El Tribunal Oral Federal N 4 (TOC4) absolvió al ex ministro de Economía del gobierno de la Alianza Domingo Cavallo , por los supuestos favores a un grupo de bancos para que participaran en el llamado "megacanje" de la deuda pública, en 2001.
Al pronunciar esta mañana sus últimas palabras antes de la sentencia, Cavallo defendió el proceso de "megacanje" y negó que haya favorecido al grupo de bancos: "Se pagaron las comisiones habituales para este tipo de servicios, incluso menores a las habituales", sostuvo y agregó que mediante el proceso de reemplazo de bonos "el Estado redujo la deuda en 9 millones de dólares, una cifra pequeña pero reducción al fin".
La Fiscalía pidió para Cavallo la pena de tres años de prisión por el supuesto delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
La fiscal Fabiana León entendía que Cavallo debía ser "condenado como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio".
En el alegato, la fiscalía consideró que el delito se cometió al mejorar la calidad de los bonos de los cuales los bancos eran "tenedores" y administradores. El "megacanje" extendió el plazo de pago hasta el 2031 y la deuda "nominal" se elevó en 50 mil millones de dólares, detalló.
Como atenuantes para ponderar la pena, León aludió al "extensísimo tiempo que demandó la realización del juicio, la condena pública a la que se vio expuesto y la edad actual" de Cavallo.
Y como agravantes "el altísimo nivel de educación" del ex ministro, que le posibilitó tener un "pleno" entendimiento de su conducta y "la extensión del daño causado" a nivel económico y social.
El juicio duró casi tres meses y ventila el canje de bonos de la deuda, a raíz de las comisiones cobradas por los bancos que intervinieron en la operación, que precedió al estallido económico y social de finales de 2001 y precipitó la caída del gobierno de la Alianza.
Califican en Argentina de vergüenza judicial la absolución de Cavallo
La absolución del exministro argentino Domingo Cavallo, cuya política de megacanje hundió en 2001 al país en la crisis, "es una vergüenza judicial", afirmó hoy el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.
"El daño que hizo Cavallo con el megacanje no tiene precio, lo que cuesta el delito económico en la Argentina es impresionante y creo que esta resolución es la consolidación de la impunidad", afirmó el funcionario nacional, quien fue citado por la agencia de noticias Télam.
Cavallo era el único acusado de la causa por el "Megacanje", en donde se investiga si el Estado Nacional se vio perjudicado en sus intereses como consecuencia de las operaciones de canje de títulos de la deuda pública llevadas a cabo en los años 1997/98, 2000 y 2001.
Su absolución la víspera provocó resignación en unos e indignación en otros, al tiempo que figuras de grupos concentrados de poder económico, opositores al actual Gobierno, sintieron satisfacción, y ya Cavallo se alista para su vuelta a la política pública, señala hoy el servicio Infonews.
El Megacanje fue un mecanismo de cambio de bonos de deuda pública para aplazar el pago de más de 20 mil millones de dólares en vencimientos de capital e intereses y así aliviar el déficit durante esos años, recuerda MinutoUno.
Fue ideado -ahonda- por un acuerdo entre Cavallo -previo ideólogo de la convertibilidad-, y el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos -titular del Banco CreditSuisse-First Boston en Buenos Aires en ese momento-, David Mulford.
Se canjearon a razón de 46 bonos por cinco, que aplazarían pagos hasta 2031. Entre onerosos intereses, comisiones y demás, la pericia realizada y las posteriores denuncias establecieron un incremento de la deuda en al menos 55 mil 000 millones de dólares.
MinutoUno recuerda que Cavallo y Mulford trabajaron con siete bancos que recibieron comisiones por 150 millones de dólares (a la vez que Mulford obtuvo unos 20 millones para sí).
Esas casas bancarias fueron el Banco Francés, el Santander Central Hispano, el Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston.
Las comisiones cobradas por estos respondían al canje de bonos por 27 mil millones de dólares: pero 20 de esos 27 mil millones ya estaban en manos de esos bancos que, de ese modo, cobraron por un autocanje.
sábado, 11 de octubre de 2014
Los mártires del trabajo
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Monumento a los peones rurales fusilados en 1921.
Pasó el tiempo, pero la verdad se impuso. La reivindicación. En Cañadón León (hoy Gobernador Gregores, Santa Cruz), han vuelto a ocupar la atención del pueblo los peones fusilados en 1921. Sí, los trabajadores rurales fusilados en 1921 por el Ejército Argentino por orden del presidente Yrigoyen. Se levantó en la ruta que lleva a esa ciudad un cenotafio bajo las palabras definitivas: “Memoria, Verdad y Justicia. A los caídos por la libertad”. Ahí está en plena estancia Bella Vista. Fusilados. Por pedir un poco más de dignidad en el trabajo. Fue un acto pleno. Con representantes de los sectores populares. Al frente, el intendente de la sociedad, Juan Vázquez, un trabajador de la tierra elegido por el pueblo. En el acto dijo las palabras justas. Habló de los peones rurales fusilados en 1921 por pedir tan poco. Mientras nos miraba el suave cielo patagónico, profundamente celeste, con un sol oro que abarcaba todo el paisaje.
Sentí que mi investigación La Patagonia rebelde sobre el fusilamiento de centenares de peones rurales había valido la pena. Pese a las persecuciones dictatoriales y el largo exilio. Ahora ahí estaba la verdad, hecha luz, en el mismo campo donde se encuentra la tumba masiva de esa región, se levanta ahora el dedo acusador que es el monumento a la vista de todo viajero que pase por allí. Como si dijeran: “Aquí estamos, para siempre”, como advertencia. Dignidad para el que trabaja y no balazos oficiales contra ellos.
Murieron mirando el cielo. Centenares de brazos caídos para siempre. Se les dio razón a los patrones, a los dueños de la tierra. Muchos de ellos que no conocieron nunca nuestra Patagonia, pero que eran los dueños de ella y eran los que más indicaban el camino a seguir por políticos y militares. Una tragedia bien argentina. La más grande de nuestra vida obrera.
Memoria, Verdad y Justicia. Viva la Livertá. Como estaba escrito en una tumba. El grito de las peonadas de 1921. “Livertá”, tal vez la mejor forma de escribir esa palabra sagrada que cantamos en nuestro Himno Nacional, junto a la palabra igualdad.
“Ved en trono a la noble igualdad.
¡Libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!”
Libertad e igualdad, palabras cercenadas por Yrigoyen al dictar el bando de fusilamiento en 1921. Tal vez los peones rurales patagónicos soñaban con otra libertad de la que gozaban hasta ese momento, que estaba unida al término “explotación”, y soñaban con la otra “livertá”, aquella que estaba unida al término “dignidad” en el trabajo.
Los fusilamientos de peones rurales están disimulados en los partes militares con la existencia de “tiroteos” en los que siempre morían los delegados de los peones de estancias o los que tenían cargos en las federaciones de peones. Así, en la estancia Bella Vista fue fusilado el Gallego Outerello, delegado de la peonada rural y decenas de otros trabajadores de la tierra.
Me acerco al monumento. Tiene varias placas con textos. Me atrae una de ellas. Me llena de emoción. Se refiere a mi investigación histórica sobre estos hechos. No puedo menos de reproducirla porque siento que valió la pena sufrir tanta persecución por dejar en claro este hecho indigno de la democracia argentina. Leo: “Los caídos por la libertad de las huelgas obreras de 1921 están presentes entre nosotros. No han podido los silencios, ni las amenazas, ni los miedos borrarlos de nuestra memoria, corazón y vida. La tierra que los recibió en su seno materno, los cobijó del olvido, la indiferencia y el desprecio. Hasta que llegó un ser de luz para ahuyentar las sombras y la oscuridad que domina el mundo, con su vela encendida. Lo mismo que los caídos en su última noche, don Osvaldo Bayer supo de ellos y los buscó. Cruzando meses, años y tiempos muy difíciles, pero sin claudicar hasta tomar sus verdades, razones, historias, tratos y necesidades. Los derechos humanos los reclaman, ahora que están, porque ellos estuvieron antes y no los tuvieron. Peones de Cañadón León estamos presentes y no los hemos olvidado. Municipalidad de Gobernador Gregores, 3 de octubre de 2014.”
Me emocionó leer este escrito trabajado en piedra. Valió la pena investigar este crimen oficial tan perverso: fusilar peones que reclamaban sus derechos. Me costó ocho años de exilio y ahora esto, el reconocimiento que queda grabado en piedra junto al monumento.
En otra placa se muestra la foto de la cruz de una tumba masiva con la leyenda que ya mencionamos: “A los caídos por la livertá”. Esta placa señala: “La comunidad de Gobernador Gregores rinde homenaje a los mártires caídos en la huelga de 1921”.
En otra placa se señalan en un mapa de Santa Cruz los lugares donde el Ejército realizó fusilamientos y figuran las demás tumbas masivas. Y finaliza con esta frase: “A 93 años de la masacre: Memoria, Verdad y Justicia para los huelguistas de la Patagonia. Nunca más terrorismo de Estado”. Esta placa tiene el título de: “Aquí, el Estado Nacional fusiló a centenares de obreros rurales en 1921”.
Ni el Ejército ni el partido radical hicieron nunca la autocrítica por estos fusilamientos de una crueldad indescriptible. A los peones rurales se les hicieron cavar sus tumbas antes de ser fusilados. Más todavía, el general Elbio Anaya –que intervino en los citados fusilamientos como capitán, segundo del jefe de la represión, teniente coronel Varela– se sintió siempre orgulloso de la matanza realizada. Tan es así que durante la última dictadura se trasladó a Azul, en la provincia de Buenos Aires, y se presentó en el cuartel del 10 de Caballería –el que hizo los fusilamientos patagónicos– y en una verdadera fiesta entregó el sable del teniente coronel Varela, con todo orgullo, por la acción realizada. El diario El Tiempo, de Azul, festejó la donación y finaliza la crónica con esta frase que lo dice todo: “Las Fuerzas Armadas, como demuestran los últimos treinta años de nuestra historia, se han constituido en un factor de estabilizacion de las crisis generadas por los diversos gobiernos”. Resumen: los fusilamientos de peones rurales y luego la desaparición de personas, factores de estabilización.
Está todo dicho, pero finalmente triunfó la verdad. Los peones rurales patagónicos lucharon por sus derechos y fueron fusilados. Pero por eso mismo pasaron a la Historia. Quedan sus monumentos en la Patagonia. La ética triunfa finalmente. Otra vez más la Historia lo ha demostrado.
Osvaldo Bayer
Argentina.Detuvieron al represor prófugo Juan Carlos Jones Tamayo
Está acusado de varios crímenes de lesa humanidad en Jujuy
Noticia de Casapueblos-AEDD
La ficha que faltaba en Jujuy
Lo buscaban desde hacía tres años. Fue arrestado en Buenos Aires. Está acusado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad en la provincia.
Los organismos defensores de derechos humanos jujeños festejaron públicamente ayer la captura de Juan Carlos Jones Tamayo, un ex miembro del área de Inteligencia provincial del Ejército argentino que aparece como secuestrador o verdugo en la mayoría de los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado locales. El “eslabón que faltaba en la cadena del terror de la provincia”, según la identificación de Mariana Alvarez García, integrante de Madres y familiares de ex detenidos desaparecidos de Jujuy, permaneció prófugo durante tres años. Fue detenido en Buenos Aires y recién el jueves llegará a la provincia norteña, en donde será indagado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad. La agrupación Hijos-Jujuy y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos (AJEP) informaron ayer de la buena nueva, que en realidad sucedió hace una semana. Jones Tamayo fue detenido en el barrio porteño de Belgrano el 10 de octubre. Integraba la lista de genocidas buscados por el Ministerio de Justicia de la Nación, que prometía recompensar con 100 mil pesos el aporte de datos que ayudaran a dar con su paradero.
Juan Carlos Jones Tamayo llegó a ser capitán del Ejército. Sin embargo, para el momento en que dejó su marca en decenas de sobrevivientes del terrorismo de Estado en Jujuy se destacaba en Inteligencia de la fuerza. Entre 1975 y 1976 fue jefe del sector en el área 323 de la provincia. “Después de (Carlos) Bulacio, fue quien más responsabilidad tuvo en la represión en la provincia”, indicó Eva Arroyo, de Hijos. En paralelo, también aportó al Destacamento de Inteligencia 143, con base en Salta. Se le perdió el rastro entre 1976 y 1980, cuando volvió a la provincia.
El genocida participó de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Algunos sobrevivientes de lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, un operativo de secuestros en Ledesma, el pueblo en donde la azucarera dirigida por Carlos Blaquier –quien no hace mucho fue procesado por ese hecho– es dueña y ama, lo señalaron como quien recibía a los trabajadores del ingenio, militantes y dirigentes políticos del pueblo secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como Guerrero. En uno de sus testimonios, Raúl Bartoletti, un psicólogo víctima de aquel operativo, identificó a Jones Tamayo como quien lo golpeó con un látigo de hilos de acero a modo de bienvenida a Guerrero: “Así se recibe aquí”, contó que le decía, mientras tanto.
El represor también está involucrado en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los mineros de la mina El Aguilar y de militantes del PC en la ciudad jujeña de Tumbaya, así como los cometidos contra los dirigentes gremiales azucareros y docentes, todos aún desaparecidos. Cuando llegue a al provincia será indagado por la primera de las causas en la que se lo imputó: el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. Desde Hijos solicitarán que la Justicia dé, luego, prioridad a las causas que ya están elevadas a juicio.
“Era la ficha que faltaba en el rompecabezas de los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, es un personaje muy nefasto, de los más crueles de la represión en esta provincia”, lo identificó Alvarez García. Su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó probada en la primera causa por delitos de lesa humanidad que se instruyó en la provincia, la que investigó el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. El dictamen fiscal de ese expediente, elaborado en 2006, pedía su captura y su indagatoria. Sin embargo, el depuesto juez Olivera Pastor le extendió todo lo que pudo su período de gracia. Para cuando dictó una orden de detención, Jones Tamayo ya no vivía en el domicilio declarado ante la Justicia. En marzo de 2011, la Fiscalía solicitó se lo declarara en rebeldía y en octubre de ese año el Estado lanzó un pedido de captura nacional e internacional.
Detienen ex-militar argentino acusado de delitos de lesa humanidad, estuvo de mision por Honduras
Detenido el genocida coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo, integrante del Batallón 601
Noticia de Casapueblos-AEDD
Un ex oficial del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, que fue segundo jefe de seguridad de la Casa militar durante seis años de las presidencia de Carlos Menem y trabajó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hasta 2005, fue detenido el pasado viernes acusado de crímenes de lesa humanidad que habría cometido como "Jefe de Interrogadores" en 1976, en Tucumán.
El coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo, de 70 años, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de Araujo 319, en el barrio porteño de Villa Luro, por orden del juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas. El magistrado se propone indagarlo esta semana en relación a su actuación en esta provincia en 1976, cuando tenía el grado de capitán y revistaba en el Batallón de Inteligencia 601.
Ese año, Gordillo cumplió dos comisiones en Tucumán, en el marco del llamado Operativo Independencia de represión a la guerrilla. La primera, entre el 3 y el 23 de mayo; la segunda, dos meses después, entre el 2 y el 18 de agosto. En esa época, hubo en la provincia centenares de detenciones ilegales y decenas de “desapariciones”.
En ambas ocasiones, el capitán Gordillo se desempeñó como “Jefe del Grupo de Interrogadores”. A juicio de sus superiores, según consta en una nota de calificación incorporada al expediente de la causa, ejecutó esa tarea “con gran capacidad y eficiencia”.
“De gran corrección y seriedad y con grandes conocimientos y experiencia en la especialidad, su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente”, se explaya la nota. A lo que agrega: “Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”.
Como ha quedado ampliamente probado a estas alturas en los juicios orales y públicos celebrados en Tucumán y otros lugares del país, entre las “particulares características” de esa lucha estuvieron la aplicación sistemática de la tortura en los interrogatorios y la “disposición final” (eliminación física) de muchos prisioneros decidida sobre la base de la evaluación de los oficiales de inteligencia.
Su misión en Honduras
De la trayectoria posterior de Gordillo se sabe que en 1980 cumplió una comisión en Honduras y en 1981 fue quien recomendó el ingreso al Batallón 601 del sindicalista Gerardo Martínez, de la UOCRA. La vinculación entre ambos habría continuado hasta el presente, de ser ciertas las versiones que circulan en el mundo gremial.
Durante el menemismo, Gordillo tenía oficinas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos dadas sus funciones de seguridad, a las que habría accedido gracias a su relación con Miguel Angel Toma. También su incorporación a la SIDE se habría producido cuando Toma fue jefe de ese organismo, en la presidencia de Eduardo Duhalde.
Una versión no confirmada asegura, incluso, que actualmente trabajaba en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
En abril de 2010 la revista "Noticias" publicó una vieja foto, sin precisar la fecha ni la circunstancia en que fue tomada, en la que Gordillo aparece junto al entonces intendente de La Plata, Julio Alak, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Noticia de Casapueblos-AEDD
Un ex oficial del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, que fue segundo jefe de seguridad de la Casa militar durante seis años de las presidencia de Carlos Menem y trabajó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hasta 2005, fue detenido el pasado viernes acusado de crímenes de lesa humanidad que habría cometido como "Jefe de Interrogadores" en 1976, en Tucumán.
El coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo, de 70 años, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de Araujo 319, en el barrio porteño de Villa Luro, por orden del juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas. El magistrado se propone indagarlo esta semana en relación a su actuación en esta provincia en 1976, cuando tenía el grado de capitán y revistaba en el Batallón de Inteligencia 601.
Ese año, Gordillo cumplió dos comisiones en Tucumán, en el marco del llamado Operativo Independencia de represión a la guerrilla. La primera, entre el 3 y el 23 de mayo; la segunda, dos meses después, entre el 2 y el 18 de agosto. En esa época, hubo en la provincia centenares de detenciones ilegales y decenas de “desapariciones”.
En ambas ocasiones, el capitán Gordillo se desempeñó como “Jefe del Grupo de Interrogadores”. A juicio de sus superiores, según consta en una nota de calificación incorporada al expediente de la causa, ejecutó esa tarea “con gran capacidad y eficiencia”.
“De gran corrección y seriedad y con grandes conocimientos y experiencia en la especialidad, su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente”, se explaya la nota. A lo que agrega: “Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”.
Como ha quedado ampliamente probado a estas alturas en los juicios orales y públicos celebrados en Tucumán y otros lugares del país, entre las “particulares características” de esa lucha estuvieron la aplicación sistemática de la tortura en los interrogatorios y la “disposición final” (eliminación física) de muchos prisioneros decidida sobre la base de la evaluación de los oficiales de inteligencia.
Su misión en Honduras
De la trayectoria posterior de Gordillo se sabe que en 1980 cumplió una comisión en Honduras y en 1981 fue quien recomendó el ingreso al Batallón 601 del sindicalista Gerardo Martínez, de la UOCRA. La vinculación entre ambos habría continuado hasta el presente, de ser ciertas las versiones que circulan en el mundo gremial.
Durante el menemismo, Gordillo tenía oficinas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos dadas sus funciones de seguridad, a las que habría accedido gracias a su relación con Miguel Angel Toma. También su incorporación a la SIDE se habría producido cuando Toma fue jefe de ese organismo, en la presidencia de Eduardo Duhalde.
Una versión no confirmada asegura, incluso, que actualmente trabajaba en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
En abril de 2010 la revista "Noticias" publicó una vieja foto, sin precisar la fecha ni la circunstancia en que fue tomada, en la que Gordillo aparece junto al entonces intendente de La Plata, Julio Alak, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos.
viernes, 10 de octubre de 2014
Cinco años de la Ley de Medios
¿Democratización, reordenamiento o cambiar para que nada cambie?
Se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y es necesario realizar un balance sobre su aplicación y la situación de los medios en el país.
Durante el debate de la mal llamada Ley de Medios se abrieron muchos ejes enriquecedores. En primer lugar, se superó la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada por la última y más sangrienta dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. La propia ley, sancionada por el dictador Videla en 1980, fue reformada por los siguientes gobiernos de la era democrática. Las reformas incluidas facilitaron aún más la concentración de medios privados, nacionales y extranjeros, y se consolidaron los principales grupos multimedios en el país.
Quienes impulsaron desde un primer momento avanzar con una nueva regulación marcaron un horizonte claro: una comunicación democrática, que termine con la concentración, que brinde herramientas para los trabajadores y la producción de contenidos y que garantice la pluralidad de voces. Esos puntos, tan amplios, buscaban derrumbar el gran poder adquirido por los grupos mediáticos y así abrir un camino para otra comunicación.
Los medios alternativos, comunitarios, populares, cooperativos, autogestivos y un amplio abanico de experiencias vieron la apertura de la discusión como un momento en el que empezarían a ser escuchados.
Algo de eso pasó. El gobierno nacional, en su enfrentamiento con el Grupo Clarín utilizó varios de estos ejes para promover la nueva ley. Levantó la bandera de los medios sin fines de lucro, aquel famoso 33 por ciento reservado para todas las experiencias que hasta el momento habían sido marginadas. Sin embargo, cinco años después la realidad es otra. Emergieron nuevos grupos y los anteriores mantienen intocable, en líneas generales, su estructura. Esto es posible ya que la ley no elimina a los grupos de comunicación ni la posibilidad de que se consoliden otros; lo que contiene es apenas una limitación para estas empresas.
Además del distanciamiento en 2008 y la siguiente “pelea”, Clarín y el gobierno atravesaron una disputa judicial sobre la aplicación de cuatro artículos de la ley que obligaban al grupo a desinvertir. Una vez superado esto, cuando la Justicia falló a favor de la norma y declaró constitucionales los artículos, hubo pocos cambios. El pasado 8 de octubre, a dos días de cumplirse un nuevo aniversario de la norma, el Afsca anunció la “adecuación de oficio” del Grupo. En pocas palabras, parece una nueva estrategia para dilatar y estirar la situación, ya que el propio multimedios utilizará todos los artilugios legales en su defensa. De esta manera, la adecuación del grupo probablemente no se concretará hasta dentro de algunos años.
¿Y el 33?
En el medio, nuevamente, quedó marginado el espacio reservado para los medios sin fines de lucro. La anterior debacle judicial sirvió como excusa para seguir incumpliendo todo el resto de la ley que no tenía injerencia en el conflicto.
Al cumplirse cuatro años de la sanción, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) elevó una carta al director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. En el escrito reiteraron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de los artículos de la ley ya no sirven como excusa para la aplicación total de la norma. Respecto al artículo 89, inciso F, que garantiza el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, exigieron la “urgente” confección del Plan Técnico que permita su efectiva aplicación.
En la carta remarcan lo poco que se ha avanzado en ese punto y exigen al Afsca que realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia. También siguen apuntando contra la marginalidad en la que se encuentran dentro de la aplicación de la ley: “Si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la LSCA y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma”.
En un escrito anterior, la RNMA puntualizó las principales y más urgentes exigencias. A las nombradas arriba, le agregaban que “se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 por ciento destinada a las entidades sin fines de lucro”. Por otro lado, denuncian que los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado “no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro” y, además, “no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares”.
También señalan que en el caso de que los diferentes grupos (en el escrito se refería por entonces a Clarín y el 7D) realicen sus respectivas desinversiones, “las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro”. También apuntaban la vigencia del decreto 527/2005 “que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión”.
La ley tiene muchos vacíos. Entre ellos y en relación a ese 33 por ciento, aparece la falta de caracterización y diferenciación entre los medios sin fines de lucro. Para la norma, para ejemplificar, es lo mismo un medio autogestivo dentro de una villa que un medio sin fin de lucro de la Iglesia Católica o de un sindicato. En ese punto aparecen más controversias: quienes pueden acceder a medios y licencias son los que cuentan con más capital.
El estudioso de los medios, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet, Martín Becerra, publicó una serie de artículos a propósito de este nuevo aniversario. Uno de ellos se lo dedica a medios “comunitarios y alternativos”. El especialista explica que “frente a este panorama adverso, los propios medios comunitarios y alternativos solicitan ante la autoridad estatal (Afsca), obtener 'autorizaciones precarias administrativas' como paliativo que signifique, al menos, un mínimo reconocimiento formal”. Después, aclara: “Las autorizaciones provisorias persiguen varios objetivos: por un lado, con ellas las emisoras pueden postularse a los concursos de fondos en el marco del Fomeca destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, lo que para muchas organizaciones es un círculo vicioso dado que el Estado les retacea la posibilidad de concursar y de obtener autorizaciones precarias pero exige estos papeles a la hora de distribuir fondos que la ley previó como incentivo para actores previamente excluidos de ciudadanía; por otro lado, porque ante la posibilidad de que el cambio de gobierno en 2015 se traduzca en una presidencia que intente restaurar la exigencia del lucro como condición de titularidad de licencias, al menos estas autorizaciones precarias constituirían un antecedente de reconocimiento estatal que los protegería en una apelación en sede judicial”.
Para Becerra, el gobierno “ha demorado la atención que la ley asigna a este sector en parte porque su objetivo central ha sido la batalla contra el grupo Clarín y la reorganización de la correlación de fuerzas empresariales entre grandes grupos concentrados y en parte porque tomar la decisión de reorganizar el uso del espectro radioeléctrico en las grandes ciudades argentinas, donde el espectro está saturado por la cantidad de emisoras legales, alegales, paralegales e ilegales en funcionamiento, representaría la gestación de nuevos conflictos con muchos de los operadores”. Y sigue: “Esta es una de las razones que explican la ausencia de plan técnico y la consecuente imposibilidad de organizar concursos en las ciudades argentinas (los concursos vigentes, que son un avance, se centran en localidades de baja densidad demográfica y ausencia de conflicto en el uso del espectro radioeléctrico).
En síntesis, a cinco años de los anuncios que contenían a los medios sin fines de lucro como una pata esencial de la ley, la realidad es otra. No hubo avances en la concreción del Plan Técnico y las licencias otorgadas fueron muy pocas. Muchas de ellas, además, presentan otras dificultades: a falta de una planificación y de aportes técnicos, de capacitación y de recursos económicos, muchos medios se hacen inviables o ni llegan a funcionar. Tampoco se avanzó en el reordenamiento del espectro radioeléctrico, a pesar de haber realizado el censo en 2010. Otro punto es que el eje de la LSCA parece estar puesto en un único multimedios y su lucha con el gobierno nacional.
Las exigencias y denuncias de la RNMA, como de otras organizaciones que pelean por la efectiva aplicación de la reserva para los medios sin fines de lucro, siguen vigentes cinco años después. Los medios que cuentan con una larga e histórica lucha en las últimas décadas siguen siendo ninguneados mientras que, por otro lado, se sigue consolidando el poder de viejos y nuevos grupos que crecen baja las alas del Estado.
Fabián Chiaramello
Se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y es necesario realizar un balance sobre su aplicación y la situación de los medios en el país.
Durante el debate de la mal llamada Ley de Medios se abrieron muchos ejes enriquecedores. En primer lugar, se superó la Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada por la última y más sangrienta dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. La propia ley, sancionada por el dictador Videla en 1980, fue reformada por los siguientes gobiernos de la era democrática. Las reformas incluidas facilitaron aún más la concentración de medios privados, nacionales y extranjeros, y se consolidaron los principales grupos multimedios en el país.
Quienes impulsaron desde un primer momento avanzar con una nueva regulación marcaron un horizonte claro: una comunicación democrática, que termine con la concentración, que brinde herramientas para los trabajadores y la producción de contenidos y que garantice la pluralidad de voces. Esos puntos, tan amplios, buscaban derrumbar el gran poder adquirido por los grupos mediáticos y así abrir un camino para otra comunicación.
Los medios alternativos, comunitarios, populares, cooperativos, autogestivos y un amplio abanico de experiencias vieron la apertura de la discusión como un momento en el que empezarían a ser escuchados.
Algo de eso pasó. El gobierno nacional, en su enfrentamiento con el Grupo Clarín utilizó varios de estos ejes para promover la nueva ley. Levantó la bandera de los medios sin fines de lucro, aquel famoso 33 por ciento reservado para todas las experiencias que hasta el momento habían sido marginadas. Sin embargo, cinco años después la realidad es otra. Emergieron nuevos grupos y los anteriores mantienen intocable, en líneas generales, su estructura. Esto es posible ya que la ley no elimina a los grupos de comunicación ni la posibilidad de que se consoliden otros; lo que contiene es apenas una limitación para estas empresas.
Además del distanciamiento en 2008 y la siguiente “pelea”, Clarín y el gobierno atravesaron una disputa judicial sobre la aplicación de cuatro artículos de la ley que obligaban al grupo a desinvertir. Una vez superado esto, cuando la Justicia falló a favor de la norma y declaró constitucionales los artículos, hubo pocos cambios. El pasado 8 de octubre, a dos días de cumplirse un nuevo aniversario de la norma, el Afsca anunció la “adecuación de oficio” del Grupo. En pocas palabras, parece una nueva estrategia para dilatar y estirar la situación, ya que el propio multimedios utilizará todos los artilugios legales en su defensa. De esta manera, la adecuación del grupo probablemente no se concretará hasta dentro de algunos años.
¿Y el 33?
En el medio, nuevamente, quedó marginado el espacio reservado para los medios sin fines de lucro. La anterior debacle judicial sirvió como excusa para seguir incumpliendo todo el resto de la ley que no tenía injerencia en el conflicto.
Al cumplirse cuatro años de la sanción, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) elevó una carta al director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. En el escrito reiteraron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de los artículos de la ley ya no sirven como excusa para la aplicación total de la norma. Respecto al artículo 89, inciso F, que garantiza el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, exigieron la “urgente” confección del Plan Técnico que permita su efectiva aplicación.
En la carta remarcan lo poco que se ha avanzado en ese punto y exigen al Afsca que realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia. También siguen apuntando contra la marginalidad en la que se encuentran dentro de la aplicación de la ley: “Si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la LSCA y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma”.
En un escrito anterior, la RNMA puntualizó las principales y más urgentes exigencias. A las nombradas arriba, le agregaban que “se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33 por ciento destinada a las entidades sin fines de lucro”. Por otro lado, denuncian que los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado “no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro” y, además, “no se adecúan a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares”.
También señalan que en el caso de que los diferentes grupos (en el escrito se refería por entonces a Clarín y el 7D) realicen sus respectivas desinversiones, “las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro”. También apuntaban la vigencia del decreto 527/2005 “que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad de espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión”.
La ley tiene muchos vacíos. Entre ellos y en relación a ese 33 por ciento, aparece la falta de caracterización y diferenciación entre los medios sin fines de lucro. Para la norma, para ejemplificar, es lo mismo un medio autogestivo dentro de una villa que un medio sin fin de lucro de la Iglesia Católica o de un sindicato. En ese punto aparecen más controversias: quienes pueden acceder a medios y licencias son los que cuentan con más capital.
El estudioso de los medios, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet, Martín Becerra, publicó una serie de artículos a propósito de este nuevo aniversario. Uno de ellos se lo dedica a medios “comunitarios y alternativos”. El especialista explica que “frente a este panorama adverso, los propios medios comunitarios y alternativos solicitan ante la autoridad estatal (Afsca), obtener 'autorizaciones precarias administrativas' como paliativo que signifique, al menos, un mínimo reconocimiento formal”. Después, aclara: “Las autorizaciones provisorias persiguen varios objetivos: por un lado, con ellas las emisoras pueden postularse a los concursos de fondos en el marco del Fomeca destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, lo que para muchas organizaciones es un círculo vicioso dado que el Estado les retacea la posibilidad de concursar y de obtener autorizaciones precarias pero exige estos papeles a la hora de distribuir fondos que la ley previó como incentivo para actores previamente excluidos de ciudadanía; por otro lado, porque ante la posibilidad de que el cambio de gobierno en 2015 se traduzca en una presidencia que intente restaurar la exigencia del lucro como condición de titularidad de licencias, al menos estas autorizaciones precarias constituirían un antecedente de reconocimiento estatal que los protegería en una apelación en sede judicial”.
Para Becerra, el gobierno “ha demorado la atención que la ley asigna a este sector en parte porque su objetivo central ha sido la batalla contra el grupo Clarín y la reorganización de la correlación de fuerzas empresariales entre grandes grupos concentrados y en parte porque tomar la decisión de reorganizar el uso del espectro radioeléctrico en las grandes ciudades argentinas, donde el espectro está saturado por la cantidad de emisoras legales, alegales, paralegales e ilegales en funcionamiento, representaría la gestación de nuevos conflictos con muchos de los operadores”. Y sigue: “Esta es una de las razones que explican la ausencia de plan técnico y la consecuente imposibilidad de organizar concursos en las ciudades argentinas (los concursos vigentes, que son un avance, se centran en localidades de baja densidad demográfica y ausencia de conflicto en el uso del espectro radioeléctrico).
En síntesis, a cinco años de los anuncios que contenían a los medios sin fines de lucro como una pata esencial de la ley, la realidad es otra. No hubo avances en la concreción del Plan Técnico y las licencias otorgadas fueron muy pocas. Muchas de ellas, además, presentan otras dificultades: a falta de una planificación y de aportes técnicos, de capacitación y de recursos económicos, muchos medios se hacen inviables o ni llegan a funcionar. Tampoco se avanzó en el reordenamiento del espectro radioeléctrico, a pesar de haber realizado el censo en 2010. Otro punto es que el eje de la LSCA parece estar puesto en un único multimedios y su lucha con el gobierno nacional.
Las exigencias y denuncias de la RNMA, como de otras organizaciones que pelean por la efectiva aplicación de la reserva para los medios sin fines de lucro, siguen vigentes cinco años después. Los medios que cuentan con una larga e histórica lucha en las últimas décadas siguen siendo ninguneados mientras que, por otro lado, se sigue consolidando el poder de viejos y nuevos grupos que crecen baja las alas del Estado.
