La deuda de la empresa es de “$ 99.000 millones, unos USD 1.419 millones al dólar oficial. La mayor parte de las acreencias son de 37 bancos, de los que el Banco Nación es el más afectado. El segundo grupo más grande son productores agropecuarios (unos 2500). El tercero, accionistas y empresas vinculadas” (Infobae, 28/9). Entre los acreedores está el ACA, que le suministró materia prima por unos 9 millones de dólares. Inclusive “Vicentín le debe a Vicentín”, por créditos millonarios que ha contraído para la continuidad de su funcionamiento. Pero al momento sólo se conocen las deudas. Nada dicen respecto del patrimonio de la empresa ni de su capacidad de pago. A finales del gobierno macrista la empresa se declaró en default. Con la asunción del Gobierno de los Fernández se anuncia por DNU que “el Estado se hace cargo de los salarios y de los costos de trabajo”. El intendente de Avellaneda en aquella oportunidad, Dionisio Scarpin, convocó a una protesta por la posible intervención.
Entre las diez empresas que producen aceite y granos en 15 km de la costa del Paraná, sale el 80 % de la exportación del país. No pararon ni un día en cuarentena. Sin embargo, la situación de Vincentín no solo no mejora sino que ya se habla de “posibles compradores pero con un reajuste de las plantas para garantizar su funcionamiento”, es decir, una adquisición con despidos en la mano. Algunos de los nombres que circulan con mayor fuerza son el Grupo Glencore, los dueños de Renova y además socios de Vicentín.
La CGT de San Lorenzo, dirigida desde el 2019 por Jesús Monzón y Pablo Reghera, habla de medidas de fuerza, pero con distintos órdenes de jerarquía. En 2015 al 2019, dejó caer 4.000 puestos de laburo, que han engrosado el número de desocupados. Además de Vicentín también está DOW, que inclusive adelanta el cierre de la planta del año que viene para este año. Por otro lado, el anuncio de concurso de acreedores de Molinos Cañuelas pone en peligro también a trabajadores pasteleros.
Sin embargo, la presión de que "no hay que hacer quilombo" recorre la planta en función de esperar la novia para Vicentín, como si no hubieran sido en el pasado las fórmulas del desastre para las fábricas que cerraron y nunca llegó nadie. Una política del fracaso. El 16 de diciembre próximo se espera como fecha límite para encontrar alguna propuesta. Esa fecha significa arreglos voluntarios para desarmar cualquier posibilidad de lucha. Esos puestos trabajos no se recuperan más.
Los trabajadores quieren defender los puestos de laburo, sea estatizada o con un nuevo comprador. Prefieren, incluso, este último. La situación de los obreros, en un cuadro tan serio, es de mucho temor, pero también de mucho agotamiento por parte del gremio de aceiteros de San Lorenzo. Buscan organizarse para defender los puestos de trabajo y el reclamo de una comisión investigadora sobre Vicentín.
Entre Vicentín, que tiene entre 170-200 familias en Capitán Bermúdez, y el resto, que son trabajadores de Dow y de 9 de Oro, más las que ya cerraron antes, el golpe a las familias obreras de la región superaría en gravedad a la del 2001.
La defensa de todos los puestos de trabajo en el cordón se convierte en el corazón de nuestra campaña política.
Jorgelina Signa – Política Obrera
30/09/2021
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