De militarización conocen los trabajadores

En distintos artículos hemos planteado que en la Argentina las clases dominantes han utilizado la violencia para resolver conflictos sociales, económicos y políticos, y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Esta semana ambas cosas se han vuelto a repetir. En este artículo haremos un repaso de algunos de los tantos momentos de la historia en que distintos gobiernos recurrieron a las denominadas fuerzas de seguridad para intervenir en huelgas y en conflictos entre el capital y el trabajo.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

"Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni virtud. Ser gobernado significa, en cada operación, en cada transacción, ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido. Es, bajo pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser expuesto a contribución, ejercido, desollado, explotado, monopolizado, depredado, mistificado, robado; luego, a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y , para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado, deshonrado. ¡He aquí el gobierno, he aquí su moralidad, he aquí su justicia." (P.J. Proudhon, Idea general de la revolución en el siglo XIX)

LO SUCEDIDO EN ESTAS JORNADAS

En distintos artículos en los últimos meses (1) hemos planteado que en la Argentina las clases dominantes han tenido desde siempre una vocación de utilizar la violencia para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos. Y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde hace un tiempo, se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Mientras tanto, tolera los negociados de grandes empresarios, de las mineras, banqueros de distinto pelaje, multinacionales del agro y popes de la UIA, entre otros. Mientras los ataques a los trabajadores continúan, Ella ha decidido ser complaciente y socia del capital y sus intereses.
Esta semana ambas cosas se han vuelto a repetir. Así vimos la movilización de la Gendarmería para enfrentar a los huelguistas, militarizar el conflicto entre los camioneros y los empresarios del transporte. Debemos sumar los pronunciamientos antiobreros de ministros, diputados y funcionarios del gobierno nacional y la judicialización de la protesta con la denuncia penal contra un dirigente sindical por convocar a una huelga de su sindicato.
Además, en el momento de mayor tensión con el gremio de camioneros, cuando la Gendarmería forcejeaba con los hombres de Hugo Moyano en la planta de YPF, en todos los regimientos del Ejército se recibió un plan de emergencia. Pasadas las 21 horas del miércoles 20 se envió un mensaje -radiograma en la jerga castrense- numerado 6912. Calificado como “urgente y reservado”, en ese despacho se ordenó confeccionar listas de conductores “con licencia nacional profesional, licencia para el transporte de mercancías peligrosas y licencia de transporte de carga general”. La orden del Gobierno era emplear a militares en lugar de los camioneros. Luego llegó otro mensaje con el pedido de camiones cisterna y de carga general que no fueron usados finalmente; pero un problema mayor se hubiese presentado en el escenario previsto: los camiones militares no están en regla. El año pasado, la Inspección General del Ejército había elevado un informe crítico sobre el estado de los vehículos, con la aclaración de que no cumplían las normas de tránsito nacionales como consecuencia de su antigüedad y, por lo tanto, tenían problemas con los seguros.
Por todo eso, es que haremos un repaso de algunos de los tantos momentos de la historia en que los trabajadores fueron movilizados militarmente, cuando distintos gobiernos recurrieron a la gendarmería y a las Fuerzas Armadas para intervenir en huelgas, en conflictos entre el capital y el trabajo.

PERON Y LA MILITARIZACIÓN DE LOS FERROVIARIOS

Durante el primer gobierno peronista, los sindicatos ferroviarios realizaron una huelga que comenzó en 1950 y recrudeció en 1951, en reclamo de aumentos salariales. El 24 de enero de 1951, Perón ante un conjunto de dirigentes sindicales declaraba: “No creí jamás que llegara a producirse en nuestros ferrocarriles una cosa como la que se está produciendo, que es el producto de mil o dos mil agitadores y de ciento cuarenta mil de indecisos. Voy a decretar la movilización militar de todo el personal que se niega a concurrir a sus tareas. Decretada la movilización, el que concurra a su trabajo está movilizado en él, el que no concurra tendrá que ser procesado e irá a los cuarteles, se incorporará bajo el régimen militar y será juzgado por la justicia militar de acuerdo con el Código de Justicia Militar”.
Se sancionó el decreto de movilización militar. La misma noche del 24 de enero la policía asalto centenares de hogares ferroviarios y de militantes de otros gremios, deteniéndolos y encarcelamiento, millares de obreros fueron cesanteados. La movilización militar y la tremenda represión desatada obligaron a los obreros a volver al trabajo. Se despidió y encarceló a los líderes de la huelga, y más tarde dispuso la detención de 2000 trabajadores, de los cuales 300 quedaron presos.

