“Ecotrans no invierte. Despide trabajadores y maltrata al usuario”, resumía un pasacalle desplegado frente a la delegación Morón del Ministerio de Trabajo bonaerense, ubicado en San Martín 263.
El lunes, un grupo de trabajadores y delegados de la línea de colectivos Ecotrans, del Grupo Plaza, aguardaba el resultado de la audiencia que podría haber determinado la reincorporación de dos chóferes despedidos a fines de abril. Finalmente, eso no sucedió, pero la delegación convocó una nueva audiencia para el 19 de junio.
Mientras tanto, los choferes Eduardo Torres y Gustavo García continuarán acampando frente a los talleres que la empresa tiene en Morón, en Rivadavia 17.415, con un único reclamo: la reincorporación a sus puestos de trabajo.
“Ellos (la empresa) no cierran el diálogo, pero dicen que con la reincorporación no, porque sería un desprestigio para la empresa. Que la empresa, si se equivocó con la decisión que tomó o si fue apresurada, prefiere no volver marcha atrás”, comenta García a Marcha, tras la audiencia.
Ladrones
El conflicto comenzó cuando García y Torres recibieron, a fines de abril, un telegrama de despido en el que fueron acusados de haber robado cables de una antena de Ecotrans, que se cayó como consecuencia del violento temporal que azotó a diversas zonas del conurbano. La empresa alegó tener filmaciones y testigos que corroboraban los hechos, pero nunca los presentó. Por el contrario, y ante la insistencia de los trabajadores por recuperar sus puestos de trabajo, intentó acordar con ellos una suma económica.
“Es un poco contradictorio, porque, si los encontraron robando, ¿por qué les ofrecen plata para que se vayan?, pregunta el delegado Carlos Pacheco.
Los despidos motivaron un paro votado en asamblea por los compañeros de los choferes, pero Ecotrans contratacó y echó a otros 40 trabajadores por haber acatado la huelga (en jerga patronal: por no haber cumplido los servicios en tiempo y forma, y causar un perjuicio económico a la empresa).
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero los despidos de Torres y García no estuvieron contemplados en ella. A partir de ese momento, se conformaron dos audiencias distintas: una por las decenas de trabajadores despedidos y otra por la situación de los “ladrones de cables”.
“Es una trampa. El Ministerio llamó a una audiencia de emergencia donde dicen que la UTA (Unión de Tranviarios Automotor) y el cuerpo de delegados no reconocen el conflicto. Por eso, hacen una audiencia por la falta de pago de salario. Eso es mentira, porque los compañeros dijeron: no nos interesa el salario, nos interesan los dos compañeros que están afuera. Entonces, hacen dos audiencias”, explicó el trabajador Ronald Armaza.
El conflicto, tal como afirma Pacheco, se enmarca dentro de una interna que ya lleva varios años. “Nunca fuimos del agrado de la UTA, porque no somos verticalistas, no somos obsecuentes, tenemos criterio propio, creemos en las asambleas, y en los métodos democráticos del movimiento obrero. Siempre hubo un empeño de la propia organización por desplazarnos”, explica.
El delegado expresa, a su entender, las verdaderas razones de los despidos: “Acá hay una cuestión política. Se mezcló justo con un cambio en el cuerpo de delegados, y fueron cuestiones políticas para marcar un poder para la empresa. Ellos nos intentaron sacar con una causa infundada. Tampoco tuvimos el apoyo del gremio”.
Los 40 trabajadores despedidos fueron reincorporados, pero Torres y García siguen esperando. Y, desde hace un mes, acampan frente a la empresa.
Emergencia
Ecotrans –que hace 8 años era Transportes del Oeste S.A. (TDO)- está integrada por más de 8 ramales comunales, intercomunales y nacionales. La empresa forma parte del servicio urbano del Grupo Plaza, cuyo director titular, Antonio Cirigliano, es directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa que tenía la concesión del Ferrocarril Sarmiento hasta que el gobierno nacional decidió rescindirla tras la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. Cirigliano está acusado por el juez federal Claudio Bonadío de estrago culposo.
