abismo, esperando ansiosamente su eventual renovación discrecional por solo unos meses más.

 La patronal echa encima del eslabón más débil de la cadena toda su crueldad, notificando desvinculaciones al borde del fin de semana para intentar evitar cualquier respuesta colectiva. No hay ningún recorte de “ñoquis”, simplemente dejan en la calle a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones diariamente por sueldos miserables, para garantizar a los verdaderos parásitos sociales (el capital financiero) el cobro de su deuda fraudulenta. La casta sigue en sus puestos, con ejemplares repugnantes como Scioli o Bullrich, que viven realmente del Estado hace décadas.

 Lógicamente se empiezan a multiplicar los choques y distintas formas de resistencia a esta masacre social, con decenas de miles de personas desocupadas en un cuadro recesivo. Hubo movilizaciones, ruidazos, cortes de calle, asambleas y acciones de diverso tipo en muchísimas dependencias, pero las acciones son deliberadamente dispersas como consecuencia de la política de la burocracia sindical, que dejó correr conscientemente el tiempo frente a un ataque completamente conocido y anticipado hace meses. UPCN llegó al bochorno de firmar una rebaja salarial al gobierno (8%) esta semana ¡al mismo tiempo que se producían los despidos masivos! Su secretario general, Andrés Rodríguez, protagonizó un bochornoso reportaje radial, donde terminó “proponiendo” en forma patoteril a los periodistas que convoquen un paro, ya que él no haría ninguno. 

 ATE se pasea por la televisión fingiendo combatividad, pero el balance es contundente en sentido contrario. El secretario general nacional, Aguiar, proclama por los medios paros que no concretan en la realidad. A la vez, los plenarios son casi inexistentes, y el único que pretendió asemejarse hasta el momento fue para validar una decisión ya tomada. Catalano sugiere rechazar esta metodología, pero la seccional Capital no termina aplicando nada distinto. La mentada “unidad” por arriba fue solo un bloqueo a iniciativas más fuertes de lucha. Mientras tanto, seguimos en el papelón de medidas separadas, aunque luego se disimule con presencias “en palcos”.

 Esto debe ser modificado en forma urgente. Como planteamos varias agrupaciones y juntas, e incluso algunas votaciones en dependencias, es momento de una gran asamblea sin distinción de afiliación para organizar un plan de lucha. Tenemos que apuntar a golpear como un solo puño, con acciones que la base tome como propias. En primer lugar, es urgente unificar con un paro real de todo el Estado que incluya una movilización a la Plaza de Mayo. En ella deberíamos convocar a todos los sectores obreros y populares agraviados por la política de Milei. Al mismo tiempo, está el desafío en cada dependencia: el norte debe ser la permanencia, es decir, pelear por el dominio del lugar de trabajo, con el ingreso de todxs lxs compañerxs el próximo miércoles. La tardía convocatoria a un plenario por parte de ATE para ese día por la tarde debe ser escenario de una unificación de todos los sectores que rechazamos la entrega sin pelear contundentemente. 

 Si dejamos pasar esta tanda de despidos, vendrán por más en el sector público y privado. Pero si intervenimos con la fuerza de la clase trabajadora, podemos frenar al gobierno de Milei. 

Alejandro Lipcovich

 Secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan.

El gobierno miente sobre la vacuna contra el dengue: los especialistas sí la recomiendan

Sostuvo que la CoNaIn la desrecomendaba cuando se expidió a favor de su aplicación. 

 Tras la reunión que mantuvieron los ministros de Salud del país, en la que no se resolvió medida alguna para enfrentar la epidemia de dengue, desde la cartera nacional volvieron a aclarar que descartan incluir la vacuna contra el virus dentro del calendario obligatorio. Para justificar esta decisión completamente antisanitaria tuvieron que recurrir a una mentira: adujeron que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) “no recomienda su implementación en el calendario nacional”, cuando es exactamente al revés.

 A diferencia de lo que sostiene el oficialismo, el CoNaIn le hizo llegar al Ministerio de Salud un paper con recomendaciones para combatir el brote de dengue, entre las cuales se encontraba, precisamente, la de “avanzar en la implementación de una estrategia focalizada de vacunas contra el dengue con vacuna Qdenga”. El gobierno miente de forma descarada para intentar ocultar que no existe evidencia científica que respalde la decisión de excluir la vacuna del calendario obligatorio. Monta un relato a fin de disimular que el único criterio que rige su política sanitaria es el del plan motosierra.