Fabián Chiaramello
jueves, 9 de octubre de 2014
La Argentina de los relatos ficcionales
La realidad política argentina está cruzada por una guerra de relatos y contrarrelatos entre el Gobierno y las principales coaliciones opositoras. Ninguno va a la sustancia de lo que enuncian, o, mejor dicho, van en el sentido contrario de los principios que gritan a los cuatro vientos. Mientras tanto, “la calle” vive la realidad de una crisis que deteriora la economía y las condiciones de vida, con la inflación, el empleo y el peligro de devaluación como principales preocupaciones.
La política argentina vive, en cierta medida, un momento ficcional. El Gobierno sube el voltaje del discurso para exprimir el “Patria o buitres” y lo transforma casi en un “Nación o Imperio”. Aprovecha la “pasada de rosca” del juez Griesa, que actúa como vocero directo de los buitres y a quien el Gobierno norteamericano no desea desautorizar, para reforzar un discurso nacionalista de enfrentamiento con los EE. UU.
La radicalización del relato es directamente proporcional a las complicaciones que presenta la economía. La repentina renuncia de Fábrega a la conducción del Banco Central es una de las primeras manifestaciones en el seno del Gabinete del deterioro crítico del “modelo”.
El Gobierno se ubica en posición defensiva, que según la teoría clásica de la guerra es la “forma más fuerte” y, por lo tanto, es adoptada por aquellos en situación de debilidad.
En el primer discurso posterior a la declaración de desacato, Cristina Fernández “descubrió” que detrás de Griesa está el Estado norteamericano, que conoce muy bien de qué lado tiene que ubicarse ante el enfrentamiento entre un juez “municipal” -parte de un estado de su Unión- y un Gobierno de una semicolonia del patio trasero. Al día siguiente, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich subió más el tono y habló de un “golpismo activo”, denunció actitudes de "cipayaje" porque hay sectores que "actúan siempre de mano del enemigo" y de "las potencias".
Es un intento imprudente de uso excesivo de la “autonomía de la política”, apropiándose de una retórica que no tiene demasiadas consecuencias prácticas, y que por la tradición antiimperialista de la conciencia popular media de la Argentina puede lograr cierto aval o simpatía.
En un artículo reciente del quincenario “El Estadista”, Fabián Bosoer describía la irrelevancia estratégica que tiene la Argentina para los EE. UU. en la historia reciente de sus relaciones geopolíticas. Según esta lectura, en el vínculo primó siempre cierto interés mutuo para el uso del enfrentamiento, tanto por parte del Departamento de Estado como de los Gobiernos argentinos. La excepción fue el período de “relaciones carnales”, cuando la Argentina tomó relevancia como mejor alumno, período que terminó en una profunda crisis social y en la desaparición histórica como referentes políticos de quienes encarnaron esas banderas.
“Esta manera de vincular la política exterior y la política nacional, aparentemente disociadas, pero en su trasfondo profundamente imbricadas por las propias redes y tejidos que las entrelazan, tiene otros subproductos: la permanente actuación de diplomacias paralelas, relaciones bilaterales informales que se neutralizan unas con las otras. A su vez, la combinación de irrelevancia estratégica y relevancia simbólica permite, en el corto plazo, ampliar los márgenes de acción política si el Gobierno decide plantear la cuestión como una batalla principista por derechos soberanos avasallados. En otras palabras, confrontar con EE. UU., perdido por perdido, promete mayores beneficios sin mayores costos externos”, afirma Bosoer. Esta regla suma hoy además la particularidad adicional de los grandes problemas que tiene que resolver EE. UU., como la complicada salida de su propia crisis económica o las complejas guerras en las que se enfrascó para intentar sostener su hegemonía mundial en retroceso. Esto da ciertos márgenes de autonomía para los Gobiernos “posneoliberales” latinoamericanos, incluido el argentino.
El carácter artificial de este relato lo muestran las medidas políticas prácticas: los esfuerzos para continuar el pago y el arreglo con los tenedores de deuda, así como la búsqueda desesperada de nuevas inversiones en Vaca Muerta, con el acuerdo con Chevron hecho ley para todos y todas. Un ruego cauteloso para que el capital mundial permita el inicio sin trabas de un nuevo ciclo de endeudamiento y la generosa concesión de las nuevas joyas de la abuela. Todo hecho al grito, no de la revolución productiva y el salariazo, sino de la lucha contra las corporaciones de bancos y empresas “destituyentes”, los buitres y ahora también "el imperio”. Es decir, los ganadores de la década de los pagadores crónicos y de los monopolios que la juntaron con pala en estos años felices.
Republicanismo vacío
Si el del Gobierno es un “populismo” inconsecuente, las grandes coaliciones tradicionales opositoras tienen su propia fábula de republicanismo vacío. En el debate sobre la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que el pacto del Gobierno con el Vaticano y Francisco llevó a una sanción exprés, la oposición “republicana” se redujo al argumento judicial y procedimental en el tratamiento de la ley y no ahorró tampoco encendidas acusaciones de un supuesto “golpismo institucional”, todo ello sin emitir prácticamente palabra por el contenido sustancial de la reforma. Las denuncias del “golpismo” se volvieron un deporte retórico de Gobierno y oposición.
Las maniobras “bonapartistas” en el debate parlamentario son una práctica normal del kirchnerismo, que usufructúa una mayoría conquistada en el pasado, de dudosa revalidación en el presente, y son un uso corriente del peronismo en general.
La denuncia a la violación de sus propias normas “democráticas” es solo un aspecto –y no el más importante-, del tratamiento del Código Civil hecho “a la medida” de la Iglesia, que además avanza sobre derechos laborales.
Unos gritan por la nación y contra el imperio, mientras practican soberanas entregas; y otros lo hacen por la república, mientras niegan las banderas de los más elementales derechos democráticos, inscritos en las grandes tradiciones democráticas, y que deberían partir de la elemental demanda de separación de la Iglesia del Estado hasta llegar al derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
La coalición oficial y las variantes opositoras (sin excluir a los intentos de neocentroizquierda) parecen caracterizarse por su papismo versión siglo XXI. Tenía razón Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, cuando afirmó resignado que “da la impresión de que el papismo es el único horizonte para pensar la Argentina”. Por lo menos es el único horizonte en las grandes coaliciones representantes de la burguesía criolla.
Mientras tanto, “la calle” observa el espectáculo de este teatro de “relatos salvajes” en los medios o en el parlamento, mientras en la vida cotidiana aumenta la preocupación por la inflación o por la posible pérdida de los puestos de trabajo, las suspensiones, el enfriamiento de la economía o las consecuencias del peligro devaluacionista.
En esto está la base de que ninguna de las coaliciones tradicionales -terminada la fortuna del viento de cola- logre una profunda raigambre, un entusiasmo popular y una identificación con los problemas más sentidos por las grandes masas. Los que se ubican con mayor intención de voto (sin que “desborde” la pasión por ninguno) no logran superar más del 25 %.
Quedó en manos de la izquierda “troska” o clasista levantar las sustanciales banderas antiimperialistas por la recuperación de los recursos estratégicos, el repudio a una deuda usuraria o la reivindicación de los más elementales derechos democráticos. Sobre esa base está viviendo la persistencia de su desarrollo político y conquistando una voz propia
Fernando Rosso
Juan Dal Maso
El Código Civil y “los hijos de la democracia”
La Presidenta promulgó el nuevo Código Civil y Comercial por cadena nacional con la presencia de representantes de la Conferencia del Episcopado, la Corte Suprema, gobernadores, legisladores y dirigentes de la CGT. “Es el código hijo de la democracia”, dijo. No se habló del artículo 19 pactado con el Vaticano, que traba el derecho a una ley de aborto seguro y gratuito. Antonio Caló, de la CGT Balcarce, también aplaudió un código que legitima la tercerización laboral. El Código Civil y “los hijos de la democracia”
Cristina Kirchner presentó el nuevo Código Civil y Comercial por cadena nacional. El libro celeste fue levantado en alto por las aplaudidoras manos de los funcionarios.
Luego del clásico video institucional donde se elogiaron los puntos progresivos como el matrimonio igualitario, la facilidad de adopción y de divorcio, Cristina Fernández arrancó el discurso deteniéndose en presentar especialmente a la jerarquía de la Conferencia Episcopal. Las cámaras de la TV Pública se enfocaron particularmente en el nuncio apostólico Paul Emil Tcherrig y el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani.
Después de pedir un “aplauso para nuestro papa Francisco”, Cristina lamentó la ausencia (por enfermedad, se dijo) del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, un hombre del Vaticano que la Presidenta destacó por “su trabajo para llegar a la sanción del Código”.
La puesta en escena mostró el apoyo de un amplio espectro de la casta política y judicial al Código votado en el Congreso. Ministros de la Corte Suprema, juristas, gobernadores, diputados y sindicalistas. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y el presidente del PJ Eduardo Fellner; los obispos y el ministro de Trabajo Carlos Tomada; Elena Highton de Nolasco y Alicia Kirchner; Capitanich y Estela de Carlotto; Eugenio Zaffaroni y José Luis Gioja, La Cámpora de Wado de Pedro y el candidato Scioli; el dirigente de la UOM, Antonio Caló; el imprentero Boudou y la diputada Diana Conti. Bergoglio bien podría decir, siguiendo a su líder en la Tierra, Juan Domingo Perón, que “los hay de centroizquierda y de derecha, los hay sindicalistas y gobernadores, pero todos trabajan para el movimiento”.
Entre los 2.671 artículos del código que regula aspectos esenciales y cotidianos en la vida de las personas, como la concepción, las deudas, las formas del matrimonio y del divorcio, las obligaciones con los depositantes bancarios, entre otros, uno en especial fue cuidadosamente ocultado. La Presidenta no menciónó el artículo 19 rechazado masivamente por el movimiento de mujeres que concurrirán al Encuentro Nacional en Salta este fin de semana. Como señaló en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño del Frente de Izquierda: “Es una hipocresía plantear el derecho al aborto y al mismo tiempo aprobar el artículo 19 que impusieron el Vaticano y la Iglesia católica. Además, ¿qué progresismo puede plantear un retroceso de más de ciento cuarenta años en lo que hace a las cuestiones de la laicidad?”.
Este es el Código Civil “auténticamente argentino e hijo de la democracia”, dijo la Presidenta. Y se encargó de aclarar -“para que mañana los diarios no titulen cosas que no son”- que el hijito de la democracia argentina, como no podía ser de otra manera, “no resulta violatorio de la voluntad de los que quieran hacer contratos en moneda extranjera”. Como ya prometieron otros, el que puso dólares, recibirá dólares. Hasta se dio el lujo de destacar los nuevos derechos consagrados a “los pueblos originarios” en presencia del mismo Gildo Insfrán que gobierna una Formosa plagada de asesinatos a la comunidad qom.
Una bendición a la tercerización laboral
En las primeras filas de los presentes se encontraba el dirigente de la UOM, Antonio Caló, líder de una de las cinco “minicentrales” entre las que CFK ha logrado profundizar la división de los sindicatos, la CGT “Balcarce”, que pelea con la CTA de Yasky el podio del sindicalismo oficialista.
El nuevo Código Civil y Comercial tiene su parte dedicada al movimiento obrero, como no podía ser de otra manera. La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un comunicado que señala: “La línea del nuevo Código apunta claramente a asegurar las inversiones de capitales privados, protegiendo a los mismos de los eventuales reclamos laborales que puedan tener por parte de los trabajadores”.
Específicamente denuncian que “el nuevo Código introduce nuevas figuras contractuales y modificaciones a las ya existentes que permitirían su utilización fraudulenta para ocultar relaciones laborales. De esta manera, las empresas podrán reducir costos laborales haciendo firmar a sus trabajadores nuevos tipos contractuales que esconden su carácter de trabajadores dependientes”.
En fin, como dijo la Presidenta, un auténtico “hijo de la democracia” (para ricos), tutelado por el nuevo poder “auténticamente argentino” al frente del Vaticano.
Manolo Romano
Cristina Kirchner presentó el nuevo Código Civil y Comercial por cadena nacional. El libro celeste fue levantado en alto por las aplaudidoras manos de los funcionarios.
Luego del clásico video institucional donde se elogiaron los puntos progresivos como el matrimonio igualitario, la facilidad de adopción y de divorcio, Cristina Fernández arrancó el discurso deteniéndose en presentar especialmente a la jerarquía de la Conferencia Episcopal. Las cámaras de la TV Pública se enfocaron particularmente en el nuncio apostólico Paul Emil Tcherrig y el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani.
Después de pedir un “aplauso para nuestro papa Francisco”, Cristina lamentó la ausencia (por enfermedad, se dijo) del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, un hombre del Vaticano que la Presidenta destacó por “su trabajo para llegar a la sanción del Código”.
La puesta en escena mostró el apoyo de un amplio espectro de la casta política y judicial al Código votado en el Congreso. Ministros de la Corte Suprema, juristas, gobernadores, diputados y sindicalistas. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y el presidente del PJ Eduardo Fellner; los obispos y el ministro de Trabajo Carlos Tomada; Elena Highton de Nolasco y Alicia Kirchner; Capitanich y Estela de Carlotto; Eugenio Zaffaroni y José Luis Gioja, La Cámpora de Wado de Pedro y el candidato Scioli; el dirigente de la UOM, Antonio Caló; el imprentero Boudou y la diputada Diana Conti. Bergoglio bien podría decir, siguiendo a su líder en la Tierra, Juan Domingo Perón, que “los hay de centroizquierda y de derecha, los hay sindicalistas y gobernadores, pero todos trabajan para el movimiento”.
Entre los 2.671 artículos del código que regula aspectos esenciales y cotidianos en la vida de las personas, como la concepción, las deudas, las formas del matrimonio y del divorcio, las obligaciones con los depositantes bancarios, entre otros, uno en especial fue cuidadosamente ocultado. La Presidenta no menciónó el artículo 19 rechazado masivamente por el movimiento de mujeres que concurrirán al Encuentro Nacional en Salta este fin de semana. Como señaló en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño del Frente de Izquierda: “Es una hipocresía plantear el derecho al aborto y al mismo tiempo aprobar el artículo 19 que impusieron el Vaticano y la Iglesia católica. Además, ¿qué progresismo puede plantear un retroceso de más de ciento cuarenta años en lo que hace a las cuestiones de la laicidad?”.
Este es el Código Civil “auténticamente argentino e hijo de la democracia”, dijo la Presidenta. Y se encargó de aclarar -“para que mañana los diarios no titulen cosas que no son”- que el hijito de la democracia argentina, como no podía ser de otra manera, “no resulta violatorio de la voluntad de los que quieran hacer contratos en moneda extranjera”. Como ya prometieron otros, el que puso dólares, recibirá dólares. Hasta se dio el lujo de destacar los nuevos derechos consagrados a “los pueblos originarios” en presencia del mismo Gildo Insfrán que gobierna una Formosa plagada de asesinatos a la comunidad qom.
Una bendición a la tercerización laboral
En las primeras filas de los presentes se encontraba el dirigente de la UOM, Antonio Caló, líder de una de las cinco “minicentrales” entre las que CFK ha logrado profundizar la división de los sindicatos, la CGT “Balcarce”, que pelea con la CTA de Yasky el podio del sindicalismo oficialista.
El nuevo Código Civil y Comercial tiene su parte dedicada al movimiento obrero, como no podía ser de otra manera. La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un comunicado que señala: “La línea del nuevo Código apunta claramente a asegurar las inversiones de capitales privados, protegiendo a los mismos de los eventuales reclamos laborales que puedan tener por parte de los trabajadores”.
Específicamente denuncian que “el nuevo Código introduce nuevas figuras contractuales y modificaciones a las ya existentes que permitirían su utilización fraudulenta para ocultar relaciones laborales. De esta manera, las empresas podrán reducir costos laborales haciendo firmar a sus trabajadores nuevos tipos contractuales que esconden su carácter de trabajadores dependientes”.
En fin, como dijo la Presidenta, un auténtico “hijo de la democracia” (para ricos), tutelado por el nuevo poder “auténticamente argentino” al frente del Vaticano.
Manolo Romano
miércoles, 8 de octubre de 2014
¡Basta de femicidios! Justicia por Paola Acosta
El Estado es el principal responsable
Córdoba se encuentra profundamente conmovida y movilizada por el brutal asesinato de Paola Acosta y el ataque a su pequeña hija Martina, quien aún lucha por su vida. Paola fue asesinada por el padre biológico de Martina, Lizzaralde, luego que el miércoles 17 por la noche él se presentara en casa de Paola para entregar la primera cuota alimentaria y conocer a su pequeña hija. La manera en que se desenvolvieron los hechos muestra que se trató de una acción premeditada.
Con el asesinato de Paola, ya son once los femicidios en Córdoba en lo que va del año, sólo contabilizando aquellos casos que cobran estado público.
Paola venía de un largo litigio judicial con Lizzarande por el reconocimiento de la paternidad de Martina y una cuota alimentaria; a pesar de tener conocimiento de estos antecedentes de violencia económica y psicológica, ni la Justicia ni el gobierno brindaron a Paola las garantías necesarias.
