Una vez más las fuerzas represivas han actuado contra pobladores de esta localidad catamarqueña. La nueva excusa es el procesamiento y búsqueda del docente Alejandro de las Cuevas luego de una orden del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Y sin embargo De las Cuevas (a quien el gobierno provincial sindica como uruguayo pretendiendo aplicar una política de extranjería propia de los primeras décadas del Siglo XX en Argentina) no es prófugo de la justicia, luego de que la fiscal Marta Nieva le cambiara la carátula y de imputado pasara a ser testigo declarante.
Pero esto no acaba aquí. Con el pretexto de detenerlo, la policía allanó viviendas en forma indiscriminada y destruyó el campamento de El Algarrobo donde se reúnen los auto-convocados que se movilizan contra las explotaciones mineras a cielo abierto La Alumbrera y Agua Rica.
Esta política de criminalización de la protesta socio-ambiental no es nueva y no siempre tiene la repercusión que se merece (más allá del escándalo que ocurriera a mediados de febrero cuando miembros del grupo Kuntur y Gendarmería agredieron a integrantes de la Agrupación Vecinos por la Vida, lo que derivó en una poblada que provocó que se suspendiera en forma transitoria la actividad minera en la zona). Ésta no fue la primera agresión contra El Algarrobo. El 25 de marzo de este año, cuatro de sus integrantes fueron detenidos mientras sólo inspeccionaban las roturas del mineroducto de Minera Alumbrera sobre el río de Villavil con un detector de metales pesados.
Queda claro que a la lucha por salvaguardar el agua en Catamarca se responde reprimiendo. Estas lamentables escenas suelen repetirse en distintos puntos del país, cada vez que surgen personas y movimientos dispuestos a dar batalla para no entregar nuestros recursos naturales a los megaproyectos predadores.
Observatorio de las Empresas Transnacionales
FOCO Foro Ciudadano de Participación por la
Justicia y los Derechos Humanos
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