El programa, dirigido a un sector de la economía altamente feminizado, no representa ninguna mejora salarial sino un beneficio al empleador que contrata en negro. El proyecto, por caso, ni siquiera reconoce la antigüedad de la persona empleada.
Desde el mes de septiembre para la quinta categoría (personal para tareas generales) el salario alcanza los $28.457 con retiro, esto es por debajo del salario mínimo vital y móvil ($31.104), que a su vez representa la cuarta parte del costo de la canasta familiar.
De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad (Clarín, 27/9). Esta situación nunca cambió desde que, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, se estableció el Régimen de Trabajo en Casas Particulares. Este incluía otros beneficios para las patronales, por ejemplo, deducir del Impuesto a las Ganancias tanto la remuneración como las contribuciones patronales de las empleadas hasta el máximo previsto para 2021, que es $167.678,40.
Desde los años 90 a esta parte, los subsidios y exenciones de cargas sociales ofrecidos a las patronales nunca han sido motor de una recuperación del empleo. Por el contrario, contribuyeron a una mayor pauperización de la clase trabajadora.
En un cuadro donde la pobreza avanza, esta medida se suma a otras de carácter cosmético, como el “aumento” del salario mínimo, que no llega a cubrir ni la mitad de una canasta de pobreza, una nueva ronda de IFE que llegará a menos de un tercio de los beneficiarios que fueron alcanzados en 2020, y subsidios para ampliación de viviendas para mujeres de barrios populares que no da ningún tipo de respuesta a la crisis habitacional. Un paquete lanzado por un gobierno derrotado en las urnas y que atraviesa una crisis política profundísima, como resultado de la crisis económica y social.
Ana Belinco
29/09/2021
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