Fue la movilización la que alertó a la sociedad para la búsqueda de Paola y Martina. El gobernador no ha pronunciado palabra. A diario ingresan 450 casos a los seis juzgados de familia -sólo en la capital cordobesa-, todos ellos implican algún tipo de violencia contra las mujeres y sus hijos. El sistema judicial victimiza una y otra vez a las mujeres sometiéndolas a burocráticos procesos para acceder a una cuota alimentaria o para obtener el resguardo necesario de su integridad física. La mayoría de las denuncias por violencia son desestimadas, sólo el 20 por ciento de las denuncias siguen su curso y son investigadas.
Los femicidios no pueden deslindarse de la descomposición del régimen social y sus gobiernos. Es necesario un abordaje integral; en este sentido, va el proyecto de ley presentado en la Legislatura y exigimos su inmediato tratamiento y aprobación.
Exigimos inmediata justicia por Paola y la perpetua a Lizzaralde; Moyano y Oyhanarte deben ser destituidos, y el fiscal Oyhanarte procesado penalmente por incumplimiento e impericia en los deberes de su cargo. Acompañamos a la familia e impulsamos a fondo la gran movilización popular que despertó el asesinato de Paola, denunciando todo este andamiaje estatal que garantiza la violencia contra las familias trabajadoras y la mujer en particular, para terminar con los femicidios.
Cintia Frencia
El teatro San Martín, entre la precarización laboral y la privatización
En mayo se cumplieron 70 años de historia del teatro General San Martín. Pero no hay nada que celebrar.
En noviembre de 2013, en el marco de este aniversario, el gobierno de la Ciudad anunció la programación 2014 y refacciones en el teatro, donde estaba prevista la remodelación de la prestigiosa sala Leopoldo Lugones. Las obras iban a concluir en julio. Sin embargo, en agosto todavía no habían empezado. La sala está cerrada desde hace ocho meses. También está demorada la culminación de la sala de ensayo de danza para Ballet Contemporáneo, camarines, sanitarios y oficinas de Dirección de Ballet.
A mediados del año pasado, artistas del San Martín alertaron sobre la posibilidad de que el espacio pasara a órbita privada. En una importante movilización frente al teatro se reclamó contra "la drástica reducción en la programación propia, los contratos artísticos ‘basura', la tercerización de los talleres, el alquiler del espacio para fiestas y eventos, y la coproducción de obras con empresas privadas". En esos días los trabajadores denunciaron que hay baños sin agua, retrasos en los pagos y depósitos sin luz.
La Asociación Argentina de Actores se declaró en los últimos días en estado de alerta por la situación en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea a los cinco teatros públicos de la Ciudad. Reclamaron que hay elencos contratados en 2013 que todavía no cobraron, y otros a los que se les adeudan meses de ensayo. Sin embargo, el sindicato no ha lanzado un plan de lucha ante el estado de vaciamiento del teatro.
La privatización de la cultura es un eje del gobierno porteño. Hace días, se reveló la entrega de subsidios oficiales a empresarios de la cultura, por casi 17 millones de pesos. Mientras tanto, en el Centro Cultural General San Martín se tuvieron que suspender varias funciones este año porque no tenían luz.
Entre las iniciativas de la Ciudad por los 70 años del teatro está "Escena 70", proyecto que reúne a programadores internacionales. Sin embargo, a los artistas no le pagan cachet ni traslado de escenografía; también está sujeta a disponibilidad la puesta de luces, que es parte fundamental de toda obra teatral. Los actores señalan que, detrás de la fachada de las funciones para las programadoras, se desarrolla un festival encubierto, precarizando laboral y artísticamente a los actores.
El camino para enfrentar este escenario de vaciamiento está en la organización de los trabajadores de la cultura, independiente del Estado y de los empresarios, en defensa y desarrollo de los que producen la riqueza artística.
Fernando Otárola
En noviembre de 2013, en el marco de este aniversario, el gobierno de la Ciudad anunció la programación 2014 y refacciones en el teatro, donde estaba prevista la remodelación de la prestigiosa sala Leopoldo Lugones. Las obras iban a concluir en julio. Sin embargo, en agosto todavía no habían empezado. La sala está cerrada desde hace ocho meses. También está demorada la culminación de la sala de ensayo de danza para Ballet Contemporáneo, camarines, sanitarios y oficinas de Dirección de Ballet.
A mediados del año pasado, artistas del San Martín alertaron sobre la posibilidad de que el espacio pasara a órbita privada. En una importante movilización frente al teatro se reclamó contra "la drástica reducción en la programación propia, los contratos artísticos ‘basura', la tercerización de los talleres, el alquiler del espacio para fiestas y eventos, y la coproducción de obras con empresas privadas". En esos días los trabajadores denunciaron que hay baños sin agua, retrasos en los pagos y depósitos sin luz.
La Asociación Argentina de Actores se declaró en los últimos días en estado de alerta por la situación en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea a los cinco teatros públicos de la Ciudad. Reclamaron que hay elencos contratados en 2013 que todavía no cobraron, y otros a los que se les adeudan meses de ensayo. Sin embargo, el sindicato no ha lanzado un plan de lucha ante el estado de vaciamiento del teatro.
La privatización de la cultura es un eje del gobierno porteño. Hace días, se reveló la entrega de subsidios oficiales a empresarios de la cultura, por casi 17 millones de pesos. Mientras tanto, en el Centro Cultural General San Martín se tuvieron que suspender varias funciones este año porque no tenían luz.
Entre las iniciativas de la Ciudad por los 70 años del teatro está "Escena 70", proyecto que reúne a programadores internacionales. Sin embargo, a los artistas no le pagan cachet ni traslado de escenografía; también está sujeta a disponibilidad la puesta de luces, que es parte fundamental de toda obra teatral. Los actores señalan que, detrás de la fachada de las funciones para las programadoras, se desarrolla un festival encubierto, precarizando laboral y artísticamente a los actores.
El camino para enfrentar este escenario de vaciamiento está en la organización de los trabajadores de la cultura, independiente del Estado y de los empresarios, en defensa y desarrollo de los que producen la riqueza artística.
Fernando Otárola
Una ley que consolida los salarios de hambre
Afuera de la Legislatura, algunos centenares de municipales llevados por la federación municipal (Fesimubo), seguían la sesión. Adentro, una barra de directivos de los sindicatos municipales imponían sus cánticos. Los diputados de extracción sindical, Hernán Doval (FpV-Fesimubo), autor del proyecto original y Rita Liempe (UP-ATE) saludaban la votación del proyecto como un día histórico, que "terminaba con la precariedad laboral de los municipales". Recibió un saludo especial el diputado Juan José Mussi, representante histórico de los intendentes del PJ que han pasado de Menem y Duhalde a Cristina, sosteniendo el negreo de los municipales a través de todos sus mandatos. En el mismo sentido fueron los discursos de los principales diputados del PJ, la UCR y el FAP.
Quedó en manos del Frente de Izquierda, a través de Christian Castillo, ir contra la corriente. Como explicaba un comunicado distribuido en la movilización por los municipales del Partido Obrero, no asistíamos a la conquista de la paritaria sino a su entierro. El proyecto original, que habíamos definido apoyar, establecía una paritaria provincial única de municipales. Propusimos una serie de enmiendas para clarificar y extender derechos laborales por los que los municipales vienen peleando, como comisiones de seguridad e higiene y guarderías. Sin embargo, las modificaciones que sufrió el proyecto fueron en el sentido contrario, llevando a la imposición de cláusulas patronales y la anulación de la paritaria única.
Las paritarias que se establecen, limitadas a los fondos y la disposición de cada municipio, mantiene el aislamiento y la heterogeneidad que permiten hoy que los municipales sean el sector peor pago de los trabajadores en blanco del país, con muchos básicos por debajo del salario mínimo vital y móvil. En la discusión, el diputado de la Fesimubo entregó, además, muchos aspectos laborales importantes. Se quitó la referencia de un porcentaje por antigüedad, se alargó el período de prueba de seis meses a un año y se endureció una cláusula de servicios esenciales, al punto de cuestionar severamente el derecho a huelga.
El reclamo de los municipales de una paritaria provincial, por el cual la federación nunca organizó un plan de lucha, ha sido desguazado. ATE acompañó la partida, negociando una redacción de las paritarias municipales y el Consejo Consultivo provincial que les garantizara un asiento. Han privilegiado el aparato por encima del salario de los municipales.
El balance de esta entrega refuerza la necesidad de constituir un poderoso reagrupamiento provincial de municipales antiburocráticos para recuperar los sindicatos, ir por un salario igual a la canasta familiar, por condiciones de trabajo y por una paritaria única de municipales.
Guillermo Kane
Quedó en manos del Frente de Izquierda, a través de Christian Castillo, ir contra la corriente. Como explicaba un comunicado distribuido en la movilización por los municipales del Partido Obrero, no asistíamos a la conquista de la paritaria sino a su entierro. El proyecto original, que habíamos definido apoyar, establecía una paritaria provincial única de municipales. Propusimos una serie de enmiendas para clarificar y extender derechos laborales por los que los municipales vienen peleando, como comisiones de seguridad e higiene y guarderías. Sin embargo, las modificaciones que sufrió el proyecto fueron en el sentido contrario, llevando a la imposición de cláusulas patronales y la anulación de la paritaria única.
Las paritarias que se establecen, limitadas a los fondos y la disposición de cada municipio, mantiene el aislamiento y la heterogeneidad que permiten hoy que los municipales sean el sector peor pago de los trabajadores en blanco del país, con muchos básicos por debajo del salario mínimo vital y móvil. En la discusión, el diputado de la Fesimubo entregó, además, muchos aspectos laborales importantes. Se quitó la referencia de un porcentaje por antigüedad, se alargó el período de prueba de seis meses a un año y se endureció una cláusula de servicios esenciales, al punto de cuestionar severamente el derecho a huelga.
El reclamo de los municipales de una paritaria provincial, por el cual la federación nunca organizó un plan de lucha, ha sido desguazado. ATE acompañó la partida, negociando una redacción de las paritarias municipales y el Consejo Consultivo provincial que les garantizara un asiento. Han privilegiado el aparato por encima del salario de los municipales.
El balance de esta entrega refuerza la necesidad de constituir un poderoso reagrupamiento provincial de municipales antiburocráticos para recuperar los sindicatos, ir por un salario igual a la canasta familiar, por condiciones de trabajo y por una paritaria única de municipales.
Guillermo Kane
Seis condenas y tres absoluciones
Por 33 casos de secuestros y desapariciones fueron condenados Riveros, Bignone y otros. Quejas de los familiares de las víctimas.
Liliana Giovannelli se subió a los tablones colocados a modo de escenario en medio de la calle, frente a los tribunales federales de San Martín, donde desde hace algunos años se realizan los juicios de lesa humanidad. “Con los ceramistas todo salió más o menos como esperábamos –dijo–, pero con los navales, ¡es una vergüenza! ¡Es una vergüenza que los tipos se vayan a su casa caminando!” Después de tres meses de audiencias, ayer concluyó el llamado Juicio de los Obreros. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, compuesto por Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, juzgó a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros y desapariciones de 33 trabajadores de la zona norte. De los nueve acusados, condenó a seis. Hubo una pena a prisión perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y de 23 años para Reynaldo Bignone. Y penas de 17 a 9 años de prisión para el resto. En tanto, absolvió a tres prefectos luego de anular una prueba testimonial de los años ’80. Esa decisión desató bronca entre familiares y ex trabajadores. Los prefectos eran los únicos acusados presentes físicamente en la sala. El resto no fue. Por otra parte, sin muchas palabras, los jueces sí aceptaron impulsar una investigación por la complicidad de los civiles, de cuyas responsabilidades se habló durante todo el juicio.
Cuando la lectura de las condenas y absoluciones terminó, la sala había pasado de los aplausos a un silencio repentino. Como intentando entender. Los tres prefectos se dieron vuelta y empezaron a levantarse. Y en ese momento, la esposa de uno de los ex trabajadores de Cattáneo gritó lo que pudo, como pudo. La sala acompañó. Se oyó el “como a los nazis les va a pasar”. En ese momento, se oyó sólo la voz de Santina Mastinú. Ellos seguían en la sala. Santina es la hermana de Martín Mastinú, trabajador de Astarsa, delegado, secuestrado en julio de 1976 por la patota integrada por los prefectos. Santina es además la esposa de Mario Marrás, obrero del astillero Mestrina. “Asesinos”, les gritó. “Asesinos y torturadores. Patoteros. Hijos de puta. Abusadores de mujeres. Basuras.”
“Tenemos bronca porque todo lo que se trabajó para conseguir la prueba no merece esta declaración”, dijo a la salida el abogado Pablo Llonto, representante de las querellas particulares. “Para nosotros había otros elementos de prueba, pero además nos queda el sabor amargo de que los jueces no hayan mencionado en el veredicto algunos de los pedidos explícitos sobre civiles, hay una remisión general a la instrucción de todos nuestros pedidos, pero la verdad es que no responde a lo que esperábamos. Así que plantearemos el recurso de Casación y habrá que dar una pelea nueva en instrucción, para que aparezca de una vez por todas la responsabilidad de los civiles.”
El juicio se hacía por el secuestro, tortura, desaparición y homicidio, en algunos casos, de los trabajadores de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo y los astilleros de Mestrina y Astarsa. La mayor parte de las víctimas eran delegados. En el debate se juzgó a integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, pero no a los civiles. La fiscalía y las querellas pidieron en los alegatos que el tribunal ordenara impulsar las investigaciones sobre propietarios, directivos, gerentes y todas las personas mencionadas en los testimonios. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió además algún pronunciamiento simbólico en ese sentido. Aunque eso puede llegar a ser incluido en los fundamentos de la sentencia, que se darán a conocer el 5 de noviembre, algo de todo eso se esperaba ayer y no ocurrió. Los jueces sí aceptaron todos los pedidos generales, ordenaron enviar los testimonios al juzgado de instrucción e iniciar las investigaciones.
“Estamos todos conmovidos”, dijo Carlos Leguizamón, enorme, grandote, casi saliendo a la calle. Habla con alguna lágrima. “No dejamos de reconocer los avances, pero con los argumentos contundentes de cada uno de los testigos nos parece que hay cosas que no se entienden bien –sigue–. No sé qué tenemos que probar para estos jueces, nos gustaría saberlo: ¿qué más hay que hacer?”. Leguizamón estuvo en Cattáneo entre 1970 y 1977, era delegado, parte de la JTP, la Agrupación Evita, testigo de este juicio que dio voz a muchas familias humildes de la zona norte, a muchas personas que no habían vuelto a buscar datos de sus familiares. “Cualquier persona común, cuando escucha todo esto, se da cuenta de la complicidad civil en estos crímenes, de que hubo listas hechas por empresarios con el Ejército, pero los poderosos todavía están en su casa.” Me gustaría, dijo, “reivindicar en este momento a cada compañero y su lucha. No es verdad que luchábamos sólo por mejores salarios: queríamos cambiar el mundo y eso es lo que no nos perdonan”.
Al lado suyo, lo mira Omar Ozeldín. Como cada nombre, sus presentaciones despiertan en los patios del edificio imágenes de las historias que se fueron escuchando durante los meses de juicio. Omar es el hijo de Jorge Ozeldín, otro de los trabajadores de Cattáneo, secuestrado de su casa, el 27 de octubre de 1977. A Ozeldín hijo lo buscaron y lo encontraron otros familiares cuando imaginaron llegar a un juicio. “Hoy tengo 50 años y llevo 38 tratando de restaurar la dignidad de aquella persona que no era la que ellos pretendieron que fuera”, dijo sobre su padre.
En el fondo, contra una pared del patio, está Jorge Velarde con su bastón. Es un ex trabajador de Astarsa, también testimoniante. Llegó temprano. “Fui delegado de Astarsa”, se presentó cuando llegó. “Y para mí es muy emocionante haber llegado al final de este juicio que esperamos durante muchísimos años, y luchamos por él. Esperemos que las condenas sean justas. Sabemos que el juicio ha permitido revelar cosas sobre la responsabilidad civil, pero sabemos que la Justicia tiene dificultades porque quiere pruebas fehacientes. Pero, bueno, esto va a continuar. Vamos a aportar todo lo que podamos en la investigación.” Al final, algo había cambiado. “Por un lado satisfecho, pero al mismo tiempo tengo mucha tristeza.”
Durante la lectura de la sentencia, a la hija de Francisco Palavacino se le llenaron varias veces los ojos de lágrimas, cuando escuchaba los nombres de los acusados Riveros y Bignone. En otra fila estaban las tres docentes que buscaron durante años reconstruir las historias de las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, trabajadoras de Lozadur. Estaba Liliana Giovannelli, que fue empleada de un laboratorio en los años ’70 y ahora habla en un escenario. Estaban las hijas de Ismael Notaliberto y de Pablo Villanueva. “La verdad es que estoy con miedo”, dijo Marisa Villanueva. “El miedo es porque todo esto tardó mucho en llegar, tengo terror a que no se los condene y es la primera vez que estoy en un juicio. Para mí es fuertísimo estar acá.”
