Por ahora, condena social

“No hay nada”, fue la respuesta del fiscal federal Miguel Osorio a Alberto Santillán, cuando le planteó el interrogante clave de la causa que investigó las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda. Fue en su último encuentro, antes de pedir el archivo del expediente, y luego de mostrarle una pieza con decenas de cuerpos del expediente y gráficos inmensos con los cruces de 220 mil llamadas. “Le pusimos todo el esfuerzo, pero no encontramos ningún teléfono importante”, repasa Osorio en diálogo con Página/12. Sin embargo, destaca que sí probaron una comunicación del mismo día de la represión entre el ex comisario Alberto Fanchiotti y alguien de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Por su parte, el ex juez Mariano Bergés, abogado de Santillán, está convencido de que la SIDE “convenció a Eduardo Duhalde de que estaba en marcha un golpe por parte de los piqueteros con información falsa”. Y asegura que el ex presidente es el responsable de haber dado la orden de reprimir con tal magnitud.
“Es cierto que hubo luz verde, zona liberada”, afirma Bergés a este diario al referirse a la ferocidad de la cacería de los militantes de los movimientos de desocupados que aquel 26 de junio intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos y planes de empleo. “La policía fue cebada, con orden de reprimir, no de prevenir; en el juicio oral se demostró que fueron a buscar armas para meter balas de plomo”, recuerda. Bergés rescata la labor del fiscal Osorio y comenta su hipótesis de lo sucedido: cree que el gobierno de Duhalde temió ser víctima de “otro diciembre de 2001”, y por eso la orden era no permitir que los piqueteros entraran a Capital y llegaran a la Plaza de Mayo. “Esa decisión se toma en base a información falsa que aportó el entonces jefe de la SIDE, el fallecido Carlos Soria, sobre un supuesto plan de desestabilización, un presunto golpe de Estado del cual, en realidad, no había ninguna prueba concreta”, dice. Se refiere al legajo que se le pidió a la SIDE durante el juicio oral, cuya entrega por parte de los espías había sido autorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. “Eran dos carpetas de recortes de donde no surgía el menor indicio, era papel pintado, el único dato era lo de Gatica”, apunta en alusión a la Asamblea Piquetera Nacional del 22 y 23 de junio de 2002 en el estadio Gatica de Avellaneda.
Cuando declaró en el juicio oral, el propio Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y con ese material elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban infiltrados por las FARC, en referencia a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el ministro de Justicia Jorge Vanossi le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la Ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material, el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. A estos hechos se refieren los familiares cuando hablan de un plan político, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial de “se mataron entre ellos”.
La decisión del fiscal Osorio y del juez federal Ariel Lijo de archivar este expediente, concretada hace un mes, no puede ser revertida mediante una apelación. La única posibilidad de reactivarlo sería con la presentación de nuevos elementos de prueba y en esto trabajan los abogados de los familiares. Osorio y Bergés coincidieron en marcar que quedó un cabo suelto: ambos le pidieron al juez el allanamiento de la Secretaría de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, pero como la medida se hizo mediante un oficio y no con un operativo sorpresivo no hay garantía de que los espías provinciales no hayan ocultado algo. Las razones para buscar allí tienen que ver con que el propio Fanchiotti declaró que un día antes de la masacre los jefes de inteligencia fueron informados del plan “para aplicar represión con el objetivo de restablecer el orden con precisión quirúrgica”. Y en la causa está acreditado que la mañana del 26 los jefes policiales repasaron el operativo durante su desayuno junto a un agente de la SIDE al que conocían como tal, aunque no su identidad. El fiscal también cuestionó las respuestas que recibió de la SIDE, que calificó de “mediocres”, y agregó que no hubo un trabajo serio de Asuntos Internos de ese organismo. Sobre el contenido de la llamada que habría hecho “un empleado” de la SIDE a Fanchiotti, contestaron que había sido “para averiguar qué había sucedido” el 26 de junio durante la represión. El ex comisario declaró durante tres días como testigo en la fiscalía de Osorio, pero sonó a defensa tardía. Del contenido de las conversaciones de aquella jornada respondió con evasivas.
La causa 14.215 “Ruckauf y otros s/homicidio” del Juzgado federal Nº4 había sido iniciada por Mabel Ruiz, la madre de Maximiliano Kosteki, fallecida en septiembre de 2010. “Hubo una decisión de que no avanzara esta investigación, por eso a Duhalde le transmitimos la condena social por los asesinatos y lo escrachamos en cada uno de los lugares donde se presenta”, dice Federico Orchani, querellante en la causa y miembro del Frente Popular Darío Santillán.

Adriana Meyer