Grupo Plaza es uno de los principales accionistas de Cometrans, el holding del Grupo Cirigliano que explota la construcción de material ferroviario con EMFER (Emprendimientos Ferroviarios S.A.) y de carrocerías para colectivos con TATSA (Tecnología Avanzada en Transporte S.A.). También tuvo en sus manos a TBA y fue accionista, desde 1995 hasta 2000, de Metrovías S.A, que tiene bajo su poder las cinco líneas de subte, el premetro y el ferrocarril Urquiza. Por si fuera poco, de 1998 a 2007, tuvo la concesión del servicio de transporte público de pasajeros del Metro de Río de Janeiro, a través de su participación accionaria en Opportrâns Concessao Metroviária S.A.
El Grupo Plaza perdió su concesión en Bahía Blanca, luego de que el intendente, Gustavo Bevilaqua, decretara la “emergencia” en el área de transporte. Según el periódico bahiense La Nueva Provincia, “Bevilaqua concretó su decisión de aplicar la ´máxima sanción´ prevista por el contrato de concesión, como respuesta a las cinco mil infracciones aplicadas por incumplimiento de frecuencias, mal estado de unidades y cambios de recorridos”. La medida fue respaldada por el ex intendente y actual ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Cristian Breitenstein, cuya gestión comunal abrió las puertas al Grupo en 2008.
La jugada
Ecotrans también se benefició con la política de subsidios aplicada por el gobierno nacional. El delegado Luis Mariani reveló una cifra: la empresa percibió, mensualmente durante el 2011, 53 mil pesos por unidad. Es decir, alrededor de 14 millones de pesos por mes, “por las más de 300 unidades en circulación actual”, según informa la página web oficial.
Sin embargo, Pacheco advierte que, en la calle, no tienen esa cantidad de colectivos: “¿Sabés cómo es la jugada? Ellos hacen un informe como que salieron todos los colectivos. Entonces, con tal que salga de la planta y dé una vuelta, se considera que salió. Hasta 50 colectivos vuelven al taller y otros tanto se quedan en las calles”.
Los delegados lanzan a Marcha otra cifra que contrasta con la de Ecotrans: del total declarado por la empresa en su sitio de Internet, sólo 200 unidades están operativas. “Y a veces 180. Te doy un ejemplo concreto de la época de TDO: Marcos Paz tenía 70 colectivos, con una población tres veces menor a la que tenemos hoy en Marcos Paz, Merlo, Mariano Acosta. Y hoy tenés 30 unidades”, dice Pacheco.
¿Otro TBA?
Chispas de cables sueltos en medio del agua, crickets vencidos y falta de protección en las gomerías son algunas de las fotografías narradas por los delegados para ilustrar la desinversión. Y ponen un caso ejemplo: hace tres meses, el aro de una cubierta que estalló, hirió gravemente a un trabajador. “Al compañero lo golpeó, lo quebró y no lo mató de suerte”, dice Pacheco.
Pese a las denuncias, acusan los choferes, la empresa nunca construyó la “jaula” con la que se deben realizar los armados y desarmes de las cubiertas de los colectivos. “Cuando desarman la cubierta y la tienen que inflar, el aro –que, encima, está prohibido- tiene que estar en una jaula; cosa que, si explota, lo contiene”, explica Armaza.
“En un canal de televisión, pasaron una nota sobre los talleres (ferroviarios) de Haedo. Cualquier trabajador de Ecotrans pensaba que estaba hecho en la empresa: los techos sin chapa, talleres que se inundan, fosas con agua, falta de repuestos y herramientas, personal trabajando sin libreta de trabajo y la ropa adecuada. Es una cosa terrible”, sintetiza Pacheco.
Armaza cuenta otro ejemplo de la falta de mantenimiento: el incendio de un colectivo. “Tenía los turbos muy pegados donde estaban los cables. Cuando se incendió, con pasajeros arriba, el chofer intentó usar el matafuego. Estaba descargado”, describe.
¿Qué esgrimió la empresa? “Corte de circuito de un timbre. Mentira. Nunca lo vi en mis 33 años de trabajo. Esos cables no se prenden fuego, son ignífugos”.
¿Resultado? “Culparon a dos compañeros electricistas para no reconocer que es un colectivo que no podía funcionar porque tenía material inflamable. Después tuvieron que echar lastre porque no tenían prueba. A uno lo tuvieron que reincorporar y a otro lo tuvieron que indemnizar”.
Lucas Pedulla
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