 Así, deja a la deriva a la población de menos recursos que no puede pagar $140 mil para vacunarse contra el dengue, quedando más expuesta a desarrollar formas graves de la enfermedad. El cuadro de desidia estatal se completa con la falta de campañas de prevención y de distribución gratuita de repelentes y el desfinanciamiento del sistema de salud, que se traduce en hospitales saturados ante el aumento de casos. Es una orientación verdaderamente criminal, que muestra a todas luces la literalidad de la frase “el ajuste mata”. 

 Frente al accionar desvergonzado del gobierno, que llega al punto de falsificar las recomendaciones de los especialistas en pos privar a las mayorías populares del acceso a la vacuna, urge que los trabajadores nos organicemos colectivamente por su gratuidad. El proyecto de ley presentado por Gabriel Solano en la Legislatura porteña, reclamando planes de vacunación gratuita contra el dengue, busca ser un insumo para la movilización callejera en torno a este reclamo. 

 Pongamos en pie asambleas en cada barrio donde se voten acciones de lucha que le exijan al Estado vacunas, repelentes, urbanización, saneamiento y equipamiento de las salitas. Abajo la motosierra en salud, que ocasiona daños irreparables entre la población trabajadora. 

 Sofía Hart

Brasil: Lula concilia con los militares fascistoides

Han pasado escasos días desde que el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo (constituidos por organizaciones ligadas al PSOL, PCB y PT) convocaran a un acto de respuesta al realizado por el expresidente Jair Bolsonaro en San Pablo, en el que éste reclamó su amnistía y la de los participantes en la asonada del 8 de enero del 2023 contra Lula.

 Esta “iniciativa” fue desactivada por orden del propio presidente Lula quien vetó todo acto político en oportunidad del 60° aniversario del golpe que depuso a Joao Goulart, el 31 de marzo de 1964 instaurando una dictadura militar que duró 21 años. No podemos lamentar el pasado, dijo el presidente petista. Lula instruyó a sus ministros y a todo su gobierno a no realizar ningún acto, ceremonia, discurso, ni producir material que es de una generación diferente, omitiendo que muchos derechistas bolsonaristas han declarado, en más de una oportunidad, que quieren derribarlo. El diario Correio Braziliense señala que Lula “no quiere desacuerdos con los militares”. 

 El levantamiento del acto ha sido criticado por el hijo del presidente Goulart (Joao Vicente Goulart), quien sostuvo que igualmente marchará el 23 de marzo “en defensa de la democracia”. Un historiador (Lucas Pedretti) calificó como una cobardía la conducta de Lula, a quien acusó de que tal decisión fue adoptada a cambio de que el Comando del ejército no publique la Orden del Día (nota oficial sobre la fecha del golpe). Resulta evidente que Lula se ha adaptado, con exageración, a las exigencias del ejército, y que su determinación va en el mismo sentido de las demandas de amnistía de Bolsonaro (hoy inhabilitado judicialmente para ser candidato presidencial en el 2026). La actitud de Lula es la continuidad de su conducta de no recibir a los familiares de la represión por parte de la dictadura iniciada en 1964, y ha envalentonado a militares activos y retirados como lo prueba la convocatoria, el día 27 de marzo, de un almuerzo para conmemorar los 60 años del golpe, en Lagoa, Zona sur de Rio de Janeiro, en la que hablará el general retirado Maynard Marques de Santa Rosa, ex integrante de la secretaría de asuntos estratégicos de Bolsonaro, que continúa agitando el fraude electrónico de las pasadas elecciones presidenciales.

 Los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo anunciaron que igualmente, sin la presencia de Lula, “saldrán a las calles el próximo sábado 23 de marzo” en Brasilia. La manifestación tendrá como consigna central “la defensa de la democracia”. Se trata de un vergonzoso (¿?) apoyo político al gobierno de Lula-Alckmin, que ellos mismos integran. 

