viernes, 27 de abril de 2018
Un Flybondi para Sturzenegger
La corrida cambiaria expresa una crisis de conjunto.
La nueva venta de 1.000 millones de dólares de reservas para frenar la corrida cambiaria empequeñece la “explicación” que algunos economistas buscaban ayer para justificar esta escalada. A saber, que los fondos de inversión extranjeros “recalculaban” sus beneficios en el país a raíz de la puesta en vigencia del impuesto a la renta financiera. Por un lado, la retirada de estos fondos viene produciéndose desde hace meses, según algunas fuentes, “desilusionados con la volatilidad cambiaria” (Claudio Zlotnik en iProfesional, 4/4) en mucha mayor medida que con un impuesto cuya aplicación ya estaba descontada. Es lo que habría ocurrido con los fondos Templeton y Black Rock a comienzos de este mes, que huyeron de Argentina para jugar al carry trade en Egipto. Por el otro lado, la corrida debe ser colocada en el escenario más general de la crisis mundial y del impasse de la administración macrista.
La tasa de interés estadounidense ha superado ya los tres puntos porcentuales, como expresión de la tendencia a la desvalorización de la exponencial deuda de ese país. La aspiradora de fondos en favor de los bonos del Tesoro yanqui, que en febrero pasado succionó a la Bolsa de Nueva York, ahora va por los fondos depositados en los países emergentes. Si Argentina ocupa un lugar prominente en esa fuga de capitales, ello se relaciona con sus propias y explosivas contradicciones.
En diciembre pasado, el gabinete económico habilitó a un “recalibramiento” de metas inflacionarias. En realidad, se trató de una devaluación del orden del 20%, que buscó contener los reclamos de la burguesía industrial y revertir las tendencias recesivas. Pero el remezón cambiario terminó por desnudar al castillo de naipes macrista: la devaluación resultó un golpe severo al carry trade, la bicicleta que permitía traer fondos en dólares, cambiarlos a pesos, colocarlos a elevadas tasas de interés y luego recomprar los dólares a un valor más o menos estable. Pero los que recalcularon a Argentina también tomaron en cuenta otras cuestiones: un nivel de deuda pública que ya supera los dos tercios del PBI; una balanza comercial deficitaria en 10.000 millones de dólares para este año y necesidades de financiamiento exterior –deuda, importaciones, atesoramiento– por 30.000 millones de dólares anuales. El “recalibramiento” fue la confesión del agotamiento del esquema económico macrista, y ese agotamiento ha disparado la presente fuga de capitales, que ya se llevó 4.500 millones desde que comenzó 2018. A los que preparan las maletas y han salido a pulsear con el Banco Central, se ha sumado una fracción recalcitrante del bloque de gobierno: los exportadores y pooles agropecuarios, que están reteniendo alevosamente la cosecha a la espera de una devaluación.
En este cuadro, la venta frenética de dólares por parte del BCRA es un intento desesperado por reconstruir el carry trade –o sea, ofrecer la certeza de una cierta estabilidad cambiaria e inflacionaria. La respuesta de los “mercados”, sin embargo, ha sido redoblar la apuesta, y dolarizar todos los fondos posibles a un dólar inferior a 21 pesos. Los comentaristas pro-oficialistas buscan disipar la corrida con el argumento de que “el Banco Central tiene reservas suficientes”. Pero ocurre que esas reservas tienen como contrapartida, y en un monto más o menos similar, a los pagarés emitidos por el propio Banco para absorber los pesos emitidos contra el ingreso de divisas prestadas –las Lebacs. La actual corrida consiste, esencialmente, en la venta de esas Lebacs para la adquisición de dólares. El BCRA, por lo tanto, enfrenta la corrida con divisas prestadas. La respuesta inmediata a la corrida –una suba general de la tasa de interés–, implicará, en el mejor de los casos, un recrudecimiento de las tendencias recesivas. Por el contrario, una nueva devaluación “moderada”, como la de enero pasado, no haría sino acelerar, en este cuadro, la fuga de capitales –y naturalmente, una nueva disparada inflacionaria que comenzará por las tarifas dolarizadas.
Es claro que la corrida excede por mucho a la aplicación circunstancial de un impuesto. Asistimos a una crisis general del orden económico y político del macrismo, lo que se expresa en las fricciones de la propia coalición gobernante; en las disputas por la justicia, y en la crisis del tarifazo, entre otros aspectos. La clase obrera y sus organizaciones deben partir de este escenario de conjunto para colocar a la orden del día todas sus reivindicaciones apremiantes.
Marcelo Ramal
Ciudad: proyecto de liquidación de cuatro hospitales en beneficio de los especuladores inmobiliarios
El gobierno porteño contra la salud pública.
El gobierno porteño analiza “desarrollar un nuevo hospital de alta complejidad” sobre la base de reconvertir cuatro hospitales de especialidad (el María Ferrer, de enfermedades respiratorias; el Marie Curie, oncológico; el IREP, de rehabilitación psicofísica y el de gastroenterología, Bonorino Udaondo), ubicándolos a todos en el predio que actualmente ocupa el hospital Muñiz.
En realidad se trata de liquidar esos hospitales especializados para convertirlos en meros servicios de un hospital, con la consiguiente reducción de servicios, de profesionales, de personal de enfermería y administrativo y de camas destinadas a la internación, todo lo cual supone una disminución drástica en la cantidad de pacientes que se atenderían. La otra cara del plan es la apropiación de tierras públicas de alto valor, para pasarlas a manos de especuladores inmobiliarios.
El proyecto oficial ha generado una importante reacción por parte de profesionales y trabajadores que rechazan este brutal ataque a la salud púbica.
El plan es económicamente ambicioso, ya que se avanzaría en la apropiación de tierras ubicada en barrios muy codiciados para los agentes de la especulación inmobiliaria como las del Irep, ubicado en la zona de Nuñez o los del Marie Curie, que está asentado cerca del Parque Centenario.
Según la presentación del proyecto, el valor de venta de esos activos asciende a u$s123,7 millones (Udaondo, Curie, Ferrer, IREP, cotización LJ Ramos diciembre 2017).
Este “nuevo” hospital que busca Rodríguez Larreta es un retroceso absoluto en la atención de la salud de la población más necesitada, usuaria mayoritaria de los hospitales públicos, ya que busca convertir a los centros de salud monovalentes en simples servicios dentro de un instituto.
También implica un achicamiento en la atención y jerarquía de las especialidades que se tratan en cada hospital y, obviamente, la reducción de los planteles de trabajadores y profesionales de cada institución.
A su vez, desde el punto de vista sanitario implica un riesgo, ya que se traslada a un ámbito donde se tratan enfermedades infectocontagiosas a pacientes inmunocomprometidos o tener afecciones severas respiratorias.
Respuesta de trabajadores y profesionales
En los hospitales afectados esta noticia ha generado un proceso de deliberación y descontento entre los trabajadores y pacientes. El IREP hace meses que está sufriendo una reubicación progresiva del personal de la sala pediátrica hacia otros hospitales y avanzando con el cierre de la misma, que fue estrenada por el gobierno porteño hace solo dos años y que cuenta con todos los elementos necesarios como para funcionar, aunque no está habilitado para la atención a los pacientes.
Los trabajadores de ese hospital convocaron el mes pasado a un abrazo al hospital y a un corte en la Avenida del Libertador y Juramento para denunciar este cierre, que está orquestando desde el gobierno de la Ciudad.
Por su parte, en el hospital Muñiz, con la asistencia de médicos y profesionales de Trabajo Social, se realizó una asamblea de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Se denunció y rechazó el plan, que supone la reducción de 200 camas de internación en el Muñiz (que en la actualidad cuenta con 350), y un total de 500 camas de internación para los cinco hospitales.
