...pero también sin Javier Barrionuevo, sin Julio López, sin Carlos Fuentealba, sin Silvia Suppo, sin tantos pibes muertos por gatillo fácil. Y todos ellos entrelazados por una historia que se repite: fuerzas represivas y un estado cómplice o ausente, al tiempo que la impunidad mantiene a la gran mayoría de los responsables políticos y materiales caminando por las calles.
Por ANRed - L
El 26 de junio de 2002, en una jornada de protesta llevada a cabo por organizaciones de trabajadores desocupados, el corte del Puente Pueyrredón fue reprimido por un operativo del cual participaron más de 400 efectivos. Fue la primera vez que actuaron conjuntamente las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal) y la Policía bonaerense.
Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica) y Darío Santillán (MTD-Lanús) fueron asesinados por integrantes del grupo de tareas que dirigió el ex comisario Alfredo Fanchiotti, en una estrategia represiva ideada y coordinada desde el poder político.
Eduardo Duhalde, quien presidía el Poder Ejecutivo tras un desfile de presidentes post caída de Fernando De la Rua, había afirmado: “Hay que ir poniendo orden; los intentos de aislar a la Capital no pueden pasar más”, al tiempo que hablaba de “agentes provocadores del caos”.
En los barrios pobres del conurbano bonaerense parecían “esconderse” estos “provocadores”. Tras los sucesos de diciembre de 2001 -donde 38 personas fueron asesinadas- los movimientos de desocupados, las y los piqueteros, discutían medidas de fuerza. El plan de lucha del 26 de junio representó el ánimo y la convicción de avanzar con un fin claro: denunciar una vez más el contexto de miseria; reclamar aumento de los planes sociales, alimento para los comedores y mejoras en salud y educación; y exigir el desprocesamiento de los luchadores sociales. “Empezamos a juntarnos, empujados por la necesidad y por el desprecio de los que gobiernan, para ver si uniéndonos y haciéndonos fuertes desde nosotros, sin esperar las cosas desde arriba, lográbamos conseguir, movilizándonos, puestos en los planes de empleo”. La claridad de estas palabras pertenece a Darío Santillán.
La respuesta del Estado fue su asesinato y el de Maxi, junto a más de 30 heridos con balas de plomo. Kosteki fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, sobre la Av. Pavón. La lesión en el pecho fue mortal. Una vez herido, lo llevaron hasta la estación de trenes de Avellaneda para pedir una ambulancia. Allí estaba Santillán, quien al advertir que policías entrarían a la estación dijo: “Me quedo yo, salgan”. La mayoría escapó en tren. Por auxiliar a Maxi le dispararon a Darío: cinco metros recorrió desde que se puso de pie y buscó la salida hasta que le dieron la perdigonada de munición de plomo por la espalda.
Los responsables materiales han sido juzgados y condenados, no así los responsables políticos, siendo su mayor exponente Eduardo Duhalde, quien planea presentarse como candidato a presidente para las próximas elecciones.
Un camino a recorrer
Sergio Smietniansky, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CaDep), afirma que “Duhalde es esencialmente un represor, un ideólogo y un ejecutor de la represión. En el momento que asume la gobernación y empieza a aplicar una intensificación muy marcada en el tema de la represión y de la criminalización de la protesta y la pobreza, da vía libre, acuerda y sustenta a la ‘maldita policía’. Si ya se sabía lo que significaba esa institución, se sabía que la policía mataba y torturaba y se la denunciaba como responsable de casos de gatillo fácil, esa manifestación de apoyo y aval a las fuerzas represivas pinta a este personaje de cuerpo entero”.
Asimismo, Smietniansky puntualiza que “después de la rebelión del 19 y 20 de diciembre, Duhalde intenta formularse como quien dará un cierre a esa etapa, garantizando la estabilidad sistémica, garantizando que se queden todos”. En un contexto de “intensificación de las luchas y con Duhalde como presidente, la planificación y ejecución de la represión en Avellaneda lo convierte en el principal responsable político”. Ideó, junto a su aparato, la antesala para “ilegalizar a las organizaciones de trabajadores desocupados, principal foco de conflicto y cuestionamiento”.