 En este marco están teniendo lugar importantes huelgas. Desde el 12 de marzo, los profesores estatales de Minas Geraes cesaron labores, una medida resuelta en una asamblea realizada en Belo Horizonte por aumento de salarios, convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. La huelga de técnicos administrativos de instituciones de educación superior pública de Brasil, que nuclea a 60 unidades educativas de diez estados, también es por mejoras salariales. Y hay numerosos reclamos del mismo tenor. 

 En más de un año de gobierno, Lula no ha revertido las medidas antiobreras impuestas por los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro (reformas previsional y laboral, etc.). La CUT (Central Unica de Trabajadores) se ha subordinado al apoyo político al gobierno “democrático” de Lula-Alckmin. No organiza ninguna acción en respaldo de las huelgas, ni para romper el cuasi congelamiento salarial existente y permitir que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. 

 Se trata de una “lucha contra el fascismo” de Bolsonaro que mantiene intacto el poder de las Fuerzas Armadas que lo encumbraron y apoyaron y mantienen sojuzgadas a las masas trabajadoras bajo una feroz explotación capitalista. El propio Lula ha manifestado su disposición a conformar un frente antifascista internacional con Joe Biden y Pedro Sánchez, presidente español. Otro verso: ¿un frente antifascista con el que guía las guerras imperialistas en Ucrania y Gaza?

 Tal planteo es complementario de la pasividad con la que actúa Lula en Brasil frente a los que hipotéticamente podrían imponer el fascismo, mientras utiliza a la burocracia de la CUT como un instrumento de freno y estrangulamiento de cualquier intento de lucha de los trabajadores. Este es el verdadero contenido de la “defensa de la democracia”: el apoyo a un gobierno explotador. 

 La estrategia de Lula, lejos de contribuir a la lucha “contra el fascismo”, actúa como un favorecedor de su eventual maduración. Concilia con las fuerzas armadas que apoyaron activamente al gobierno fascistoide de Bolsonaro, sostiene el ataque a los trabajadores en materia reivindicativa y las reformas laboral y previsional antiobreras, envalentona a sectores golpistas y paraliza a la clase obrera. 

 La “estrategia” de Lula es apoyada por el gran capital y el imperialismo porque es garante de “paz social”, superexplotación de las masas y saqueo nacional. Es necesario poner en pie a la poderosa y enorme clase obrera brasileña, que la CUT mantiene paralizada porque respalda al gobierno. 

 Insistimos en la necesidad de reclamar a las organizaciones de masas de Brasil la ruptura de la tregua con el gobierno y organizar la lucha y movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones sociales impostergables y por las banderas democráticas que la derecha cercena (derecho al aborto, etc.). Esta es la manera de impedir el progreso de la derecha bolsonarista y oscurantista: poner en pie de lucha a las masas trabajadoras y explotadas. 

 Estratégicamente: bregar por la convocatoria de un congreso de los trabajadores que abra paso a una perspectiva independiente de los trabajadores, que rompa con las ataduras al gobierno petista en el campo político y electoral, sobre la base de la movilización y la acción directa. 

 Roberto Gellert

Perpetua para represores de la Noche de los Lápices

Absolución para un ´cliente´ de Cúneo Libarona. 

 El lunes 25 de marzo finalizó el Juicio contra las brigadas de Lanús-Avellaneda, San Justo, Banfield y Quilmes, con un total de 11 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Se los juzgó, entre otros, por la llamada Noche de los Lápices, el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios, militantes y constructores de sus centros estudiantiles en la clandestinidad, ocurrido en La Plata el 16 de septiembre de 1976 – hace 48 años y 41 del ‘retorno a la democracia’. También estaban en el banquillo de los acusados los responsables del secuestro de Adriana Calvo, fundadora de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, fallecida en 2010. 

 Las brigadas operaron clandestinamente durante la década del ’70, utilizando como centros de detención los Pozos de Banfield y Quilmes, donde retuvieron, torturaron, redujeron a la servidumbre y finalmente desaparecieron a, por lo menos, las más de 600 víctimas que se les adjudican.