Alejandra Dandan
Liliana Giovannelli se subió a los tablones colocados a modo de escenario en medio de la calle, frente a los tribunales federales de San Martín, donde desde hace algunos años se realizan los juicios de lesa humanidad. “Con los ceramistas todo salió más o menos como esperábamos –dijo–, pero con los navales, ¡es una vergüenza! ¡Es una vergüenza que los tipos se vayan a su casa caminando!” Después de tres meses de audiencias, ayer concluyó el llamado Juicio de los Obreros. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, compuesto por Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, juzgó a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros y desapariciones de 33 trabajadores de la zona norte. De los nueve acusados, condenó a seis. Hubo una pena a prisión perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y de 23 años para Reynaldo Bignone. Y penas de 17 a 9 años de prisión para el resto. En tanto, absolvió a tres prefectos luego de anular una prueba testimonial de los años ’80. Esa decisión desató bronca entre familiares y ex trabajadores. Los prefectos eran los únicos acusados presentes físicamente en la sala. El resto no fue. Por otra parte, sin muchas palabras, los jueces sí aceptaron impulsar una investigación por la complicidad de los civiles, de cuyas responsabilidades se habló durante todo el juicio.
Cuando la lectura de las condenas y absoluciones terminó, la sala había pasado de los aplausos a un silencio repentino. Como intentando entender. Los tres prefectos se dieron vuelta y empezaron a levantarse. Y en ese momento, la esposa de uno de los ex trabajadores de Cattáneo gritó lo que pudo, como pudo. La sala acompañó. Se oyó el “como a los nazis les va a pasar”. En ese momento, se oyó sólo la voz de Santina Mastinú. Ellos seguían en la sala. Santina es la hermana de Martín Mastinú, trabajador de Astarsa, delegado, secuestrado en julio de 1976 por la patota integrada por los prefectos. Santina es además la esposa de Mario Marrás, obrero del astillero Mestrina. “Asesinos”, les gritó. “Asesinos y torturadores. Patoteros. Hijos de puta. Abusadores de mujeres. Basuras.”
“Tenemos bronca porque todo lo que se trabajó para conseguir la prueba no merece esta declaración”, dijo a la salida el abogado Pablo Llonto, representante de las querellas particulares. “Para nosotros había otros elementos de prueba, pero además nos queda el sabor amargo de que los jueces no hayan mencionado en el veredicto algunos de los pedidos explícitos sobre civiles, hay una remisión general a la instrucción de todos nuestros pedidos, pero la verdad es que no responde a lo que esperábamos. Así que plantearemos el recurso de Casación y habrá que dar una pelea nueva en instrucción, para que aparezca de una vez por todas la responsabilidad de los civiles.”
El juicio se hacía por el secuestro, tortura, desaparición y homicidio, en algunos casos, de los trabajadores de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo y los astilleros de Mestrina y Astarsa. La mayor parte de las víctimas eran delegados. En el debate se juzgó a integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, pero no a los civiles. La fiscalía y las querellas pidieron en los alegatos que el tribunal ordenara impulsar las investigaciones sobre propietarios, directivos, gerentes y todas las personas mencionadas en los testimonios. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió además algún pronunciamiento simbólico en ese sentido. Aunque eso puede llegar a ser incluido en los fundamentos de la sentencia, que se darán a conocer el 5 de noviembre, algo de todo eso se esperaba ayer y no ocurrió. Los jueces sí aceptaron todos los pedidos generales, ordenaron enviar los testimonios al juzgado de instrucción e iniciar las investigaciones.
“Estamos todos conmovidos”, dijo Carlos Leguizamón, enorme, grandote, casi saliendo a la calle. Habla con alguna lágrima. “No dejamos de reconocer los avances, pero con los argumentos contundentes de cada uno de los testigos nos parece que hay cosas que no se entienden bien –sigue–. No sé qué tenemos que probar para estos jueces, nos gustaría saberlo: ¿qué más hay que hacer?”. Leguizamón estuvo en Cattáneo entre 1970 y 1977, era delegado, parte de la JTP, la Agrupación Evita, testigo de este juicio que dio voz a muchas familias humildes de la zona norte, a muchas personas que no habían vuelto a buscar datos de sus familiares. “Cualquier persona común, cuando escucha todo esto, se da cuenta de la complicidad civil en estos crímenes, de que hubo listas hechas por empresarios con el Ejército, pero los poderosos todavía están en su casa.” Me gustaría, dijo, “reivindicar en este momento a cada compañero y su lucha. No es verdad que luchábamos sólo por mejores salarios: queríamos cambiar el mundo y eso es lo que no nos perdonan”.
Al lado suyo, lo mira Omar Ozeldín. Como cada nombre, sus presentaciones despiertan en los patios del edificio imágenes de las historias que se fueron escuchando durante los meses de juicio. Omar es el hijo de Jorge Ozeldín, otro de los trabajadores de Cattáneo, secuestrado de su casa, el 27 de octubre de 1977. A Ozeldín hijo lo buscaron y lo encontraron otros familiares cuando imaginaron llegar a un juicio. “Hoy tengo 50 años y llevo 38 tratando de restaurar la dignidad de aquella persona que no era la que ellos pretendieron que fuera”, dijo sobre su padre.
En el fondo, contra una pared del patio, está Jorge Velarde con su bastón. Es un ex trabajador de Astarsa, también testimoniante. Llegó temprano. “Fui delegado de Astarsa”, se presentó cuando llegó. “Y para mí es muy emocionante haber llegado al final de este juicio que esperamos durante muchísimos años, y luchamos por él. Esperemos que las condenas sean justas. Sabemos que el juicio ha permitido revelar cosas sobre la responsabilidad civil, pero sabemos que la Justicia tiene dificultades porque quiere pruebas fehacientes. Pero, bueno, esto va a continuar. Vamos a aportar todo lo que podamos en la investigación.” Al final, algo había cambiado. “Por un lado satisfecho, pero al mismo tiempo tengo mucha tristeza.”
Durante la lectura de la sentencia, a la hija de Francisco Palavacino se le llenaron varias veces los ojos de lágrimas, cuando escuchaba los nombres de los acusados Riveros y Bignone. En otra fila estaban las tres docentes que buscaron durante años reconstruir las historias de las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, trabajadoras de Lozadur. Estaba Liliana Giovannelli, que fue empleada de un laboratorio en los años ’70 y ahora habla en un escenario. Estaban las hijas de Ismael Notaliberto y de Pablo Villanueva. “La verdad es que estoy con miedo”, dijo Marisa Villanueva. “El miedo es porque todo esto tardó mucho en llegar, tengo terror a que no se los condene y es la primera vez que estoy en un juicio. Para mí es fuertísimo estar acá.”
Alejandra Dandan
martes, 7 de octubre de 2014
Estrategia, hegemonía, revolución.
¿Cómo vivir mejor? ¿Refugiarse en la autoayuda o cambiar el mundo? ¿Hacia donde dirigir nuestros reclamos? Las rebeldías sin plan y sin estrategia terminan diluyéndose. ¿Qué es una estrategia? Necesidad de una estrategia prolongada y de cambios sociales radicales. Che Guevara como símbolo de rebeldía universal: su estrategia política, el marxismo. Marx: pensador del siglo 21. Para elaborar una estrategia no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué es la teoría marxista de la revolución? ¿Cuál es su teoría política y su estrategia? Tácticas, estrategias, análisis de situaciones históricas, coyuntura y correlación de fuerzas. Proyectos ajenos y estrategia propia: independencia política de clase y teoría de la hegemonía.
¿Reformas “micro” y sólo institucionales o cambios de fondo, radicales y globales? ¿Cambiar algo para que todo siga igual? Gatopardismo burgués o revolución socialista. Dos proyectos distintos y alternativos: reformas institucionales y modernización desde arriba o cambios sociales y políticos desde abajo. Marx y las revoluciones: la estrategia de la clase trabajadora y la Comuna. Papel de la burocracia y el Estado. Revoluciones y emancipaciones latinoamericanas: desde Haití (1804) en adelante: luchas nacionales y sociales amalgamadas. ¿Se puede construir el socialismo en el siglo 21 siendo “amigos de todo el mundo” y sin que nadie se enoje, sin enfrentamientos sociales entre las clases?
Estrategias y pensamiento político en Lenin: filosofía de la praxis y teoría de la hegemonía. Luchas de clases, fuerzas sociales, poder popular e iniciativa política. Lenin leyendo a Marx: rebeldías, levantamientos, insurreciones y protestas populares. Combinación de todas las formas de lucha, desde las legales a la guerra de guerrillas y otras formas clandestinas. Participación electoral: depende de cada momento histórico y las relaciones de fuerzas. Antonio Gramsci y la herencia de Maquiavelo: hegemonía como combinación de consenso y coerción. El Gramsci de los posmodernos y socialdemócratas: ¿la madre Teresa de Calcuta? Gramsci como militante revolucionario, crítico del reformismo. Marxismo como teoría de la rebelión y la revolución. La estrategia en el siglo 21: Revolución socialista o caricatura de revolución.
El video también está en Vimeo. Si lo silencian en youtube, búscalo en VIMEO: https://vimeo.com/107663901
Proyecto Memoria del futuro: Brancaleone Films y Cátedra Che Guevara: www.amauta.lahaine.org
Carta Abierta y los hijos de fierro en la Panamericana
Los intelectuales kirchneristas tienden a traducir todo hecho político o social al nivel de una “discusión”, pese a que esta particular “discusión” se libra con cortes, piquetes, palazos, balas de goma, gas pimienta, Gendarmes caranchos, heridos y detenidos. Una “discusión” que se parece mucho a la lucha de clases, que después de todo, no deja de ser una discusión pero por otros medios.
Finalmente vio la luz la Carta Abierta número 17 titulada “Buitres de la economía y Halcones de la guerra”. La estructura general del documento no difiere casi en nada de los anteriores, a excepción de que aporta muchas menos ideas y muchas más desilusiones. La gravitación del colectivo de intelectuales kirchneristas en la vida política nacional está en declive en proporción directa al retroceso de su gobierno.
En momentos de tensiones económicas y políticas, de una agenda nacional marcada por la incertidumbre del rumbo de la economía, por las preocupaciones populares que genera la inflación y el peligro de la pérdida del empleo, la recesión o los tarifazos, la crítica disciplinada de las almas cansadas tiene mucho menos posibilidades de éxito o de atracción. El extenso texto, como siempre, encuentra las fórmulas crípticas para ocultar la “crítica”, para destacarse por lo se esfuerza permanentemente en no nombrar.
La búsqueda del equilibrio perfecto de una “crítica” que camina en puntas de pie por los laterales del gobierno y del Estado, para no estorbar la obra que se juega en el escenario central. Para dormir tranquilos de noche habiendo cumplido la función de sostener con sobreproducción de palabras un “modelo” y un “proyecto” que hace agua por todos lados y niega en cada medida concreta su propio relato. Las palomas de vuelo gallináceo contándoles cuentos de hadas a los halcones y a los buitres.
Sin embargo, hay algo que la Carta no pudo dejar de nombrar. Un lugar que se fue elevando a la categoría de símbolo de la nueva resistencia en la percepción popular y que es más que un espacio físico: es un territorio de disputa social. Y también de pelea política, cuando la política debe bajar a la calle o la ruta.
La autopista Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, un escenario de querella donde muchos ven que se juega un parte de su propio futuro.
Ya en el primer punto de la nueva Carta Abierta se afirma: “Si en Wall Street observamos, bajo el poderoso influjo de un nombre que provocó novelas, películas, teorías económicas y metáforas diversas sobre el capitalismo, la nueva actuación de un dominio financiero aliado a perfeccionados roles de viciadas prácticas judiciales, a miles de kilómetros de distancia, en el escenario social, comunicacional y de circulación de nuestra ruta Panamericana, vemos una discusión ostensible sobre los derechos sociales que emanan de las diversas situaciones que se producen ante decisiones de gerencias empresariales”.
Los intelectuales kirchneristas tienden a traducir todo hecho político o social al nivel de una “discusión”, pese a que esta particular “discusión” se libra con cortes, piquetes, palazos, balas de goma, gas pimienta, Gendarmes caranchos, heridos y detenidos. Una “discusión” que se parece mucho a la lucha de clases, que después de todo, no deja de ser una discusión pero por otros medios.En este particular debate toman parte actores concretos, con nombre y apellido que el estilo temeroso de la crítica cartaabiertista tiene prohibido nombrar. Los defensores de los “derechos sociales” son los obreros de la autopartista Lear y la gráfica Donnelley (hoy MadyGraf) que enfrentan a las “decisiones de las gerencias empresariales” de estas corporaciones en un cuerpo a cuerpo que ya es mucho más que una lucha por sus propios intereses particulares. Unos ocupando la fábrica para ponerla a producir bajo su control y otros en una batalla cotidiana por la Panamericana, para reclamar por sus puestos de trabajo.
La cuestión es que estas “decisiones de gerencias empresariales” fueron sostenidas y bancadas por otras decisiones tomadas en las jerarquías de los ministerios y de las nuevas fuerzas de seguridad (además de las conducciones de sindicatos como SMATA).
“No es así como todos esperamos que se traten las necesidades y carencias de sectores de la población que son víctimas antes que agentes de actos furtivos o comercios ilegales. Si en los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de otros territorios del interior donde no se democratizaron las fuerzas policiales durante 30 años, estas conductas no dejan de ser previsibles, son inaceptables en las voces que representan al gobierno nacional”, afirma Carta Abierta. La voz cantante, tan inaceptable como prudentemente innombrada en la Carta Abierta es la del jefe de los “gendarmes caranchos”, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni. La cara pública del nuevo orden kirchnerista. Mientras los discursos parlamentarios del oficialismo siguen planteando -Ley de Abastecimiento mediante-, la necesidad de que el Estado le ponga límites al mercado, en la realidad, el único límite que se pone y a los palazos es a los que reclaman por sus puestos de trabajo. En la “discusión” que se libra en la Panamericana unos parten con ventaja: tienen al aparato del Estado de su lado.
Símbolos
Más allá de estas limitaciones de la crítica oficialista, que la Panamericana haya logrado atravesar las paredes de la Biblioteca Nacional es muy significativo.
Si 1989 tuvo a los saqueos -que comenzaron en Rosario y luego se extendieron-, como una marca simbólica del fin de ciclo alfonsinista, y a finales de los ’90 ese lugar lo ocupó la Ruta 3 de La Matanza y sus mega-piquetes de los desocupados; la Panamericana comienza a ser el emblema de la resistencia social del fin de ciclo kirchnerista. Esto registra la potencialidad social y hegemónica de los sujetos protagonistas y en cierta medida una síntesis de la experiencia histórica reciente.
En un artículo titulado “Los hijos de fierro”, el último número de la revista Crisis también toma nota de esta realidad y pone su ojo en la Panamericana. “En esa postal a cielo abierto de las costuras del modelo que ofrece cada día la ruta Panamericana, asoma un nuevo sujeto. Casi diríamos, ‘el hijo del kirchnerismo real’: el delegado de la fábrica. A media distancia muchos oficialistas, habituados al confort ideológico de la educación televisada del Gobierno, solo ven en ellos el rictus típico del trotskista militante. Esa figura del costumbrismo político que empioja los ‘cursos naturales de la historia’. Para el sindicato clásico peronista, que ni se inmutó con la década de la memoria, son la “zurda loca” sobre la que volver a depositar el remanido autoritarismo gremial”.
Más que “hijo del kirchnerismo real” el nuevo sujeto que el delegado representa es el producto de la recuperación económica (basada en devaluación y viento de cola) y las medidas de pasivización que debió tomar el kirchnerismo para salir de la crisis del 2001, sumado al empuje militante de la izquierda clasista. Solo en un sentido muy general y metafórico puede entenderse como “hijo del kirchnerismo real”; y en todo caso, si así fuera, parece ir a la búsqueda acelerada del parricidio. Ya que el “kirchnerismo real”, el de los factores reales de poder, como la Gendarmería y los sindicatos clásicos peronistas es el que está garantizando la pérdida de sus elementales derechos sociales.
Culmina la Carta Abierta 17: “En las amplias alianzas sociales y nacionales que esto implica, será necesario entonces que la interpretación del conflicto social como los que habitualmente ocurren al costado de la ruta Panamericana –flujo vital, económico, poblacional, simbólico, técnico, laboral– no se presten a los habituales considerandos de un macartismo fuera de tono, de historia y de lugar, proferidos por aquellos dirigentes sindicales cuya representatividad política está perimida hace algunas décadas”.
El kirchnerismo real ya lo interpretó a su manera, muy distinta a la que pide el kirchnerismo utópico que se reúne en la Biblioteca Nacional. La única interpretación alternativa posible está en manos de los “hijos de fierro” que hoy libran su “debate” (y su combate) en la Panamericana.
Fernando Rosso
@RossoFer
Los frentes hablan
Sí, algo más para expresarnos. Luego de contemplar el mural con que modificamos el frente de mi casita, pensé que ojalá todos los vecinos y, por qué no, los habitantes porteños y de todas nuestras ciudades y pueblitos hicieran lo mismo. Sueños. Expresar sus gustos, sus deseos comunitarios, sus ansias, pintando con esos ideales el frente de sus viviendas. ¿Se imaginan los lectores a un Buenos Aires con miles de sueños y de ideologías en los colores de sus paredes frontales? Sería un paraíso para los niños, un abrirse a los sueños para los adolescentes, un mar de esperanzas para los adultos y un propósito tal vez no cumplido para los viejos como yo, por lo menos allí realizados, sin abandonar por ello lo que quisieron en vida.