También prevé la demolición de buena parte de la edificación existente, que incluye áreas de valor histórico. En la asamblea se denunció la ausencia de un plan sanitario y las consecuencias del proyecto en detrimento de la salud pública.
También se cuestionó la oferta salarial de 12%, que se lleva adelante en un acuerdo clandestino, sin participación de los profesionales.
En el Marie Curie los trabajadores en asamblea han decidido convocar a un abrazo al hospital para el jueves 10, a las 10 horas. Y en el Udaondo también se está organizando una asamblea contra este proyecto.
En el 2010, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, había anunciado un proyecto similar que planteaba la unión de los hospitales Muñiz, Ferrer y Udaondo. Sin embargo el plan naufragó ante su inviabilidad sanitaria y el proceso de lucha que se gestó entonces con la resistencia de los trabajadores de la salud a la usurpación de los terrenos del Borda, por parte del gobierno de la Ciudad.
Pedido de informes del PO-FIT
Desde nuestra banca del PO-FIT en la Legislatura, que ocupa Gabriel Solano, hemos presentado en la Comisión de Salud un pedido de informe sobre este proyecto. En el pedido, apuntamos a la defensa de todos los puestos de trabajo, el reconocimiento de los regímenes laborales y el de los hospitales de especialidad.
A su vez planteamos que una verdadera jerarquización de la salud pública parte de un relevamiento de las condiciones de trabajo, de las necesidades acuciantes de nuestro profesionales que cumplen jornadas extenuantes, sobrecargados de trabajo, con salarios muy bajos, todo lo cual se agrava por la falta de equipamientos e insumos básicos, en hospitales con una infraestructura precaria.
Dar respuestas a estas necesidades es la base para asegurar una mejora en la salud pública.
Martín SH
El gobierno porteño analiza “desarrollar un nuevo hospital de alta complejidad” sobre la base de reconvertir cuatro hospitales de especialidad (el María Ferrer, de enfermedades respiratorias; el Marie Curie, oncológico; el IREP, de rehabilitación psicofísica y el de gastroenterología, Bonorino Udaondo), ubicándolos a todos en el predio que actualmente ocupa el hospital Muñiz.
En realidad se trata de liquidar esos hospitales especializados para convertirlos en meros servicios de un hospital, con la consiguiente reducción de servicios, de profesionales, de personal de enfermería y administrativo y de camas destinadas a la internación, todo lo cual supone una disminución drástica en la cantidad de pacientes que se atenderían. La otra cara del plan es la apropiación de tierras públicas de alto valor, para pasarlas a manos de especuladores inmobiliarios.
El proyecto oficial ha generado una importante reacción por parte de profesionales y trabajadores que rechazan este brutal ataque a la salud púbica.
El plan es económicamente ambicioso, ya que se avanzaría en la apropiación de tierras ubicada en barrios muy codiciados para los agentes de la especulación inmobiliaria como las del Irep, ubicado en la zona de Nuñez o los del Marie Curie, que está asentado cerca del Parque Centenario.
Según la presentación del proyecto, el valor de venta de esos activos asciende a u$s123,7 millones (Udaondo, Curie, Ferrer, IREP, cotización LJ Ramos diciembre 2017).
Este “nuevo” hospital que busca Rodríguez Larreta es un retroceso absoluto en la atención de la salud de la población más necesitada, usuaria mayoritaria de los hospitales públicos, ya que busca convertir a los centros de salud monovalentes en simples servicios dentro de un instituto.
También implica un achicamiento en la atención y jerarquía de las especialidades que se tratan en cada hospital y, obviamente, la reducción de los planteles de trabajadores y profesionales de cada institución.
A su vez, desde el punto de vista sanitario implica un riesgo, ya que se traslada a un ámbito donde se tratan enfermedades infectocontagiosas a pacientes inmunocomprometidos o tener afecciones severas respiratorias.
Respuesta de trabajadores y profesionales
En los hospitales afectados esta noticia ha generado un proceso de deliberación y descontento entre los trabajadores y pacientes. El IREP hace meses que está sufriendo una reubicación progresiva del personal de la sala pediátrica hacia otros hospitales y avanzando con el cierre de la misma, que fue estrenada por el gobierno porteño hace solo dos años y que cuenta con todos los elementos necesarios como para funcionar, aunque no está habilitado para la atención a los pacientes.
Los trabajadores de ese hospital convocaron el mes pasado a un abrazo al hospital y a un corte en la Avenida del Libertador y Juramento para denunciar este cierre, que está orquestando desde el gobierno de la Ciudad.
Por su parte, en el hospital Muñiz, con la asistencia de médicos y profesionales de Trabajo Social, se realizó una asamblea de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Se denunció y rechazó el plan, que supone la reducción de 200 camas de internación en el Muñiz (que en la actualidad cuenta con 350), y un total de 500 camas de internación para los cinco hospitales.
También prevé la demolición de buena parte de la edificación existente, que incluye áreas de valor histórico. En la asamblea se denunció la ausencia de un plan sanitario y las consecuencias del proyecto en detrimento de la salud pública.
También se cuestionó la oferta salarial de 12%, que se lleva adelante en un acuerdo clandestino, sin participación de los profesionales.
En el Marie Curie los trabajadores en asamblea han decidido convocar a un abrazo al hospital para el jueves 10, a las 10 horas. Y en el Udaondo también se está organizando una asamblea contra este proyecto.
En el 2010, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, había anunciado un proyecto similar que planteaba la unión de los hospitales Muñiz, Ferrer y Udaondo. Sin embargo el plan naufragó ante su inviabilidad sanitaria y el proceso de lucha que se gestó entonces con la resistencia de los trabajadores de la salud a la usurpación de los terrenos del Borda, por parte del gobierno de la Ciudad.
Pedido de informes del PO-FIT
Desde nuestra banca del PO-FIT en la Legislatura, que ocupa Gabriel Solano, hemos presentado en la Comisión de Salud un pedido de informe sobre este proyecto. En el pedido, apuntamos a la defensa de todos los puestos de trabajo, el reconocimiento de los regímenes laborales y el de los hospitales de especialidad.
A su vez planteamos que una verdadera jerarquización de la salud pública parte de un relevamiento de las condiciones de trabajo, de las necesidades acuciantes de nuestro profesionales que cumplen jornadas extenuantes, sobrecargados de trabajo, con salarios muy bajos, todo lo cual se agrava por la falta de equipamientos e insumos básicos, en hospitales con una infraestructura precaria.
Dar respuestas a estas necesidades es la base para asegurar una mejora en la salud pública.
Martín SH
Escrache de estudiantes terciarios en la inauguración de la Feria del Libro
Decenas de estudiantes terciarios de una decena de institutos de la Capital –entre ellos, el Normal 10, Normal 9, Eccleston, ISPEE, Belgrano y Romero Brest– impidieron que se realizara el acto de inauguración de la Feria del Libro.
Estaba previsto el discurso de los ministros de Cultura de Ciudad y Nación, Enrique Avogadro y Pablo Avelluto. Los estudiantes realizaron un escrache en reclamo del retiro del proyecto de ley de la UniCABA, que determina el cierre de los 29 profesorados y un ataque integral a la formación docente. A su turno, quién sí pudo hablar fue la escritora Claudia Piñeiro, quien se solidarizó con los estudiantes y sus reclamos.
Esta medida se enmarca en una gran agenda de lucha, que el 12 de abril llevo a 15 mil personas a las calles en una histórica movilizacion y que se prepara para una gran marcha educativa el 9 de mayo con secundarios, universitarios y diferentes gremios docentes.
La UJS – Partido Obrero convoca a masificar este movimiento hasta derrotar esta y todas las reformas antieducativas del macrismo.