 Las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°1 de La Plata fueron de diez condenas a perpetua a Federico Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Jorge Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Bergés, el comisario Horacio Castillo y Carlos Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601). También fue condenado Alberto Canditi (Integrante del Departamento 101) a 25 años de prisión. En cambio, Enrique Barre (segundo del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield) fue absuelto. Hasta diciembre pasado, fue defendido por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación – otro más para su prontuario. Entre los acusados se encontraba el asesino Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que murió a mitad del juicio.

 El juicio comenzó en octubre de 2020. A lo largo de estos cuatro años pasaron numerosos testigos, tanto sobrevivientes como familiares y compañeros de desaparecidos, que dieron cuenta de la existencia de un plan sistemático de exterminio de la vanguardia obrera de aquellos años.

 Familiares y compañeros de los desaparecidos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos definieron como “reparador” el fallo, pero no definitivo. No sólo los condenados apelarán la absolución de Barre. Las condenas llegan a más de 40 años de los hechos y el fallo no satisface enteramente a los familiares y sobrevivientes. Tales cuestiones toman vital relevancia en el contexto en cual nos encontramos, frente a un gobierno de videlianos confesos que pretende militarizar la represión interna bajo la excusa de la “lucha contra el terrorismo”. 

 Miles de represores se encuentran libres e impunes. Gozan de impunidad gracias a las maniobras de los partidos de la burguesía, que fueron cómplices del golpe. 

 Fueron 30.000 y fue genocidio. Abran los archivos desde 1973 hasta 1983. Juicio y castigo a represores. 

 Vicky Medina 

 28/03/2024

Estatales: miles de despidos y ningún paro

Otra “Jornada Nacional de Lucha” de ATE Nacional, este martes, se transformó en un cese de actividades por cinco horas, con “ruidazos” en los sectores y movilizaciones divididas entre ATE Capital y ATE Nacional. Son medidas que tiran para atrás cualquier lucha a fondo que permita frenar los miles de despidos en el Estado Nacional. 

 El mismo 26, algunos empleados que llegaron al edificio del Ministerio de Economía a trabajar se encontraron con el acceso bloqueado. Antes de las 10 de la mañana ya eran 45. Para ese mediodía, la ATE verde y blanca de Daniel Catalano había convocado una concentración de las Juntas Internas que pertenecen al organismo, otras -como en todas estas medidas- se habían acercado en solidaridad. Desde el escenario improvisado en la entrada, insólitamente, los dirigentes de la seccional agitaron la consigna de “paro, paro, paro nacional”. 

 ATE Nacional llamó a otra medida por su cuenta, un acto en Agricultura, contra los 900 despidos del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde ese escenario, los dirigentes también corearon la consigna de “paro nacional”. Después del acto, una columna de compañeros se dirigió a Economía y se pudo cortar la calle, venciendo el protocolo Bullrich.

 ¿Y el paro nacional?

 De que los estatales de todo el país íbamos a parar el 26 nos enteramos por las redes sociales del secretario general de ATE Nacional. Pero este, como todos los paros anteriores, se convirtió en “jornada de lucha”. Esto significa que cada seccional resuelve qué hacer. Y se garantiza la dispersión de las fuerzas en vez de golpear con un solo puño.

 Lo mismo pasó con los dos “paros nacionales” anteriores, transformados en un abrazo al INDEC y en una concentración en Capital Humano. La única vez que no ocurrió así fue el 24 de enero, en ocasión del paro parcial de la CGT. Las conducciones de ATE, cuando “piden” un paro nacional, no piensan ni por asomo que es responsabilidad de ellos organizarlo. 

 La respuesta de Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, en una entrevista radial, fue: “No hay un planteo de paro general en el horizonte. No entiendo por qué me insisten tanto”, dijo, enojado con el periodista. 

 Explicó que la respuesta a los despidos “será por organismo” y dependerá de que “haya posibilidad de diálogo o no”. Su estrategia es clara: piensa enfrentar decenas de miles de despidos con “una catarata de acciones judiciales”. 

 Lo dice consciente de que 2024 será un año de despidos permanente: el 31 de marzo se caen los contratos. A los que sigan se los renovarán exclusivamente por tres meses. 

 La afirmación de Javier Milei de que van a despedir 70.000 trabajadores estatales fue rápidamente ´relativizada´ por Casa Rosada: serán ´sólo´ 15.000 despidos el 31 de marzo. Igualmente, Rodolfo Aguiar salió a contestar por X e informó un nuevo paro, que ni siquiera tiene fecha. 