Invito a todos los artistas pintores que expresen también así sus metas e ideales y que ofrezcan su arte a todos los que quieran expresarse a través de esos símbolos que reúne el dibujo y la pintura.
Todo comenzó cuando un estudiante de arte de la Universidad de La Plata tocó el timbre de “El tugurio”, mi vivienda, nombre puesto por el infalible Osvaldo Soriano a mi rancho. Con timidez, el joven estudiante que llamó a mi puerta me dijo:
–Buenas, don Bayer, soy Martín Meza, hijo de la familia Meza de Azul. Soy estudiante de arte en La Plata, y cuando vi el frente de su casa me dije: “Es apropiado para un mural. Tengo una idea luego de haber leído su último libro. Ese mural podría llamarse ‘Encuentro con los pueblos originarios’. ¿Le gustaría a usted?”.
Me sorprendió la pregunta porque yo estaba justamente en el paraíso del infierno leyendo una discusión filosófica sobre Nietzsche y le pregunté como si me hubiera despertado de la siesta “¿cómo dice, un qué?”... Y él me respondió con toda naturalidad: “Un mural”. Lo miré largamente y le respondí: “Bueno”. Me pareció una idea brillante. Presentar la casa de uno como surgida “del amor al arte”. A la mañana siguiente se presentó el joven Martín con tres ayudantes y baldes de pintura y pinceles y me pidió una escalera que le entregué ya mismo. Y sin demora comenzó la tarea. Que duró tres días ante vecinos estupefactos que se detenían para observar al artista que dibujaba estructuras nunca vistas para el frente de una casa. A veces se agrupaban varios vecinos en completo silencio con un gesto como si no entendieran nada o pensaban y no lo decían: “Otra locura de Bayer”. Y así fue. Al tercer día, el joven artista puso punto final a su atrevida obra: el abrazo argentino entre los pueblos originarios y lo europeo llegado a nuestras orillas. El abrazo de la paz y el futuro. Y la frase de San Martín que lo dice todo: “Nuestros paisanos, los indios”.
En el patio de “El tugurio” brindamos con un vaso de vino ese final. Alcé mi vaso brindando por el “encuentro definitivo entre las dos estirpes que pueblan nuestra tierra”. Y el artista respondió: “Para que todos los muros frentes de las viviendas se unan a través del arte”.
Y sí, es lo que pensamos. Un Buenos Aires que nos reúna todas las mañanas con los sueños de sus habitantes expresados así: “Sería un paraíso”, pensé. Una “sana provocación” para el debate constructivo. Sí, todos los sueños. E incitar a las ciudades del mundo a iniciar el diálogo interminable entre todos los frentes de cada vivienda. Ojalá triunfe siempre la imaginación.
Pero regresemos a la otra realidad. Vayamos al encuentro de lo que es real. Una parte de ella son los pueblos originarios. Y sus mujeres. Que no se rinden.
Ellas están preparando una gran marcha para el 11 de octubre, a las 18 horas, en el monumento a Roca, en el centro de Buenos Aires, para apoyar la ley del buen vivir. Esta, en gran parte, serviría para defender a la naturaleza y organizar la sociedad para que todos tengan trabajo, techo y salud. De ella participarían 36 naciones.
En el llamado a participar de la gran marcha se expresa: “Es un llamado desde el corazón, del tuyo, del mío, que es el de la tierra, un llamado que grita, que pretende despertarte, un llamado para que no te rindas, para descubrir que no estamos solas, que somos muchas, miles, millones, un llamado de unidad, de esperanza, de fortaleza”. Y anuncian este acontecimiento: “El 21 de abril de 2015, las mujeres originarias cambiaremos la historia, llegaremos a Buenos Aires y tomaremos la palabra en el recinto del Congreso de la Nación para presentar al pueblo argentino, a través de sus representantes parlamentarios, nuestra propuesta para el buen vivir”. Y añaden: “El 21 de abril del 2015, el Día Mundial de la Tierra, nos concentraremos frente al monumento del genocida Roca para reemplazarlo por el monumento a la mujer originaria. Desde allí marcharemos al Congreso de la Nación para presentar la propuesta de la ley del buen vivir. Esta ley busca instalar en la agenda política y social un buen vivir que no sólo sea para las comunidades originarias, sino para todos los que habitan la Tierra, entendiendo lo nacional desde la pluralidad. La armonía entre el territorio y la naturaleza. Todo desde la diversidad y los valores comunitarios”. Esta ley será redactada durante el mes de enero en la comunidad Pillín Mahuiza, Chubut. Además se recogerán un millón de firmas para respaldar el proyecto de la ley del buen vivir.
Por otra parte, diversos organismos de derechos humanos le han solicitado al gobernador de Formosa dar solución a todos los problemas que se mantienen allí con las comunidades originarias, que se preparan para organizar un movimiento nacional que analice esa problemática que existe desde hace años. Buscar la paz es, en sí, buscar el buen vivir, nuevo lema de los pueblos originarios. La paz, la bella palabra.
Osvaldo Bayer
Una realidad económica cada vez más agitada
Con poca nafta en el tanque
Parte de la naturaleza misma del capitalismo consiste en que por su propias contradicciones genera cíclicamente crisis económicas. En criollo esto se traduce a que dentro del capitalismo más temprano que tarde las crisis económicas se manifiestan independientemente de la política económica que uno lleve adelante. En un país atrasado en términos tecnológicos, débil en poder económico, periférico y dependiente de las economías centrales, alcanza con que el precio de sus principales exportaciones se desplome como para generar crisis económicas y que también tambalee su política interna. Hoy en día varios de los principales motores económicos de la Argentina están fallando a la vez. El precio de nuestra principal exportación, la soja, bajó cerca de 40% en un año, pasando de casi 550 dólares la tonelada a algo menos de 340 dólares. Las exportaciones de autos a Brasil -nuestro principal comprador- bajaron un 24% en comparación con el primer semestre de 2013. Esto es especialmente grave tratándose de nuestra principal producción industrial. En la primera mitad del año pasado se vendieron a Brasil 227.000 autos, mientras que durante el primer semestre de 2014 se vendieron 171.900. Se estima que a raíz de esto hay más de 10.000 suspensiones en la industria automotriz nacional. Esta situación obviamente se traslada y repite en varias ramas. La pérdida de empleos se ve reflejada en datos como el cierre de 311.000 cuentas sueldo entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, aunque obviamente no todas las cuentas cerradas corresponden a empleos perdidos. Más allá de las estadísticas y de las intenciones políticas de los economistas que las miden, es innegable que va creciendo el número de trabajadores que quedan en la calle.
Agregamos otros valores que citamos de forma recurrente, pero que es necesario repetir para entender nuestras posiciones políticas. Vivimos en un país con más de 30% de inflación, una devaluación de 3% mensual del dólar oficial, 50% de los trabajadores ganan menos de 4500 pesos (menos de 500 dólares a dólar oficial), 50% de la población no tiene cloacas, y el 25% está por debajo de la línea de pobreza según la CTA oficialista. El 35% de los trabajadores está en negro y en paralelo el gobierno le está pagando 10 mil millones de dólares a Repsol por la estatización de YPF. Y cómo si no fuera poco Página 12 saca una nota titulada “Giro a París que demuestra capacidad de pago” explicando que Argentina tiene, puede y quiere pagar sus deudas. Pareciera que festejan nuestra dependencia. Hace más de cien años el rol que las potencias nos asignaron en el tablero mundial como país consiste en ser un mero exportador de materias primas y pagador serial de deuda. El gobierno, extremadamente fiel a esta visión, critica que los fondos buitres no le dejen pagar a los sectores con los que se negoció en 2005 y 2010 el pago de la deuda.
Curitas para una amputación
Ante este panorama el gobierno nacional está impulsando algunas medidas que podrían llegar a ser consideradas progresivas. Por ejemplo logró aprobar una reforma a la ley de abastecimiento que permitiría establecer niveles de ganancias máximos para las empresas, fijar precios máximos, forzar a las empresas a producir ciertos productos, y multar y clausurar a las empresas que violen esta ley. La ley original data de 1974, pero esta fue suspendida en 1991 por el decreto 2284 de Menem y por la ley de presupuesto de 1994. Sin embargo, esta medida que podría resultar progresiva no forma parte de una estrategia coherente para regular el funcionamiento de la economía en su conjunto. Es díficil compartir el razonamiento meramente coyuntural que lleva a impulsarla, como también del optimismo que el gobierno manifiesta frente su efectiva ejecución que dice poder darle.
Concretamente la mayor concentración y transnacionalización de la economía, que está en la raíz de este modelo, aumentó en los últimos once años más allá de los discursos oficiales. Nunca se atacó la raíz del problema y no se va a solucionar atacando superficialmente sus efectos, sin atacar las causas que este gobierno ayudó a fortalecer en un sentido opuesto a los intereses nacionales y populares. De hecho el gobierno consolidó este modelo económico claramente opositor a los intereses nacionales y populares.
Un excelente ejemplo donde se ve esto es en torno a la política hacia la deuda externa. El gobierno nacional no ha tenido la menor intención de cuestionar la deuda externa ilegítima generada por la dictadura y ampliada por todos los gobiernos posteriores. Ya pagó 642 millones al Club de París, comprometiéndose a pagarle 3633 millones de dólares de intereses punitorios. Depositó otros 539 millones de dólares en el Bank of New York para pagar a un grupo de acreedores que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Estos fondos están congelados en el banco por orden del juez Griesa, quien quiere que primero se pague a los fondos buitre, y luego al resto de los acreedores. La consigna del gobierno es “queremos pagar pero no nos dejan”. Mientras tanto, la inversión anual en educación y salud sigue siendo inferior al pago de deuda externa. Para sortear esta traba del juez Griesa y poder pagar, el gobierno aprobó una nueva ley que permite a los acreedores que tenían bonos con jurisdicción de Nueva York canjearlos por bonos con jurisdicción de Buenos Aires o París. Nuevamente se abre la puerta a que aparezca un juez Griesa, pero esta vez francés. En dicha ley también se estipula la creación de una comisión que investigue la deuda externa. Crear una comisión investigadora luego de pagar y legitimar la deuda no resulta muy útil. Lo lógico es lo inverso. Primero se investiga, luego se paga.
Medidas como la Ley de Abastecimiento terminan siendo iniciativas aisladas que poco pueden hacer para cambiar el cuadro general regresivo. La realidad, para colmo, es que posiblemente ni siquiera se termine aplicando. La imprenta Donnelley, líder en el rubro gráfico, quebró hace unas semanas y dejó en la calle a 400 trabajadores. El gobierno había dicho que iba a aplicar la ley antiterrorista contra la empresa porque consideraba a la quiebra como fraudulenta y como un ataque político contra el gobierno, pero luego dio marcha atrás. Seguramente pase lo mismo con la ley de abastecimiento. Si realmente existiese la intención de cambiar el cuadro general, en vez de comprarles trenes a los chinos se estarían construyendo acá, y la presidenta no diría alegremente que se habla ya de la Argentina como la nueva Arabia Saudita, como si fuese un modelo de país, meses después de otorgarle la explotación de yacimientos a Chevron.
Siempre nos quedará Pekín
El actual gobierno Argentino sigue con la centenaria tradición de buscar un nuevo padre que le resuelva todos sus problemas. Las grandes potencias supieron cómo abrirles el camino a sus capitales en las regiones más desfavorecidas de todo el globo. Antiguamente, en la Argentina, esto sucedió primero con los capitales ingleses, luego con los yankis, y hoy estamos presenciando cómo surge un nuevo actor que pisa fuerte: el capitalismo Chino. Tras la visita del presidente Xi Jinping, Cristina Kirchner anunció que “el win win debe ser el nuevo modelo global”. Win win: ganamos todos. O al menos eso se supone. La Argentina ha acordado un swap o canje de divisas con China por 11.000 millones de dólares. De este modo se abre la posibilidad de que el comercio entre los dos países no tenga que hacerse en dólares, sino en yuanes y pesos. En concreto, se trata de una medida que facilita el comercio con el gran dragón. Otro dato que muestra esto es que China nos otorga un préstamo por 400 millones de dólares para comprar buques dragadores con el objetivo de mejorar el transporte marítimo.
Estamos ante el desembarco de esta nueva potencia en nuestro país. En 2013, las importaciones chinas representaron más del 15% de nuestras compras al extranjero. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que casi el 80% de los productos no alimenticios que se venden en las cadenas más grandes de supermercados proviene de China. Los capitales chinos también aportarán como inversión directa 4714 millones de dólares para construir dos represas en Santa Cruz y 2099 millones de dólares para renovar el ferrocarril Belgrano Cargas. A esto le debemos sumar los 3000 millones de dólares de los trenes chinos que irán a parar a la región metropolitana de Buenos Aires, y los hasta 2000 millones de dólares por la construcción de la central nuclear Atucha III.
Los fondos chinos no son obsequios que se regalan como caramelos. Los términos del préstamo para las represas están en sintonía con la complicada situación de la Argentina en el mercado financiero internacional. El acuerdo firmado con China reconoce la jurisdicción de tribunales extranjeros en caso de conflicto, dejando nuevamente la puerta abierta para nuevos jueces Griesa. Además, la Argentina se compromete a tener una relación “en buenas condiciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en los años 90 planeó las privatizaciones, la destrucción del Estado, la anulación de derechos laborales y el crecimiento desenfrenado de la deuda externa. Finalmente, el acuerdo establece que nuestro país no podrá incumplir sus deudas, es decir entrar en default, y deberá informar en un plazo de cinco días hábiles si es demandado por el pago de deudas. Sobre este último punto el acuerdo cita los pagos al Club de París y a los holdouts o fondos buitre. En caso de default el préstamo podrá ser cancelado.
El ingreso de China en nuestras pampas plantea la pregunta de si un imperialismo en desarrollo es menos depredador que los imperialismos ya establecidos. Nos animamos a decir que no es mejor, que sólo es diferente aunque lo central no cambia. Lo que sí queda claro es la dependencia de nuestra economía, al ver cómo no pueden desarrollarse sus sectores básicos sin generar más endeudamiento.
No es difícil imaginarse que hay sectores del pueblo, del campo popular, que tienen la intención de construir otra realidad diferente donde el futuro de los trabajadores, del pueblo, del país no dependa ni de los ingleses, ni de los yankis, ni de los chinos, ni de su mediocre furgón de cola, la burguesía argentina.
Facundo Guillén
Parte de la naturaleza misma del capitalismo consiste en que por su propias contradicciones genera cíclicamente crisis económicas. En criollo esto se traduce a que dentro del capitalismo más temprano que tarde las crisis económicas se manifiestan independientemente de la política económica que uno lleve adelante. En un país atrasado en términos tecnológicos, débil en poder económico, periférico y dependiente de las economías centrales, alcanza con que el precio de sus principales exportaciones se desplome como para generar crisis económicas y que también tambalee su política interna. Hoy en día varios de los principales motores económicos de la Argentina están fallando a la vez. El precio de nuestra principal exportación, la soja, bajó cerca de 40% en un año, pasando de casi 550 dólares la tonelada a algo menos de 340 dólares. Las exportaciones de autos a Brasil -nuestro principal comprador- bajaron un 24% en comparación con el primer semestre de 2013. Esto es especialmente grave tratándose de nuestra principal producción industrial. En la primera mitad del año pasado se vendieron a Brasil 227.000 autos, mientras que durante el primer semestre de 2014 se vendieron 171.900. Se estima que a raíz de esto hay más de 10.000 suspensiones en la industria automotriz nacional. Esta situación obviamente se traslada y repite en varias ramas. La pérdida de empleos se ve reflejada en datos como el cierre de 311.000 cuentas sueldo entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, aunque obviamente no todas las cuentas cerradas corresponden a empleos perdidos. Más allá de las estadísticas y de las intenciones políticas de los economistas que las miden, es innegable que va creciendo el número de trabajadores que quedan en la calle.
Agregamos otros valores que citamos de forma recurrente, pero que es necesario repetir para entender nuestras posiciones políticas. Vivimos en un país con más de 30% de inflación, una devaluación de 3% mensual del dólar oficial, 50% de los trabajadores ganan menos de 4500 pesos (menos de 500 dólares a dólar oficial), 50% de la población no tiene cloacas, y el 25% está por debajo de la línea de pobreza según la CTA oficialista. El 35% de los trabajadores está en negro y en paralelo el gobierno le está pagando 10 mil millones de dólares a Repsol por la estatización de YPF. Y cómo si no fuera poco Página 12 saca una nota titulada “Giro a París que demuestra capacidad de pago” explicando que Argentina tiene, puede y quiere pagar sus deudas. Pareciera que festejan nuestra dependencia. Hace más de cien años el rol que las potencias nos asignaron en el tablero mundial como país consiste en ser un mero exportador de materias primas y pagador serial de deuda. El gobierno, extremadamente fiel a esta visión, critica que los fondos buitres no le dejen pagar a los sectores con los que se negoció en 2005 y 2010 el pago de la deuda.