Prensa Obrera
Estaba previsto el discurso de los ministros de Cultura de Ciudad y Nación, Enrique Avogadro y Pablo Avelluto. Los estudiantes realizaron un escrache en reclamo del retiro del proyecto de ley de la UniCABA, que determina el cierre de los 29 profesorados y un ataque integral a la formación docente. A su turno, quién sí pudo hablar fue la escritora Claudia Piñeiro, quien se solidarizó con los estudiantes y sus reclamos.
Esta medida se enmarca en una gran agenda de lucha, que el 12 de abril llevo a 15 mil personas a las calles en una histórica movilizacion y que se prepara para una gran marcha educativa el 9 de mayo con secundarios, universitarios y diferentes gremios docentes.
La UJS – Partido Obrero convoca a masificar este movimiento hasta derrotar esta y todas las reformas antieducativas del macrismo.
Prensa Obrera
jueves, 26 de abril de 2018
La lucha contra el tarifazo y sus “rescatistas”
Las iniciativas anunciadas por el gobierno para ‘reducir el impacto’ de los aumentos de tarifas tienen un denominador común: apuntan al rescate integral de esta confiscación y, al mismo tiempo, a zafar de la crisis política generada por los aumentos continuos del gas, la luz, el agua y los peajes.
La decisión de “suspender” una parte menor de los impuestos de carácter provincial que gravan los servicios públicos, sólo ha sido ‘acatada’ por los macristas Vidal, Larreta (“por un año”) y Gerardo Morales. Macri ha amagado con una ley dirigida a “limpiar” de impuestos distritales a las boletas de servicios -a sabiendas que sería inconstitucional, tanto por decreto como por ley. Pero le serviría al gobierno para “compartir el costo político de la suba de tarifas” (Clarín, 20/4); o sea, para echarle parte del fardo al pejotismo. Mientras tanto, el gobierno ha dejado inalterado el IVA, que llega -según el caso- a gravar hasta el 27% de las boletas de servicios. Es el impuesto más confiscatorio sobre el consumo popular y tiene un peso decisivo en la recaudación de un Estado que concentra el 14% de sus recursos al pago de los intereses de la deuda pública. Macri tampoco toca el impuesto a los combustibles, que los encarece en alrededor del 25 por ciento. Y tampoco Ingresos Brutos, que es el principal impuesto provincial. El financiamiento del Estado debe correr por cuenta de los grandes capitalistas, no de los trabajadores que, en un elevadísimo porcentaje, no cubren la canasta familiar.
La especie de que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos es necesaria para poner fin al déficit fiscal y a la emisión del dinero que lo financia es una mentira monumental. Ocurre que las tarifas dispuestas para el gas y la luz son una consecuencia del plan de precios “ascendentes” para el gas en boca de pozo, que arreglaron el gobierno y la Corte en 2016. Los valores impuestos por este acuerdo triplican los precios que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento por decreto del precio del gas en boca de pozo multiplica el costo de generación de electricidad y la tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. Una periodista especializada acaba de señalar que este incentivo a la producción adicional de gas “lleva implícito un subsidio de consumidores o del propio Estado a los productores, para que superen la pereza inversora” (Cronista, 24/4). El tarifazo, justificado en nombre de la eliminación de subsidios, es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta, el único yacimiento que aumentó su producción en los últimos años.
La tarifas y la deuda
Las “calificadoras de riesgo” han seguido con lupa el tira y afloje de estos días en torno del tarifazo. La razón es sencilla: las tarifas dolarizadas operan, por un lado, como garantía de las compañías de servicios que apelan al endeudamiento internacional. Es lo que ocurrirá de aquí en más con los corredores viales, que pagarán los usuarios. Según Clarín (24/4), el sistema de participación pública privada “duplicará y hasta puede triplicar el (precio) de obras realizadas en base al método tradicional”, y que serán solventadas con peajes dolarizados y con nuevos cargos en el precio de los combustibles. Por otro lado, los impuestos que encarecen la tarifa funcionan como garantía de pago del aún mayor endeudamiento público. Todo esto ya se vivió bajo las privatizaciones de Menem-Cavallo -que saltaron por el aire en 2001. La PPP afectará, asimismo, a obras de transporte energético y de infraestructura para Vaca Muerta, todo lo cual deberá contar con el respaldo de las tarifas de gas y de luz. El llamado desarrollo energético es una operación del capital financiero. A su turno, la reducción de subsidios libera fondos del presupuesto público para el pago de la deuda externa.
El tarifazo, la oposición y la clase obrera
La crisis de estos días no es sólo un accidente o un tropiezo en el proceso político macrista. El plan en curso enfrenta una verdadera tormenta. Piénsese solamente en la suba del precio internacional del petróleo, a 75 dólares el barril, que va a repercutir en las tarifas dolarizadas. El aumento es ocasionado por la devaluación internacional del dólar; ello como consecuencia del encarecimiento de la deuda pública descomunal de Estados Unidos. Asistimos a un potencial ataque aún mayor al bolsillo de los trabajadores, a una crisis de deuda externa en perspectiva y a una crisis de financiamiento en la industria tributaria de los combustibles -en primer lugar el servicio eléctrico y gasífero. La crisis de los tarifazos expresa una impasse más general de la Argentina de Macri.
Tampoco amainarán las disputas al interior de la coalición oficial, en relación con un nuevo reparto del botín energético. Carrió, una lobbista del capital internacional, además de reclamar el rápido remate de los activos petroleros de Cristóbal López, arremete también contra el grupo Mindlin, un hijo de los K convertido al macrismo, que ha distribuido dividendos fenomenales sin haber invertido un peso en energía.
La oposición ha salido a fustigar el tarifazo a la cola de Carrió, que justifica su cruzada en el objetivo de asegurar que Macri… termine su mandato. El pejota-kirchnerismo no cuestiona este sistema confiscatorio. Cristina Kirchner, que plantea retrotraer las tarifas a enero de 2017, está hablando para las tribunas, porque el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio, en el último trienio del kirchnerismo. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17.
Toda esta complicidad subraya la necesidad de que los sindicatos se pongan de pie. La burocracia es la gran muda en esta crisis, cuando se hace más necesaria que nunca la lucha por paritarias sin techo, con piso en la inflación real, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -que debe computar ahora la suba de tarifas.
Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos, sean de la CGT o la CTA, para plantear un pliego de reivindicaciones y abrir el debate en función de una reorganización social de conjunto. En primer lugar, la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario; el control obrero y una contabilidad única sobre el conjunto de la economía nacional, la cual comienza por el cómputo de los propios medios de vida de los trabajadores.
Frente a las reducciones provisorias de impuestos distritales dispuestas para rescatar al tarifazo, planteamos la eliminación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos al gran capital. Al régimen de entrega de los recursos energéticos al capital internacional, le oponemos la nacionalización sin pago de las empresas de combustibles y energía, bajo control obrero.
Con esta línea intervenimos en el Parlamento y en las organizaciones obreras, y hacemos un llamado a las nuevas direcciones obreras, al clasismo y a la izquierda a luchar en común en esta dirección.
Marcelo Ramal
Gendarmes ingresaron a un jardín de infantes
El día lunes 23 de abril ocurrió un episodio gravísimo en el Jardín de infantes N° 908 "Tambor de Tacuarí" del Barrio San José del distrito bonaerense de Moreno. Siendo aproximadamente las 14hs la Gendarmería montó un operativo que incluía decenas de gendarmes, móviles y hasta un helicóptero en búsqueda de "piratas del asfalto", sosteniendo que estos se encontraban dentro del establecimiento educativo.