LA CGT, LOS TRABAJADORES Y EL PLAN CONINTES

La conflictividad social y política durante el gobierno de Frondizi había ido en aumento, con varias huelgas y el gobierno nacional se decidió por la represión y aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra y, en marzo de 1960, decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que permitía dividir el país en zonas de operaciones. A partir de esa fecha los actos calificados de terrorismo podían ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares, mientras que el Articulo 15 preveía la aplicación de la ley marcial, que implicaba -previo juicio sumarísimo- el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de ministros y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías provinciales. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de delegados de las fábricas, al tiempo que comenzaron a circular las listas negras.
El 16 de marzo de 1960, el ministro de Interior Alfredo Vitólo manifestaba que "los tribunales castrenses pueden declarar zona de guerra y la autoridad militar puede tomar determinaciones serias y graves cuando la situación lo requiera". En esa ocasión, agregó además que "los responsables de la agitación eran los peronistas y comunistas especialmente". En verdad, lo que sucedía era que los trabajadores se habían puesto en pie de lucha contra el plan económico diseñado por el superministro de Economía de ese entonces, el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.
La primera vez que Frondizi recurrió a las Fuerzas Armadas y de gendarmería para reprimir a los trabajadores fue a mediados de enero de 1959, durante la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, cuando los obreros se oponían a la privatización de ese establecimiento y luchaban contra la política "antipopular y antiargentina" que llevaba adelante el gobierno desarrollista, según la calificación hecha entonces por la CGT y las 62 Organizaciones. En esa ocasión se utilizaron para la represión desde la infantería de la policía hasta tanques de guerra del Ejército.

LA MOVILIZACION MILITAR DE LOS FERROVIARIOS Y EL II ROSARIAZO

La dictadura del Gral. Ongania había intervenido “La Unión Ferroviaria”, anulando los convenios y conquistas y rebajando categorías y sueldos. Por haberse plegado a distintos paros, 116.000 empleados y obreros fueron castigados de diversas maneras. Se aplicó la Ley 17.401 de represión al comunismo, y se encarceló a numerosos dirigentes.
El 8 de septiembre de 1969, el Cuerpo de Delegados Ferroviarios de la Seccional Rosario del Ferrocarril Mitre y de la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria anunciaban que “se iniciaba una huelga de brazos caídos en los lugares de trabajo”, a causa de la suspensión del delegado administrativo Mario J. Horat por su negativa de notificarse de su suspensión a la adhesión a varios paros nacionales. Ese día, respaldaron el paro los 1500 trabajadores de los Talleres de Rosario y los 2500 de Pérez, de Villa Diego, personal administrativo y del Galpón de Alistamiento de Máquinas Diesel. Por la noche, en una numerosa asamblea se decide continuar la huelga, esta vez por 72 horas, con la adhesión de La Fraternidad.
La medida se extendió a las Secciónales de Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda. La empresa anunció suspensiones masivas, la CGT Rosario se declaró en estado de alerta y convocó a un plenario, mientras los delegados ferroviarios declaraban “la huelga por tiempo indeterminado” a partir del día 12.
En tanto la solidaridad del resto de los ferroviarios se extendía por todo el país a través de paros, la empresa amenazaba y el gobierno nacional por medio del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) advertía primeramente a los huelguistas y luego, por el decreto 5324/69, ordenaba la aplicación de la “Ley de Defensa Civil”, por el cual todo el personal ferroviario era movilizado, con convocatoria militar y les sería aplicado el Código de Justicia Militar.
Los diarios titulaban “Se dispuso movilización del personal ferroviario”, y el decreto entre otros conceptos planteaba que “el personal masculino convocado, mayor de 18 años, queda sometido a las disposiciones del código de justicia militar, a su reglamentación y por lo que el incumplimiento de las órdenes que reciba para la realización de las tareas y las demás infracciones delictivas o disciplinarias en las que incurriere será reprimido...”.
Las amenazas y los decretos no impidieron que la solidaridad ante el conflicto ya no provendría solo de los ferroviarios, sino que tras un plenario de la “CGT Unificada de Rosario”, con la presencia de 37 gremios y de 6000 ferroviarios, se resolvió “realizar un paro activo por 38 horas” los días 16 y 17. El II Rosariazo, el “hecho maldito de la historia rosarina”, estaba en marcha.

DESDE EL 73 AL 75: REPRESION A LOS GREMIOS Y LOS TRABAJADORES

Luego del 25 de mayo de 1973, tras la asunción del gobierno popular que encabezó Héctor Cámpora, toda la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo.
Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envió del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primera respuesta vino del Gral. Perón que advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación: “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”.
Después se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralistas, estudiantes.
Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que se anunció oficialmente que se había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejercito procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos…”.
En octubre de ese año, se sancionó el decreto 2770, por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto llevó la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.
La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975, en Villa Constitución, cuando las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque -entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz-, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas desde Villa Constitución a Puerto San Martín. Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina”.
En esos meses, muchos fueron los gremios intervenidos, los sindicalistas y militantes gremiales encarcelados, otros asesinados y perseguidos.