Curitas para una amputación
Ante este panorama el gobierno nacional está impulsando algunas medidas que podrían llegar a ser consideradas progresivas. Por ejemplo logró aprobar una reforma a la ley de abastecimiento que permitiría establecer niveles de ganancias máximos para las empresas, fijar precios máximos, forzar a las empresas a producir ciertos productos, y multar y clausurar a las empresas que violen esta ley. La ley original data de 1974, pero esta fue suspendida en 1991 por el decreto 2284 de Menem y por la ley de presupuesto de 1994. Sin embargo, esta medida que podría resultar progresiva no forma parte de una estrategia coherente para regular el funcionamiento de la economía en su conjunto. Es díficil compartir el razonamiento meramente coyuntural que lleva a impulsarla, como también del optimismo que el gobierno manifiesta frente su efectiva ejecución que dice poder darle.
Concretamente la mayor concentración y transnacionalización de la economía, que está en la raíz de este modelo, aumentó en los últimos once años más allá de los discursos oficiales. Nunca se atacó la raíz del problema y no se va a solucionar atacando superficialmente sus efectos, sin atacar las causas que este gobierno ayudó a fortalecer en un sentido opuesto a los intereses nacionales y populares. De hecho el gobierno consolidó este modelo económico claramente opositor a los intereses nacionales y populares.
Un excelente ejemplo donde se ve esto es en torno a la política hacia la deuda externa. El gobierno nacional no ha tenido la menor intención de cuestionar la deuda externa ilegítima generada por la dictadura y ampliada por todos los gobiernos posteriores. Ya pagó 642 millones al Club de París, comprometiéndose a pagarle 3633 millones de dólares de intereses punitorios. Depositó otros 539 millones de dólares en el Bank of New York para pagar a un grupo de acreedores que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Estos fondos están congelados en el banco por orden del juez Griesa, quien quiere que primero se pague a los fondos buitre, y luego al resto de los acreedores. La consigna del gobierno es “queremos pagar pero no nos dejan”. Mientras tanto, la inversión anual en educación y salud sigue siendo inferior al pago de deuda externa. Para sortear esta traba del juez Griesa y poder pagar, el gobierno aprobó una nueva ley que permite a los acreedores que tenían bonos con jurisdicción de Nueva York canjearlos por bonos con jurisdicción de Buenos Aires o París. Nuevamente se abre la puerta a que aparezca un juez Griesa, pero esta vez francés. En dicha ley también se estipula la creación de una comisión que investigue la deuda externa. Crear una comisión investigadora luego de pagar y legitimar la deuda no resulta muy útil. Lo lógico es lo inverso. Primero se investiga, luego se paga.
Medidas como la Ley de Abastecimiento terminan siendo iniciativas aisladas que poco pueden hacer para cambiar el cuadro general regresivo. La realidad, para colmo, es que posiblemente ni siquiera se termine aplicando. La imprenta Donnelley, líder en el rubro gráfico, quebró hace unas semanas y dejó en la calle a 400 trabajadores. El gobierno había dicho que iba a aplicar la ley antiterrorista contra la empresa porque consideraba a la quiebra como fraudulenta y como un ataque político contra el gobierno, pero luego dio marcha atrás. Seguramente pase lo mismo con la ley de abastecimiento. Si realmente existiese la intención de cambiar el cuadro general, en vez de comprarles trenes a los chinos se estarían construyendo acá, y la presidenta no diría alegremente que se habla ya de la Argentina como la nueva Arabia Saudita, como si fuese un modelo de país, meses después de otorgarle la explotación de yacimientos a Chevron.
Siempre nos quedará Pekín
El actual gobierno Argentino sigue con la centenaria tradición de buscar un nuevo padre que le resuelva todos sus problemas. Las grandes potencias supieron cómo abrirles el camino a sus capitales en las regiones más desfavorecidas de todo el globo. Antiguamente, en la Argentina, esto sucedió primero con los capitales ingleses, luego con los yankis, y hoy estamos presenciando cómo surge un nuevo actor que pisa fuerte: el capitalismo Chino. Tras la visita del presidente Xi Jinping, Cristina Kirchner anunció que “el win win debe ser el nuevo modelo global”. Win win: ganamos todos. O al menos eso se supone. La Argentina ha acordado un swap o canje de divisas con China por 11.000 millones de dólares. De este modo se abre la posibilidad de que el comercio entre los dos países no tenga que hacerse en dólares, sino en yuanes y pesos. En concreto, se trata de una medida que facilita el comercio con el gran dragón. Otro dato que muestra esto es que China nos otorga un préstamo por 400 millones de dólares para comprar buques dragadores con el objetivo de mejorar el transporte marítimo.
Estamos ante el desembarco de esta nueva potencia en nuestro país. En 2013, las importaciones chinas representaron más del 15% de nuestras compras al extranjero. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que casi el 80% de los productos no alimenticios que se venden en las cadenas más grandes de supermercados proviene de China. Los capitales chinos también aportarán como inversión directa 4714 millones de dólares para construir dos represas en Santa Cruz y 2099 millones de dólares para renovar el ferrocarril Belgrano Cargas. A esto le debemos sumar los 3000 millones de dólares de los trenes chinos que irán a parar a la región metropolitana de Buenos Aires, y los hasta 2000 millones de dólares por la construcción de la central nuclear Atucha III.
Los fondos chinos no son obsequios que se regalan como caramelos. Los términos del préstamo para las represas están en sintonía con la complicada situación de la Argentina en el mercado financiero internacional. El acuerdo firmado con China reconoce la jurisdicción de tribunales extranjeros en caso de conflicto, dejando nuevamente la puerta abierta para nuevos jueces Griesa. Además, la Argentina se compromete a tener una relación “en buenas condiciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en los años 90 planeó las privatizaciones, la destrucción del Estado, la anulación de derechos laborales y el crecimiento desenfrenado de la deuda externa. Finalmente, el acuerdo establece que nuestro país no podrá incumplir sus deudas, es decir entrar en default, y deberá informar en un plazo de cinco días hábiles si es demandado por el pago de deudas. Sobre este último punto el acuerdo cita los pagos al Club de París y a los holdouts o fondos buitre. En caso de default el préstamo podrá ser cancelado.
El ingreso de China en nuestras pampas plantea la pregunta de si un imperialismo en desarrollo es menos depredador que los imperialismos ya establecidos. Nos animamos a decir que no es mejor, que sólo es diferente aunque lo central no cambia. Lo que sí queda claro es la dependencia de nuestra economía, al ver cómo no pueden desarrollarse sus sectores básicos sin generar más endeudamiento.
No es difícil imaginarse que hay sectores del pueblo, del campo popular, que tienen la intención de construir otra realidad diferente donde el futuro de los trabajadores, del pueblo, del país no dependa ni de los ingleses, ni de los yankis, ni de los chinos, ni de su mediocre furgón de cola, la burguesía argentina.
Facundo Guillén
Carta de despedida del Che a Fidel
Hace 49 años se constituía el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Un momento en que Fidel analiza las mentiras de turno de los grandes medios de comunicación y el gobierno estadounidense contra Cuba y el uso de la emigración como arma propagandística contra la Revolución.
Es el momento en que ante las campañas mediáticas, da a conocer la carta de despedida del Che.
Y también dice ideas de gran actualidad sobre el papel de la ideología revolucionaria: “La diversidad de situaciones inevitablemente trazará infinidad de interpretaciones. Quienes hagan las interpretaciones correctas podrán llamarse revolucionarios; quienes hagan las interpretaciones verdaderas y las apliquen de manera consecuente, triunfarán; quienes se equivoquen o no sean consecuentes con el pensamiento revolucionario, fracasarán, serán derrotados e incluso suplantados, porque el marxismo no es una propiedad privada que se inscriba en un registro; es una doctrina de los revolucionarios, escrita por un revolucionario, desarrollada por otros revolucionarios, para revolucionarios.”
La Pupila Insomne
Cambios en el Banco Central
Variados son los temas para comentar las novedades de la política económica de estas horas, y entre ellos destacan los cambios en el BCRA, con designaciones más funcionales a la lógica política emanada desde el Ministerio de Economía.
En los últimos tiempos, la prensa no oficialista daba cuenta de contradicciones entre los titulares del BCRA y de Economía, que terminó en denuncias de la Presidenta sobre informaciones surgidas del BCRA y utilizadas por la banca para sus negocios y rentabilidad. Finalmente renunció Juan Carlos Fábrega, titular del BCRA, quien tenía estabilidad asignada por el Senado durante 6 años, y no alcanzó a cumplir el primero en sus funciones.
Hay equipo
Las nuevas designaciones son movimientos desde el interior del propio gobierno, en lo que aparece un intento por homogeneizar el equipo al frente de la política económica en torno del Ministro. La novedad en el ciclo kirchnerista es la aparición de un equipo en el área de la economía.
Hace mucho tiempo que no se veía un equipo de gestión armado con antelación a la función en el gobierno. Es lo que resulta de la gestión Kicillof. Sus principales colaboradores fueron compañeros de militancia y actividad universitaria antes de la gestión gubernamental, lo que otorga sentido de pertenencia y lealtad a los objetivos propuestos desde el gobierno, más allá de los acuerdos que se tengan de los propósitos y medidas que se adopten.
La afinidad ideológica de un equipo de gobierno constituye un elemento a destacar para un proyecto político en el gobierno, algo que se verificó al comienzo de la dictadura con el equipo de Martínez de Hoz y luego en los 90´ con el equipo de la Fundación Mediterránea liderada por Cavallo.
Con los equipos de Martínez de Hoz (1976-1981) y con los de Cavallo (1991-1996 y 2001) se consolidó una nueva institucionalidad para la liberalización y transnacionalización de la economía local. ¿El actual equipo económico se propone desarmar las condicionalidades pensadas a mediados de los 70´ y construida en los 90´? La política económica puede estar orientada al cambio de la estructura económica y social, o a su mantenimiento y profundización.
El rumbo actual, favorable a la reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, vía nuevo ciclo de endeudamiento parece sostener la lógica asociada de deuda pública para la dependencia; del mismo modo que la inserción industrial dependiente de la importación creciente de partes para el armado de productos finales (no solo en automotores); además de mantener un modelo productivo en el agro de subordinación al monocultivo hegemonizado por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, junto a la búsqueda de inversores externos para la explotación mega minera a cielo abierto y de extracción de hidrocarburos no convencionales con la tecnología depredadora de la fractura hidráulica. Las críticas de las clases dominantes y sus expresiones ideológicas se sustentan en un discurso ortodoxo de no regulación estatal y absoluta libertad de mercado para los sectores hegemónicos, propio de los proyectos que asumieron la liberalización como objetivo asumido.
El nuevo responsable de conducir la política monetaria y crediticia desde el Banco Central es Alejandro Vanoli, más cercano a los propósitos del ministro de economía, quién actuaba desde la Comisión Nacional de Valores, CNV. Con el cambio de titular se completaron designaciones en el BCRA y en la CNV con funcionarios más afines a una orientación de política económica que busca atender desde la homogeneidad ideológica y programática los problemas de la coyuntura. Entre esos objetivos destaca el freno a la perdida de reservas derivados de la atracción inversora por el dólar y las divisas, con maniobras impulsadas desde la banca y el mercado de capitales. Las reservas vienen cayendo desde el máximo logrado en 2011 por 52.000 millones de dólares a los 27.800 millones actuales.
El objetivo es por la disputa de las divisas
Por ello es que la primera medida asumida por las nuevas autoridades del Banco Central promueve una mejora en las tasas de interés para los pequeños ahorristas del sistema financiero y alejar la tentación por la compra de dólares. En simultáneo se amplía de 120.000 a 350.000 pesos la garantía de los depósitos, cobrándole a los bancos una mayor comisión para la cobertura del fondo de garantía de depósitos. La preocupación es que las reservas bajaron de los 28.000 millones de dólares y una continua fuga de divisas complica la situación hacia el próximo periodo, especialmente por las obligaciones de cancelación de deuda y demandas de importadores.
No debemos olvidarnos que en el trasfondo de la coyuntura en estos días está la declaración de desacato del Juez Griesa, formulada la semana pasada, al tiempo que se realizaron los depósitos de los vencimientos de septiembre en la sede local vía Banco de la Nación, como nuevo ente fiduciario para cancelar deuda renegociada en el 2005 y 2010. Es un camino a transitar por lo menos hasta fin de año, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO y la posibilidad de negociar y pagar (incluso con más deuda) a los acreedores de la sentencia de Nueva York, los fondos buitres.
El gobierno necesita del ingreso de divisas y por eso la política gubernamental promueve el ingreso de divisas y limita en lo posible la salida de fondos, por ahora con relativo escaso éxito, puesto que la salida de fondos es recurrente. Por eso se intentó eliminar obstáculos al ingreso de capitales, sea con el acuerdo con Repsol, con el Club de París, los pagos de sentencias del CIADI, aun profundizando el cáncer de la deuda pública. Así swe explica también el rápido acuerdo, secreto, con Chevron, y la búsqueda de inversores externos, especialmente para la producción energética, con fuertes expectativas en “no convencionales” (Vaca Muerta) y por ello avanza la modificación a la ley de hidrocarburos. En rigor, la estrategia fue obstaculizada por la sentencia Griesa y los avatares en la Justicia de EEUU.
Pese a todas las señales de pago y los intentos de cierre de conflictos externos, la dominación sistémica exige más señales de subordinación del país a la lógica del capitalismo global.
Señales por la alternativa
A contracorriente de la demanda de las clases dominantes y del accionar gubernamental, existen reclamos desde el movimiento popular para no continuar con las concesiones al poder económico mundial y particularmente en materia de endeudamiento suspender los pagos y avanzar seriamente en la auditoria de la deuda, sobre todo cuando la Ley de Pago Soberano incluyó la conformación de una comisión investigadora con mandato para un informe a corto plazo, en seis meses. Es la primera vez en tres décadas que se formula una propuesta legislativa en ese sentido, lo que supondría invertir el camino de pagar e investigar, por el de auditar primero, por lo que se impone la suspensión de pagos. Nada se conoce sobre la instrumentación de la Comisión investigadora, pero debería sustentarse en la sentencia Ballesteros de Junio del 2000 sobre el endeudamiento en tiempos de la dictadura, que denuncia 477 casos de fraude con asignación de responsabilidades concretas, además de considerar las investigaciones en curso de todos los canjes de deuda con procesos en la justicia.
Un dato relevante en la semana es el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la existencia de dos CTA, con implicancias muy importantes en materia de libertad y democracia sindical, con posibilidad de la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli para participar en ámbitos hasta ahora negados de negociación local y global, sea el Consejo del Salario o las delegaciones argentinas a la OIT, donde se procesan demandas desde hace años a favor de derechos sindicales y salariales de trabajadores en la Argentina, ente otros de estatales y judiciales quienes reclaman por la posibilidad de ser incluidos en las negociaciones de convenios colectivos de trabajo. Hasta ahora solo participaba la CGT oficialista y la ahora denominada CTA de los trabajadores.
La legalización del proceso de la CTA Autónoma, seguido de la fractura política y orgánica de la CTA en 2010 es producto de la lucha de los trabajadores por resolver la representación de un nuevo modelo sindical que vaya más allá de las restricciones de la flexibilidad y precariedad laboral, es decir, de los límites legales y políticos que imponen las patronales y el Estado del sistema capitalista. Al mismo tiempo, el gobierno legaliza un sindicalismo afín con la CTA de los trabajadores, de cara al próximo turno presidencial que puede encontrar al kirchnerismo afuera del gobierno nacional. La de-sindicalización fue un objetivo de la ofensiva del capital a mediados de los 70´ y la CTA fue una respuesta a comienzos de los 90´ para reagrupar la experiencia organizativa y de lucha de los trabajadores. Un proceso que pareció interrumpirse con la subordinación de un conjunto de dirigentes al proyecto del gobierno surgido en 2003. Una parte de la CTA mantuvo el proyecto autónomo de gobiernos, partidos y patrones y consolidó una nueva dirección en mayo de 2014, ahora con una concepción clasista, anticapitalista y antiimperialista, las premisas necesarias para pensar en una alternativa a la situación actual en la Argentina.
En definitiva, los cambios en las autoridades monetarias no son solo modificaciones de nombres y funciones, sino que pretenden orientar la política económica en el rumbo definido por los objetivos gubernamentales, que siguen privilegiando el ingreso de capitales externos, vía inversiones o créditos. La oposición sistémica coincide con los objetivos y descree de las medidas de regulación y por eso aspira a la disputa de la gestión en las próximas elecciones de renovación presidencial en el 2015.
El interrogante es si se puede constituir una lógica alternativa que no se sustente en la dependencia del ingreso de divisas para activar la economía, sino en una estrategia sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo que viabilice una integración no subordinada al orden capitalista. Sabemos que no es sencillo y que requiere de una base social amplia con disposición a confrontar con las clases dominantes y sus mediaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales. No es distinta la encrucijada que atraviesa Nuestramérica en variados procesos electorales que discuten la gestión del capitalismo o la transformación social para la emancipación de los trabajadores y nuestros pueblos. La disyuntiva se define desde el poder popular y la construcción de un proyecto liberador, contra el capital, en defensa de los bienes comunes y por el trabajo asociado sin explotación
Julio C. Gambina
En los últimos tiempos, la prensa no oficialista daba cuenta de contradicciones entre los titulares del BCRA y de Economía, que terminó en denuncias de la Presidenta sobre informaciones surgidas del BCRA y utilizadas por la banca para sus negocios y rentabilidad. Finalmente renunció Juan Carlos Fábrega, titular del BCRA, quien tenía estabilidad asignada por el Senado durante 6 años, y no alcanzó a cumplir el primero en sus funciones.