Las docentes que se encontraban realizando sus actividades cotidianas con sus alumnos, se dieron cuenta del operativo que se estaba gestando afuera del jardín y se sintieron atemorizadas y amenazadas. La directora salió de la institución para hablar con los gendarmes y plantearles que dentro de la institución no había nadie extraño a la escuela, pero ellos insistieron en querer entrar para revisar. Recién desarmaron el escandaloso "operativo" al ingreso de 1 o 2 uniformados, dejando las armas afuera. Cuando accedieron a la institución, según los dichos del papá de un alumno, palparon al auxiliar de la escuela e hicieron poner cuerpo a tierra a los niños. Una aberración y un ataque furioso a los derechos de los alumnos, docentes y auxiliares de la institución.
Este caso se trata de un ejemplo más de la "doctrina Chocobar" que consiste en dar impunidad y piedra libre a las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad sostiene que el delito aumenta como resultado de la limitación de la acción policial, cuando el principal factor de inseguridad ciudadana es en verdad el propio aparato represivo, que asegura zonas liberadas para el delito y se halla entrelazado con el narcotráfico y las redes de trata.
Desde Tribuna Docente nos solidarizamos con la Comunidad Educativa del Jardín de Infantes y repudiamos el accionar de las fuerzas de seguridad y el ingreso de las fuerzas de seguridad a las instituciones educativas.
Tribuna Docente Moreno
Las docentes que se encontraban realizando sus actividades cotidianas con sus alumnos, se dieron cuenta del operativo que se estaba gestando afuera del jardín y se sintieron atemorizadas y amenazadas. La directora salió de la institución para hablar con los gendarmes y plantearles que dentro de la institución no había nadie extraño a la escuela, pero ellos insistieron en querer entrar para revisar. Recién desarmaron el escandaloso "operativo" al ingreso de 1 o 2 uniformados, dejando las armas afuera. Cuando accedieron a la institución, según los dichos del papá de un alumno, palparon al auxiliar de la escuela e hicieron poner cuerpo a tierra a los niños. Una aberración y un ataque furioso a los derechos de los alumnos, docentes y auxiliares de la institución.
Este caso se trata de un ejemplo más de la "doctrina Chocobar" que consiste en dar impunidad y piedra libre a las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad sostiene que el delito aumenta como resultado de la limitación de la acción policial, cuando el principal factor de inseguridad ciudadana es en verdad el propio aparato represivo, que asegura zonas liberadas para el delito y se halla entrelazado con el narcotráfico y las redes de trata.
Desde Tribuna Docente nos solidarizamos con la Comunidad Educativa del Jardín de Infantes y repudiamos el accionar de las fuerzas de seguridad y el ingreso de las fuerzas de seguridad a las instituciones educativas.
Tribuna Docente Moreno
miércoles, 25 de abril de 2018
Diputados: el macrismo bloqueó todos los proyectos que cuestionaban los tarifazos
El oficialismo impidió que se discutieran más de 25 proyectos que cuestionaban las siderales subas de tarifas, ratificando la política de ajuste del Gobierno nacional.
A las 11.20 de este miércoles arrancó la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para discutir casi 30 proyectos de ley que cuestionaban el tarifazo que impulsa el gobierno nacional.
Una semana antes el quórum para sesionar no se había logrado por la escandalosa maniobra protagonizada por el diputado salteño Alfredo Olmedo. Sin embargo, acercándose al mediodía de este miércoles, 132 legisladores sentados en sus bancas, permitieron que se iniciara la sesión.
En este caso el oficialismo bajó presuroso a sentarse. La semana anterior al bochorno de Olmedo le había sumado la imagen del diputado Nicolás Mássot escondido detrás de una cortina esperando que no se lograra sesionar.
Sin embargo, la llegada de Cambiemos al recinto tuvo como única finalidad impedir que se pudiera discutir alguno de los proyectos de ley que habían sido presentados por la oposición para discutir en contra del tarifazo que lleva adelante el gobierno de Macri.
Esta operación se hizo en dos pasos. Por un lado, evitando que el martes hubiera un dictamen de algunas comisiones, entre ellas la de Presupuesto, sobre los proyectos que podían bajar al recinto. En segundo lugar, votando en contra de que se trataran este miércoles en el recinto.
El reglamento de la Cámara indica que para que un proyecto deba ser tratado en el recinto debe poseer dictamen de comisión con un plazo de 7 días. Si esto no ocurre, sólo puede ser tratado con el voto favorable de los 2/3 de los legisladores presentes.
Como Cambiemos no podía impedir que hubiera quórum, boicoteó la sesión por medio del voto en contra ante cada uno de los proyectos presentados por la oposición.
Denuncias desde la izquierda
Cerca de las 12 h, el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, convocó a una reunión informal con los presidentes de bloque para establecer un plan de labor parlamentaria que permitiera ordenar la discusión. La resolución estableció un mecanismo que otorgó 5 minutos para fundamentar sus proyectos a cada diputado que hubiera presentado uno.
Entre los primeros en hablar estuvo Nicolás del Caño, el diputado del PTS-FIT. El dirigente de la izquierda fue especialmente duro contra el gobierno pero también fustigó a la oposición del peronismo que avaló el Presupuesto 2018 donde se habilitaban estos tarifazos.
“En el Presupuesto se incluía la quita de subsidios. Y en ese esquema esto significa tarifazo a los sectores populares y no a los grandes grupos económicos", disparó el dirigente de izquierda en relación al Frente Renovador y el Bloque Justicialista, las dos alas del peronismo que habilitaron la aprobación de esa ley.
El diputado recordó que el proyecto presentado por su espacio incluye una salida de fondo a la crisis de los servicios esenciales que se vive en la actualidad.
"Hay un falso debate al que nos quieren llevar. Nos quieren plantear dos alternativas falsas. Por un lado este esquema de tarifazos y, por el otro, empresas subsidiadas por el Estado. Nuestra propuesta de nacionalización de las empresas bajo control de los usuarios de sectores populares es la única salida realista y de fondo", señaló.
La sesión especial culminó cerca de las 18 h. El el orden del día había convocada una sesión ordinaria que finalmente no se trató y pasó para el día 9 de mayo.
La Izquierda Diario
A las 11.20 de este miércoles arrancó la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para discutir casi 30 proyectos de ley que cuestionaban el tarifazo que impulsa el gobierno nacional.
Una semana antes el quórum para sesionar no se había logrado por la escandalosa maniobra protagonizada por el diputado salteño Alfredo Olmedo. Sin embargo, acercándose al mediodía de este miércoles, 132 legisladores sentados en sus bancas, permitieron que se iniciara la sesión.
En este caso el oficialismo bajó presuroso a sentarse. La semana anterior al bochorno de Olmedo le había sumado la imagen del diputado Nicolás Mássot escondido detrás de una cortina esperando que no se lograra sesionar.
Sin embargo, la llegada de Cambiemos al recinto tuvo como única finalidad impedir que se pudiera discutir alguno de los proyectos de ley que habían sido presentados por la oposición para discutir en contra del tarifazo que lleva adelante el gobierno de Macri.
Esta operación se hizo en dos pasos. Por un lado, evitando que el martes hubiera un dictamen de algunas comisiones, entre ellas la de Presupuesto, sobre los proyectos que podían bajar al recinto. En segundo lugar, votando en contra de que se trataran este miércoles en el recinto.
El reglamento de la Cámara indica que para que un proyecto deba ser tratado en el recinto debe poseer dictamen de comisión con un plazo de 7 días. Si esto no ocurre, sólo puede ser tratado con el voto favorable de los 2/3 de los legisladores presentes.
Como Cambiemos no podía impedir que hubiera quórum, boicoteó la sesión por medio del voto en contra ante cada uno de los proyectos presentados por la oposición.
Denuncias desde la izquierda
Cerca de las 12 h, el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, convocó a una reunión informal con los presidentes de bloque para establecer un plan de labor parlamentaria que permitiera ordenar la discusión. La resolución estableció un mecanismo que otorgó 5 minutos para fundamentar sus proyectos a cada diputado que hubiera presentado uno.