 Mientras llegan cientos de despidos a los más diversos organismos, la burocracia juega a luchar. Esta masacre que pulveriza a los estatales sólo se puede parar si las trabajadoras y trabajadores pasamos por encima de la burocracia: de la que le ruega un paro a la CGT y de la de la CGT que no piensa parar. 

 Organicemos la huelga por tiempo indeterminado hasta reincorporar a todos y cada uno de los despedidos. 

 Valu Viglieca - Delegada de ATE Cultura 

 27/03/2024

Gobernadores del Norte y el gobierno: impasse de un operativo reaccionario

En el día de ayer, se llevó adelante en Salta la 19° Asamblea de gobernadores del Norte Grande. Contó con la participación de 10 gobernadores del NOA y del NEA, encabezados por el salteño Gustavo Sáenz y el santiagueño Gerardo Zamora, presidente pro tempore, y por sobre todo una delegación de funcionarios nacionales, presidida por el ministro del Interior, Guillermo Francos. 

 El massista Sáenz opera como celestino. Indicó que el gobierno nacional necesita “herramientas para gobernar”, así como los gobernadores “previsibilidad”, en referencia a las cajas de las provincias 

 Se trató la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los subsidios al transporte público y a la energía; la situación de las obras públicas nacionales y de los corredores bioceánicos, la reversión Gasoducto Norte, el Programa Incluir Salud, entre otros. Según reconocieron los propios gobernadores, no ha habido respuestas, solo una declaración de “buenas intenciones” de ambas partes. De fondo, una instancia preparatoria para “recomponer relaciones” en torno al Pacto de Mayo, o romperlas sin contemplación

 La tarea es armar una nueva versión de la "Ley Bases", tras el traspié del DNU en el Senado. "Estamos buscando los acuerdos finales sobre la Ley Bases, que abarca temas importantes vinculados a la producción, la desregulación de la actividad hidrocarburífera, minera y la protección a inversiones extranjeras", sostuvo Francos durante la conferencia. Sáenz anunció un acuerdo en la continuidad de las obras públicas, que rápidamente fue “relativizada” desde la Casa Rosada. Según Ámbito (26/03), podrían continuarse solamente aquellas que registren un avance del 80 % y cuenten con financiamiento internacional. La misma suerte está planteada en relación al lobby minero. El triángulo del Litio en la región está compuesto mayoritariamente por capitales chinos que, a la luz, del realineamiento nacional con los capitales norteamericanos y de Israel, pueden colisionar en la próxima etapa, golpeando el “boom del litio” que pregonan los federales.

 La negociación responde a un intento de apaciguamiento de la población. Jaldo, gobernador de Tucumán, advirtió que “a este ritmo empezaremos a tener problemas sociales en la mayoría de las provincias". La operación política del gobierno incluye meter una cuña entre los gobernadores del norte y los de la Patagonia en el llamado “tramo fiscal” de la "ley ómnibus", referido al impuesto a los salarios. 

 De cara al Pacto de Mayo, la reunión de gobernadores es un compromiso entre camarillas. Mientras la “casta” de gobernadores sostiene al gobierno de la mesa de dinero, los trabajadores se encuentran discutiendo los métodos de lucha para derrotar al gobierno fascistoide. 

 Gabriela Jorge 

 27/03/2024

Javier Milei es injusto con la UBA

En qué consiste el lavado, secado y centrifugado de cerebros en la Facultad de Economía.

 

Las declaraciones de Javier Milei denunciando un “lavado de cerebros” perpetrado por la educación pública en general, y por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en particular, ha levantado polvareda en los medios docentes y académicos. Sus dichos tienen lugar en el contexto de recortes operativos y salariales inéditos en las universidades nacionales. Desde diciembre hasta hoy, los salarios del personal docente y no docente han soportado una caída del orden del 50% en términos reales. Los voceros de la UBA han reclamado contra la “injusticia” de los dichos de Milei, y reivindican el carácter pluralista o diverso de las trayectorias académicas, en primerísimo lugar, de los cursos de Economía de la respectiva Facultad. 

