El choque entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Javier Milei marca un nuevo salto en la crisis política nacional. En el choque hay centralmente dos aspectos en juego. Por un lado, el gobernador habló en el paro convocado por el sindicato petrolero que apoyó su candidatura (el de “Loma” Ávila), que advierte que el plan de desinversión de YPF en los yacimientos convencionales de la provincia traerá aparejados miles de despidos. La burocracia y el gobierno provincial buscan una negociación en torno al esquema de negocios petroleros, en asociación con el capital privado que actúa en la provincia y también al interior de YPF. El segundo motivo del choque es el recorte de fondos de coparticipación a los cuales el gobierno nacional decidió descontarle a la provincia 13.500 millones de pesos a raíz de la deuda con el fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Antes, Chubut había ido a la justicia para pedir la suspensión de la eliminación de los subsidios al transporte para el interior del país.
El conjunto de los gobernadores de la Patagonia suscribió un comunicado respaldando la posición de Torres, comunicado que replicó Kicillof asociándolo a la denuncia del gobierno nacional. En respuesta, en un comunicado que escala en la crisis, el gobierno nacional le respondió a Torres que debía llevar adelante sus amenazas de cortar el abastecimiento petrolero y que recurrirían a la justicia para enjuiciarlo. A su vez, redobló la apuesta calificando las medidas del gobernador de “chavistas”.
El apoyo del conjunto de los gobernadores no debe sorprender. Es que todos tienen deudas con Nación, que se van refinanciando de pacto fiscal en pacto fiscal. Los préstamos en dólares de las provincias muchas veces tienen a la coparticipación como garantía. Lo mismo las líneas de crédito de Nación. El ataque a la coparticipación de Chubut, después de la eliminación de los subsidios al transporte, el Fonid y el Fondo Compensador docente, no sólo dejan a la provincia al borde de la bancarrota sino que son medidas extensibles al conjunto de las provincias.
La magnitud del enfrentamiento entre el gobierno nacional y las provincias da este salto luego del coqueteo de algunos gobernadores con quedarse con las divisas como era antes de la unidad nacional, o de la asociación de provincias exportadores para exportar a través del Banco Provincia de Buenos Aires. Semejante escalada, aunque trataran de encauzarla en una negociación contra las masas es indicativa de que la crisis capitalista conlleva tendencias a la fractura nacional que a su vez dividen a las fuerzas políticas de gobierno, cada vez más fragmentadas.
La crisis política está quebrando al PRO. Según se informa, Torres informó a Bullrich de su discurso, sin embargo, la presidenta del PRO salió a desmarcarse y respaldar la medida de Milei. Los medios informan que Macri intentó una fracasada mediación. El intento de formar un gobierno de coalición con Milei está cuestionado por la crisis política. Si Macri avanza sin que se resuelva el choque entre la Nación y las provincias, consolidará una ruptura de su propio espacio. Si no lo hace, la base de apoyo de Milei se verá todavía más afectada y el gobierno tenderá a cerrarse sobre una camarilla estrecha.
Resulta significativo que mientras todo esto ocurre el riesgo país baja y los mercados responden “positivamente” al plan Milei. Lo mismo ocurre con el Fondo Monetario. Ambas cuestiones ponen de manifiesto que la camarilla de Milei responde al capital financiero internacional y sus medidas bonapartistas están al servicio de servir a estos intereses. Esto más allá de las bravuconadas en las redes sociales y del apoyo que pueda conservar en una base explotando el descrédito del gobierno peronista que lo precedió. El ajuste impuesto y necesario para abrir una, de todas formas, lejana, nueva negociación con el Fondo, que tiene el requisito de este equilibrio de cuentas, es una apuesta salvaje a que un rebote económico termine atenuando las brutales contradicciones sociales que está colocando este proceso.
Los gobernadores
Estos choques no nos deben hacer perder de vista la sociedad de clase entre los gobernadores y Milei. Las denuncias de Torres se producen 24 horas después de que el gobierno se reuniera con los gobernadores del NOA para tender puentes nuevamente. El objetivo de esta colaboración es, de parte de los gobernadores, alcanzar algún tipo de acuerdo fiscal para las provincias, y, del lado del gobierno nacional, generar las condiciones que les permitan rearmar los pactos parlamentarios luego del fracaso de la Ley Ómnibus. Todos son partidarios de una reforma laboral, de nuevas desregulaciones e incluso el PJ está dispuesto a colaborar con el Plan Milei si le cuidan sus intereses provinciales, como lo mostraron los diputados tucumanos de Jaldo que la votaron a favor. Los de Torres, mientras tanto, se presentaron como colaboradores, como lo hizo todo el bloque del PRO.
Esta dependencia de intereses patronales de ambos lados del choque condiciona la “resistencia” de los gobernadores. Milei lo torea a Torres para que cumpla sus promesas porque especula con que este no será capaz de cortar ningún abastecimiento chocando con las petroleras por un lado y con todo el capital industrial del país por el otro. La hiperregimentada movilización petrolera no debe hacer perder de vista que Torres es un representante de los mismos que en Chubut enfrentaron con uñas y dientes el chubutazo antiminero. Torres se cura en salud antes de tener una rebelión popular en su provincia, pero ni sueña con medidas que involucren seriamente una acción obrera que no podría controlar. La memoria del chubutazo que hirió de muerte al gobierno de Arcioni está muy viva tanto en la memoria popular como en el gobierno.
La consecuencia lógica de esta orientación social de los gobernadores es que aplican a su vez un durísimo ajuste contra los trabajadores de sus provincias. Así vehiculizan el ataque a los salarios, el cierre de obras públicas y el deterioro de la educación y la salud. Y solamente reaccionan contra el gobierno nacional cuando están contra las cuerdas. Ni sueñan con colocarle impuestos extraordinarios a las petroleras, las mineras o el capital agrario que actúan en los territorios provinciales.
La lucha contra el ajuste del gobierno nacional requiere medidas de fondo. Al recorte de subsidios al transporte nacional hay que oponerle no sólo la pelea por su restitución sino la apertura de cuentas de las empresas y el control obrero de las mismas. Al recorte del Fonid le oponemos no solamente su restitución sino su incorporación al básico y en última instancia la nacionalización del sistema educativo para que los recursos nacionales permitan su reconstrucción. Frente al cierre de pozos petroleros, planteamos ocuparlos y el paro general de todos los gremios, la nacionalización integral y el control obrero de la producción energética.
Para los socialistas, se refuerza una conclusión que venimos sacando. El quiebre del frente patronal debe servir a los trabajadores para desarrollar una intervención propia, con un programa de independencia de clase. El apoyo a los gobernadores es un camino de derrota para el movimiento popular.
Con estos planteos hay que intervenir en todo el país, en todos los frentes, con un planteo de paro nacional y paros locales y provinciales por cada reivindicación atacada por el ajuste de Milei.
Juan García
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