Mientras se intenta vender como una conquista “nacional y popular” y un salto en el supuesto camino del “desendeudamiento”, la nueva operación de canje de deuda que no tiene otro objetivo que el de despejar obstáculos para volver a endeudarse con el núcleo del sistema financiero internacional, el gobierno de Cristina Kirchner mueve otra vez a sus peones de la burocracia sindical para ponerle un cerrojo a las reivindicaciones salariales de los trabajadores y, más grave todavía, da una vuelta de tuerca en la política de criminalización y judicialización de la protesta social y en la persecución a los referentes y militantes de las organizaciones populares.
La distancia entre el discurso de la épica trucha del “modelo” kirchnerista y sus acciones se abisma todavía más. Aníbal Fernández, el ubicuo discípulo quilmeño de Angel Abasto –a su vez ladero del caudillo metalúrgico procesista Vittorio Calabró-, el ex funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde, el mismo “peronista” que como ministro del Interior había pretendido ponerle un candado a la Plaza de Mayo, la plaza del 17 de Octubre, para las manifestaciones populares, ordenó transformar en una causa por “robo” la que originalmente tenía como carátula la de “resistencia a la autoridad” abierta contra el referente de Lanús del Frente Popular Darío Santillán, Pablo Solana. Esta causa que se le había inventado cuando, durante el acampe en la 9 de Julio para exigir “Cooperativas sin punteros” en el programa Argentina Trabaja, salió en defensa de 2 compañeros que sufrían los aprietes de una provocación policial.
Parece relacionado con cualquier cosa menos con la casualidad el hecho de que el sorpresivo intento de agravar la situación judicial de Solana por ese episodio –en el que había sido detenido por unas horas y golpeado con dureza- se produzca a horas de un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda y cuando el FPDS, junto a muchas otras organizaciones, prepara la ya clásica doble jornada en el Puente Avellaneda de todos los 25 y 26 de junio, para exigir justicia y castigo a los responsables políticos de ese hito represivo del gobierno de Duhalde.
Solana era un compañero de lucha y responsabilidades cotidianas con Darío Santillán en el MTD de Lanús y fue uno de los impulsores y operadores de la investigación de la Masacre de Avellaneda hecha por los propios compañeros de Darío y Maximiliano Kosteki. Y además el Gobierno, a través de algunos jefes de organizaciones sociales cooptadas, pretende en estos días apropiarse de la reivindicación, de los símbolos populares y de las figuras de Darío y Maxi y hacer su propio acto en el Puente, aunque entre sus filas cuente con cómplices de la Masacre, como el propio Aníbal Fernández y aunque nunca se cumpliera la promesa de Néstor Kirchner apenas asumido como presidente a Alberto Santillán, padre de Darío, de investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades intelectuales en la Masacre de Avellaneda.
Y si los “leales” al gobierno, como el gobernador radical de Río Negro Miguel Angel Saiz, engrosan con sus policías bravas las listas de víctimas del gatillo fácil y la represión a mansalva, en los pagos kirchneristas de La Matanza se reitera el recurso de la criminalización de la protesta con la causa abierta contra otro militante del FPDS, Fabio Ferrau, por su participación en un corte de la ruta 3 para protestar también contra el manejo clientelista y punteril de los cupos en las cooperativas del programa Argentina Trabaja. Causa parecida a la que también se le abrió a Jerónimo Altschuler, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, también por una movilización por el mismo programa.
Paralelamente, en La Matanza, otro integrante del Frente Darío Santillán, Juan Tévez recibió amenazas por su participación en un escrache a la comisaría de Lomas del Mirador en reclamo por la aparición con vida de Luciano Arruga.
Todos estos hechos no pueden interpretarse sino como una escalada contra las organizaciones sociales que no subordinan su lucha a la lógica de la disputa superestructural entre el oficialismo kirchnerista y la oposición político-partidaria de la derecha representante de los intereses económicos de la patria sojera y los grandes grupos, entre ellos los mediáticos. Disputa en la que por cierto no caben la represión y el gatillo fácil de los que son víctimas los militantes populares y los vecinos de las barriadas más olvidadas de los centros urbanos o de cualquier pueblo del país. Disputa que no excluye, tampoco, coincidencias básicas entre sus presuntos polos, y operativas en determinadas coyunturas, para habilitar en conjunto nuevos canjes de deudas o cualquier otra norma que satisfaga necesidades o intereses de algún sector del poder económico, circunstancialmente oficialista u opositor.
Prensa de Frente
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