LA DICTADURA MILITAR DE CACERIA

Con el golpe del 24 de marzo de 1976, la sociedad toda fue militarizada, desde las fábricas, las escuelas, los medios de comunicación, hasta la vida cotidiana de todos los argentinos.
La clase obrera, desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX. Nunca como en el período 1976-83 se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

MENEM Y MARIA JULIA LO HICIERON

En la primera semana de enero de 1990, se movilizaron los telefónicos de Buenos Aires por el rechazo de la política salarial y contra la privatización de ENTEL. La medida fue tomada por los delegados después que la semana anterior Menem firmara el pase de la telefónica nacional a manos privadas.
El conflicto que enfrentaba a los trabajadores telefónicos con el Gobierno se encaminaba hacia una eventual militarización, al revelar que se estaba “coordinando” con los ministerios del Interior y de Defensa la participación de fuerzas policiales y de seguridad en la “protección” de los bienes de la empresa. Fiel a la línea marcada por el presidente Carlos Menem, quien había lanzado un ultimátum a los telefónicos en huelga, María Julia Alsogaray inició una ofensiva sobre los trabajadores y comenzó una tarea de ablande. Primero fueron declaraciones radiales en las que adelantó que pediría la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar "el ingreso a los edificios de ENTEL de todos aquellos que quieran trabajar".
“Militares en acción”, anticipaban los diarios. "Queremos que nos ayuden en materia de comunicaciones y también proteger a quienes quieran trabajar", dijo la Sra. Alsogaray al referirse al pedido de intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en el conflicto, que ingresaba así en un terreno peligroso y que no se registraba en la Argentina desde aquella noche de julio de 1985, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín envió un verdadero ejército policial a la fábrica Ford de General Pacheco ocupada por sus trabajadores. La respuesta de los trabajadores fue una masiva marcha de más de 5 mil trabajadores telefónicos que repudiaron los despidos.
El 6 de septiembre de 1990 fue un día que deben recordar todos los telefónicos: volvían las Fuerzas Armadas a copar los lugares de trabajo como durante la huelga del 57, como en el 76. Y nada menos que un 6 de septiembre, cuando los militares daban el primer golpe de la era moderna en el país en 1930. Como se preveía, la dureza del gobierno nacional se concretó cuando dispuso la anunciada intervención de fuerzas de seguridad en los edificios de ENTEL para “garantizar el normal funcionamiento del servicio”, mientras proseguía el envío de telegramas de despido y el paro por tiempo indeterminado de los trabajadores.
Una de las crónicas de esa jornada en las oficinas de los telefónicos llevaba como título “El día que los militares hicieron de telefonistas”, donde se comentaba que “A las 16 de ayer, elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad cumplimentaron el reclamo formulado en la antevíspera por la interventora en ENTEL, María Julia Alsogaray, ocupando algunas de las plazas dejadas vacantes por los cesanteados y huelguistas de la telefónica estatal. Ataviados con uniforme y en medio del repudio generalizado de los trabajadores apostados a la entrada del edificio Cuyo. Los enviados por el Ministerio de Defensa estuvieron 6 horas en ese local. Los ingresantes al edifico desde donde se opera el sofisticado mecanismo del Centro Internacional Buenos Aires, al parecer capacitándose en el manejo de las computadoras que controlan la emisión y recepción de las llamadas hacia y desde el exterior. Al retirarse del edificio los militares fueron apostrofados sin miramiento por los trabajadores (…) “De nada había servido el ardid de Ricardo Fox, asesor de la interventora, quien momentos antes había asegurado que los uniformados ya se habían retirado del lugar por una puerta lateral. Así, los militares debieron armarse de valor y emigrar del local con más rapidez que marcialidad”.
Si bien la decisión no estaba tomada, Menem la analizaba no tanto por la eventual prolongación del pleito telefónico sino ante la situación planteada por gremios como La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor, cuyos conflictos se hallaban encuadrados dentro de los términos de la conciliación obligatoria y cuyo curso de acción final era imprevisible. Los medios oficiales se aseguraban que, si tras los plazos de la conciliación se desataban conflictos en forma conjunta, sería la oportunidad de aplicar el ex Plan Conintes, que contemplaba “la intervención de fuerzas de seguridad y militares para reprimir actividades insurreccionales de carácter principalmente político y gremial".