 Milei efectivamente ha sido injusto con la UBA, pero en un sentido muy diferente al que invocan los representantes de la Universidad más grande del país. Es que la lobotomía intelectual que se practica en Ciencias Económicas –y en la mayoría de las carreras de Economía del país-tiene como principales beneficiarios, no “al marxismo”, sino, justamente, a los mentores y referentes del propio Javier Milei. En efecto: el núcleo conceptual que domina la trayectoria académica de esta facultad es la llamada “escuela austríaca”, también llamada escuela psicológica o subjetiva del valor. Es la corriente económica con la cual el presidente en funciones se hace gárgaras todas las noches, antes de su visita al quinteto de mastines que habita la quinta de Olivos.

 Llamar lobotomía o lavado de cerebro a la difusión del subjetivismo económico no es un exabrupto o una exageración. Ocurre que la economía política, como ciencia, se desarrolló en un sentido exactamente opuesto al de los autores exaltados por Milei.

 En una sociedad dominada por el intercambio generalizado de los productos del trabajo humano, la cuestión del valor de esos productos o mercancías sólo puede emerger en una determinación de carácter social, que brota con independencia de la voluntad, preferencia o subjetividad de las personas. Esa noción objetiva del valor da sus primeros pasos junto a la revolución científica que tiene lugar a fines del siglo XVII, que reemplaza al misticismo y la especulación filosófica por el conocimiento fundado en la experiencia. Esta indagación terminará colocando al trabajo humano, en su forma general o indiferenciada, como sustancia del valor y de la creación de riqueza social. 

 Por referencia a ese derrotero, la “economía de Milei” es un monumental retroceso conceptual, un injerto anticientífico que ingresó a las facultades de economía con un solo propósito: abolir de las trayectorias académicas al socialismo científico, o sea, a la superación crítica de la economía de Smith y Ricardo, los grandes abanderados de la burguesía industrial. La teoría subjetiva o psicológica pretendió sustituir a la noción objetiva del valor por las preferencias o inclinaciones individuales. En un período histórico signado por la socialización del trabajo y la constitución definitiva de un mercado mundial, se pretendió construir un conocimiento económico a partir de la voluntad de individuos aislados, con el único propósito de desconocer a la centralidad del trabajo humano en la creación de valor. 

 Milei tuvo a los Eurnekian como mecenas de sus dislates. Los Milei del siglo XIX –como Carl Menger y otros- también fueron apalancados por los capitalistas y sus estados. Forzaron una penetración académica de sus ideas mientras silenciaban al pensamiento socialista, que comenzaba a hacerse carne en la clase obrera. El mismo año en que Menger publicó sus “Principios de Economía” (1871), tenía lugar la gesta de la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. 

 La imposición del primitivismo conceptual de los “austríacos” constituye efectivamente una operación de lavado de cerebros. Es este pensamiento anticientífico es el que domina en la UBA, y no “el marxismo”; para tranquilidad de Milei, las cátedras que abordan seriamente a Marx en Económicas se cuentan con los dedos de una mano. El “pluralismo” de la facultad consiste en confinar a los docentes o autores marxistas en algunas materias que operan como “ghettos” dentro de la currícula –por caso, han creado una materia llamada “Economía marxista”, lo que constituye una contradicción en sus términos, pues el marxismo no es “otra” escuela económica más sino la “Crítica de la Economía Política” como arma ideológica del capitalismo. En cambio, está “prohibido” meter el bisturí del marxismo en el tronco de la carrera de Economía y sus categorías –macro y microeconomía, crecimiento económico, crisis, teoría monetaria. 

 La atomización de la vida social en individuos aislados –eje de la “economía de Milei”- comporta una negación de las clases sociales y, en ese carácter, de la clase obrera y sus derechos arrancados colectivamente contra el capital. El paraíso de los “austríacos” es la liquidación de los sindicatos, del derecho laboral y la mayor precarización. 

 Pero en este plano, Milei también ha sido “injusto” con el sistema universitario, y con la UBA en particular.

 En la mayor universidad del país rige el dogma laboral de Milei, es decir, la precarización del trabajo. Miles de docentes trabajan ad honorem durante años; sus designaciones suelen ser largamente postergadas; los nombramientos, cuando llegan, suelen subestimar la formación realmente alcanzada por los docentes. La precarización laboral es moneda corriente. 