Entre los primeros en hablar estuvo Nicolás del Caño, el diputado del PTS-FIT. El dirigente de la izquierda fue especialmente duro contra el gobierno pero también fustigó a la oposición del peronismo que avaló el Presupuesto 2018 donde se habilitaban estos tarifazos.
“En el Presupuesto se incluía la quita de subsidios. Y en ese esquema esto significa tarifazo a los sectores populares y no a los grandes grupos económicos", disparó el dirigente de izquierda en relación al Frente Renovador y el Bloque Justicialista, las dos alas del peronismo que habilitaron la aprobación de esa ley.
El diputado recordó que el proyecto presentado por su espacio incluye una salida de fondo a la crisis de los servicios esenciales que se vive en la actualidad.
"Hay un falso debate al que nos quieren llevar. Nos quieren plantear dos alternativas falsas. Por un lado este esquema de tarifazos y, por el otro, empresas subsidiadas por el Estado. Nuestra propuesta de nacionalización de las empresas bajo control de los usuarios de sectores populares es la única salida realista y de fondo", señaló.
La sesión especial culminó cerca de las 18 h. El el orden del día había convocada una sesión ordinaria que finalmente no se trató y pasó para el día 9 de mayo.
La Izquierda Diario
El Estado argentino sostiene prácticas de tortura de la época de la dictadura militar
Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles visitó cárceles, comisarías y neuropsiquiátricos del país. Su conclusión fue lapidaria: el Estado argentino tortura.
El enviado de la Organización de las Naciones Unidas en materia de torturas y tratos cruelas sobre las personas, Nils Melzer, estuvo en Argentina entre el 9 y el 20 de abril. Luego emitió un informe lapidario. Un pasaje del texto preliminar plantea que “parte de la arquitectura militar opresiva del pasado, aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública”.
A Melzer y a la delegación que lo acompañó solo les bastó visitar centros de detención de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, entrevistar a varias personas privadas de su libertad, familias con denuncias hacia la Policía por casos de gatillo fácil, organizaciones no gubernamentales y representantes de pueblos originarios para llegar a las contundentes conclusiones.
También se reunió con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que le presentó un detallado análisis de las denuncias de tortura y vejámenes varios que viven a diario no solo las personas detenidas sino también sus familias, que es parte de lo que sistemáticamente vienen denunciando.
El “relator”, tal el nombre del cargo del enviado de la ONU, deberá presentar su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo en marzo de 2019.
Vale aclarar que las indicaciones, basadas en las conclusiones a las que arriban la delegaciones que visitan distintos países, no son nunca vinculantes para los gobiernos a las que van dirigidas. Y también es importante tener en cuenta que la ONU es un organismo controlado por los principales países imperialistas que buscan mostrar un rostro humanitario con que cubrir las masacres, guerras o hambrunas a las que arroja el sistema capitalista a millones de personas en todo el mundo.
Pero más allá de eso (y de los tiempos burocráticos de la propia ONU) el informe viene a confirmar lo que ya muchos organismos de derechos humanos y víctimas de la violencia policial e institucional vienen denunciado: que en el período constitucional, que lleva 35 años, en las cárceles argentinas y en distintos centros de reclusión se tortura, hay sometimiento a prácticas degradantes y en general hay una política de persecución sobre los jóvenes (sobre todo pobres) que muchas veces terminan muriendo víctimas de gatillo fácil.
El informe es un golpe para el gobierno de Cambiemos, que se jacta de llevar una política de seguridad “responsable” pero que para defiende con dureza el accionar de la Policía sea cual sea el saldo (“Doctrina Chocobar”) y de otras fuerzas como la Gendarmería (Caso Maldonado).
Macri en sus discursos en el exterior dice defender valores democráticos, pero apoyó el golpe institucional contra Dilma Roussef en Brasil y defiende que la derecha judicial encarcele a Lula para proscribirlo electoralmente. Celebra el triunfo en Paraguay de un derechista defensor de la dictadura de Stroessner. Y muestra cada vez que puede su gran afinidad con el Estado genocida de Israel. Además de verse totalmente atraído por la política general de Donald Trump. Y la lista sigue.
La dureza del informe viene a demostrar que internamente, en estos dos años, Cambiemos no ha hecho otra cosa que empeorar la situación, en cuanto a políticas de “seguridad” se trata, de los sectores más empobrecidos de la población.
Violencia policial
El apartado sobre “violencia policial” del informe de Melzer describe que “numerosas denuncias de violencia policial durante manifestaciones pacíficas contra el desalojo forzoso, o al intentar presentar quejas o pedidos de cualquier índole a las autoridades competentes (…) particularmente adolescentes, adultos jóvenes y mujeres provenientes de segmentos marginados de la sociedad, dieron cuenta de que la violencia policial se utilizaba con frecuencia para acosarlos, provocarlos o intimidados o, en algunos casos, para obligarlos a confesar un supuesto delito o denunciar a otras personas”.
Y continúa diciendo el relator que también recibió “varias denuncias sobre el uso de técnicas de asfixia conocidas como ’submarino’ tanto ’mojado’ (sumergir la cabeza en un líquido) como ’seco’ (colocar una bolsa de plástico sobre la cabeza), particularmente durante los traslados en los patrulleros (…) agentes policiales que hacían un uso excesivo de las armas de fuego (’gatillo fácil’) al momento de la detención, incluso como medio de intimidación”.
La conclusión sobre el accionar policial y de los diferentes servicios penitenciarios del país -una vez que los detenidos son arrojados a las cárceles- afirma que “la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y carcelarias parece ser generalizada y la impunidad enorme”.
Violencia carcelaria y sobrepoblación
Es sabido que hace ya muchas décadas las cárceles de nuestro país se encuentran superpobladas, pegando un salto en los últimos años, llegando a casi un 60 % la población carcelaria sin condena firme (es decir inocente hasta que se demuestre lo contrario) que pasa años alojada en penales.
En el informe preliminar se pueden observar las denuncias sobre requisas corporales violentas e invasivas, además del sistemático robo de pertenencias y de alimentos de los reclusos por parte del personal de los diferentes servicios penitenciarios.
En tal sentido Melzer afirma que “en las comisarías provinciales (Provincia de Buenos Aires) N° 1 y 5 (…) y en varios pabellones de las penitenciarías en Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) numerosos hombres duermen sin colchón, en el piso, sobre el cemento o sobre el elástico desnudo de las camas de metal. Cuando disponen de frazadas y colchones, los mismos están sumamente gastados, rotos y se están desintegrando”.
En otro tramo afirma que “muchos hombres y mujeres manifestaron haber sido detenidos por la Policía durante períodos prolongados de varias semanas y hasta más de seis meses, muchas veces sin haber visto a un juez o a un defensor público y sin acceso al aire fresco ni a la luz solar”.
Centros de detención de jóvenes
En este punto Melzer exhortó “firmemente a las autoridades a ponerle fin al encierro excesivo en centros de detención de menores, y a garantizarles el acceso a escuelas y oportunidades para la reinserción de los internos adolescentes”.
La “herencia recibida”
Como se advierte, esta situación agravada por la política de disciplinamiento sobre la clase trabajadora y los sectores populares que viene aplicando el macrismo, con estas nefastas consecuencias, no surgió con el gobierno de Cambiemos.
Durante sus doce años de mandato, el autoproclamado gobierno “defensor de los derechos humanos” fue también un responsable central de esta situación. En honor a la verdad, cada gobierno que se sucedió desde 1983 a esta parte aportó lo suyo para llegar a esto.
Ninguna gestión nacional o provincial revirtió las prácticas que la última dictadura cívico militar imprimió en las fuerzas represivas.
Por otro lado, este informe (como otros que realizaron diversos organismos nacionales o internacionales) viene a demostrar que las políticas de “seguridad democrática” del kirchnerismo fueron un fracaso, sencillamente porque es imposible pretender reformar instituciones que son el brazo armado de un Estado gobernado por los grandes empresarios, cuya razón de ser es la ganancia capitalista y la defensa de la propiedad privada.
Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, confirmó a La Izquierda Diario lo antedicho con un dato: durante el último año de la gobernación de Scioli, las cárceles bonaerenses sumaron 1.700 detenidos sin condena. Eso, que ya era un salto significativo respecto a años anteriores, se agravó sustancialmente durante los dos años de la gobernación de María Eugenia Vidal, que sumó 4.700 personas privadas de su libertad sin que ningún juez haya fallado en su contra.
Las cárceles están cada vez más (super)pobladas de personas que jurídicamente son inocentes. Y se las tortura.
Mirta Pacheco
Larreta y Vidal: recursos millonarios para seguir aceitando el tarifazo
Los dos distritos gobernados por Cambiemos anunciaron que reducirían los impuestos de las facturas de los servicios, pero cuentan con enormes recursos para poder realizar esta medida demagógica.
Tras el anuncio de Vidal de reducir los impuestos de las boletas de electricidad y gas a pedido del presidente, también Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció que eliminará el impuesto a los ingresos brutos en las facturas de agua y gas.
En una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta señaló que acompañará el pedido del presidente Mauricio Macri de reducir transferencias de impuestos a las facturas de servicios. Según el mandatario, CABA "no traslada ningún impuesto específico" a las tarifas que pagan los consumidores.
La medida impulsada por Cambiemos implica un pequeño retoque para que nada cambie. El peso de las tarifas seguirá ocupando un alto porcentaje en los bolsillos de los usuarios.
Según una estimación de Cifra, de mínima, sólo los incrementos de gas natural y electricidad pasaron de representar el 2,7 % al 14,5 % de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados entre 2015 y abril de 2018.
Distritos con fondos extra
Ambos distritos son gobernados por Cambiemos y buscan dar el ejemplo al resto de los gobernadores con quienes Macri quiere compartir el costo político por las subas de tarifas.
Pero no sólo es una cuestión de pertenecer al mismo equipo, sino también que los distritos de Caba y la provincia de Buenos Aires cuentan con recursos para afrontar la medida demagógica del oficialismo.
La provincia de Buenos Aires, en 2017 adhirió al Consenso Fiscal que le permitió obtener $ 40.000 millones en 2018 y otros $ 65.000 millones en 2019, por la mejora en la distribución de la coparticipación federal y la baja del Fondo del Conurbano. Vale recordar que esta negociación incluyó avalar la reforma jubilatoria.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires según un relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), lidera el ranking de jurisdicciones con más recursos percibidos per cápita. Durante 2016 se estimó que contó con un promedio de $ 42.353 por habitante.
Federico Muñoz y Asociados estimaron que la provincia de Buenos Aires generó el 32,3 % del PIB y la CABA el 19,1 %. Esto significa que entre ambas superan la mitad del producto, según calcularon los especialistas en el Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) de 2016, que mide el peso de cada economía provincial sobre el total nacional.
En cambio, hay provincias que tienen menor participación, menos del 10 % del PIB como La Rioja (0,6 %), Formosa (0,8 %), Catamarca (0,8 %), La Pampa (0,8 %), Tierra del Fuego (1 %), San Luis (1 %), Jujuy (1,1 %), Santiago del Estero (1,1 %), San Juan (1,3 %), Corrientes (1,4 %). Le siguen Santa Fe (8,3 %), Córdoba (7,7 %), Mendoza (3,7 %), Neuquén (3,1 %), Entre Ríos (3,1 %), Chubut (2,2 %), Tucumán (2,1 %), Salta (2 %), Río Negro (1,8 %), Santa Cruz (1,7 %), Chaco (1,7 %) y Misiones (1,5 %).
Tanto Larreta como Vidal pueden avalar la maniobra de Macri de reducir impuestos para mostrar boletas finales apenas más bajas porque cuentan con recursos concretos. Beneficios que no tienen varias provincias y municipios. Una nueva estafa para avalar los tarifazos.
La Izquierda Diario
Tras el anuncio de Vidal de reducir los impuestos de las boletas de electricidad y gas a pedido del presidente, también Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció que eliminará el impuesto a los ingresos brutos en las facturas de agua y gas.
En una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta señaló que acompañará el pedido del presidente Mauricio Macri de reducir transferencias de impuestos a las facturas de servicios. Según el mandatario, CABA "no traslada ningún impuesto específico" a las tarifas que pagan los consumidores.
La medida impulsada por Cambiemos implica un pequeño retoque para que nada cambie. El peso de las tarifas seguirá ocupando un alto porcentaje en los bolsillos de los usuarios.
Según una estimación de Cifra, de mínima, sólo los incrementos de gas natural y electricidad pasaron de representar el 2,7 % al 14,5 % de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados entre 2015 y abril de 2018.
Distritos con fondos extra
Ambos distritos son gobernados por Cambiemos y buscan dar el ejemplo al resto de los gobernadores con quienes Macri quiere compartir el costo político por las subas de tarifas.
Pero no sólo es una cuestión de pertenecer al mismo equipo, sino también que los distritos de Caba y la provincia de Buenos Aires cuentan con recursos para afrontar la medida demagógica del oficialismo.
La provincia de Buenos Aires, en 2017 adhirió al Consenso Fiscal que le permitió obtener $ 40.000 millones en 2018 y otros $ 65.000 millones en 2019, por la mejora en la distribución de la coparticipación federal y la baja del Fondo del Conurbano. Vale recordar que esta negociación incluyó avalar la reforma jubilatoria.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires según un relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), lidera el ranking de jurisdicciones con más recursos percibidos per cápita. Durante 2016 se estimó que contó con un promedio de $ 42.353 por habitante.
Federico Muñoz y Asociados estimaron que la provincia de Buenos Aires generó el 32,3 % del PIB y la CABA el 19,1 %. Esto significa que entre ambas superan la mitad del producto, según calcularon los especialistas en el Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) de 2016, que mide el peso de cada economía provincial sobre el total nacional.
En cambio, hay provincias que tienen menor participación, menos del 10 % del PIB como La Rioja (0,6 %), Formosa (0,8 %), Catamarca (0,8 %), La Pampa (0,8 %), Tierra del Fuego (1 %), San Luis (1 %), Jujuy (1,1 %), Santiago del Estero (1,1 %), San Juan (1,3 %), Corrientes (1,4 %). Le siguen Santa Fe (8,3 %), Córdoba (7,7 %), Mendoza (3,7 %), Neuquén (3,1 %), Entre Ríos (3,1 %), Chubut (2,2 %), Tucumán (2,1 %), Salta (2 %), Río Negro (1,8 %), Santa Cruz (1,7 %), Chaco (1,7 %) y Misiones (1,5 %).
Tanto Larreta como Vidal pueden avalar la maniobra de Macri de reducir impuestos para mostrar boletas finales apenas más bajas porque cuentan con recursos concretos. Beneficios que no tienen varias provincias y municipios. Una nueva estafa para avalar los tarifazos.
La Izquierda Diario
martes, 24 de abril de 2018
Macri desde Vaca Muerta: defendió los tarifazos, la precarización y la entrega energética
Desde Loma Campana, el yacimiento que operan YPF y Chevron, el presidente grabó un extenso video en el que defendió toda la política energética del gobierno.
En su video, Macri señaló que se revirtió la tendencia a la baja de la producción de gas. Pero lo cierto es que la producción gasífera en 2017, a escala nacional, se encontró por detrás de 2016, cayendo un 0,9%. Sólo en la cuenca neuquina aumentó la producción de gas, pero en apenas un 0,6%. El presidente, también omitió señalar la notable caída de la producción petrolera a escala nacional, durante el mismo período, en un 6,4%.