Apremiado por estas circunstancias, el Presidente estaba dispuesto a desempolvar el Plan Conintes como manera de garantizar que los servicios públicos no sufran ninguna alteración en su funcionamiento y para demostrar que no toleraría ningún escollo que complicara el ajuste económico y las privatizaciones.
El conflicto telefónico, hacia el 11 de septiembre, ingresó en una nueva etapa por las resoluciones que adoptaría el gremio durante un plenario de delegados. El presidente Carlos Menem reiteró su postura inflexible frente al conflicto y el Sindicato de Buenos Aires continuaba reclamando la reincorporación de los cesanteados por la interventora María Julia Alsogaray.
El titular del Poder Ejecutivo insistía en la necesidad de que los telefónicos depusieran primero las medidas de fuerza para retomar las negociaciones y volvió a repetir su remanida muletilla de que "el que no trabaja no cobra", mientras exhortó a los dirigentes sindicales, políticos y empresarios a "trabajar para levantar definitivamente el país. El gobierno nacional no dialoga con quienes paralizan sus actividades".
Mientras tanto los efectivos de las tres fuerzas armadas designados para operar las comunicaciones internacionales continuaron desarrollando sus tareas, al tiempo que la policía y el personal de custodia privada, contratado por la intervención, impidió el acceso a los trabajadores en los edificios Ciha I y Ciha.
En medio del conflicto, cuando los militares se hicieron cargo de operar los equipos de las comunicaciones, sucedió este diálogo entre un militar que hacía de operador y un cliente:
Buenos días, quisiera saber si se puede hacer una llamada con cobro revertido a Babilonia.
Un segundito que le averiguo...
El diálogo, que bien podría haber sido el fruto de un absurdo intercambio de palabras entre un bromista y un infaltable desprevenido, tuvo sin embargo como protagonistas a un operador despedido del Centro Internacional Buenos Aires (Ciba I) y a uno de los militares que manejan las comunicaciones, con el implícito objetivo de poner a prueba la idoneidad de los militares-telefónistas.
Pero la proporción de la disparatada anécdota -relatada por un telefónico cesanteado- hubiera sido menor si el integrante de las Fuerzas Armadas no hubiera demorado largos minutos revisando planillas, para luego responder: "Babilonia no está en el catálogo". Más allá de las sonrisas que pueda despertar, el hecho reviste la seriedad que impone el alto costo de las comunicaciones internacionales. La presencia militar en Ciba I, denunciada como intimidatoria por los trabajadores, podría extenderse por tiempo indeterminado pese al rechazo de los operadores, los más castigados por la interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, con la andanada de telegramas de despidos.
“Usurpan nuestros lugares de trabajo y no lo vamos a permitir”, se quejó una delegada del personal del Cíba 1. Los telefónicos, que habían planteado como condición para retornar al trabajo el retiro del lugar de las fuerzas del orden, amenazaron en principio con no cumplir con sus tareas; pero finalmente una asamblea de los que aún conservaban su fuente de labor, desechó la medida.
Voceros de los trabajadores describieron como irrespirable el clima que se vivía en el edificio de ENTEL de Talcahuano y Rivadavia. “El personal de la seguridad privada nos acompaña hasta el baño y hay milicos por todas partes”, indicaron.
En un intento por refutar los elogios de la interventora de la empresa nacional de telecomunicaciones a la actuación de los uniformados ("lo están hacienda bien y pueden seguir"), los portavoces apuntaron que por ineficacia de los noveles telefónicos “el país pierde cuantiosas sumas de dinero, ya que, por ejemplo, en el caso de llamadas de cobro revertido no se realizan las verificaciones correspondientes cuando hay comunicaciones con cabinas públicas”.

LAS AMENAZAS O LA REPRESION NUNCA PARALIZARON A LOS TRABAJADORES

En su larga historia de reclamos, huelgas, conflictos y las más variadas formas de lucha, los asalariados fueron sancionados, suspendidos, despedidos, perseguidos, encarcelados, deportados, torturados, asesinados, reprimidos, desaparecidos, denunciados ante la justicia, les aplicaron planes económicos contra sus intereses, leyes represivas y movilizados militarmente para ir a trabajar para el capital.
Pero también es larga la resistencia obrera, es extensa la lista de gestas proletarias de enfrentamientos a las fuerzas de represión de las clases dominantes y a los grupos parapoliciales como la Liga Patriótica o la Triple A.
Por todo eso, es que por más que los reten o los amenacen desde el atril, saquen la Ley Antiterrorista, apliquen el Proyecto X, judicialicen la protesta, manden la gendarmería o las patotas que reprimen en “nombre de”, los trabajadores seguirán protestando en las calles, plazas, rutas o lugares de trabajo, protagonizando huelgas, y movilizándose.

Leónidas F. Ceruti, historiador.