 El elenco de funcionarios que dirige la UBA se ha servido del ataque de Milei para presentarse como “defensor” de la UBA, cuando él mismo se ocupa de trasladar el ajuste nacional a sus facultades y carreras. En resumen, el “mundo de Milei” ya se encuentra instalado en la UBA, mucho antes que el seudolibertario le dirigiera sus ataques. 

 Marcelo Ramal

 27/03/2024

Récord de dengue: estrago social de la miseria planificada

Desde hace más de 10 años, las llamadas enfermedades de la pobreza -Tuberculosis, Chagas, Dengue, entre otras- vienen creciendo al compás de la extensión de la miseria, el abandono y la precarización de las condiciones de vida a la que los gobiernos capitalistas someten a la clase obrera. 

 Barriadas y villas cada vez más numerosas, en la que proliferan el hacinamiento y escasea la infraestructura básica (aguas servidas a cielo abierto, inundaciones, pastizales y acumulación de basura, entre otros), son el caldo de cultivo más que propicio para la proliferación del mosquito aedes aegypti, trasmisor del virus del dengue. Bajo estas condiciones, a nadie puede asombrar el récord de casos que alcanzó Argentina, en marzo 2024: más de 150.000 confirmados, número que, según los especialistas, habría que multiplicar por 5 o 6 para dimensionar realmente el alcance de esta epidemia, ya que muchas personas son asintomáticas o, aun con sintomatología de dengue, no concurren a las guardias, por estar estas colapsadas. 

 La crisis sanitaria en Argentina adquiere dimensiones catastróficas, y esto ocurre a escasos dos años de haberse “fortalecido” con motivo de la pandemia de COVID 19. En rigor, los servicios que se habían montado en aquella oportunidad fueron inmediatamente desmantelados, dejando al sistema con cada vez menos recursos para hacer frente a la crisis sanitaria creciente que padece la población trabajadora. 

 El padecimiento social: un negocio para los laboratorios 

La política de abandono y miseria social planificada impuesta por Milei y los gobernadores (no existen campañas de prevención hoy en día), genera condiciones propicias para que los laboratorios productores de vacunas y repelentes hagan jugosos negociados. El vocero Adorni refirió, en una reciente conferencia de prensa, que no tiene sentido realizar la campaña de vacunación porque, dijo, la inmunidad se alcanza recién a los tres meses de aplicada, y que, para entonces, ya no habría mosquitos trasmisores. Con estos dichos, el gobierno no solo anuncia que abandona a la población a su suerte en la crisis actual, sino que además nada hará para evitar una mínima catástrofe para el 2025. El precio de las vacunas -con un costo al público de más de $ 100.000- y repelentes de calidad, es restrictivo para la mayoría de la población trabajadora empobrecida a niveles históricos. Mientras tanto, los laboratorios la juntan en pala. 

 Debatamos una salida

 La clase obrera debe intervenir en la crisis en defensa de su propia vida. Ante el abandono de los gobiernos, son los y las trabajadoras de la salud quienes, sin insumos, en condiciones precarias y con salarios de miseria, hacen frente a esta barbarie tal como ocurriera durante la pandemia de COVID.

 Pongamos en pie asambleas autoconvocadas en los hospitales y las barriadas por: planes de vacunación, distribución de repelentes fumigación, descacharrización de espacios públicos.

 Tracemos la perspectiva de la huelga general para derrotar el plan de guerra de Milei y los gobernadores contra la clase obrera.

 Silvia Allocati y Leo Torres 

 26/03/2024

¿Un kirchnerismo destituyente?

