Aunque no lo haya mencionado directamente, la prensa kirchnerista se refirió a los audios y textos de un grupo de Telegram del que participaron cuatro jueces, un fiscal, un ministro porteño, un ¿ex? agente de inteligencia y directivos del grupo Clarín, como “los chats del lawfare”. Todos ellos participaron de un cónclave, en octubre pasado, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis, en Lago Escondido, muy cerca de El Bolsón. Se trata de jueces con participación en causas muy sensibles para el poder político (Vialidad, Hotesur, muerte de Alberto Nisman, espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, entre otros). El encuentro había salido a la luz, en su momento, por la denuncia de dos concejalas de esa localidad, con módica repercusión. También fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por dos consejeros enrolados con los K, sin mayores resultados.
Lo que ahora sale a la luz en estas conversaciones es que los gastos de traslado y estadía fueron sufragados por la empresa periodística de Magnetto. De lo que se charló en ese ´retiro espiritual´ de alta gama, en cambio, se sabe poco y nada en concreto. En los chats, los magistrados hablan de fraguar facturas y coordinar versiones para atenuar el impacto de la noticia. También refieren a la difusión periodística del viaje: descontado el silencio de los multimedios Clarín y La Nación, los participantes acuerdan contactar a Julián Leunda, mano derecha del dueño de C5N, Fabián de Sousa, para que el canal colabore con su propósito. Leunda, hasta el día de hoy, continúa revistiendo como jefe de asesores de la Presidencia.
El origen de la filtración no ha sido esclarecido. Fernández se refirió a una “intromisión en una plataforma de comunicación”. El contenido comenzó a circular el domingo en los portales de Tiempo Argentino y en el que dirige Horacio Verbitsky, “El cohete a la luna”. Allí se señala como fuente el sitio https://breached.vc/, donde hackers anónimos ofrecen información robada al mejor postor, a razón de 600 dólares los 500 MB. El editorialista de Clarín, Ernesto Kirschbaum, sugiere una operación coordinada nada menos que con Vladimir Putin, al recordar que Telegram es “propiedad de empresarios rusos, a cuyo gobierno Fernández le ofreció convertir a la Argentina en la puerta de entrada de la influencia de Moscú en la región. Algo más: una semana después, Vladimir Putín invadió Ucrania”. Uno de los implicados, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, sostiene, en cambio, que los chats fueron directamente “creados” en una “operación de inteligencia K”. Carlos Pagni, en su editorial de LN+, sugiere otra variante: que Leonardo Begroth, ex jefe de Legales de la SIDE, integrante del chat, podría haber sido la fuente de la filtración. Lo asocia directamente a la disputa, entre “Jaime” Stiuso y el mencionado D´Alessandro, por la reorganización de los servicios de inteligencia en un eventual gobierno de la actual oposición. La AFI, creada luego de la ruptura de los K con Stiuso, compitió con la tentativa de estructurar un remedo de central de Inteligencia con eje en el Ejército, bajo la dirección de César Milani. Luego de los escándalos por el espionaje ilegal durante la gestión de Arribas-Majdalani en el gobierno Macri, la agencia, coinciden varios analistas, ha sido vaciada. Fuera de la estructura formal del Estado, por su parte, Stiuso continúa operando como un ´freelancer´ al que todavía reportan numerosos espías y magistrados. El mismo Leunda sería parte de su ´staff´. Pagni engloba este episodio como parte de una “guerra de espías”, cuando todavía no han sido esclarecidos los móviles, conexiones y financiamiento de ´la banda de los copitos´ que atentó contra la Vicepresidenta ni, sobre todo, se han dado explicaciones concluyentes sobre la conducta de las fuerzas policiales, de Inteligencia y de la custodia personal de CFK aquella noche –en el kirchnerismo tampoco nadie lo reclama.
En su breve alocución, Alberto Fernández ´dispone´ una serie de medidas que parecen una metáfora de su propia gestión: solicita al Procurador ´interino´ puesto por Macri que investigue; a los representantes del PEN ante el Consejo de la Magistratura, paralizado por la designación de los consejeros del Poder Legislativo, que hagan lo propio; al bloque de legisladores del FdT le solicita que “evalúe” la presentación de un inviable pedido de juicio político contra los funcionarios porteños involucrados, a sabiendas de que no cuenta con la mayoría para hacerlo; por último, le ruega al Congreso que trate su propuesta de reforma del Poder Judicial, aunque ésta no recoge el apoyo de la propia tropa oficialista ni mucho menos de la Vicepresidenta.
Jacyn
06/12/2022
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