Recientemente elaboraron un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Si bien cita a un marco legal regulatorio nacional e internacional de carácter garantista, no posee los recursos para su aplicación. Desarrolla una modalidad de intervención conjunta, donde el primer contacto lo toma el Programa Buenos Aires Presente (BAP) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en conjunto con otras direcciones de ese organismo. Se trata de una política que está en permanente desborde ante el aumento progresivo de personas en situación de calle. Por otro lado, la reducción de personal se evidencia en los despidos mencionados.
El protocolo comienza por la identificación de la persona, para constatar que no tenga una búsqueda de paradero. Pero quienes están en situación de calle, en su mayoría, no tienen la posibilidad de regresar a sus lugares de origen ni están siendo buscados. En la mayoría de los casos, estar en la calle es el resultado de problemáticas donde encontramos violencias, hacinamiento, abusos, abandonos, maltratos y destratos. Es una marca indudable de la pauperización económica de la clase obrera.
El protocolo intenta tapar de manera burda el borramiento de un verdadero programa. cuya existencia es esencial. Al mismo tiempo introduce a la intervención policial para validar la identidad de las personas, cuestión que no tiene justificación alguna. El sistema de identificación corresponde al Registro Nacional de las Personas, no a las fuerzas de seguridad.
Las modificaciones que introduce esta modalidad de intervención buscan consolidar la metodología de la internación involuntaria ante consumos problemáticos y padecimientos mentales severos. Queda de lado la apuesta por el fortalecimiento de lazos y de apoyo en la comunidad. Los operadores, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental que se encontraban precarizados, en lugar de ser pasados a planta permanente para cumplir sus funciones de integración social y evitar internaciones, son despedidos. Este protocolo conduce a la sobrepoblación de los servicios de internación. Las internaciones compulsivas en salud mental, además de ineficaces, son más costosas para el Estado que las intervenciones en territorio.
La carencia de recursos en todos los organismos que figuran en el protocolo, hace que el mismo no tenga ningún tipo de posibilidad de aplicación. Acaba siendo un compendio de acciones que se adelantan a las pretendidas modificaciones libertarias de las leyes de Salud Mental 26.657 y 448, dirigidas a restablecer la internación compulsiva.
Silvia Allocati y Lucas García
28/02/2024
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