Echando mano del método de las evidencias circunstanciales -algunas citas o frases al pasar- el secretario de redacción de Clarin, Gonzalo Abascal, presenta la versión de un kirchnerismo destituyente o golpista respecto del gobierno de Milei. Abascal arranca su nota colocando como antecedente a la conducta del peronismo con el gobierno de Macri. Se equivoca, entonces, por partida doble, porque la abrumadora mayoría de los actuales integrantes de la “Unión por la Patria” votaron las leyes que Macri llevó al Congreso – comenzando, naturalmente, por Sergio Massa. En cuanto a la CGT en aquel período, hay que recordar cuando grupos de trabajadores les volaron el atril a sus dirigentes en un acto en Plaza de Mayo, repudiando la pasividad de la central obrera con el gobierno macrista. La consigna kirchnerista de aquel período era “hay 2019”, la misma que hoy comienza a esgrimirse por el pejotakirchnerismo con otra fecha y circunstancias – “hay 2027”. En el interín, lo que se está gestando es lo contrario que vislumbra Abascal, es decir, un escenario de convivencia y colaboración política entre el gobierno de Milei y el peronismo. Para aceitar ese rumbo, “nacionales y populares” están propiciando la vuelta al redil de los elementos derechistas distanciados del ´movimiento´, como Pichetto y Urtubey. Todos los columnistas políticos coinciden en señalar que la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte cuenta con la anuencia de los senadores del pejota – Lijo ha dormido o archivado causas fundamentales contra la camarilla K, como la participación de Gildo Insfrán en los chanchullos financieros atribuidos a Boudou o el escandaloso ingreso sin dinero del grupo Eskenazi a YPF. En la secuencia de juicios a congelar en la Corte, por parte de Lijo, están los que involucran a Cristina Fernández de Kirchner.

 La “cohabitación” del peronismo con Milei es todavía más evidente en el caso de los gobernadores. La reciente reunión del Norte Grande, entre Francos y los mandatarios -entre ellos el camporista Quintela y el massista Sáenz- trazó un horizonte muy claro para esa colaboración. “Así como el gobierno nacional necesita herramientas para ejecutar su plan, nosotros necesitamos previsibilidad”, dijo Sáenz. Las “herramientas” son las leyes reaccionarias que Milei presentó o quiere llevar al Congreso. La “previsión”, son los fondos que reclaman los gobernadores para los distritos. En la agenda de la reunión, ingresó “la moratoria, el paquete fiscal y la reforma laboral” (Infobae, 26/3). A cambio de los fondos que reclaman, los gobernadores peronistas le han transmitido a MIlei y a Francos su disposición a votar las leyes en danza.

 En la reciente jornada del 24 de marzo, el aparato pejotista y K desplegó un dispositivo inusitado de movilización. Fue como decirle al gobierno: “aquí estamos”, o sea, postularse como interlocutor excluyente del gobierno, en lugar de la desdibujada o heterogénea oposición “dialoguista”. Esta operación está siendo concertada con el propio gobierno, como lo demuestra la toma y daca del Senado en torno de los dos nuevos jueces de la Corte.

 La nota de Abascal, a su manera, sirve a este propósito – crear un escenario de polarización entre libertarios y kirchneristas. Esto, porque presenta al kirchnerismo mortalmente enfrentado al gobierno, y se aparta de todas las evidencias -abrumadoras- de colaboración política entre ambos. Otra ala del periodismo político, la de los columnistas de La Nación, se ha encargado de mostrar las pesadas evidencias de cooperación entre mileistas y kirchneristas. Expresan el punto de vista del macrismo, que teme ser desplazado del rol de soporte político y parlamentario del gobierno nacional.

 La advertencia sobre las llamadas operaciones “destituyentes”, en cualquier caso, cumplen otra función: blindar al gobierno de Milei, oponiéndole a todo reclamo popular la evidencia de los votos recibidos en 2023. El sufragio universal -que es esgrimido como equivalente de la democracia- es el salvoconducto de un operativo de usurpación política y armado de un gobierno por decreto. El decretazo 70, que está vigente, abole los derechos laborales y los derechos constitucionales de huelga y de manifestación. En las últimas horas, el gobierno ´saldó´ las discusiones sobre la movilidad jubilatoria por otro decretazo, cuyo contenido volvió a modificar en cuestión de horas y que sanciona un despojo del orden del 30% de los haberes para los primeros meses de este año. “El voto”, reivindicado por el columnista Abascal, es la coartada que legitima un golpe de estado económico y un gobierno por decreto. De todos modos, y para tranquilidad del columnista, este régimen de excepción, dirigido a rescatar a los acreedores de la deuda a costa de trabajadores y jubilados, será sacrosantamente respetado por los agentes políticos y sindicales del kirchnerismo. 

 Marcelo Ramal

 27/03/2024