Pero la leve reversión de la caída de la producción gasífera en la cuenca neuquina, se ha logrado a un costo muy alto. Por un lado, garantizándoles a las operadoras hidrocarburíferas un sendero de precios del gas que triplica el precio internacional: 7,5 dólares el millón de BTU. Este precio dolarizado del gas es la base de los tarifazos que paga el pueblo argentino.
Además del tarifazo, el gobierno nacional y provincial y la burocracia sindical de Guillermo Pereyra accedieron al histórico reclamo patronal de flexibilización laboral de los obreros petroleros, con la implementación, hace ya más de un año atrás, de la adenda al convenio colectivo de trabajo. Es así que proliferan los contratos precarios de trabajadores, un marcado crecimiento de la inseguridad laboral y existe un sostenido proceso de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con el cierre de paritarias a la baja.
Macri reivindicó que, en 2017, el estado destinara 125 mil millones de pesos al pago de subsidios a los monopolios energéticos, lo que presentó como parte de su política de “ajuste gradual”. En realidad, los subsidios compensan a los monopolios energéticos por la diferencia que aún subsiste entre las tarifas actuales y las que reclaman. Este subsidio al capital se sostiene con mayor endeudamiento. Finalmente, le reclamó a las provincias que le otorguen a los monopolios petroleros nuevas exenciones impositivas.
Para Macri “no hay otra forma” de dar salida a la crisis energética, que no sea mediante tarifazos al pueblo, exenciones impositivas y subsidios a los capitalistas y flexibilizando a los obreros. Es claro que para Macri el Estado debe funcionar como la rueda de auxilio de la clase capitalista, en busca de apuntalar su tasa de beneficio.
Muy por el contrario, de lo que se trata es de ofrecer un programa de salida a la crisis energética que empalme con los intereses de las mayorías populares.
Organicemos la lucha por la anulación de los tarifazos y de la flexibilización laboral y por la nacionalización sin indemnización de toda la industria energética bajo la gestión y el control de sus propios trabajadores. Luchemos por paritarias libres para resarcir al salario de la enorme carga de este tarifazo.
Pablo Giachello
Un equipo de investigadores del INTA cuestiona el agronegocio
Un informe contra corriente
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
Darío Aranda
Página/12
Pese a que el INTA fue históricamente de posición proempresarial y favorable al agronegocio, un equipo de sus investigadores publicó el libro Plaguicidas en el ambiente. El INTA no promocionó el trabajo.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
“Plaguicidas en el ambiente”, es el nombre del libro, de 156 páginas que lleva el sello del INTA y cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa.
Uno de los principales argumentos del agronegocio, con empresas como Bayer/Monsanto y grandes medios de comunicación, es que los transgénicos y la siembra directa (no arar la tierra) son necesarios para aumentar la producción. “La adopción masiva de la siembra directa no implica un aumento de rendimiento de los cultivos extensivos”, afirma en las consideraciones finales el trabajo.
Sobre el uso de agroquímicos, los científicos de INTA remarcan que “el bajo uso de plaguicidas raramente disminuye la productividad y la rentabilidad”. Detalla una investigación sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan agrotóxicos y mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
También desmienten una de las banderas centrales de las multinacionales del agro, que prometían un modelo con menos agrotóxicos: “La rápida adopción de cultivos transgénicos (caso algodón) con la justificación de reducir el número de aplicaciones, produjo el resultado contrario. El actual uso de plaguicidas para la producción de materias primas nos ha conducido a una situación de vulnerabilidad”.
El INTA cuenta con espacios específicos de trabajo junto a campesinos, indígenas y agricultura familiar, pero su mayor porcentaje (de fondos y personal) está volcado al agronegocio. Su cúpula siempre apoyó el modelo transgénico y de agroquímicos.
En 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, prohibió utilizar la palabra agrotóxicos, en total sintonía con las empresas. El INTA también forma parte de una campaña para mejorar la imagen de las fumigaciones con agrotóxicos, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, impulsada por los empresarios de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Tiene convenios con todas las grandes multinacionales del agro.
En 2015, el mismo grupo de investigadores del INTA publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. Allí confirmaron que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua, constataron que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos, alertaron que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo” y favorece principalmente a las grandes empresas.
La Gerencia de Comunicación del INTA no difundió el trabajo crítico a los agroquímicos (como sí lo hace con los escritos favorables a los transgénicos).
El nuevo libro del INTA recuerda que en 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto presidencial 21/2009, bajo supervisión del ministro de Ciencia, Lino Barañao) que había señalado la “escasa información generada en el país sobre glifosato”. Esa justificación fue repudiada por organizaciones sociales de pueblos fumigados y por científicos como Andrés Carrasco, que recordaron las decenas de trabajos académicos que cuestionaban los efectos sanitarios y ambientales de los agroquímicos.
La nueva investigación del INTA retoma aquella argumentación oficial: “Nueve años más tarde, podemos observar como el sistema de investigación respondió con múltiples publicaciones que reportan concentraciones de plaguicidas en agua subterránea, agua superficial y suelo. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) reclasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para el ser humano”.
Los investigadores del INTA revalorizan el trabajo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que estudiaron localidades de menos de 10.000 habitantes y hallaron entre las principales enfermedades problemas en glándula tiroides y dificultades respiratorias. “En algunos de esos pueblos, la tasa de cáncer es 713,7 cada 100.000 mientras para Argentina la tasa es 206 cada 100.000”, alerta la investigación del INTA.
“Es necesario reducir la carga de plaguicidas aplicadas en el ambiente. Es necesario que el sector agropecuario comience a ejecutar un cambio de paradigma productivo, revalorizando el manejo integrado de plagas y los sistemas de producción agroecológicos”, proponen los investigadores del INTA. Y afirman que un modelo sin transgénicos y agroquímicos ya fue probado, incluso por instituciones del estado: “Existen resultados que no sólo indican que es posible producir con una menor carga de plaguicidas, sino que ésto, además, beneficia económicamente al productor”.
Darío Aranda
Página/12
“De la Rúa sacaba el 60% de los votos y luego tuvimos el helicóptero”
El secretario general del gremio docente de la Ciudad, Eduardo López, reflexionó sobre la situación educativa
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es el estado de la educación en el país?
Eduardo López: Luego de 11 años de política del PRO, podemos sintetizarla en pocos ejes. Es la única jurisdicción donde faltan 12 mil vacantes para los chicos en las escuelas. 12 mil chicos que pueden perder el año. Así lo informó la jueza (en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena) Liberatore. Son datos concretos, no ideas de UTE. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción donde ocurre esto. Cuando asumió este gobierno, hace 11 años, no faltaban vacantes. A medida que va ajustando el presupuesto educativo va aumentando la cantidad de chicos sin lugar. Cuando asumió en la Ciudad Mauricio Macri, el presupuesto educativo era del 30% del total. Ahora la porción de la torta es del 18,5%. Del 30 al 18. De manera tal que son dos curvas: a medida que la curva de inversión baja, la curva de chicos sin vacantes sube.
APU: ¿A dónde va esa plata?
EL: A propaganda. No creció salud. No creció promoción social. Ni siquiera puedo decir que va al Metrobus. No hizo los 10 kilómetros de subte. Va todo a propaganda. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta tiene una táctica muy buena, asumirse como ministro de Espacio Público, como intendente. Entonces genera la ilusión que no tiene nada que ver con lo que pasa en tu casa, sólo tiene que mejorar las plazas. Pinta fachadas de escuelas, lo que pasa adentro es culpa de los maestros. Con los hospitales lo mismo. Renunció a ser jefe de gobierno para ser jefe de espacio público. Esa ilusión muere cuando un colega de su partido llega a presidente. Cuando ellos ganaron la Ciudad, la provincia (de Buenos Aires) y la Nación, la Ciudad empieza a bajar todos sus indicadores de calidad educativa: aumentó la pobreza, la indigencia, las enfermedades. La CABA es el distrito más desigual según las pruebas PISA. ¿A quién le puede echar la culpa?
