La escalada opositora tampoco tiene visos efectivos. Los pedidos de juicio político a Alberto Fernández no pueden ser aprobados por el Congreso. Tampoco prosperarían los pedidos de destitución, como los de Carrió o López Murphy. Conocido el fallo que restauraría el “estado de derecho”, Macri se fue de vacaciones.
La razón por la que la tormenta no sale de un vaso de papel, es la fidelidad de los Fernández al acuerdo con el FMI. Los comunicados de las grandes compañías de rechazo al desacato, en especial de la Cámara norteamericano-argentina, son para la tribuna. La disparada del ‘blue’ ha sido vinculada por los columnistas de economía a la abundancia de dinero en circulación, debido a las emisiones de moneda por el Banco Central, y la tendencia a una corrida cambiaria. La parálisis legislativa, que bloquea la aprobación del Presupuesto de 2023, viene desde antes y encierra una fuerte disputa por la carga impositiva. Los gobernadores de las provincias más relevantes, en términos de población y de economía, han rechazado la jugada de Fernández – el presidente ninguneado por la selección que ganó el Mundial. El único conflicto real de poderes ni siquiera está en la mesa – el rechazo al FMI y el no pago de la deuda. El gobierno asegura que el fallo contradice el presupuesto 2022, que nunca fue aprobado, sin darle las gracias a la Corte por no enjuiciarlo por proceder a modificaciones impositivas por decreto – prohibido por la Constitución. Cuando se trata del FMI, la Corte acompaña y con yapa.
Del lado del gobierno, el frente del rechazo tiene ausencias fundamentales. No le pusieron el gancho ni Córdoba ni Santa Fe. Tampoco se sumó el salteño “Litio” Saénz, un aliado de Massa. Los gobernadores se han convertido en socios del capital minero, petrolero y sojero, con el pleno apoyo de la jefatura del FdT y del gobierno. Cristina aún no ha abierto la boca; lo hará el martes en Avellaneda, cuando tendrá el cuidado de no darle más alas a una posición que no tiene vuelo.
Golpes y contragolpes
La “crisis de poderes” desatada en estas horas tiene los límites impuestos por el régimen económico y político que apoyan tanto la Corte como los “desobedientes”. Pero este régimen se encuentra en default custodiado – amenazado por una corrida cambiaria, de un lado, y por las luchas crecientes, del otro. Razón demás para no atizar ‘crisis de poderes’.
La Corte, representación máxima de un poder vitalicio y no electo, se ha arrogado un arbitraje que quiere hacer valer frente a los choques que se producirán en la grieta, en el ‘año electoral’. La legislatura de Chubut desbarató un intento de aprobar la ley de lemas, para evitar un recurso ante la Corte. Pero estas irregularidades prevalecen en varias provincias y en especial en Tucumán, donde el ‘acople’ permite la presentación de centenares de listas debajo de una candidatura única a gobernador.
Distinguir la farsa de la crisis
2023 termina en medio de una escaramuza “por arriba”. Sin la compañía de Massa ni de la burocracia de los sindicatos, Alberto Fernández y su procurador Zaninni tirarán la toalla después de la feria judicial. El conflicto de poderes procura mantener en el corral nacional y popular a numerosas disidencias que nunca renunciarán a las dádivas que vienen con su participación en los ministerios. Alberto Furlán, el ´combativo´ de la UOM, acaba de arreglar con el ‘poder económico’, Techint, un acuerdo paritario que excluye del aumento a la mitad del salario imputado como complementario. Entre bueyes no hay cornadas. Desde esta columna nos empeñamos en desbaratar lo que no son más que fintas, dentro de un acuerdo internacional con la banca y los fondos protegidos por el FMI.
Marcelo Ramal
24/12/2022
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