Frente al manto de impunidad de un Duhalde nunca juzgado por el poder judicial, el abogado de DDHH manifiesta que “lo importante es continuar con el trabajo militante de expandir la condena social, generando la conciencia de que hay condena social”. Así, el 15 de junio pasado distintas organizaciones realizaron un juicio popular al ex presidente. En pleno centro porteño, se expresaba que fue Duhalde “quien ordenó la represión a los manifestantes, quien está involucrado con el narcotráfico, la muerte del periodista José Luis Cabezas, el caso AMIA y el gatillo fácil” y que “actualmente es la opción política más funcional a los sectores conservadores y procesistas que piden ajuste y mano dura”, al tiempo que repudiaron “su reivindicación al accionar genocida de las fuerzas armadas”.
Smietniansky remarca que “si bien el juicio popular no tiene fuerza legal, tiene una enorme legitimidad”. Y ejemplifica: “Alfredo Astiz caminaba tranquilo hasta que un día se cruzó con alguien que le rompió la cara. Legalmente los tipos estaban en libertad pero la condena social existía. Alguien materializó esta condena y lo expuso a la sociedad. Hoy Astiz está en cana”.
Para concluir, el abogado señala que “la lucha consiguió que los autores materiales de la Masacre de Avellaneda estén presos: eso representa un triunfo de las organizaciones que construyeron ese terreno a través de la movilización y la denuncia. Generar las condiciones para enjuiciar a los responsables políticos es un camino a recorrer”
Cuenta la historia reciente...
...que en el Jaguel, el 6 de febrero de 2002, caía asesinado Javier Barrionuevo, un joven de los que elegían -y eligen- el corte de ruta para ser escuchados. El asesino era “Batata”, apodo tumbero para el verdugo, cuyo nombre real es Jorge Bogado. Él fue el brazo ejecutor de una maniobra dirigida desde la política punteril del duhaldismo, que en Ezeiza adopta el nombre de Alejandro Granados, hoy devenido intendente oficialista. No hubo ni hay acusados políticos y ni siquiera el verdugo está preso. Las dos sesiones que duró Bogado en el banquillo le bastaron para salir en libertad. Los jueces se ampararon en que el fiscal no lo acusó y que ellos no podían actuar como agentes acusadores.
La impunidad siguió ese 2002 con la matanza del Puente Pueyrredón y cuatro años después le llegó el turno a Jorge Julio López, quien testificó en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz y desapareció por segunda vez en su vida el 18 de septiembre de 2006. Sus captores quisieron asustar a los testigos contra los genocidas poniendo en marcha el mecanismo de la desaparición. ¿El juicio? Una causa que buscaba a un López presuntamente ausentado de su domicilio, o extraviado. Se buscaba un cuerpo a orillas de arroyos y descampados, despolitizando el contexto en que fue secuestrado. Recién cambió el rumbo cuando se siguió la pista de Julio César Garachico, vinculado con el CCD donde estuvo López, y con la patota de Etchecolatz. Los allanamientos se hicieron sin control fiscal o de las querellas y el resto de las pistas tuvo idéntico tratamiento: agentes bonaerenses embarraban el terreno, se llenaban expedientes que no conducían a nada y se abandonaban las pistas con más asidero. López lleva 4 años desaparecido y no hay ni un solo imputado.
El 29 de marzo pasado, en Rafaela, Santa Fe, fue asesinada Silvia Suppo, testigo en la “causa Brusa”, que implica a policías -hoy libres- como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, su novio. Silvia señaló sentirse hostigada e intimidada desde el inicio de la causa. La hipótesis oficial fue la de "robo común" y desde el gobierno provincial sólo la vicegobernadora Griselda Tessio admitió que podría tratarse de "sicarios". Como con López, se aparta el dilema político, haciendo imposible dar con pistas reales. Dos días después de ser atacada a cuchillazos, donde los presuntos ladrones se llevan $300, se detuvo a dos jóvenes pobres, Rodrigo Sosa, 19 años, y su primo de 22, Rodolfo Cóceres, quienes confesaron ante la policía ser los autores del homicidio. Desde entonces la justicia ha rechazado los argumentos de la abogada de H.I.J.O.S Lucía Puyol.
Esta triste historia sigue teniendo nombres: Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Matías Pena, Jonhatan Lezcano, Ezequiel Blanco, Ruben Carballo, así como chicos anónimos asesinados por fuerzas de seguridad.
A 8 años del asesinato de Darío y Maxi, el Puente Pueyrredón será escenario de quienes aún se preguntan y seguirán preguntando por qué andan sueltos los asesinos. Pero también porque la historia tiene memoria y no se acallará mientras la impunidad sea la única repuesta.
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