Cristina Kirchner dijo sus ´últimas palabras´ en el juicio por las obras viales del Sur, sin aportar nada nuevo a la causa judicial y, mucho menos, a la crisis política del gobierno que ella representa. Cristina tiró frases reivindicatorias de los anteriores gobiernos kirchneristas, que no resisten otra cosa que el slogan. Aludió a la ´recuperación´ de YPF, sin mencionar a la asociación secreta posterior con el pulpo Chevron, al régimen de libre disponibilidad de divisas y al inicio de la dolarización de los combustibles, que Macri culminó. Con la misma liviandad, se refirió al supuesto ´desendeudamiento´ 2003-2015, que dejó al Estado argentino con los mismos 200.000 millones de dólares de deuda que tenía en diciembre de 2001. La defensa impostora del pasado fue un intento por encubrir a su actual gobierno, que ya derrumbó entre un 20 y 30 % el valor de los salarios y jubilaciones, por un lado, mientras engrosaba la deuda pública en 60.000 millones de dólares, del otro. Cristina no dejó de acordarse del que “nos trajo al FMI”, sin mencionar que la política económica de su gobierno se audita trimestralmente en Washington. Mientras desgranaba las ´últimas palabras´, el Banco Central del gobierno “de Todos” inauguraba otro round de beneficios en favor de las aceiteras y cerealeras.
Asociación ilícita
Ya en relación a la causa de corrupción, Cristina insistió con la ausencia de elementos probatorios que la liguen con Lázaro Báez, el beneficiario exclusivo de una cincuentena de obras viales incumplidas, o sobrefacturadas, en el Sur del país durante los mandatos kirchneristas. La falta de pruebas, si existiera, no puede disimular el enriquecimiento de las dos patas del banquillo –Báez y los Kirchner-, o los flujos de dinero circulares entre la facturación del contratista y los hoteles de la familia presidencial, algo que Cristina presentó como “intercambio de prestaciones recíprocas (sic)”. Cuando Lavagna renunció como ministro de Néstor Kirchner, denunció ´sobreprecios y cartelización´, precisamente, en las obras públicas viales. Mucho más adelante aparecieron los cuadernos de Centeno, apuntando por igual a los K y a la gran burguesía contratista, no sólo a los Báez. En el sur, la inconclusa autovía Caleta -Comodoro, con quince años de licitaciones fracasadas, es conocida como el “monumento a la estafa”.
Para desacreditar los chats amistosos de José López con la patria contratista K, Cristina utilizó un argumento curioso: López, dijo, también empleaba esa familiaridad con los ejecutivos de las constructoras macristas. O sea que la corrupta ´redeterminación´ de precios de las obras no reconocía grieta o, en otros términos, era una cuestión de Estado. El punto se conecta con el principal argumento del alegato cristinista, a saber, que un Estado y un gobierno electo democráticamente no pueden constituir una asociación ilícita. En otras palabras: cuando los peculados con la obra pública son articulados desde las instituciones del Estado, entonces sencillamente dejan de ser peculados, por principio. Pero lo que se ha puesto de manifiesto es al Estado como gestor ´institucional´ de un conjunto de camarillas capitalistas. En la causa vialidad, el banquillo se extiende a la Sindicatura y al propio Congreso, que aprueba las obras y debiera verificar su ejecución. Detrás de la obra pública se encuentra el endeudamiento externo, avalado y rescatado por todos los gobiernos, y su consecuencia directa: el déficit fiscal, sobre el cual se justifican los planes de liquidación de derechos sociales y jubilatorios. La puntada final del circuito es el acuerdo con el FMI, al que Cristina Kirchner y su gobierno se han aferrado sin reservas.
Pelotón
Cristina no dejó un solo momento de asociar el juicio de Vialidad con el atentado que sufrió en setiembre pasado. Pero también en este punto no pasó de los títulos y las insinuaciones sobre los responsables materiales. En cambio, nunca puso el dedo en la llaga sobre las responsabilidades de Estado, desde la custodia hasta la cúpula de los organismos de seguridad e inteligencia comandados por su gobierno. También en este punto, el Estado “no puede” ser una asociación ilícita o, dicho de otro modo, entre bueyes no hay cornadas.
Pero el verdadero pelotón de fusilamiento sobre Cristina y la coalición oficial no se aloja en los juzgados federales. El derrumbe político del gobierno y del kirchnerismo es el resultado de la crisis social galopante, la hiperinflación en puertas y la tentativa de cargarle a trabajadores y jubilados el peso integral de la bancarrota del Estado y de los capitalistas. O sea, el libreto que la vice y Massa han pactado con el FMI. Mientras tanto, las burocracias sindicales K, solidarias con el plan fondomonetarista, ya están invocando el ´bancar a CFK´ como coartada para no luchar por el salario o por la salud en ruinas.
El juicio Vialidad es el retrato de un régimen social en ruinas, que ha hecho del Estado y del presupuesto público un instrumento de confiscación permanente a las masas. Opongámosle la lucha por un gobierno de trabajadores.
Marcelo Ramal
30/11/2022
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