APU: ¿La buena imagen de Rodríguez Larreta es solo publicidad, no hay algún otro elemento para explicar su éxito electoral?
EL: De 2007 a 2015, la imagen de Rodríguez Larreta y Macri se basaba en apropiarse como gestores de la riqueza histórica de la ciudad. Lo mismo que hizo (Fernando) De la Rúa como jefe de gobierno. La Ciudad es la más rica del país, tiene un PBI per cápita similar al norte europeo. Cuando De La Rúa cuando se fue de la Ciudad, parecía (Franklin Delano) Roosevelt. Se asomaba por la ventana de la vieja Municipalidad, frente a Plaza de Mayo y decía “voy a dar 100 pasos”. Le fue bien porque la Ciudad es rica. De La Rúa sacaba el 60% de los votos. Se presentaba (Graciela Fernández) Meijide y arrasaba. Luego de los 100 pasos, tuvimos el helicóptero. Al ibarrismo también le iba bien, por lo mismo. Es relativamente fácil administrar una ciudad rica. El tema es hacer política cuando no tenés recursos. Esta Ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que La Matanza, el presupuesto de la Ciudad es 13 veces superior. Rodríguez Larreta puede equivocarse 12 veces y sigue teniendo la misma plata que (Verónica) Magario para gestionar. Salvo que choques la calesita, la Ciudad se gestiona con piloto automático.
APU: ¿Te parece que la gestión de Rodríguez Larreta va a terminar mal?
EL: Rodríguez Larreta tiene un dilema, ser intendente de Macri o Jefe de Gobierno de los vecinos. Con los docentes le pasa eso. En el periodo 2003-2015 el aumento salarial a los docentes era por encima de la media del país, yo se lo asigno a la paritaria nacional y ellos creían que era un logro de ellos mismos. Te voy a dar un ejemplo de lo que significa apropiarse de las condiciones objetivas para venderlas como capacidades subjetivas. Las pruebas PISA, o pruebas similares, dicen que los mejores resultados en educación están en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los chicos saben más en CABA que en Chaco, o en cualquier otro lugar. Cualquiera sean los ministros, (Alberto) Sileoni, (Daniel) Filmus, (Esteban) Bullrich y (Alejandro) Finocchiaro. Todos tenían los mismos resultados. Yo sería un hipócrita deshonesto si dijese que los maestro de Capital somos mejores que los de Chaco, porque tenemos mejores resultados. Me daría vergüenza decirlo, yo no soy mejor docente que uno chaqueño y lo mismo con los estudiantes. Hay condiciones objetivas diferentes, hay más mortalidad infantil en Chaco que en CABA. Ahora, todos los Jefes de Gobierno porteños dicen “Yo soy mejor que los gobernadores provinciales”. Tenés que ser canalla para apropiarte de condiciones objetivas y venderlas como aptitudes subjetivas.
José Cornejo. Director Agencia Paco Urondo
AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es el estado de la educación en el país?
Eduardo López: Luego de 11 años de política del PRO, podemos sintetizarla en pocos ejes. Es la única jurisdicción donde faltan 12 mil vacantes para los chicos en las escuelas. 12 mil chicos que pueden perder el año. Así lo informó la jueza (en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena) Liberatore. Son datos concretos, no ideas de UTE. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción donde ocurre esto. Cuando asumió este gobierno, hace 11 años, no faltaban vacantes. A medida que va ajustando el presupuesto educativo va aumentando la cantidad de chicos sin lugar. Cuando asumió en la Ciudad Mauricio Macri, el presupuesto educativo era del 30% del total. Ahora la porción de la torta es del 18,5%. Del 30 al 18. De manera tal que son dos curvas: a medida que la curva de inversión baja, la curva de chicos sin vacantes sube.
APU: ¿A dónde va esa plata?
EL: A propaganda. No creció salud. No creció promoción social. Ni siquiera puedo decir que va al Metrobus. No hizo los 10 kilómetros de subte. Va todo a propaganda. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta tiene una táctica muy buena, asumirse como ministro de Espacio Público, como intendente. Entonces genera la ilusión que no tiene nada que ver con lo que pasa en tu casa, sólo tiene que mejorar las plazas. Pinta fachadas de escuelas, lo que pasa adentro es culpa de los maestros. Con los hospitales lo mismo. Renunció a ser jefe de gobierno para ser jefe de espacio público. Esa ilusión muere cuando un colega de su partido llega a presidente. Cuando ellos ganaron la Ciudad, la provincia (de Buenos Aires) y la Nación, la Ciudad empieza a bajar todos sus indicadores de calidad educativa: aumentó la pobreza, la indigencia, las enfermedades. La CABA es el distrito más desigual según las pruebas PISA. ¿A quién le puede echar la culpa?
APU: ¿La buena imagen de Rodríguez Larreta es solo publicidad, no hay algún otro elemento para explicar su éxito electoral?
EL: De 2007 a 2015, la imagen de Rodríguez Larreta y Macri se basaba en apropiarse como gestores de la riqueza histórica de la ciudad. Lo mismo que hizo (Fernando) De la Rúa como jefe de gobierno. La Ciudad es la más rica del país, tiene un PBI per cápita similar al norte europeo. Cuando De La Rúa cuando se fue de la Ciudad, parecía (Franklin Delano) Roosevelt. Se asomaba por la ventana de la vieja Municipalidad, frente a Plaza de Mayo y decía “voy a dar 100 pasos”. Le fue bien porque la Ciudad es rica. De La Rúa sacaba el 60% de los votos. Se presentaba (Graciela Fernández) Meijide y arrasaba. Luego de los 100 pasos, tuvimos el helicóptero. Al ibarrismo también le iba bien, por lo mismo. Es relativamente fácil administrar una ciudad rica. El tema es hacer política cuando no tenés recursos. Esta Ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que La Matanza, el presupuesto de la Ciudad es 13 veces superior. Rodríguez Larreta puede equivocarse 12 veces y sigue teniendo la misma plata que (Verónica) Magario para gestionar. Salvo que choques la calesita, la Ciudad se gestiona con piloto automático.
APU: ¿Te parece que la gestión de Rodríguez Larreta va a terminar mal?
EL: Rodríguez Larreta tiene un dilema, ser intendente de Macri o Jefe de Gobierno de los vecinos. Con los docentes le pasa eso. En el periodo 2003-2015 el aumento salarial a los docentes era por encima de la media del país, yo se lo asigno a la paritaria nacional y ellos creían que era un logro de ellos mismos. Te voy a dar un ejemplo de lo que significa apropiarse de las condiciones objetivas para venderlas como capacidades subjetivas. Las pruebas PISA, o pruebas similares, dicen que los mejores resultados en educación están en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los chicos saben más en CABA que en Chaco, o en cualquier otro lugar. Cualquiera sean los ministros, (Alberto) Sileoni, (Daniel) Filmus, (Esteban) Bullrich y (Alejandro) Finocchiaro. Todos tenían los mismos resultados. Yo sería un hipócrita deshonesto si dijese que los maestro de Capital somos mejores que los de Chaco, porque tenemos mejores resultados. Me daría vergüenza decirlo, yo no soy mejor docente que uno chaqueño y lo mismo con los estudiantes. Hay condiciones objetivas diferentes, hay más mortalidad infantil en Chaco que en CABA. Ahora, todos los Jefes de Gobierno porteños dicen “Yo soy mejor que los gobernadores provinciales”. Tenés que ser canalla para apropiarte de condiciones objetivas y venderlas como aptitudes subjetivas.
José Cornejo. Director Agencia Paco Urondo
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