Los Fernández piden el rescate de la patria exportadora

Algunos se sorprendieron de que Alberto y Cristina “relanzaran” la campaña electoral de la mano del Consejo Agroindustrial -una entidad dominada por los monopolios productores y exportadores de la industria aceitera. Sin embargo, la sociedad del kirchnerismo con esta fracción del capital no es nueva: hay que recordar que, en plena pandemia, el gobierno estableció derechos de exportación diferenciados para la materia prima agrícola y para las aceiteras, agrandando el margen de éstas últimas a expensas de los productores. Esta “grieta” se volvió a manifestar en el día de ayer, pues la ley de fomento agroindustrial que anunciaron fue celebrada por la gran patronal aceitera y de los frigoríficos. En cambio, los capitostes de la Mesa de Enlace la catalogaron como un fraude. 

 En cualquier caso, es muy claro que la “pelea por el voto”, como ocurre con los gobiernos y partidos de Estado, comienza por el “voto” del capital, en este caso, de la fracción que promete traer los dólares para pagar la deuda externa. Los voceros oficiales han celebrado, además, que en el mes de setiembre los agroexportadores aportaron 2000 millones de dólares a las reservas del banco Central. Con menos fanfarria, sin embargo, los analistas destacan que esas divisas se volatilizarán en el pago de importaciones atrasadas, en los compromisos de la deuda pública y en la propia fuga de capitales, que en las últimas jornadas orilló los 200 millones de dólares diarios. En este goteo, intervienen los fondos internacionales –Templeton, Pimco- que están “clavados” en la Argentina desde los tiempos de Macri-Caputo, y que sostienen una tregua precaria con el gobierno “Nac y Pop”: ella consiste en renovar en Argentina una parte de sus fondos en títulos indexados o dolarizados, y, de a poco, fugar la otra parte en los mercados paralelos de divisas.

 En ese contexto, los 100.000 millones de dólares exportados que se prometieron en el acto de ayer para el año 2030 tienen un claro destinatario –los acreedores de la deuda pública argentina, incluyendo naturalmente al Fondo Monetario Internacional. 

 Salvavidas 

La ley de fomento a la agroindustria vino precedida de otra concesión al “campo” –la liberación de las exportaciones de carne a China, después de varios meses de cepo y restricción. ¿Qué significan estas concesiones? Se ha abierto una disputa por el alineamiento político del gran capital en la crisis de régimen que se destapó con la derrota electoral oficialista. Esta disputa no incluye sólo a la patronal agraria, sino también a los fondos acreedores de la deuda pública externa e interna y al propio FMI. En los últimos días, la oposición radical-macrista –a través de Vidal- anunció que, después de las elecciones de noviembre, peleará por el control del Congreso. Este golpe de mano le sucedería al golpe que ya se produjo en la Corte días atrás, consagrando a una dupla de jueces hostiles al gobierno y, en especial, a Cristina Kirchner. Si todo esto se consuma, el gobierno de los Fernández quedaría definitivamente reducido a la condición de un espectro. Todo esto explica, no solamente la mano tendida al “campo”, sino también los cabildeos de Martín Redrado ante Washington, ofreciendo garantías de un acuerdo para después de las elecciones en nombre, nada menos, que de la vicepresidenta. El kirchnerismo quiere demostrarle al gran capital que conseguirá pilotear la crisis histórica de la Argentina, la cual, más allá de las quejas de los de “arriba”, ha consolidado por abajo una pobreza del 40% y nada menos que la duplicación de la indigencia infantil durante la última década.

 El gobierno echó lastre con el campo, pero la pretensión de neutralizar su hostilidad política no parece prosperar. La ley de fomento anunciada por los Fernández prevé beneficios impositivos a las nuevas inversiones, con fuertes deducciones en el impuesto a las ganancias. Pero el capital agrario quiere algo mucho más importante e inmediato: la reducción e incluso eliminación de las retenciones, o sea, una alteración de fondo en el régimen económico. Es lo que también reclama el FMI con el “congelamiento de los subsidios” en el próximo presupuesto, lo que debería llevar a una liberación sin atenuantes de las tarifas de servicios públicos. Estas contradicciones económicas no serán procesadas sin mediar antes una crisis política. 

 La “platita” 

Del otro lado de la vereda, ocurre algo similar entre el gobierno y los trabajadores. El “plan platita”, en su alcance mezquino, no ha corrido un milímetro el escenario de miseria social que tiene su base en los salarios de pobreza, las jubilaciones de indigencia y el desempleo masivo. Los bonos y asignaciones anunciados en estos días serán devorados, todavía más rápido, por la carestía.

 La superación de este cuadro plantea una intervención de los trabajadores en la crisis. Esa intervención que busca abrirse paso, a veces, de un modo confuso, otras, con carácter parcial. En el primer caso, están los resultados electorales nacionales. En el segundo, las luchas y victorias de activistas y fracciones independientes de la burocracia en elecciones sindicales, de delegados y de internas. Es necesario promover una gran discusión sobre el rumbo político y la orientación de la clase obrera –ese es el fundamento de nuestro planteo en favor de un congreso Obrero, que responda a la crisis nacional con un programa y una lucha.

 Marcelo Ramal

 01/10/2021