Hay equipo
Las nuevas designaciones son movimientos desde el interior del propio gobierno, en lo que aparece un intento por homogeneizar el equipo al frente de la política económica en torno del Ministro. La novedad en el ciclo kirchnerista es la aparición de un equipo en el área de la economía.
Hace mucho tiempo que no se veía un equipo de gestión armado con antelación a la función en el gobierno. Es lo que resulta de la gestión Kicillof. Sus principales colaboradores fueron compañeros de militancia y actividad universitaria antes de la gestión gubernamental, lo que otorga sentido de pertenencia y lealtad a los objetivos propuestos desde el gobierno, más allá de los acuerdos que se tengan de los propósitos y medidas que se adopten.
La afinidad ideológica de un equipo de gobierno constituye un elemento a destacar para un proyecto político en el gobierno, algo que se verificó al comienzo de la dictadura con el equipo de Martínez de Hoz y luego en los 90´ con el equipo de la Fundación Mediterránea liderada por Cavallo.
Con los equipos de Martínez de Hoz (1976-1981) y con los de Cavallo (1991-1996 y 2001) se consolidó una nueva institucionalidad para la liberalización y transnacionalización de la economía local. ¿El actual equipo económico se propone desarmar las condicionalidades pensadas a mediados de los 70´ y construida en los 90´? La política económica puede estar orientada al cambio de la estructura económica y social, o a su mantenimiento y profundización.
El rumbo actual, favorable a la reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, vía nuevo ciclo de endeudamiento parece sostener la lógica asociada de deuda pública para la dependencia; del mismo modo que la inserción industrial dependiente de la importación creciente de partes para el armado de productos finales (no solo en automotores); además de mantener un modelo productivo en el agro de subordinación al monocultivo hegemonizado por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, junto a la búsqueda de inversores externos para la explotación mega minera a cielo abierto y de extracción de hidrocarburos no convencionales con la tecnología depredadora de la fractura hidráulica. Las críticas de las clases dominantes y sus expresiones ideológicas se sustentan en un discurso ortodoxo de no regulación estatal y absoluta libertad de mercado para los sectores hegemónicos, propio de los proyectos que asumieron la liberalización como objetivo asumido.
El nuevo responsable de conducir la política monetaria y crediticia desde el Banco Central es Alejandro Vanoli, más cercano a los propósitos del ministro de economía, quién actuaba desde la Comisión Nacional de Valores, CNV. Con el cambio de titular se completaron designaciones en el BCRA y en la CNV con funcionarios más afines a una orientación de política económica que busca atender desde la homogeneidad ideológica y programática los problemas de la coyuntura. Entre esos objetivos destaca el freno a la perdida de reservas derivados de la atracción inversora por el dólar y las divisas, con maniobras impulsadas desde la banca y el mercado de capitales. Las reservas vienen cayendo desde el máximo logrado en 2011 por 52.000 millones de dólares a los 27.800 millones actuales.
El objetivo es por la disputa de las divisas
Por ello es que la primera medida asumida por las nuevas autoridades del Banco Central promueve una mejora en las tasas de interés para los pequeños ahorristas del sistema financiero y alejar la tentación por la compra de dólares. En simultáneo se amplía de 120.000 a 350.000 pesos la garantía de los depósitos, cobrándole a los bancos una mayor comisión para la cobertura del fondo de garantía de depósitos. La preocupación es que las reservas bajaron de los 28.000 millones de dólares y una continua fuga de divisas complica la situación hacia el próximo periodo, especialmente por las obligaciones de cancelación de deuda y demandas de importadores.
No debemos olvidarnos que en el trasfondo de la coyuntura en estos días está la declaración de desacato del Juez Griesa, formulada la semana pasada, al tiempo que se realizaron los depósitos de los vencimientos de septiembre en la sede local vía Banco de la Nación, como nuevo ente fiduciario para cancelar deuda renegociada en el 2005 y 2010. Es un camino a transitar por lo menos hasta fin de año, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO y la posibilidad de negociar y pagar (incluso con más deuda) a los acreedores de la sentencia de Nueva York, los fondos buitres.
El gobierno necesita del ingreso de divisas y por eso la política gubernamental promueve el ingreso de divisas y limita en lo posible la salida de fondos, por ahora con relativo escaso éxito, puesto que la salida de fondos es recurrente. Por eso se intentó eliminar obstáculos al ingreso de capitales, sea con el acuerdo con Repsol, con el Club de París, los pagos de sentencias del CIADI, aun profundizando el cáncer de la deuda pública. Así swe explica también el rápido acuerdo, secreto, con Chevron, y la búsqueda de inversores externos, especialmente para la producción energética, con fuertes expectativas en “no convencionales” (Vaca Muerta) y por ello avanza la modificación a la ley de hidrocarburos. En rigor, la estrategia fue obstaculizada por la sentencia Griesa y los avatares en la Justicia de EEUU.
Pese a todas las señales de pago y los intentos de cierre de conflictos externos, la dominación sistémica exige más señales de subordinación del país a la lógica del capitalismo global.
Señales por la alternativa
A contracorriente de la demanda de las clases dominantes y del accionar gubernamental, existen reclamos desde el movimiento popular para no continuar con las concesiones al poder económico mundial y particularmente en materia de endeudamiento suspender los pagos y avanzar seriamente en la auditoria de la deuda, sobre todo cuando la Ley de Pago Soberano incluyó la conformación de una comisión investigadora con mandato para un informe a corto plazo, en seis meses. Es la primera vez en tres décadas que se formula una propuesta legislativa en ese sentido, lo que supondría invertir el camino de pagar e investigar, por el de auditar primero, por lo que se impone la suspensión de pagos. Nada se conoce sobre la instrumentación de la Comisión investigadora, pero debería sustentarse en la sentencia Ballesteros de Junio del 2000 sobre el endeudamiento en tiempos de la dictadura, que denuncia 477 casos de fraude con asignación de responsabilidades concretas, además de considerar las investigaciones en curso de todos los canjes de deuda con procesos en la justicia.
Un dato relevante en la semana es el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la existencia de dos CTA, con implicancias muy importantes en materia de libertad y democracia sindical, con posibilidad de la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli para participar en ámbitos hasta ahora negados de negociación local y global, sea el Consejo del Salario o las delegaciones argentinas a la OIT, donde se procesan demandas desde hace años a favor de derechos sindicales y salariales de trabajadores en la Argentina, ente otros de estatales y judiciales quienes reclaman por la posibilidad de ser incluidos en las negociaciones de convenios colectivos de trabajo. Hasta ahora solo participaba la CGT oficialista y la ahora denominada CTA de los trabajadores.
La legalización del proceso de la CTA Autónoma, seguido de la fractura política y orgánica de la CTA en 2010 es producto de la lucha de los trabajadores por resolver la representación de un nuevo modelo sindical que vaya más allá de las restricciones de la flexibilidad y precariedad laboral, es decir, de los límites legales y políticos que imponen las patronales y el Estado del sistema capitalista. Al mismo tiempo, el gobierno legaliza un sindicalismo afín con la CTA de los trabajadores, de cara al próximo turno presidencial que puede encontrar al kirchnerismo afuera del gobierno nacional. La de-sindicalización fue un objetivo de la ofensiva del capital a mediados de los 70´ y la CTA fue una respuesta a comienzos de los 90´ para reagrupar la experiencia organizativa y de lucha de los trabajadores. Un proceso que pareció interrumpirse con la subordinación de un conjunto de dirigentes al proyecto del gobierno surgido en 2003. Una parte de la CTA mantuvo el proyecto autónomo de gobiernos, partidos y patrones y consolidó una nueva dirección en mayo de 2014, ahora con una concepción clasista, anticapitalista y antiimperialista, las premisas necesarias para pensar en una alternativa a la situación actual en la Argentina.
En definitiva, los cambios en las autoridades monetarias no son solo modificaciones de nombres y funciones, sino que pretenden orientar la política económica en el rumbo definido por los objetivos gubernamentales, que siguen privilegiando el ingreso de capitales externos, vía inversiones o créditos. La oposición sistémica coincide con los objetivos y descree de las medidas de regulación y por eso aspira a la disputa de la gestión en las próximas elecciones de renovación presidencial en el 2015.
El interrogante es si se puede constituir una lógica alternativa que no se sustente en la dependencia del ingreso de divisas para activar la economía, sino en una estrategia sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo que viabilice una integración no subordinada al orden capitalista. Sabemos que no es sencillo y que requiere de una base social amplia con disposición a confrontar con las clases dominantes y sus mediaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales. No es distinta la encrucijada que atraviesa Nuestramérica en variados procesos electorales que discuten la gestión del capitalismo o la transformación social para la emancipación de los trabajadores y nuestros pueblos. La disyuntiva se define desde el poder popular y la construcción de un proyecto liberador, contra el capital, en defensa de los bienes comunes y por el trabajo asociado sin explotación
Julio C. Gambina
Daño genético y glifosato
Un informe de la Universidad de Río Cuarto alerta sobre sus efectos
Después de ocho años de investigaciones, el grupo GEMA de la UNRC elaboró un informe en el que confirma la vinculación “clara” del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.
Ocho años de investigación, quince publicaciones científicas y una certeza: los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. La afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina y clorpirifós son algunos de los agroquímicos perjudiciales. “La vinculación entre daño genético y cáncer es clara”, remarcó Fernando Mañas, investigador de la UNRC.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas” lleva como título la investigación publicada en la revista científica Toxicología Ambiental y Farmacología (de Holanda). El trabajo detalla el efecto genotóxico (el daño sobre el material genético) del glifosato en células humanas y de ratones. Incluso confirmaron daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta veinte veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo.
Otra de las investigaciones se llama “Genotoxicidad del AMPA (metabolito ambiental del glifosato), evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”. Publicado en la revista Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (de EE.UU.). El AMPA es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA). Confirmaron que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana. “El AMPA ha demostrado tener tanta o mayor capacidad genotóxica que su molécula parental, el glifosato”, afirma la investigación de la universidad pública.
“En diversas investigaciones confirmamos daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño cromosómico que vimos indica quién tiene más riesgo de padecer cáncer, a mediano y largo plazo. También otras enfermedades cardiovasculares, malformaciones, abortos”, explicó Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de la UNRC.
Mañas trabaja junto a Delia Aiassa y coordinan juntos desde 2006 el grupo de investigación. Al inicio era cinco investigadores. En la actualidad son 21 con enfoque multidisciplinario (biólogos, veterinarios, microbiólogos, psicopedagogos, veterinarios y abogados). El eje común son los efectos de la exposición a sustancias químicas sobre la salud humana, ambiental, animal. Trabajan junto a poblaciones expuestas a agroquímicos, estudian los cromosomas, el ADN y el funcionamiento del material genético.
En sus quince artículos científicos los investigadores confirmaron el efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral e involuntariamente a las sustancias químicas. La última investigación, de 2014, se realizó en niños de entre 5 y 12 años de Marcos Juárez y Oncativo (Córdoba), donde también se encontró un aumento en el daño en el material genético de los niños.
Explican que los estudios en cromosomas son sobre material genético. Hallaron altos niveles de daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño en cromosomas (material genético) alerta que la persona está en riesgo de desarrollar algunas enfermedades. “A mayor daño genético, mayor probabilidad de cáncer”, afirmó Mañas.
A lo largo de sus quince investigaciones utilizaron distintas técnicas. En todas confirmaron daño genético. “Los agroquímicos y el daño que provocan está absolutamente vinculado al modelo agropecuario vigente”, afirma Mañas, aunque aclara que es una opinión a título individual y no una postura de todo el equipo de investigación. Primero trabajaron con una muestra de veinte personas, de la periferia de Río Cuarto. Profundizaron con 50 personas en otras localidades y, luego, con 80 de Las Vertientes, Marcos Juárez, Saira, Rodeo Viejo y Gigena. Los productos más encontrados y que provocan más daño son el glifosato, atrazina, cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.
“Estrés oxidativo y ensayo cometa en tejidos de ratones tratados con glifosato y AMPA” es el título de otra de las investigaciones publicadas en la revista Genética Básica y Aplicada de Argentina. Confirmaron “incremento significativo” en el daño del ADN en hígado y sangre. En la revista científica Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología (de Estados Unidos) confirmaron el daño genético en trabajadores rurales. “Estos resultados muestran que la exposición humana a mezclas de agroquímicos puede incrementar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la genotoxicidad (cáncer, problemas reproductivos y/o en la descendencia)”, precisa la publicación científica.
Buena parte de las investigaciones del grupo académico está presente en el libro Plaguicidas a la carta. Daño genético y otros riesgos que trata las características de los plaguicidas, los efectos sobre el material genético humano y de animales silvestres, la susceptibilidad de las personas y los efectos del glifosato, entre otros agrotóxicos.
Darío Aranda
Página/12
Después de ocho años de investigaciones, el grupo GEMA de la UNRC elaboró un informe en el que confirma la vinculación “clara” del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.
Ocho años de investigación, quince publicaciones científicas y una certeza: los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. La afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina y clorpirifós son algunos de los agroquímicos perjudiciales. “La vinculación entre daño genético y cáncer es clara”, remarcó Fernando Mañas, investigador de la UNRC.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas” lleva como título la investigación publicada en la revista científica Toxicología Ambiental y Farmacología (de Holanda). El trabajo detalla el efecto genotóxico (el daño sobre el material genético) del glifosato en células humanas y de ratones. Incluso confirmaron daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta veinte veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo.
Otra de las investigaciones se llama “Genotoxicidad del AMPA (metabolito ambiental del glifosato), evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”. Publicado en la revista Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (de EE.UU.). El AMPA es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA). Confirmaron que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana. “El AMPA ha demostrado tener tanta o mayor capacidad genotóxica que su molécula parental, el glifosato”, afirma la investigación de la universidad pública.
“En diversas investigaciones confirmamos daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño cromosómico que vimos indica quién tiene más riesgo de padecer cáncer, a mediano y largo plazo. También otras enfermedades cardiovasculares, malformaciones, abortos”, explicó Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de la UNRC.
Mañas trabaja junto a Delia Aiassa y coordinan juntos desde 2006 el grupo de investigación. Al inicio era cinco investigadores. En la actualidad son 21 con enfoque multidisciplinario (biólogos, veterinarios, microbiólogos, psicopedagogos, veterinarios y abogados). El eje común son los efectos de la exposición a sustancias químicas sobre la salud humana, ambiental, animal. Trabajan junto a poblaciones expuestas a agroquímicos, estudian los cromosomas, el ADN y el funcionamiento del material genético.
En sus quince artículos científicos los investigadores confirmaron el efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral e involuntariamente a las sustancias químicas. La última investigación, de 2014, se realizó en niños de entre 5 y 12 años de Marcos Juárez y Oncativo (Córdoba), donde también se encontró un aumento en el daño en el material genético de los niños.
Explican que los estudios en cromosomas son sobre material genético. Hallaron altos niveles de daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño en cromosomas (material genético) alerta que la persona está en riesgo de desarrollar algunas enfermedades. “A mayor daño genético, mayor probabilidad de cáncer”, afirmó Mañas.
A lo largo de sus quince investigaciones utilizaron distintas técnicas. En todas confirmaron daño genético. “Los agroquímicos y el daño que provocan está absolutamente vinculado al modelo agropecuario vigente”, afirma Mañas, aunque aclara que es una opinión a título individual y no una postura de todo el equipo de investigación. Primero trabajaron con una muestra de veinte personas, de la periferia de Río Cuarto. Profundizaron con 50 personas en otras localidades y, luego, con 80 de Las Vertientes, Marcos Juárez, Saira, Rodeo Viejo y Gigena. Los productos más encontrados y que provocan más daño son el glifosato, atrazina, cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.
“Estrés oxidativo y ensayo cometa en tejidos de ratones tratados con glifosato y AMPA” es el título de otra de las investigaciones publicadas en la revista Genética Básica y Aplicada de Argentina. Confirmaron “incremento significativo” en el daño del ADN en hígado y sangre. En la revista científica Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología (de Estados Unidos) confirmaron el daño genético en trabajadores rurales. “Estos resultados muestran que la exposición humana a mezclas de agroquímicos puede incrementar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la genotoxicidad (cáncer, problemas reproductivos y/o en la descendencia)”, precisa la publicación científica.
Buena parte de las investigaciones del grupo académico está presente en el libro Plaguicidas a la carta. Daño genético y otros riesgos que trata las características de los plaguicidas, los efectos sobre el material genético humano y de animales silvestres, la susceptibilidad de las personas y los efectos del glifosato, entre otros agrotóxicos.
Darío Aranda
Página/12
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